Tucumán: La Corte Suprema frenó el desalojo de la Comunidad India Quilmes

La Corte Suprema de Justicia de la provincia emitió una resolución que suspende por tiempo indeterminado el desalojo de 200 personas de la Comunidad Quilmes de un predio ubicado en Colalao del Valle. Hizo lugar a un recurso de queja presentado por abogados y a planteos de diversas organizaciones, entre ellas, al del propio premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Habrá una mediación entre el pueblo originario y los terratenientes.

A través de una resolución emitida durante la tarde del martes, la Corte Suprema de Justicia de la provincia frenó por tiempo indeterminado una medida de desalojo contra 40 familias de la Comunidad India de Quilmes de un predio ubicado sobre la ruta 40, en Colalao del Valle.

De esta forma, el máximo tribunal hizo lugar a un recurso de queja presentado por Abogados y Abogadas del NOA por los Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) a través del cual de objetó la medida debido a que atenta, entre otras normas, contra la ley nacional Nº 26.160 (invocada por la CIQ en sus distintas presentaciones) que es una legislación de emergencia a través de la cual se suspende por 4 años todo tipo de desalojo de territorios indígena.

Junto a esto, los jueves de la Corte Suprema recibieron presentaciones de diversas organizaciones como Defensoría del Pueblo local, Secretaría de Derechos Humanos, el Servicio Paz y Justicia del premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (I.N.A.I.), entre otros. En todas ellas, se manifestó el rechazo a la expulsión del pueblo diaguita de sus propias tierras ancestrales.

Además, la Corte Suprema decidió establecer un proceso de mediación entre las partes en pugna para intentar resolver el conflicto.

El planteo de ANDHES en la Corte se hizo en contra del desalojo dispuesto por el juez de Paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar (hoy de licencia), decisión que fue avalada por el Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la IIIº Nominación.

Salazar hizo lugar a un amparo presentado por la terrateniente Encarnación Rodríguez de Colombo quien alegó la simple tenencia del predio, invocando supuestos derechos sobre las tierras ancestrales donde hoy habitan 40 familias, en pleno valle calchaquí.