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Bolivia: ¿Quién controla los medios de comunicación?
Ricardo Bajo H./Pascual Serrano
Le Monde Diplomatique
Quienes viven en Bolivia no pueden negar que la guerra mediática existe. Por un
lado unos medios privados duramente combativos a las propuestas de Morales, por
otro, un gobierno que intenta desarrollar propuestas de comunicación que
permitan el acceso a los sectores indígenas populares e intelectuales que
defienden los cambios políticos. La confrontación es de tal envergadura que no
han faltado agresiones a periodistas y ataques a medios de comunicación desde
cualquiera de las dos posiciones, conscientes de que el frente mediático es un
terreno clave en la lucha por el dominio político de Bolivia. Veamos con qué
medios de comunicación cuenta la ciudadanía boliviana, cuáles son sus posiciones
ideológicas, qué intereses tienen sus propietarios y cómo ha evolucionado el
panorama en los casi tres años de gobierno de Evo Morales.
Prensa escrita
No existe una predominante prensa nacional por lo que es importante atender
a los diferentes departamentos. El periódico de más venta y prestigio es El
Deber de Santa Cruz, buque insignia del conglomerado propiedad de la familia
Rivero, una burguesía tradicional de los medios de comunicación. Los Rivero
poseen también acciones en la televisión PAT (Periodistas Asociados de
Televisión).
El Deber de Santa Cruz, junto a una parte de la televisión PAT, conforman el
Grupo Líder integrado también por 9 diarios (entre ellos, La Prensa de La Paz,
El Alteño de El Alto, Los Tiempos de Cochabamba, El Nuevo Sur de Tarija, El
Correo de Sucre y El Norte de Montero y El Potosí de Potosí), dos radioemisoras
y dos canales de TV mas servicios corporativos de impresión y edición.
Ideológicamente, El Deber representa a la derecha regional cruceña que ha
abanderado las reivindicaciones autonómicas de su departamento y de la llamada
"media luna" como modo de conservar los privilegios que durante 20 años de
neoliberalismo han disfrutado los partidos tradicionales. Tras la "derrota" de
esta derecha autonomista en el referéndum revocatorio, El Deber, junto a otros
medios, se ha dado la tarea de impulsar el recambio de los representantes de la
elite cruceña, con la intención de impulsar nuevos liderazgos que hagan frente
al presidente Evo Morales.
El segundo grupo relevante (tras el Grupo Líder) es el español Prisa, cuya
cabecera más destacada es La Razón de La Paz. Aunque no forma parte, sí
reproduce reportajes especiales del denominado Grupo de Diarios de América
(GDA), una agrupación de periódicos latinoamericanos que comparten una clara
línea de derechas. El grupo Prisa, al igual que el grupo Líder, cuenta también
con un canal de televisión, la red ATB. Los intereses del grupo Prisa en Bolivia
están inevitablemente ligados a los grandes grupos económicos españoles (Repsol,
BBVA, Iberdrola...) con quien comparte importantes compromisos empresariales. En
la medida en que las políticas de Morales se han manifestado en defensa de la
propiedad boliviana de los hidrocarburos o de los sistemas de pensiones, se ha
granjeado la oposición del grupo español como bien se refleja en sus medios. Ya
anteriormente, La Razón se situó al lado de los presidentes neoliberales (desde
Jorge "Tuto" Quiroga a Gonzalo Sánchez de Lozada, "Goni"). La propiedad de Prisa
sobre La Razón se remonta a la amistad que unía a su anterior dueño, Raúl
Garafulic, que fue embajador del dictador Hugo Banzer en Madrid, donde
precisamente conoció y entabló fuerte amistad con Jesús de Polanco, lo que
sirvió posteriormente para que Prisa comprara el grupo Garafulic.
Prisa vendió en 2007 a un empresario cruceño El Nuevo Día de Santa Cruz y
mantiene en el occidente del país El Extra, el diario sensacionalista por
excelencia con amplia llegada a los sectores más populares.
Al margen de estos dos grupos (grupo Líder y el grupo Prisa) está, en el campo
de la prensa escrita, el decano de la prensa nacional boliviana que es El Diario
de La Paz, propiedad de la familia Carrasco. El patriarca, Jorge Carrasco
Cansen, está en libertad condicional acusado de asesinar a su esposa dinamitando
el automóvil en el que viajaba, tras descubrirle en un engaño amoroso.
Además de los citados, en Santa Cruz se encuentra el diario El Mundo, de extrema
derecha rozando el racismo, propiedad el grupo Mega, junto con el canal de
televisión Megavisión-Santa Cruz y servicios de banca hipotecaria, parques de
diversiones y otros. Uno de sus accionistas, Juan Carlos Durán, fue un destacado
legislador del partido del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada.
En Tarija, también encontramos El País, cercano a las posiciones de la
Prefectura de Tarija, en manos de un político de derechas.
En el departamento del Beni, la región que obtuvo la votación mayoritaria a
favor de la autonomía departamental, hay dos periódicos: La Palabra del Beni y
La Misión, ambos en abierta oposición al gobierno, el último es propiedad del
senador de Podemos y ex ministro del dictador Hugo Banzer, Wálter Guiteras.
Como hemos podido comprobar, todos los diarios citados son, en su mayoría, de
una línea ideológica de derechas y hostiles al gobierno. A excepción de los que
son propiedad de la española Prisa, los dueños son siempre familias con larga
tradición periodística o grupos oligárquicos locales.
Los dos intentos por parte del gobierno de Evo Morales de impulsar un diario de
tendencia más cercana han fracasado. El primero fue en agosto de 2007, se llamó
Liberación y duró escasas tres semanas. El segundo, meses después, ni siquiera
llegó a las calles. Los problemas económicos fueron la causa de ambos fracasos,
dejando a la militancia progubernamental sin un periódico de referencia.
En cuanto a los semanarios, su tirada es muy baja, y básicamente serían dos:
Pulso, en el espacio político de la derecha, con sede en La Paz, y La Epoca, ya
en la izquierda, tras ser adquirida por militantes cercanos al MAS, el partido
de Evo Morales.
En Santa Cruz, también está el semanario Número Uno, de tendencia derechista,
dirigido por Maggy Talavera, ex jefa de redacción de El Deber y El Nuevo Día.
Entre los mensuales han aparecido nuevas cabeceras. Entre ellas, Placer y poder,
Tiempo y Tal cual, todas ellas en el lado crítico al gobierno. La reaparición en
abril de 2008 de la edición boliviana de Le Monde Diplomatique -que estuvo
ausente dos años de las calles tras su primera época entre 2000 y 2005- coloca
un cierto contrapunto, desde la izquierda, al panorama de las publicaciones
mensuales.
Televisiones
En los últimos cinco años, los canales Unitel, ATB y Red Uno lideran las
audiencias y acaparan el 70 % de la publicidad.
Como señalamos anteriormente, el grupo Prisa es dueño de ATB (Asociación de
Teledifusoras de Bolivia). Unitel, la más abiertamente opositora a Evo Morales,
es propiedad de la familia Montesinos, grandes latifundistas propietarios de al
menos 40.000 hectáreas en Santa Cruz, concedidas por el INRA (Instituto Nacional
de Reforma Agraria, en los gobiernos neoliberales del pasado).
La tercera privada es Red Uno, propiedad de Ivo Kuljis, otro empresario de Santa
Cruz que en el pasado incursionó en la política siendo candidato de la derecha a
la vicepresidencia.
El cuarto canal es Bolivisión, propiedad del magnate mexicano-estadounidense
Ángel "El Fantasma" González.
La red PAT es propiedad de la ya citada familia Daher (60 %) -cuya actividad
empresarial está dedicada a la aerolínea Aerosur y a la electrónica con 18
líneas de distintos campos, entre ellos Sony, LG, Daewoo, HP- y el grupo Líder,
comandado por El Deber (40%).
Por último queda la única cadena pública, Canal 7, en estado muy precario, con
tecnología anticuada. A pesar de los últimos intentos de modernización, sus
instalaciones siguen estando lejos de la tecnología moderna de los canales
privados, contando únicamente con una ventaja, su alcance en todo el país debido
a las repetidoras del estado. Debido a las tendencias derechistas de las demás
canales, el canal siete (con una abierta tendencia progubernamental) ha
recuperado audiencia y se ha colocado en cuarta posición en el ranking, tras
Unitel, ATB y la Red Uno.
No debemos olvidar otras televisiones como la prooficialista RTP (Radio
Televisión Popular) en el occidente del país, propiedad de Monica Medina, viuda
del fallecido líder del partido nacionalista de izquierda Condepa, Carlos
Palenque; la red del Sistema Universitario y la Cadena A, nacional pero con
mayor audiencia en La Paz.
De nuevo se repite la pauta de la prensa escrita de dominio de la línea crítica
y combativa contra el gobierno de Evo Morales. La prensa circunscrita a la elite
cultural y la televisión destinada a los sectores populares.
Radios
Así como la prensa tiene una implantación muy pobre en Bolivia, las radios
son los medios estrella. Es, sin duda, el formato más popular y con más
penetración.
La red más importante es Erbol, de línea progresista, propiedad de la iglesia de
base y con gran influencia popular. Está dirigida por Andrés Gómez Vela Gareca,
ex jefe de redacción del diario La Prensa, y su posición es de apoyo crítico a
Evo Morales.
La Iglesia tiene también otra emisora, Fides. A diferencia de Erbol, responde a
los sectores conservadores y jerárquicos de la Iglesia, comandada por el cura
español Eduardo Pérez Iribarne.
La tercera en discordia es Radio Panamericana, propiedad de la familia Dueri,
dueños también de casinos y del mayor sello discográfico del país, Discolandia.
Son también propietarios del hotel de lujo Presidente en La Paz, de cinco
estrellas. Miguel Dueri, el cabeza visible de la familia, fue embajador de con
el gobierno del derechista Gonzalo Sánchez de Lozada en los Emiratos Arabes
Unidos.
A estas tres grandes cadenas de radio (Erbol, Fides y Panamericana) hay que
añadir la radio pública Radio Patria Nueva que en mayo se unió a la
recientemente creada por el gobierno Red de Radios Comunitarias. Esta red
arrancó sus emisiones el pasado 1º de Mayo con un mensaje del presidente Evo
Morales y tiene como objetivo dar la voz a las comunidades campesinas e
indígenas del país y restar audiencia a las grandes radios. Su director es Iván
Maldonado y bajo el nombre oficial de Sistema Nacional de Radios de los Pueblos
Indígenas agrupa a una treintena de radios comunitarias. Está administrado por
un Consejo Directivo conformado por cinco dirigentes y representantes
comunitarios y originarios.
En internet, es importante recordar la web de la agencia de prensa del estado,
la Agencia Bolivariana de Información (ABI), de la cual se nutren numerosos
medios alternativos bolivianos y extranjeros.
Alternativos
En cuanto a radios alternativas, es de destacar Radio Wayna Tambo, en el
Alto, donde el colectivo del mismo nombre aglutina a todo el movimiento
alternativo de la ciudad de El Alto, la de mayor combatividad de Bolivia.
En Internet, encontramos la agencia de noticias Bolpress, integrada por un
colectivo de periodistas de izquierdas ajeno al gobierno, y otros portales como
la edición boliviana de Indymedia y Econoticias que se sitúa políticamente a la
izquierda del gobierno de Evo Morales, desde posiciones indigenistas o
troskistas.
El surgimiento de un cada vez más rico panorama de publicaciones alternativas
escritas pero con escasa difusión, completa un espectro mediático en creciente
polarización. Así tenemos periódicos como Pukara (de tendencia indigenista)
Combate (anarquista), y Lucha Socialista (troskista, línea IV Internacional) y
Chasqui Socialista (del Movimiento Socialista de los Trabajadores). También la
publicación semanal Hormigón Armado, realizada por trabajadores limpiabotas
adolescentes y chicos de la calle en La Paz.
A pesar del abrumador dominio de los medios privados opositores, y al igual que
en Venezuela, el discurso sigue centrado en las acusaciones contra Evo Morales
de intentar acabar con la "libertad de expresión" y su supuesta amenaza de
cierre de medios. Las protestas de diferentes organizaciones de propietarios y
lobbys de prensa logró que se cambiase el artículo referente a la información
del proyecto constitucional que se votará el próximo 25 de enero. De obligarles
"a informar con veracidad y responsabilidad" se ha pasado a dejarlo en manos de
la "autoregulación". Una vez más, los medios de comunicación vuelven a ser el
único poder que solo debe rendir cuentas a él mismo.
Lo que sí es evidente es que, a pesar del predominio del discurso opositor entre
los medios, su efectividad está siendo poca a la vista de los resultados
electorales. Se pudo comprobar en el referéndum revocatorio propuesto por el
gobierno el pasado 10 de agosto. El alineamiento editorial e informativo del
gran espectro mediático privado, desde periódicos a radios y televisiones, se
dio a la tarea de denunciar constantemente las supuestas deficiencias del padrón
electoral, a calificar de ilegal la convocatoria y a alarmar con catastróficas
consecuencias que llevarían a una situación de violencia en el país. Basta
observar el caso del periódico La Razón, propiedad del grupo español Prisa [1] o
el de la Asociación Nacional de Prensa (ANP), entidad que agrupa a los
propietarios de medios de comunicación escrita, emitiendo un comunicado donde
pedía la suspensión del referéndum revocatorio, argumentando que esa medida
tiene "altísimo poder explosivo y, por lo tanto, destructor de la nacionalidad".
Su mensaje fue ignorado por los bolivianos, el 67 por ciento ratificaron a su
presidente Evo Morales, trece puntos por encima de la entonces histórica
victoria de las elecciones presidenciales de diciembre de 2005. La conclusión es
que la ciudadanía puede participar de la industria mediática del entretenimiento
pero no dejarse llevar por su discurso político de oposición que quizás, por
machacón e insistente, termina perdiendo efectividad y provocando el hartazgo.
Eso no debería ser motivo para dejar de reivindicar ante los gobiernos un
aumento de la presencia de los sectores populares en los medios, y que se
incorporen mecanismos de democratización que permitan el acceso ciudadano a la
televisión y la prensa. Es necesario que el discurso no esté monopolizado por
grandes empresas privadas que han convertido la información en una herramienta
política contra los gobiernos progresistas.
[1] Bajo H. Ricardo. "Prisa contra el revocatorio o 13 ataques con razón".
Rebelión.org 23-72008.