Latinoamérica

Álvaro García Linera *
Vicepresidente de Bolivia
 
Permítanme hacer una reseña de la situación actual en la que se halla la lucha y el esfuerzo de nuestros pueblos por encontrar la emancipación. Cuando uno mira hacia atrás, encuentra no solamente décadas, sino siglos de esfuerzo, luchas, sacrificios y heroísmos de los pueblos y los trabajadores de Bolivia, la mayoría indígena, por lograr su proceso de emancipación.
Durante toda la colonia y luego la República, el pueblo boliviano tuvo que vivir no sólo en el olvido y la discriminación, sino en el abuso y la explotación. Frente a cada intento que hizo la inmensa mayoría del pueblo indígena y traba- jador, por buscar una convivencia pacífica en igualdad, la respuesta de las élites dominan- tes, coloniales, republicanas, fue el maltrato, la represión, la intimidación y la masacre.
Los acontecimientos de los recientes años en Bolivia son parte de un largo proceso de búsqueda y planteamiento de una relación de equilibrio, convivencia y reconocimiento mutuo entre todos los sectores sociales de nuestro país. Algunos hitos de este proceso son: los levantamientos de los artesanos, por 1840, a la cabeza de Manuel Isidoro Belzu; el levanta- miento de Andrés Ibáñez, acá en tierra cruceña, por los años 1860-1870, en lo que se llamó la Revolución Igualitaria; el levantamiento de Zárate Willka, un caudillo indígena aymara que planteó a las clases dominantes y a los mestizos una relación de convivencia equilibrada entre pueblos, culturas y naciones que conformaban la patria boliviana.
Luego vino la Revolución de 1952, que logró grandes avances en el tema de reconocimiento de los derechos: la igualdad ante el voto, la entrega de tierras, la recuperación de empresas. Pero aun en ese momento tan importante que significó una transformación revolucionaria del país, la demanda de igualdad, reconocimiento y equilibro de los pueblos indígenas fue dejada de lado y se buscó sepultar lo que era la máxima aspiración de un pueblo que reclamaba inclusión para sus miembros como ciudadanos de pleno derecho.

Resurgimiento del Indianismo

En la década del 70 del siglo XX, ante el fracaso de la Revolución de 1952, una generación de luchadores sociales del campo y de la ciudad comenzó nuevamente a replantear la temática de la igualdad entre los pueblos. Éste fue el momento del surgimiento de todavía pequeños núcleos de activistas indianistas y kataristas que reivindicaban el reconocimiento de la igualdad de los pueblos, una justa distribución de la riqueza y el derecho de todos a ser gobernados y gobernantes, sin tomar en cuenta el apellido, el color de piel, la vestimenta o el idioma que uno hablara. Fue larga y dolorosa esta construcción reciente del movimiento igualitario de los pueblos, comenzó con núcleos de activistas, de líderes sindica- les y campesinos, y de intelectuales indígenas que habían logrado, muy difícilmente, entrar a las universidades. Fue también muy duro el enfrentamiento contra una izquierda, igual- mente colonial, que no reconocía las diferencias de culturas y que no tomaba en cuenta, en sus reivindicaciones, el rechazo a la herencia colonial de la discriminación y abuso contra los pueblos mayoritarios de nuestro país: los pueblos indígenas.
En los años 80 del siglo pasado, cuando se implementó el modelo neoliberal Bolivia vivió un proceso de desmantelamiento de sus estructuras organizativas populares. Por ejemplo, la Central Obrera Boliviana (COB) se vio afectada con los procesos de cierre de empresas, la relocalización y la flexibilización laboral que rompieron la organización nacional de resistencia de las políticas de los gobernantes. A partir de ello, les tocó, como una especie de posta histórica, a los pueblos indígenas, al movimiento campesino, asumir la construcción del liderazgo de un movimiento igualitario, de renovación de la patria y de convivencia entre los pueblos.
En tiempos en que predominaba el neoliberalismo en el país -las décadas de los años 80 y 90, los veinte años perdidos-, el movimiento indígena campesino se atrincheró y desplegó una resistencia heroica en defensa de la hoja de coca, de los recursos naturales, de la dignidad y de la patria. En tiempos de desmoralización general del país, de abuso y prepotencia neoliberal, las Seis Federaciones de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba (en el Cha- pare), el norte de Potosí, la ciudad de El Alto, el departamento de Santa Cruz en sus sectores empobrecidos, las federaciones campesinas del norte de La Paz, convertidos en núcleos históricos de resistencia, comenzaron un lento proceso de rearticulación y de reorganización social en busca de la emancipación.
Debilitada la clase obrera tradicional que de- pendía de la gran empresa, fragmentada la nueva clase trabajadora obrera en pequeños talleres, en pequeñas fábricas, las organizaciones territoriales campesinas indígenas tuvieron que resistir al neoliberalismo en defensa de los recursos naturales que estaban siendo objeto de privatizaciones y venta a empresas extranjeras. Mientras el neoliberalismo avanzaba en todos los terrenos privatizando empresas públicas, cambiando la mentalidad de los jóvenes, introduciendo el discurso y el pensamiento individualista, socavando y fragmentando a las organizaciones sociales urbanas, la resistencia y la lucha por la dignidad del país se concentró en aquellas organizaciones territoriales campesinas indígenas que defendían lo último y lo primero que tiene el ser humano para preservar la vida: la naturaleza.
El aprendizaje fue rápido. De marchas y movilizaciones inicialmente aisladas, comenzaron a expandirse las redes de solidaridad y hermandad del pueblo, del Chapare a Santa Cruz, del Chapare a Cochabamba, del Chapare a Tarija, del Chapare al altiplano. Una silenciosa red de estructuras comunitarias territoriales, indígenas y campesinas, comenzó a preparar el gran escenario de lo que en Bolivia hemos denominado: el gran Pachakuti 1.
Recogiendo lo mejor de la herencia obrera de los años 40, 50 y 60 de la lucha social boliviana y lo mejor de la herencia organizativa urbana de la lucha popular frente a las dictaduras, el movimiento indígena y campesino no solamente se planteó la necesidad de resistir ante las políticas neoliberales impuestas por los gobiernos excluyentes y racistas, sino también le tocó proyectar la toma y construcción del poder, para cambiar la estructura del Esta- do, para cambiar las relaciones de convivencia entre los boliviano. El movimiento originario campesino decidió fundar, en 1995, el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), lo que ahora es el Movimiento al Socialismo, el MAS-IPSP.
Esta decisión marcó el destino del país, por- que hasta entonces los obreros, campesinos e indígenas, solamente habían sido convocados para resistir, para aguantar y defender, pero nunca se habían planteado, en la larga historia de 180 años de vida republicana, la posibilidad de que fuera el movimiento indígena campe- sino y popular quien asumiera las riendas del destino de Bolivia. De la resistencia a la toma del poder, de la acción defensiva y meramente reivindicativa, el movimiento indígena se planteó a sí mismo la necesidad de construir, transformar y asumir el control del poder del Estado.
A partir de esa decisión trascendental de 1995, la historia de los pueblos indígenas bolivianos y latinoamericanos fue otra. Los pueblos no solamente estaban para resistir y aguantar el abuso, no solamente estaban para defender los recursos, estaban también para replantearse ellos la conducción del destino de sus países.

Triunfo del Instrumento Político de Liberación

El crecimiento del instrumento político de los pueblos indígenas y de los sectores populares fue gradual desde 1995 hasta el año 2005. En el transcurso de diez años la marcha fue imparable; se empezó con un municipio, pero en la siguiente elección se llegó a cuatro; luego, de cuatro municipios se pasó a 80, y en la elección municipal de 2004, el MAS llegó a tener 120 alcaldías. Ése fue el proceso gradual de conquista territorial, de funciones de mando y de decisión al interior de nuestro país. Y en el ámbito parlamentario, de tener inicialmente una bancada de cuatro parlamentarios se pasó a tener 28 congresistas, luego en la elección de 2005, se logró obtener 84 parlamentarios, del total de 157 congresistas de nuestro país.
Este proceso de cerco gradual, representativo y democrático de la estructura del Estado racista, no fue fácil. La decisión de avanzar a la construcción y toma del poder tuvo innumerables batallas: marchas, resistencias, masacres, gigantescas sublevaciones que en el año 2000 obligaron a una empresa extranjera a abandonar el país, porque estaba lucrando con los recursos colectivos y comunitarios de los pueblos.
A partir de esa victoria, el segundo paso fue enfrentar el poder gubernamental dominado por partidos políticos corruptos, por especuladores, por terratenientes y gente subordina- da a empresas extranjeras, para obligarlos a retroceder gradualmente en sus medidas de gobierno en contra del país. Ante la movilización, los bloqueos, los paros, en el ejercicio legítimo de las reivindicaciones del pueblo, la respuesta de los gobiernos neoliberales insensibles era la masacre. En octubre de 2003, Sánchez de Lozada, antes de renunciar obligado por la sublevación popular, dejó tendidos en el país unos 60 muertos, 600 heridos y decenas de mutilados, por la ambición de defender intereses particulares, frente a una demanda popular generalizada de igualdad, justicia, reconocimiento y recuperación de recursos naturales. Fueron las sublevaciones populares las que carcomieron externamente la estructura de un Estado señorial, racista, oligárquico y terrateniente que había predominado en la vida política del país en las últimas décadas.
En las elecciones generales de diciembre de 2005 un luchador, un dirigente sindical, un dirigente campesino, un indígena, por primera vez en 182 años de vida republicana, asumía democrática y constitucionalmente el gobierno de nuestra patria. En un país donde los pueblos indígenas son el 65 por ciento de la población, nunca antes un indígena había pisado el Palacio de Gobierno como primera autoridad; en un país donde la inmensa mayoría es gente pobre, humilde y trabajadora, nunca un trabajador, una persona humilde, había alcanzado la primera magistratura. En 2005 se acabó esa historia, el pueblo reconoció en el Presidente Evo Morales al indígena que cada uno es, al trabajador que cada uno es, al obrero o al vecino que cada uno es, se miró en el Presidente Evo a sí mismo y decidió votar por sí mismo. En 2005, el pueblo dejó de votar por patrones y por empresarios, y como nunca había sucedido en nuestra historia, el pueblo comenzó a verse a sí mismo y se veía a sí mismo como gobernante y como gobernado, como dirigente y como dirigido, como tiene que ser en cualquier sociedad democrática.
A partir de 2005, la historia de nuestro país dio un giro, a la cabeza de Evo Morales, el primer Presidente indígena de América Latina, de nuestra historia, de nuestra República, las cosas en Bolivia y en el Continente comenzaron a cambiar. Las primeras medidas que se tomó, como dijo el Presidente Evo, fue convertir al gobierno de esclavizador del pueblo, en esclavo del pueblo, porque a partir de ese momento fueron las organizaciones, los sindicatos, las comunidades, las asambleas las que empezaron a tomar las grandes decisiones, los grandes planteamientos de transformación de nuestro país, que por medio del Presidente Morales, se convertían en leyes y en decretos.
La que antes era mayoría olvidada, desprecia- da, explotada y silenciada, ahora se convertía en mayoría gobernante, deliberante, que toma decisiones para beneficiar absolutamente a todos. Pero desde el año 2006, este liderazgo indígena popular y campesino que emergió desde abajo no gobernó solamente para los indígenas, para los campesinos y los humildes, comenzó a gobernar para todos los bolivianos: campesinos, obreros, estudiantes, comerciantes, profesionales, empresarios; porque en este hecho comenzó a consolidarse lo que era un liderazgo local, regional o sectorial, en un liderazgo de carácter nacional.
Las medidas de nuestro gobierno fueron muy concretas: recuperar los recursos naturales y las empresas que privatizaron los neoliberales y que se encontraban en manos extranjeras. Para tomar esas decisiones, no importaron amenazas ni chantajes, el gobierno del primer Presidente indígena de Bolivia y del continente, tomó la heroica decisión de nacionalizar los recursos naturales, el gas y el petróleo, que hoy nuevamente son de todos los bolivianos y nuevamente los dineros de esos recursos benefician a todos los bolivianos.
La segunda medida fue construir la igualdad no solamente como discurso, sino como vida material. Y comenzamos a realizar este objetivo a través de medidas sociales, una de las prime- ras fue el Bono Juancito Pinto, que es un incentivo monetario de permanencia escolar, al que cada niño accede en beneficio de su familia una vez que haya completado la educación anual en colegio del primer al octavo grado. Otra medida social es la Renta Dignidad para los abuelos, hoy en Bolivia, y lo decimos con orgullo al mundo, a toda persona mayor de 60 años, esté jubilada o no, sea del campo o de la ciudad, el Estado boliviano la protege mensualmente con una renta, para que pueda vivir con dignidad
y tranquilidad el resto de sus días.
Se empezó a utilizar los recursos del Estado para resolver el tema de la igualdad material. Antes, el dinero del Estado servía para prestar a dos o tres familias que no usaban el dinero en el país sino que lo llevaban al extranjero, se iban de vacaciones a Miami o a París y no in- vertían en Bolivia. En el gobierno de Evo Morales, se dejó de usar ese dinero para fomentar vacaciones de empresarios quebrados y se lo utilizó para apoyar y fomentar al pequeño productor campesino, pequeño gremial y pequeño artesano que hoy tienen, de manos del Estado, el acceso a crédito para producir y generar riqueza, en algunos casos en el campo, con cero por ciento de interés, siempre y cuan- do el alimento que genere sirva para beneficiar a las familias bolivianas.
En todo el aparato estatal, los indígenas que hasta entonces solamente eran los encargados de servir el café o preparar el alimento, hoy, desde la Presidencia, pasando por la Vicepresidencia, los ministerios y las prefecturas, los indígenas, junto con los mestizos, "el poncho y la corbata"2 caminan juntos en igualdad de condiciones. Un Presidente indígena un Vicepresidente mestizo, un Canciller indígena un ministro de Gobierno mestizo, en igualdad de condiciones en función de su cumplimiento de los intereses del país. A partir de entonces, el Estado abandonó su estructura racista y comenzó a seleccionar funcionarios de gobierno ya no por su apellido, su idioma, o su color de piel, como había sido antes; por primera vez, el Estado comenzó a incorporar, junto a mes- tizos, aymaras, quechuas, guaraníes, mojeños, trinitarios, sirionós, chapacos, todo el país comenzó a ser reconocido e integrado en cada una de las funciones del gobierno. En poco más de dos años y medio, la herencia colonial comenzó a ser desmontada y la injusta distribución de la riqueza comenzó a ser desmantelada para generar mecanismos de distribución que llegaran a todos.
Los gobernantes -anteriormente vistos como ladrones, flojos y vagos- comenzaron a ser vistos como trabajadores, como el Presidente Evo que se acuesta a las dos de la madrugada y se levanta a las cinco de la mañana a trabajar en beneficio del país. Gobernantes, ministros y diputados que ganaban 20 mil, 15 mil y 10 mil dólares al mes, hoy, ninguno de ellos puede ganar más de 15 mil bolivianos, que sería exageradamente 1.400 dólares, lo que gana el Presidente. Atrás quedaron esos altísimos salarios que simplemente servían para generar estructuras burocráticas ociosas que no beneficiaban al pueblo.
Silenciosamente y con la ayuda de líderes solidarios de Cuba y Venezuela, logramos la gran ilusión de todo pueblo: acabar con el analfabetismo, es posible que hasta fin de año, Bolivia pueda derrotar definitivamente al analfabetismo y tengamos cero por ciento de analfabetos en nuestro país. Actualmente existen casi 700 mil personas alfabetizadas en comunidades, sindicatos, barrios y ciudades.
Nuestro gobierno, entonces, comenzó con medidas estructurales para devolver el control de la riqueza y la economía al Estado. Distribuyó equitativamente la riqueza, saneó la vida del Estado, y todo esto teníamos y tenemos que convertirlo en norma constitucional para que sea la forma de convivencia de los pueblos para las siguientes décadas.

Punto de Bifurcación

Pero estas medidas transformadoras encontraron una dura resistencia en el bloque conservador que hasta entonces había estado administrando el Estado y que se había organizado en los comités cívicos regionales. Y esa resistencia ahondó la crisis estatal que vivíamos, amenazando incluso la viabilidad del proyecto revolucionario que estamos viviendo. Eso, hasta cierto punto es natural, todo momento revolucionario enfrenta su propia contrarrevolución. Por eso nosotros afirmábamos que viviamos un empate catastrófico por un buen tiempo, pero que todo ese tensionamiento se encaminaba hacia un punto de bifurcación para lograr la estabilización estratégica de un nuevo sistema estatal.
Ese punto de bifurcación fue anunciándose a través de las sucesivas crisis políticas y creo que el gobierno mismo puso en marcha una serie de medidas políticas estratégicas, que a modo de defensa del proceso, aceleraron el momento de la bifurcación.
Primero, decidimos que fuera el pueblo quien considerara y valorara con su voto si el Presidente Evo Morales y su Vicepresidente debe- rían continuar o no.
Pusimos estas acciones que ha tomado el gobierno desde el 2006 a consideración del pueblo para que las valorara con su voto y dijera: "Presidente Evo y Vicepresidente, se han equivocado" o "Sigan adelante". El 10 de agosto de este año, los bolivianos fuimos, como no había sucedido antes en el país, a un referéndum revocatorio o ratificatorio del Presidente y del Vicepresidente, y el pueblo, sabio, no solamente nos dio el 54 por ciento, como en 2005, el pueblo nos dio el 67 por ciento, más de dos tercios de los votos para decirle al Presidente Evo:
"Avance compañero, continúe su trabajo". Pero eso no gustó a algunos políticos, esta ratificación democrática, mayoritaria, en la que tres de cada cuatro bolivianos le dijeron sí al Presiden- te Evo, no gustó a los antiguos privilegiados, a las personas que antes vivían de engañar y robar al Estado, a algunas autoridades que han usado los cargos públicos para malversar y enriquecer a pequeñas roscas de amigos en beneficios personales. Apenas el pueblo puso el 67 por ciento del voto en las urnas ratificando al Presidente Evo para que continúe su trabajo, ese mismo día, comenzaron los preparativos de una terrible conspiración contra la vida del Presidente, contra el gobierno, la democracia y el pueblo.
Una vez ratificado Evo Morales como Presidente constitucional con el apoyo de más de dos tercios de los bolivianos, quedó visibiliza- da una nueva mayoría política en el país, quedó muy claro que el Presidente no solamente tenía el apoyo de los indígenas, campesinos y clases populares, sino de clases medias, estudiantes, jóvenes, profesionales. Evo Morales no solamente obtuvo el apoyo en el occidente, sino también en el oriente, en el sur y en el norte; no solamente ganó en el campo, donde la base campesina indígena apoyó a su Presiden- te con una votación del 80 y 90 por ciento, sino que también tuvo apoyo en las ciudades que le dieron, por ejemplo, el 40 por ciento aquí en Santa Cruz, el 80 por ciento en La Paz, el 84 por ciento en Potosí, el 50 por ciento en Tarija, el 54 por ciento en Pando. Nunca antes un Presidente había tenido tanto apoyo en tantas regiones, en todos los departamentos, en todas las provincias: 95 de 112 provincias votaron mayoritariamente por el Presidente Morales en agosto del 2008. Eso es algo que no so- portaban y no quisieron reconocer pequeños núcleos de fuerzas fascistas, reaccionarias y racistas de nuestro país. El 10 de agosto ganó la democracia, ganó el país y se ratificó el liderazgo y el proyecto nacional del gobierno a la cabeza del Presidente Evo Morales.
Al día siguiente, el 14 de agosto, una reunión de prefectos opositores, duramente golpeados por los resultados de las elecciones, decidió impedir que las autoridades legales y constitucionales del país lleguen a los distintos aeropuertos de algunas ciudades. Estos prefectos promovieron grupos de choque, junto con sectores cívicos y fuerzas fascistas políticas, para agredir e impedir el traslado de los gobernantes legítimos a cuatro departamentos: Pando en el norte, Beni en el noreste, Santa Cruz en el oriente y Tarija en el sur.
A tres días del referéndum revocatorio, estas mismas autoridades regionales derrotadas el 10 de agosto como proyecto nacional, decidieron sobreponerse al Congreso de la República y a la Constitución Política del Estado, y convocaron a elecciones de consejeros en los departamentos. Esta atribución presidencial y del Congreso fue arrebatada por estas autoridades regionales, con lo que, en ese mismo instante, pusieron en marcha un golpe de Estado, pero ya no militar, ya no con la participación de las Fuerzas Armadas -hoy fieles al Presidente, a la democracia y a la Constitución Política del Estado-, sino un golpe de Estado con núcleos fascistas, grupos de choque que comenzaron a desconocer, mediante las autoridades departamentales, el legítimo y constitucional gobierno de la República.
El 16 de agosto, acá, en nuestra querida Santa Cruz, como parte del golpe de Estado que se puso en marcha, se atacó el Comando Departamental de la Policía, se intentó tomar la Policía departamental, seguramente para que a partir de su control, se armen grupos de choque fascistas para salir a atemorizar al resto del pueblo cruceño.
El 17 de agosto, los prefectos de los cuatro departamentos, junto con los Comités Cívicos -núcleos de poder regionales donde se unifican los sectores empresariales terratenientes y conservadores-, convocaron a un paro cívico para paralizar la totalidad de la actividad eco- nómica y social el 19 de agosto.
El 22 de agosto, los cívicos, con apoyo de algunos prefectos, convocaron a un bloqueo de caminos y carreteras en los ingresos de los cuatro departamentos, con esta convocatoria, anunciaron un desabastecimiento general de alimentos para el propio pueblo cruceño y, fundamentalmente, para el resto de los pueblos de los otros cinco departamentos. Pasaron así, de la presión política a la guerra económica, impidiendo que la gente se alimente y abastezca de manera normal.
El 23 de agosto, un líder cívico del departamento del Beni advirtió y convocó a una sublevación armada en contra del gobierno constitucional legalmente establecido. A su vez, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic, planteó que ya no era suficiente la autonomía sino que hay que pasar al federalismo, como una forma de impedir que el gobierno nacional pueda ejercer su legítimo y constitucional control sobre las funciones del Estado en el departamento de Santa Cruz.
El 28 de agosto, se reunieron los prefectos de Tarija, Pando, Santa Cruz y Beni, junto con los presidentes de sus Comités Cívicos y ese día se decidió acciones de fuerza de manera escalonada, en algunos casos de carácter terrorista y delincuencial, en los cuatro departamentos, en contra del Estado boliviano, del gobierno y las instituciones. Se armaron grupos de acción en núcleos especiales para iniciar acciones delincuenciales y se repartió dinero para que funcionen esos grupos.
El 31 de agosto, comenzó el bloqueo de caminos en Santa Cruz, Tarija y Beni, y un paro indefinido en los cuatro departamentos, se bloqueó el acceso de gasolina y diesel para asfixiar económicamente a las ciudades.
El 1 de septiembre, los prefectos anunciaron el desconocimiento de la convocatoria presidencial a un Referéndum Constitucional para aprobar la nueva Constitución Política del Estado y, por presión y decisión de los prefectos de los cuatro departamentos, las Cortes Electorales Departamentales se vieron obligadas a desconocer la autoridad y la decisión legal del Presidente de la República. Estaba en marcha un golpe de Estado, no solamente con la dimensión del ámbito del desconocimiento de la autoridad legal, sino en el ámbito del ejercicio de una guerra económica y de un control territorial por parte de las fuerzas golpistas.
El 2 de septiembre, los Comités Cívicos del Chaco decidieron bloquear y amenazaron con hacer explotar las instalaciones de gas y petróleo que se encuentran fundamentalmente en esta zona.
El 3 de septiembre, las Federaciones de Ganaderos de Santa Cruz y Beni, bajo el control de la derecha reaccionaria, anunciaron que no se llevaría carne a los departamentos del occidente, con el objetivo de iniciar una especulación de precios en los alimentos fundamentales de la canasta familiar.
El lunes 8 de septiembre, se bloqueó el acceso a las instalaciones petroleras en los cuatro departamentos.
El martes 9, se inició el ataque generalizado a instituciones del Estado boliviano. En Santa Cruz, se atacó el Canal 7 y la Red Patria Nueva (radio), ambos estatales, y los quema- ron. Atacaron el centro de telecomunicaciones del Estado, se lo quemó, saqueó y destruyó. Se destruyó y quemó también el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), institución encargada del saneamiento y distribución de tierras. En todo el departamento, se atacó cerca de 45 instituciones que quedaron destruidas, saqueadas, robadas y paralizadas por esta decisión cívica prefectural del golpe de Estado en marcha.
En el resto del país, una totalidad de 75 instituciones del Estado que tienen que ver con comunicación, tierra, recursos naturales, in- formación y administración del Estado, fue- ron destruidas, tomadas, saqueadas y paralizadas.
El mismo martes 9, estas fuerzas reaccionarias decidieron tomar el control de los aeropuertos para impedir que cualquier persona, pero fundamentalmente que el gobierno y las autoridades encargadas de restablecer el orden, puedan aterrizar. En otras palabras: para el 9 de septiembre, ya estaba tomado el control territorial de instituciones, centros de información y comunicación, y de los aeropuertos de estos cuatro departamentos del país.
También el martes 9, coronando esta decisión de controlar territorialmente parte del país para desconocer al gobierno del Presidente Evo Morales, se atacó resguardos policiales y militares, se desarmó efectivos y se les quitó material antidisturbios y armas de fuego. El golpe de Esta- do estaba en su momento cumbre.
El miércoles 10 de septiembre, continuó el ataque a resguardos policiales y militares, se atacó y ocupó instalaciones petroleras y gasíferas controladas por las Fuerzas Armadas, se desarmó a militares a quienes se les había instruido no usar sus armas de fuego frente a población civil en el marco del respeto a la vida humana, se cerró válvulas de gas y petróleo que alimentan al resto del país y se hizo explotar una válvula de gas que abastecía el mercado de Argentina y Brasil. En más de 30 años de exportación de gas bolivianos a países hermanos, aún con golpes de Estado milita- res, nunca en nuestra historia se habían cerrado las válvulas de gas. Estos golpistas civiles de hoy se atrevieron a destruir válvulas, dinamitaron gaseoductos, y lo peor: mandaron grupos de choque a cerrar las válvulas de gas
y petróleo para que Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí no tengan gas.
El jueves 11 de septiembre, dentro de esas acciones coordinadas a nivel nacional, el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, mandó a masacrar a más de 15 campesinos que se dirigían a una reunión para tomar decisiones en defensa de la democracia. Muchos de estos campesinos humildes fueron baleados cuando estaban cruzando el río Tahuamanu; primero se los cercó y hostigó, ellos escaparon cruzan- do el río y desde un puente, de una manera inmisericorde y bestial, funcionarios de la prefectura hicieron tiro al blanco con los cuerpos de hombres y mujeres campesinos que trataban de huir nadando. Como si eso fuera poco, recibimos la información de que estas acciones no se trataban meramente de una venganza, de un descuido, sino que se decidió matar a campesinos indígenas y así dar un castigo ejemplarizador para que nunca más se atrevan a desconocer a sus patrones.
Hay información que se está investigando de que cosas parecidas tenían que suceder en Beni, Santa Cruz y Tarija. Es decir, los golpistas cívicos prefecturales estaban dispuestos a todo, a masacrar y segar la vida de quien sea con tal de preservar sus privilegios y acciones antidemocráticas frente al gobierno.
El mismo día en que Bolivia lloraba a sus muertos y no salía del asombro por los informes e imágenes que se transmitían desde Pando, el prefecto de este departamento intentó nombrar autoridades en ese departamento, sustituyendo las que había nombrado el gobierno en instituciones del Estado.
Las personas que somos mayores recordamos cómo eran los golpes de Estado en los años 70 y 80. Un golpe de Estado, en tiempos de dicta- dura, comenzaba con la toma de instituciones por parte de militares, el control de los centros de comunicación e información del país, el control territorial a través de la presencia militar en aeropuertos y puentes, después se daba la represión selectiva contra dirigentes y luego, la represión masiva contra el pueblo.
Cuando pensábamos que se había cerrado la etapa de los golpistas en nuestro país, en pleno siglo XXI, nuevamente renació, pero no de las instituciones del Estado, policías y militares fieles al mando constitucional, sino de autoridades cívicas y de algunas autoridades electas que quisieron crear, en el oriente, un territorio donde se desconocía al Presidente Evo Mora- les, al gobierno constitucional y, seguramente, si llegaba el momento, hubieran pedido luego algún tipo de intervención extranjera para que Bolivia quedara partida en dos. Incluso hubo un dirigente cívico en el Beni que pidió convertir Beni y Santa Cruz en un protectorado de alguna potencia extranjera, tremenda barbaridad colonial. ¡Protectorado en tiempos en que ya no hay colonialismo! Un protectorado significaba simplemente el quiebre, la partición de la unidad territorial de la patria.

Derrota del Golpismo Cívico-Prefectural

Eso es lo que Bolivia ha enfrentado en agosto y septiembre: autoridades, cívicos y empresarios que estuvieron dispuestos a desconocer la Constitución Política del Estado, que estuvieron dispuestos a matar la democracia, a asesinar a campesinos e indígenas, a dividir la patria, con el único objetivo de que el Presidente Evo Morales no continuara su mandato, que no continuáramos la marcha hacia la igualdad, a la distribución de la riqueza y al reconocimiento. Estas son las amenazas que nuestro gobierno ha tenido que superar hace un mes atrás. La resistencia, la defensa de la democracia y de la unidad de la patria contó con un gobierno que no dudó un solo instan- te en hacer todos los esfuerzos para defender la patria, la Constitución, la democracia y al pueblo.
Cuatro factores impidieron que esta intentona golpista cívica prefectural continuara. El primero fue la decisión de un gobierno firme que aguantó humillaciones, insultos, persecución, insolencias, soberbias y agresiones, pero que llegado el momento, tomó una decisión histórica y patriótica: expulsar al embajador de EEUU, Philip Goldberg, el 9 de septiembre, justo en el momento en que el plan golpista estaba en su apogeo y luego, dos días después, declarar estado de sitio para preservar la vida, la Constitución y la democracia.
La expulsión del embajador Goldberg -quien tenía un largo historial como impulsor de procesos separatistas, pues fue jefe de la Oficina del Departamento de Estado para Bosnia, durante la Guerra de los Balcanes- marcó un punto de inflexión en la resistencia de nuestro gobierno contra el golpismo porque envió una señal clara de que no íbamos a seguir toleran- do las continuas provocaciones de este diplomático que claramente incentivaba la violencia en coordinación con los Comités Cívicos. Goldberg tuvo reuniones clandestinas con los prefectos opositores antes del referéndum revocatorio y después, cuando se implementa el plan golpista. Incluso los canales de televisión captaron imágenes de estas reuniones con los líderes del golpismo, quienes pretendían incendiar al país porque se sentían apoyados por el representante de una potencia extranjera contraria al proceso de cambio. Con la expulsión de Goldberg, los golpistas prácticamente fueron descabezados, se quedaron huérfanos y sin liderazgo.
El segundo factor fue la declaración de esta- do de sitio en Pando, para frenar la masacre de campesinos, el 12 de septiembre. Y como nunca antes había sucedido, el pueblo boliviano aplaudió esta decisión, porque antes los estados de sitio eran para detener dirigentes, reprimir a los trabajadores y abusar de los derechos democráticos. Cuando declaramos estado de sitio, hasta las propias organizaciones defensoras de derechos humanos aplaudieron al Presidente Evo Morales, porque ahora el estado de sitio sirvió para defender la vida, la democracia y sancionar a los golpistas.
Inmediatamente después de esta decisión firme del gobierno de la República, el Presiden- te, como Capitán General de las Fuerzas Armadas, instruyó retomar el control de Pando, entonces se mandó tropas para tal efecto. Aún en estado de sitio, la tropa militar fue recibida a balazos por los golpistas, armas de fuego de toda clase, metralletas, FAL, SIG, recibieron a las Fuerzas Armadas en un intento desesperado para evitar que se retomara el control y la pacificación de la región. Las Fuerzas Armadas cumplieron a cabalidad el mandato presidencial y, en 24 horas, se restableció la tranquilidad, algunos miembros de esos grupos de criminales y asesinos, fueron encerrados y la mayor parte escapó a otras regiones, se los está buscando para llevarlos a la justicia, porque no puede haber muertes impunes en el país.
El tercer elemento estratégico que permitió defender la democracia, la unidad de la patria y la Constitución fue la movilización social que se activó, se fortaleció, después de la expulsión de Philip Goldberg y de la declaración del estado de sitio. Aquí mismo, en esta Santa Cruz heroica, al momento en que se iba desplegando el ataque a instituciones, la quema de oficinas, la destrucción de canales de televisión
y de radio, de los expedientes de tierra que favorecían a los campesinos, ese mismo momento, el pueblo cruceño, sus organizaciones campesinas y urbanas, tomaron la decisión de movilizarse para defender la Constitución y la democracia. Durante cuatro o cinco días, en el Plan 3000, resistieron heroicamente el ataque de bandas fascistas y criminales. Y no sola- mente fue el Plan 3000, fueron también el resto de los distritos, el distrito 8, el 12, también jóvenes de la universidad que dijeron: "Estamos aquí para defender la democracia, la Constitución y el proceso de cambio".
Pero la fuerza fundamental de la resistencia, como siempre, la desplegaron los indígenas y campesinos de Santa Cruz que desde distintas comunidades se levantaron y comenzaron a marchar para recuperar el control constitucional y democrático de la ciudad. Los campesinos habían aguantado tanta humillación cuando fueron agredidos y escupidos, cuando mujeres fueron pateadas en el piso, hasta que la gente dijo: "Basta", y defendieron la dignidad con una gran marcha por la democracia y por la patria. Cerca de 30 mil campesinos marcharon desde distintas regiones para llegar a la ciudad de Santa Cruz, y dentro de ella, jóvenes, profesionales, comerciantes, gremiales, vecinos, comenzaron a prepararse para recibir a los compañeros del campo que venían a defender al gobierno, al cambio, a la democracia y a la Constitución.
El cuarto pilar de la defensa de la democracia fue, sin duda, la solidaridad de la comunidad internacional. Nuestro Presidente Evo Mora- les asistió a una reunión de emergencia de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), de todos los países de Latinoamérica y ahí en Santiago de Chile, se declaró contundentemente la defensa unánime de la democracia, del gobierno constitucional legalmente establecido y el repudio al golpe cívico prefectural que habían puesto en marcha.
La defensa internacional de la democracia, la movilización social y la firmeza constitucional del Presidente Morales y de su gobierno fueron las herramientas con las que logramos derrotar a los golpistas, obligarlos a adecuarse al régimen constitucional y frenar este golpe que estaba llevando por delante con instituciones, leyes y vidas de bolivianos.
Hoy podemos decir que hemos derrotado con las armas de la democracia a los golpistas, que el pueblo los ha derrocado y ha defendido su Constitución y su gobierno legalmente establecido. Pero también les decimos con franqueza: la derecha fascista y golpista no ha sido derrotada definitivamente, hay todavía residuos de ella que no acepta que un indio sea Presidente, que un campesino pueda gobernar mejor que sus padres y sus abuelos que han destruido la patria en más de 180 años; hay todavía, lamentablemente, una derecha fascista, racista, discriminadora que no acepta la igualdad, que no acepta que un indígena marche junto a un mestizo y que la riqueza sea para todos y no sólo para unos cuantos. Y ellos, derrotados en una batalla un mes atrás, todavía siguen en pie y seguramente buscarán, de un modo u otro, volver con sus fechorías y atentar contra la democracia, la igualdad, la justicia y el gobierno del Presidente Evo Morales.
Por eso, a todos ustedes que han venido de lugares tan alejados, no sólo de nuestro país sino del mundo, les pedimos vigilancia permanente, movilización, la derecha ha sido derrota- da en una batalla pero aún no ha perdido la guerra y más pronto que tarde, seguramente, buscará otro mecanismo para atentar contra la igualdad en nuestro país. Y entonces, como ha sucedido recientemente, les pedimos que así como nos han acompañado hace un mes atrás, no nos abandonen, acompáñennos, aquí habrá un gobierno, un Presidente, un pueblo digno que defenderá con la vida la democracia y la unidad del país. Y si contamos con el apoyo de ustedes, esa derecha fascista no va a pasar y la derrotaremos.
Hermanos y hermanas, compañeros todos, el gobierno del Presidente Evo Morales así como tuvo la firmeza y la osadía para resistir el golpismo, mira el porvenir con tranquilidad y optimismo. Estamos trabajando para todos, no estamos gobernando para satisfacer a una familia o una persona, no estamos garantizando el porvenir de nuestras propias familias, estamos trabajando para que los hijos y nietos de todos, a futuro, puedan vivir en tranquilidad y prosperidad. Estamos gobernando para todos, para el indígena, el campesino, el profesional, el comerciante, el empresario, el vecino, incluso también para los golpistas, porque también son bolivianos, estamos gobernando también para ellos, porque no somos vengativos.
Los indígenas están mostrando lo que es un gobierno que no es de casta ni de rosca ni de clase, es un gobierno de y para todos los bolivianos. Y en esa fuerza moral, se pone a prueba el poderío del movimiento indígena campesino, no se viene a cobrar venganza de 500 años, se viene a construir la alegría de 500 años, para todos: indígenas, mestizos, trabaja- dores, citadinos y campesinos.
Estamos contentos de tenerlos aquí, agradecidos de que nos acompañen en este proceso, les pedimos que nos sigan acompañando en esta utopía histórica de reivindicación igualitaria de los pueblos, de construcción igualitaria de justicia, igualdad y hermandad. Lo estamos logrando, lo que era un sueño hoy es realidad en nuestra patria, lo estamos construyendo gradualmente y tengan toda la seguridad que dejaremos para un futuro, para Bolivia, América y el mundo, un ejemplo de gobierno indígena que supo gobernar, distribuir la riqueza para todos, sin discriminar colores, razas, idiomas ni apellidos, porque todos somos bolivianos, humanos y tenemos los mismos derechos.
Notas
1. Término aymara que indica la llegada de un nuevo tiempo donde se restituye el poder a los indígenas y originarios
2. Manuel Isidoro Belzu, conocido como defensor de los indios y los pobres, fue presidente de Bolivia entre 1848 y 1855 va- ticinó que algún día gobernaría en Bolivia "el poncho y la chaqueta" (Fausto Reinaga. Belzu, precursor de la Revolución Nacional, 1953). Álvaro García Linera ha tomado esta frase como símbolo de la Revolución Democrática y Cultural en la que participan in- dígenas y mestizos en igualdad de condiciones, empezando por la fórmula presidencial.
* Vicepresidente de Bolivia.