El domingo 30 de agosto, bajo el título "¿La producción de petróleo y gas en estado terminal?", el diario Río Negro publicó una nota consignando la alarmante caída registrada en los niveles de extracción de petróleo y gas en la provincia de Neuquén. Según este medio, lo más preocupante es "el derrumbe que muestran las reservas comprobadas (…) con caídas del 61% en petróleo y 60% para el gas durante el período 1999-2009". El artículo es contundente a la hora de presentar datos estadísticos de la Secretaría de Energía: "(a nivel nacional) la retracción que se observa en las reservas comprobadas son del 18% y 46% respectivamente".

Cabe aclarar que los decretos Nº 1055, 1212 y 1589, firmados en los albores del gobierno de Carlos Saúl Menem, crearon un mercado libre de petróleo, es decir, otorgaron la libre disponibilidad y exportación del crudo a las empresas operadoras. Diego Mansilla, economista del grupo Moreno, señala que, gracias a este nuevo sistema, "las empresas pasaron a controlar las reservas de hidrocarburos sin que el Estado pueda siquiera conocer a ciencia cierta la cantidad de reservas que tiene el subsuelo (…) las reservas son informadas por las empresas mediante una declaración jurada que no es controlada ni auditada por el gobierno" (1). Razonablemente podríamos permitirnos dudar de las estadísticas publicadas, no por sospechar que tal descenso es ficticio sino porque su magnitud puede ser utilizada por las operadoras como herramienta de presión y prenda de negociación.

Más adelante la nota sostiene que, a raíz de la caída en las inversiones y los ritmos de extracción, desde el 2003 hasta la fecha, el fisco de Neuquén "perdió algo más de 3.200 millones de dólares (…) por la intervención que realizó el Estado sobre los mercados de exportación e interno". Luego remata: "está claro que la fuerte caída que se está observando en la actividad hidrocarburífera no es un problema sólo de Neuquén. La continuas políticas desacertadas del gobierno central a partir del 2003 determinaron que las inversiones se paralizaran".

La crítica de Río Negro busca la profundización del modelo vigente. Desde el año 2002 buena parte de los ingresos del Estado Nacional proviene de las retenciones aplicadas a la exportación de hidrocarburos, en 2007 promulgó la resolución 394, estableciendo una alícuota de retención del 45% mientras el precio internacional del barril se ubique entre 45 y 60,9 dólares. En caso de superar dichos valores, la fórmula establece 42 dólares por barril para el exportador y la diferencia será la retención. Precisamente todo el lobby petrolero -que incluye gobernadores, sindicalistas, operadoras y medios de comunicación- busca desde hace semanas la derogación, o en su defecto, la modificación de la resolución 394/07 (2).

De esta forma las más beneficiadas serían las operadoras, que se quedarían con la parte del león, una vez descontado el magro 12% que reciben las provincias en concepto de regalías. Lógicamente, al acoplar el precio interno del crudo al internacional, se resentiría la economía argentina en su conjunto, y sobre todo los sectores populares, que pagarían "dolarizada" la tarifa de servicios públicos, combustibles y transporte.

La baja en el horizonte de reservas se utiliza, lisa y llanamente, como herramienta de chantaje para obtener mayores beneficios. Río Negro sostiene "que importantes empresas multinacionales ligadas a la actividad (han) tomado la decisión de salir en forma ‘ordenada’ del país ya que no les (resulta) atractivo invertir en la Argentina. La decisión está tomada y difícilmente tenga vuelta atrás". El desplazamiento del Estado Nacional como propietario del dominio, extracción, autoridad concedente, fiscalizadora y policial a manos de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), operado en profundidad durante la década del ’90, constituye algo inédito a nivel mundial. Por tal motivo cuesta mucho imaginar condiciones más ventajosas para la inversión de las operadoras.

Sin duda el artículo en cuestión calla lo que no le conviene: únicamente se toma como referencia el período 1999-2009. Sin embargo la caída del horizonte de reservas data de la implementación del modelo -fines de los ’80, principios de los ’90- que ahora se pretende profundizar. Al concebir al petróleo como commodity exportable, y colocarlo en manos de multinacionales y el capital concentrado nacional, primó el afán de lucro y la concreción de ganancias inmediatas y seguras por sobre su valor de uso; es decir, su capacidad para satisfacer las necesidades energéticas de vastos sectores de la población. De esta manera no resulta llamativo que en los últimos 20 años lo invertido en extracción haya superado ampliamente a la parte del capital destinada a la prospección.

El diario presenta la siguiente estadística como inapelable: "en 1988 las empresas realizaron 103 pozos exploratorios en todo el país; en 1998 bajaron 75 y el año pasado se hicieron sólo 39 pozos". Sin embargo olvida aclarar que en 1988 la única empresa que invertía en exploración genuina era la estatal YPF, y que, luego de su privatización las demás operadoras se limitaron a explorar zonas donde, por prospecciones anteriores, se sabía que existía petróleo en condiciones de ser explotado. Sólo así se explica que la tasa de efectividad general de la exploración haya pasado de un "normal" 20-25% a un extraordinario 97%.

No caben dudas respecto de lo desacertada que ha sido la política de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en materia hidrocarburíferas (3). En 2003 -con la promulgación del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 546- y en 2006 -con la sanción de la ley 26.197- se puso fin a las "zonas grises" presentes en la legislación argentina, otorgando a las provincias todas las prerrogativas que eran competencia exclusiva del Estado Nacional y consolidando el modelo neoliberal de explotación de los hidrocarburos (4).

El nudo gordiano, según Río Negro, es que Argentina resulta una plaza poco atractiva para la inversión privada; lo dice a secas, no hace una memoria de todos los beneficios otorgados al sector en las últimas dos décadas. Desde esas páginas se demanda, entre líneas, estímulos del Estado. Nuevamente se propone el problema como solución.

Referencias:
1) Mansilla, Diego: Hidrocarburos y política energética. Ediciones del CCC, Bs. As., 2007, pág. 37.
2) Ver Combustibles: las provincias en rojo, el aumento que viene en http://opsur.wordpress.com/2009/08/19/combustibles-las-provincias-en-rojo-el-aumento-que-viene/
3) El entonces presidente fue una de las cabezas visibles de la Ofephi, como gobernador de Santa Cruz durante la década del ’90, y uno de los primeros lobbystas de la privatización de YPF.
4) Las "zonas grises" derivaban, principalmente, de la contradicción entre la ley 17.319/67, según la cual "los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental, pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional", y la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 124 sostiene que "corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio".

Nota Diario Río Negro: http://rionegro.com.ar/diario/economico/2009/08/30/20168.php

OPS: Observatorio Petrolero Sur