El desarrollo de la generación nucleoeléctrica produce en todo su ciclo un riesgo que excede las posibilidades de protección y guarda. A esto debe agregarse el empecinamiento oficial en prolongar la vida útil de las centrales nucleares de potencia sin consultar a la población circundante expuesta al colapso y desatendiendo la obsolescencia de las instalaciones.
El Estado, a través de sus distintas administraciones, no ha tratado los residuos radiactivos de sus minas de uranio ni de sus múltiples instalaciones nucleares, y sospechosamente nunca condujo estudios epidemiológicos en sus cercanías. Centro Atómico Constituyentes (escenario del primer accidente nuclear con una víctima fatal y personas contaminadas). Centro Atómico Ezeiza (contaminación con uranio y plutonio). Malargüe, Sierra Pintada, Los Gigantes y otros emplazamientos donde se explotaron minas de uranio (cuyos residuos siguen contaminado el aire, el agua y el suelo). Alta Córdoba (donde se acumulan más de 36.000 toneladas de residuos radiactivos de baja actividad, derivados del uranio, en uno de los barrios más densamente poblados de la ciudad) son sólo algunos ejemplos.
El Estado, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima engañan a la población con un cálculo de costos del kilovatio hora que excluye deliberadamente el costo desmesurado de controles, saneamiento, remediación y depósito final por miles de años, que no está en condiciones de ejecutar.
Los argentinos debemos, además, plantearnos: ¿Energía para qué? ¿Energía para quién? ¿Se proponen las centrales nucleares como oferta de energía para alimentar un modelo desarrollista que agota los ecosistemas? ¿Necesitamos asumir semejantes riesgos y consecuencias nefastas para alimentar a las corporaciones mineras extranjeras, las mayores consumidoras de energía del país?

1. Peligro latente en el diseño de Atucha II y en la extensión de la vida útil de las centrales nucleares.
Un estudio de la Autoridad Regulatoria Nuclear advierte que Atucha II tiene dificultades de diseño en materia de seguridad, ya que no asume la experiencia dejada por el accidente de Chernobyl en 1986. El diseño de la central es anterior al accidente, y nadie se hace cargo de reformar el proyecto. Hacerlo superaría el presupuesto de US$ 700 millones.
La ARN es el organismo que controla la actividad nuclear y cuyos dictámenes deberían privilegiar la seguridad, pero el memorando del 11 de abril de 2007 permaneció oculto mucho tiempo. Es que quienes integran la Autoridad Regulatoria Nuclear proceden de CNEA, con lo cual queda desvirtuada su independencia. De convalidarse la continuidad del proyecto Atucha II sin tener en cuenta ésas y otras advertencias, y la ausencia de un estudio público de impacto ambiental, equivale a poner en riesgo todas las ciudades localizadas alrededor de Lima -incluida Buenos Aires- y la zona centro del país. Llevar adelante una obra diseñada en la década de 1970 que comenzó a construirse en la década de 1980, todo ello sin auditorías externas y sin participación ciudadana, sólo puede ocurrir en una republiqueta sojera como Argentina. No en un país serio.
Tras décadas de construcción interrumpida la administración Kirchner reflotó la tecnología obsoleta de Atucha II en un lugar donde ya existe un reactor nuclear peligroso por su edad y su pésimo mantenimiento. La voluntad popular y las necesarias consultas públicas han sido reemplazadas por el autoritarismo burocrático de Julio de Vido. Un accidente nuclear grado 7 en la escala INES sería una tragedia ambiental y un colapso para todas las actividades económicas de varias provincias. No obstante, el gobierno K se empecina en terminar Atucha II y hasta indaga una tercera central nuclear en ese mismo sitio. Sospechosamente, la mayor oferta eléctrica que creen aumentar con las centrales nucleares solo beneficiaría a los grandes consumidores de corporaciones transnacionales, en especial las mineras. Sin audiencias públicas, con secretos y grandes contratos para empresas constructoras y energía subsidiada que consumirán las corporaciones mineras se construye la peor estafa y el mayor riesgo ambiental que jamás tuvo Argentina.
En Córdoba, sin ningún tipo de consulta previa y repitiendo metodologías de los gobiernos de facto –al amparo de los cuales surgió el programa nuclear de Argentina- se decidió la extensión de la vida útil de Embalse por otros 25 años. Una central insegura y obsoleta provista con reactor Candu de origen canadiense, que ha sufrido accidentes graves, que ha tenido numerosas pérdida de agua pesada contaminada radiactivamente y que descarga importantes cantidades de tritio radiactivo al aire y al agua extenderá ahora sus problemas –pero con mayor riesgo de accidente- por más de dos décadas.
RENACE recordó que conforme al Artículo 11 de la Ley Nacional 24804/1997, todo nuevo emplazamiento de una instalación nuclear relevante deberá contar con la autorización de la Autoridad Regulatoria Nuclear y de la provincia donde se ubique la instalación.

2. Se nos ocultan los riesgos para la salud de vivr cerca de instalaciones nucleares y deliberadamente no se hacen estudios epidemiológicos en Argentina. La consigna es: si alguien está afectado, que no se sepa.
La Universidad de Maguncia en Alemania realizó un estudio sobre niños que viven cerca de las plantas nucleares, y demostró con datos estadísticamente significativos que corren mayor riesgo de padecer leucemia. El mayor riesgo se observó dentro de la franja de 5 kilómetros alrededor de las centrales.
La Agencia Federal de Protección contra las Radiaciones de Alemania había encargado este trabajo para evaluar la población infantil que vive en las cercanías de 16 centrales nucleares. Los resultados fueron terminantes: los casos observados duplican la media nacional. Para concretar el estudio se analizaron los expedientes médicos del Registro sobre el Cáncer Infantil en Alemania correspondientes al período 1980-2003 y para menores de cinco años de edad. Mientras más cerca crecieron los niños de un reactor nuclear, mayor fue el riesgo de que contrajeran leucemia.
En el año 2003 Joseph Mangano y su equipo de trabajo demostraron para niños menores a 10 años que viven dentro de los 48 kilómetros de distancia de 14 centrales nucleares en el Este de Estados Unidos que la incidencia de cáncer infantil supera en un 12,4% el promedio nacional. Sugirieron que 1 de cada 9 casos de cáncer registrados en niños que viven cerca de las centrales nucleares está ligado a emisiones radiactivas.
En Alemania y Estados Unidos el debate prosigue pero en Argentina tanto el gobierno Nacional como los gobiernos provinciales miran para otro lado y no hacen estudios epidemiológicos alrededor de Atucha I, Embalse y los numerosos depósitos de residuos radiactivos. En Argentina se aplica la estrategia de Julio de Vido: decidir sin medir y sin consultar, y sobre todo, sin informar.
Cada vez son más los países que abandonan la energía nucleoeléctrica. En Estados Unidos hace más de treinta años que no se pide una nueva licencia para la construcción de estas instalaciones. La decisión -seamos justos- no fue respondiendo a razones ambientales sino a los costos de los estudios previos y la construcción, notablemente más costosos después del accidente de Chernobyl, y por la imposibilidad de dar destino final a los residuos radiactivos.
En Ezeiza, CNEA desestima negligentemente la contaminación de las aguas subterráneas con uranio e incluso con radioisótopos como el plutonio 239 que tienen su epicentro en el Centro Atómico Ezeiza. CNEA sigue ignorando el riesgo que representa la contaminación por uranio pese a que numerosos estudios, incluidos aquellos realizados por el propio gobierno, confirmaron esa presencia. CNEA sigue ignorando y engañando a la población pues de acuerdo a uno de los sistemas de referencia en materia de radioactividad y salud, BEIR VIII, consideró que no hay ningún valor de radiación ionizante que sea seguro.
En el año 2005 el gobierno de la provincia de Buenos Aires reconoció en un informe confidencial que de 57 análisis de agua enviados a los Estados Unidos para ser analizados por la EPA (Agencia de Protección Ambiental) diez muestras excedían el valor de 20 microgramos de uranio por litro, con un valor máximo de 34,5 microgramos por litro. Entre los sitios contaminados con uranio se encuentran, según el informe, la Escuela n° 12 y Jardín de Infantes n° 919 de barrio El Pinar, domicilios particulares de Barrio La Celia en Ezeiza y de Esteban Echeverría, Villa Deportiva Municipal del Sindicato de Empleados de Comercio, Escuela Penitenciaria Federal, y un pozo de agua subterránea del que se abastece Aguas Argentinas en calle Roque Saénz Peña y Bogado, en Ezeiza.
Ese informe confidencial firmado por nueve altos funcionarios provinciales dice textualmente: "Si bien estos valores de acuerdo a la bibliografía internacional superan los máximos recomendados, no presuponen una afectación inminente de la salud de la población, aunque con un criterio precautorio se recomienda (...) evaluar la necesidad de provisión de agua segura por medios alternativos a la población en riesgo potencial".
Lamentablemente no se hizo nada para reducir el riesgo ni para alertar a la población. Mientras tanto, decenas de miles de habitantes beben esas aguas y están expuestos a la radiactividad del uranio y sus derivados, y a sus efectos tóxicos.

3. Residuos radiactivos y tóxicos en numerosas minas de uranio abandonadas por CNEA.
No es casual que miles de Argentinos se levanten contras las tareas de prospección de uranio y su explotación, y se aprueben leyes provinciales que prohíben la minería del uranio. La Comisión Nacional de Energía Atómica y sus ocasionales socios, como Sánchez Granel Ingeniería Sociedad Anónima, han dejado en distintos lugares del país minas de uranio abandonadas que contaminan el suelo, el aire y las aguas ante la indiferencia de los gobiernos provinciales. Para completar esta imagen absurda e irresponsable el estado nacional utilizará un crédito del Banco Mundial para tratar los residuos de algunas de estas minas (PRAMU), crédito que pagaremos todos los argentinos, sin que CNEA –principal responsable del caos ambiental de sus minas- toque un solo peso de su aberrante presupuesto actual. Abre además el país al ingreso de empresas mineras que buscan y explotan uranio, multiplicando así el impacto ambiental y los riesgos sanitarios.
Entretanto las minas de uranio siguen contaminado el ambiente con uranio y con las hijas radiactivas del uranio, entre ellas con radio 226, radón 222 (un material radiactivo gaseoso) y plomo 210, entre otros. También descargan los numerosos metales pesados y otras sustancias tóxicas que se fueron acumulando en sus embalses y pilas de mineral. En el arroyo Tigre, aguas abajo de la mina de uranio de Sierra Pintada, cuya reapertura fue abortada por dos acciones de amparo firmes, la propia CNEA halló valores de uranio que superan los 90 microgramos por litro, cuando la Ley de Minería y la Ley Nacional de Residuos Peligrosos solo permiten para agua de irrigación 10 microgramos por litro. El Tigre desemboca en el río Diamante, principal fuente de agua potable y de riego en San Rafael.
En febrero de 2009 a la Comisión Nacional de Energía Atómica le fue negada la reapertura de la mina de uranio de Sierra Pintada. La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó la medida cautelar de no innovar dispuesta por el Juez Federal de Primera Instancia de San Rafael hasta tanto se logre la remediación total de los pasivos ambientales que existen en la mina. Las pioneras acciones de amparo interpuestas por Beatriz Carmona, Gabriel Francisco Arenas y María Graciela Bitar en dos acciones patrocinadas por los abogados de la Multisectorial del Sur lograron torcerle el brazo a una CNEA que no solo sigue contaminando las aguas del arroyo Tigre, sino que pretendía, además, reabrir una mina que no había sido remediada.
Sierra Pintada, Malargüe y Huemul en Mendoza, Los Gigantes en Córdoba, Pichiñán en Chubut, Tonco en Salta, La Estela en San Luis y Los Colorados en La Rioja siguen sin estar remediadas y siguen contaminando el aire, el suelo y el agua, y afectando con su presencia –y sus contaminantes- actividades económicas genuinas como la producción de vinos o frutas y el turismo.
En Córdoba la empresa Dioxitek S.A., dedicada a la producción de dióxido de uranio, sigue almacenando más de 36.000 toneladas de residuos radiactivos de baja actividad, uranio y sus derivados, sin membrana y sin control por parte de la provincia y la Municipalidad de Córdoba. Ubicada en uno de los barrios más densamente poblados de la ciudad, descarga unos 2 kilogramos de uranio por año al aire y unos 100 a 150 kilogramos de uranio a la colectora cloacal, además de sufrir periódicos escapes de amoníaco.

4. Argentina sigue expuesta a la importación de residuos radiactivos procedentes de Australia y otros países.
Pese a decisiones judiciales favorables, que prohibieron el ingreso de residuos radiactivos procedentes de Australia, el gobierno nacional introdujo el caso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tras la firma de un contrato secreto e ilegal, que le permitió a INVAP construir el reactor Opal en Sydney, y la vigencia de un acuerdo aprobado a contrapelo de la ciudadanía, que legitima el ingreso y tratamiento de residuos radiactivos extranjeros, la Justicia le dijo no a las pretensiones de INVAP y CNEA. Pero estos dos organismos que se mantienen con los impuestos de la gente, pese a los negocios internacionales de INVAP, vuelven a la carga. Quieren convencer a la Corte que los residuos radiactivos procedentes de Australia no son residuos. Pero el Artículo 41 de la Constitución prohíbe su ingreso a la Argentina, y por más disfraces y artimañas que la CNEA e INVAP presenten, ningún residuos radiactivo procedente de otro país ingresará a la Argentina. La RENACE y sus organizaciones miembros harán que la ley se cumpla, y no haya nunca más contratos secretos que comprometan la seguridad y soberanía de los argentinos.

5. Se siguen formando acuerdos internacionales sin consulta pública, que el Parlamento Nacional no debe aceptar.
Con absoluto desprecio por la opinión pública de sus respectivos países, mayoritariamente contraria a la construcción de Centrales Nucleares, el presidente de Brasil Lula Da Silva y la presidenta de Argentina Cristina Kirchner crearon una empresa binacional destinada al enriquecimiento de Uranio, la producción de radioisótopos y el desarrollo de reactores nucleares. La iniciativa forma parte de un paquete nuclear conjunto de 61 proyectos en el sector. Todos decididos en secreto, sin consultar a las poblaciones y a la comunidad científica. RENACE le solicita al Parlamento Nacional que no apruebe acuerdos firmados sin el debido debate previo y la plena participación de la ciudadanía y sus representantes.
Por todo lo anterior la RENACE exige:
1. Que el gobierno Nacional asuma que la energía eléctrica de origen nuclear es cara, peligrosa, sucia y obsoleta.
2. Que el gobierno Nacional asuma que el crecimiento irracional e inconsulto del programa nuclear de Argentina no beneficia a la sociedad sino a las empresas constructoras, las consultoras y los grandes consumidores de energía subsidiada, en particular las corporaciones mineras.
3. Que todo el proyecto de construcción de la central nuclear de Atucha II debe ser revisado y sometido a consulta pública, y destinar sus instalaciones a otro tipo de generación, que no sea nuclear.
4. Que la central nuclear de Embalse debe ser cerrada al término de su actual vida útil. Rechazamos su prolongación por inconsulta, insegura, peligrosa y económicamente inviable.
5. Que no debe construirse en Argentina ninguna nueva central de potencia, y que el programa energético debe reorientarse al ahorro, la conservación sustentable de fuentes no nucleares y la promoción de fuentes alternativas.
6. Que para la producción de radioisótopos y otros materiales radiactivos usados en diferentes actividades no hace falta construir nuevas centrales ni nuevas instalaciones nucleares.
7. Que conforme a la legislación vigente desde 1996, ratificada por el Congreso Nacional a raiz de las movilizaciones antinucleares de Gastre de ese año, es obligatoria la consulta popular a las poblaciones donde se pretenda desarrollar o crear "una instalación nuclear relevante". Por ello, deben estudiarse en forma independiente y con veedores de la sociedad civil los efectos sobre la salud y el ambiente de todas las instalaciones nucleares de Argentina, en particular sus centrales nucleares de potencia, sus Centros Atómicos, sus fábricas de combustible nuclear, sus depósitos de residuos radiactivos de todo nivel y sus minas de uranio.
8. Que debe prohibirse en Argentina la prospección y explotación de minas de uranio, tanto por parte del estado como de empresas privadas y sus asociaciones.
9. Que deben remediarse todas las minas de uranio de Argentina, pero no solamente utilizando el crédito otorgado por el Banco Mundial a la Argentina en el marco del PRAMU, sino también con fondos de la propia Comisión Nacional de Energía Atómica. Exigimos que tales remediaciones respeten la legislación vigente y sean permanentemente fiscalizadas por Foros Sociales (como el constituido en la provincia de Córdoba para vigilar la remediación de Los Gigantes y Alta Córdoba, y que la CNEA ignora porque no le conviene a sus modalidades autoritarias y secretas).
10. Que debe reorganizarse la Autoridad Regulatoria Nuclear para que proteja a los ciudadanos de Argentina y no a los intereses de las empresas y el lobby nuclear, debiendo integrar obligatoriamente dentro de su estructura a veedores de la sociedad civil que no tengan ninguna relación con el programa nuclear.
11. Que el gobierno de la nación, CNEA, INVAP y otros organismos deben asumir que la Argentina es libre de combustible nuclear agotado y de residuos radiactivos procedentes de otros países, porque así lo establece el Artículo 41 de la Constitución Nacional. La sociedad no puede seguir soportando definiciones tergiversadas que violan la constitución nacional, y que solo sirven a los intereses particulares de quienes quieren transformar nuestro país en base para el tratamiento y almacenamiento de residuos radiactivos extranjeros.
12. Que debe realizarse un estudio ambiental y epidemiológico independiente y con veedores de la sociedad civil en la zona de Ezeiza cuya aguas están contaminadas con uranio y otros radioisótopos. Exigimos que se obligue a CNEA y sus socios en del Centro Atómico de Ezeiza a hacerse responsables de la remediación y de proveer a las poblaciónes vecinas, agua sin contaminantes.
13. Que la ARN deje de implementar planes de emergencia ante accidente nuclear que solo alcanzan 10 kilómetros alrededor de las instalaciones, y genere, en su reemplazo, conjuntamente con los gobiernos provinciales, municipales y organizaciones de la sociedad civil, planes ciudadanos realistas que asuman el verdadero riesgo de las instalaciones nucleares. Exigimos que se tome como accidente de referencia para cualquier plan de emergencia y simulacro el "peor accidente posible", esto es, un accidente grado 7 en la escala del INES.
14. Que se asuma públicamente el riesgo que significan los depósitos de combustible nuclear agotado ubicados junto a las centrales nucleares de potencia Atucha I y Embalse, que pueden ser objeto de ataques terroristas o el impacto accidental de aviones de gran porte. Exigimos que estos depósitos sean provistos de sistemas de seguridad resistentes al impacto de grandes aviones comerciales. Declaramos que si uno de estos depósitos fuera impactado por un avión comercial de gran tamaño, se generarían potencialmente no un accidente equiparable al de Chernobyl, sino al de varios Chernobyles.