NOTIFE
REDACCION ROSARIO

Un día después del inicio del juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la ciudad capital de la provincia, donde uno de los principales imputados es el ex juez federal Hermes Brusa, un familiar de uno de los fiscales de la causa fue víctima de intimidaciones. Dejaron marcas en un retrato familiar del escritorio de su oficina.

Al día siguiente del inicio de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante los años de plomo en Santa Fe, el entorno de los represores dio muestras de no estar conforme con el proceso que busca justicia.

Según versiones dadas a conocer esta tarde, un familiar cercano a uno de los fiscales de la causa, José Ignacio Candioti, fue víctima de actos intimidatorios. Se trata de la esposa de dicho funcionario, quien recibió en su oficina de los tribunales federales de Reconquista una fotografía familiar con amenazantes marcas.

Según pudo saber este portal, la vicegobernadora de la provincia y ex fiscal de la causa, Griselda Tessio ya está informada de la situación comprometió su colaboración para esclarecer lo acontecido. Mañana, el fiscal a cargo de la fiscalía federal de Reconquista elevará una requisitoria el juez a cargo del juzgado para que se investigue como un hecho criminal.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, y la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta, tomaron conocimiento de sucedido y mediante un comunicado manifestaron "su más enérgico y contundente repudio y expresar la solidaridad con él y su familia".

A su vez, el texto asegura que "el gobierno provincial se compromete a colaborar con el esclarecimiento de tan grave hecho que incuestionablemente intenta crear un clima de intranquilidad y amedrentamiento ante el inicio de los juicios de lesa humanidad", y añade que "la realización de estos actos intimidatorios, amenazantes y autoritarios evidentemente tienden a afectar la tranquilidad y el normal desempeño de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, que mancomunadamente con los organismos de derechos humanos, víctimas, familiares y testigos han logrado con mucho esfuerzo avanzar sustancialmente en la investigación de los delitos de lesa humanidad".

"Ello nos compromete a redoblar los esfuerzos y profundizar el compromiso ético político del gobierno provincial tendientes a coadyuvar en la realización de los juicios de lesa humanidad que hasta el presente se han materializado en acciones tales como el Programa de Acompañamiento y Protección de Testigos y Querellantes en causas de lesa humanidad; la creación de la Comisión de Apoyo a los Juicios de Lesa Humanidad; la Comisión Provincial de la Memoria y la Justicia y el Equipo de Investigación, Apoyatura y Seguimiento de las Causas Judiciales de Lesa Humanidad, entre otras acciones", concluye el comunicado.

En declaraciones radiales, Superti sostuvo el hecho "lo está investigando la justicia federal y le Ministerio de Seguridad ya ha tomado todas las medidas para generar el ámbito de protección que amerita".

Asimismo, el funcionario manifestó que "ella se reintegraba hoy después de unos días de licencia y se encontró que la foto de su familia tenía una serie de inscripciones amenazantes. Tuvo que ser internada".

Por último, el titular de la cartera de Justicia recordó que el gobierno provincial cuenta con un programa de testigos y querellantes que se puede extender a toda persona vinculada a estos procesos.

"La hermandad", ése grupo fascista

En mayo de este año, una cadena de mails comenzó a circular entre militantes sociales, familiares de víctimas de la represión ilegal, querellantes, la fiscalía federal y el juzgado de la misma competencia.

Hacían referencia a detalles privados de la vida de funcionarios judiciales y militantes que desde varios años luchan por esclarecer los delitos aberrantes y encarcelar a los responsables de la represión ilegal en la provincia. La situación quedó al descubierto cuando un concejal de la ciudad de Reconquista denunció que el mail también había llegado a las casillas del cuerpo deliberante. Primero las Tropas de Operaciones Especiales investigaron la cadena de mails, luego la justicia puso todo en manos de la Policía de Seguirdad Aeroportuaria (PSA).

Aquellos mails también alcanzaban a la figura de José Ignacio Candioti, que primero fue secretario de la Fiscalía federal y luego el representante del Ministerio Público y principal impulsor de las causas de lesa humanidad en el norte santafesino. Varios escritos que entonces circularon por correo electrónico se detenían en el principal colaborador de la fiscalía y hoy fiscal a cargo, Roberto Salum.