José Vicente Rangel
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 CON motivo de la última asamblea realizada por la Conferencia Episcopal Venezolana se evidenció, por una lado, que el sector más agresivo del Episcopado, el que liderizan obispos como Baltazar Porras, Roberto Lücker y otros, reasumieron el control de la institución. La tendencia que representaban otros prelados, menos beligerantes en política, tendente a la conciliación y el diálogo, quedó definitivamente desplazada.

A propósito, el hecho hay que vincularlo al proceso que se da con la cúpula de la Iglesia católica en diversas partes del mundo, en especial en América Latina, y países como España. La tendencia en los lugares donde se dan cambios sociales importantes y aparecen nuevos liderazgos, es a que los altos funcionarios de la Iglesia se ubiquen en una posición militantemente contraria. Ocurre en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, incluso en Chile, donde hay tensiones y un tácito rechazo a algunas medidas progresistas de la presidenta Bachelet. En países de Centroamérica como Nicaragua, Guatemala, Honduras, y en la España gobernada por el PSOE de Rodríguez Zapatero la jerarquía adopta posturas identificadas con sectores poderosos, con grupos económicos y factores internacionales. Las reformas sociales que se cumplen son desdeñadas, y la orientación consiste en aliarse a fuerzas de oposición con programas y líneas políticas francamente de derecha. Los ataques se producen por el lado del presunto conculcamiento de las libertades públicas y atentados a la democracia, situaciones que en realidad no se plantean en la actualidad y que, por cierto, motivaron el silencio de la jerarquía eclesiástica durante gobiernos dictatoriales y seudo democráticos.

En el documento titulado "Situación del país y renovación ética", emanado de la referida reunión, los obispos reivindican una abierta participación en la política y asumen los argumentos de la oposición respecto a la enmienda constitucional. Uno de los argumentos que dan es que "la reelección indefinida no resuelve la crisis social", silenciado deliberadamente que no se trata de reelección sino de postularse de nuevo, sin excepción, para un cargo de elección popular.

Argumento absolutamente banal, inconsistente, que demuestra ignorancia, ya que está demostrado que ninguna ley y constitución resuelven por sí sola algo tan complejo como es la crisis social. La crisis social la resuelve, o por lo menos la atenúa, una política global donde lo legal es sólo un aspecto. Si aceptamos el inefable argumento de los obispos no valdría la pena legislar, y se puede del mismo modo sostener que tampoco la alternabilidad resuelve la crisis social, como ha quedado ampliamente de- mostrado en el país. Pero claro, se trata de una actitud política que toca, superficialmente, un tema de gran importancia: la existencia de un proceso de cambio social en marcha en Venezuela y la necesidad de garantizar su continuidad y el liderazgo. ¿No ha hecho esfuerzos gigantes el gobierno de Chávez, como nunca antes se hicieron en el país, para encarar el drama de la pobreza y dar respuesta a los requerimientos educativos, de salud, de participación que le negaron al pueblo los gobiernos del pasado? Por un elemental sentido de responsabilidad ética los obispos podrían hacer un reconocimiento al profundo esfuerzo social de Chávez desde el gobierno para cancelar la deuda que el Estado venezolano contrajo con la colectividad. Pero la visión contraria a los cambios y la pequeñez de alma de los prelados venezolanos, impide que reconozcan algo de lo realizado y prefieran optar por el cuestionamiento tipo partidista con lo cual pierden rango y autoridad.

EN el mismo documento los obispos se acuerdan de la calle, la cual abandonaron por completo --de ahí el crecimiento impresionante de otros credos religiosos, en particular los evangélicos-- y plantean llevar el mensaje de Jesucristo "casa por casa", con lo cual admiten que no lo han hecho. Para completar el cuadro de críticas sin soporte, hablan de que la enmienda "persigue extender los privilegios de los poderosos sin que se ataquen las carencias que sufre el pueblo". Es lamentable que la alta jerarquía de la Iglesia católica recurra a un lenguaje demagógico, mitinero, para tratar temas de envergadura. Y, sobre todo, para eludir su responsabilidad dirigente. ¿Cómo es posible afirmar que la enmienda "persigue extender los privilegios de los poderosos"? Si así fuera los poderosos seguramente estarían con la enmienda y con Chávez, es decir, grupos económicos como Fedecámaras, Fedeindustria, los ganaderos, los latifundistas, las roscas profesionales, los bufetes tribales, etc.. Y algo más, a manera de pregunta provocadora: ¿Realmente cuándo se ha ocupado esa jerarquía de la Iglesia católica de "las carencias que sufre el pueblo"? En la actualidad, es sólo una operadora política de la oposición.