Julio C. Gambina

La lucha de clases tiene múltiples manifestaciones y se expresa, entre otras, en los debates que emergen del múltiple "diálogo" propuesto por el gobierno nacional en el escenario posterior a las elecciones legislativas de medio tiempo a fines de junio del 2009.

Uno de los diálogos es apurado con gobernadores de provincia preocupados por apropiar parte de los recursos fiscales nacionales, con declinantes superávit fiscales, ante la crisis de la recaudación provincial. La demanda de los mandatarios provinciales hace explícita la lucha con la nación por fondos públicos. Es una discusión sobre la distribución federal de los ingresos del Estado, amén de la cuestión de la asignación de esos fondos, concientes de que más de la mitad del gasto provincial se aplica a sueldos.

En otro de esos diálogos se escucha la vos de los partidos políticos que reclaman para sí, para la "política", la solución de los diferendos sociales, es decir la disputa por la apropiación de la renta nacional entre los distintos sectores sociales, una clara alusión a la escamoteada lucha de clases. El lugar sugerido es el Parlamento, especialmente luego de la merma de legisladores oficialistas, aún antes del recambio legislativo en diciembre del 2009.

Sin embargo, el tema parece resolverse en el definitorio diálogo con los sectores económicos y sociales mediados por el accionar gubernamental, tal como se evidencia en estos días en los acuerdos promovidos en el ámbito del Consejo del salario mínimo, la productividad y el empleo y en el diálogo del gobierno con la Mesa de Enlace de las entidades agrarias en la previa de la inauguración de la Feria de la SRA de Palermo. Es un cónclave que preludia el mentado Consejo para el Diálogo Económico y Social, pensado hace tiempo y postergado varias veces en la búsqueda de consensos o clara hegemonía de los participantes.

Respecto del Consejo del salario mínimo, la productividad y el empleo, una vez más solo se consideró lo relativo al salario mínimo, elevado a 1500 pesos por mes en un cronograma que llega a finales del año, es decir en cómodas cuotas para avanzar progresivamente desde los 1240 pesos mensuales actuales. La CTA, como en ocasiones anteriores, no avaló el acuerdo empresarial y de la CGT alentado por el gobierno, motorizado en otras valoraciones sobre la falta de credibilidad en las estadísticas públicas y las necesidades sociales insatisfechas, pero también asentadas en la necesidad de discutir políticas universales más allá del ingreso salarial, tal como la asignación universal para menores o los ingresos previsionales para los mayores sin cobertura. Es cierto que el salario mínimo es el más elevado, en términos relativos, desde la recuperación de gobiernos constitucionales, aunque tiene el límite de la creciente informalización laboral. Sobre la productividad ganada y acumulada en años de crecimiento económico nada se discute. Todo terminó en las cuentas de ganancias de las empresas y forman parte de las crecientes remesas de utilidades al exterior que fundamentan, entre otras modalidades, la fuga de capitales, que en los últimos dos años equivalen a las reservas internacionales acumuladas. El debate sobre el empleo sigue siendo un ausente en el cónclave anual privilegiado por la alianza del sindicalismo tradicional, las agrupaciones de los empresarios concentrados y el gobierno.

El diálogo del gobierno con la Mesa de Enlace de las entidades agrarias estuvo precedido por subsidios a la lechería. Se promovieron medidas para favorecer la exportación de carne y satisfacer demandas en materia de retenciones al trigo y al maíz, no a la soja, la gran reivindicación de los empresarios del campo. El gobierno difundió el otorgamiento de subsidios agrícolas por más de $21.000 millones de pesos en el último año, poniendo en evidencia la asignación de cuantiosos recursos públicos al sector empresarial primario. En realidad, lo que no se discute, más allá de algún argumento debatido marginalmente en los medios de comunicación, es el modelo productivo, especialmente en el agro, que tiende al monocultivo de un producto demandado por el mercado mundial. Un proceso que viene de la mano de una especialización local derivada de políticas económicas sustentadas en el auge neoliberal de los 90´, donde la Argentina promovió una inserción internacional altamente funcional a las demandas de los capitales de mayor dinámica en la acumulación de ganancias, riqueza y poder en el ámbito mundial: las empresas alimentarias, de biotecnología, mineras y de apropiación de recursos naturales en general.

El Consejo del salario mínimo intentaba ser un preámbulo del Consejo para el Diálogo Económico Social, instituto en formación al que la Mesa de Enlace aún no se involucra en un claro juego de lucha por la hegemonía política en la conducción del proceso económico nacional, es decir, en la acumulación de capitales en la Argentina. Se trata de una disputa a dos bandas, con el gobierno por un lado, y con otros sectores del empresariado por el otro. Está claro que el conflicto político del 2008 se mantiene en pie y condiciona el funcionamiento político de la economía. Es una cuestión de hegemonía en el capitalismo realmente existente en el país, y claro, todo en el marco de los estrechamientos que supone la crisis de la economía mundial.

Hipótesis de superación de la crisis

La realidad es que la crisis de la economía mundial se hace sentir y habilita una disputa por la renta nacional, donde cada quién tiene su pronóstico y propuestas para evitar el mayor costo posible. Desde el Ministerio de Economía (Reportaje a Roberto Feletti en Página 12 del domingo 2 de agosto) se sostienen pronósticos positivos sobre el futuro mediato. Se dice que mejorará la exportación de producción argentina por crecimiento de la demanda de China con la argumentación de que el país asiático está más concentrado en el desarrollo de su mercado interno que en la estrategia anterior de fomento a sus exportaciones. El crecimiento chino no será tanto por su inserción exportadora en el mundo, sino por su insatisfecho e inmenso mercado interno. El argumento se completa con la recuperación de Brasil para facilitar las exportaciones argentinas a ese país.

Se esgrime la tesis de que China y Brasil demandarán más de Argentina y eso favorecerá la recuperación en nuestro país desde el último tramo del 2009 y se consolidará hacia mediados del 2010. Es un diagnóstico que ratifica la apuesta a una recuperación del nivel de actividad derivado de la inserción internacional en la oferta privilegiada de recursos primarios. También suponen una expectativa de mejora en las inversiones mediante la promoción de una banca de desarrollo o fomento, ya anunciada por el Ministro de Economía, Amado Bodou, aunque demorada en su concreción inmediata.

En la ecuación macroeconómica PBI= C+I+X-M (Producto es igual a Consumo + Inversión + Exportaciones – Importaciones) puede leerse que la propuesta es crecer por el lado de las Inversiones (I) y por Exportaciones (X). En materia de Consumo (C) todo se concentra en el estimulo al gasto público sostenido en el superávit fiscal. El problema señalado por el vice ministro son los vencimientos externos, ya resueltos para el 2009, según afirma, y se confirma con la cancelación de 2.250 millones de dólares del vencimiento de uno de los cupones anuales del BODEN 2012 el 3 de agosto del 2009. Se da por descontada la cobertura para afrontar los pagos en el 2010, y avanzar en arreglar con el club de París (unos 7.000 millones de dólares); con los acreedores que no entraron al Canje de la deuda pública en cesación de pagos en el 2005 (unos 28.000 millones de dólares); y regresar al mercado voluntario de crédito con la emisión de nuevos títulos públicos, en una confesión sobre el condicionante estructural del endeudamiento externo. Se asumen los problemas de la fuga de capitales en la desconfianza por la crisis internacional; los giros de las transnacionales al exterior y las compras de divisas de los inversores locales.

Son expectativas alimentadas con cierto optimismo derivado de algunas informaciones que provienen del centro de la crisis. En esta semana se dieron a conocer los datos de la economía de EEUU del segundo trimestre del 2009 con una reducción del PBI del 1% y se corrigieron a la baja datos previos sobre la evolución del producto de la potencia norteamericana, destacando que la recesión empezó a comienzos del 2008 y no en el segundo semestre como se pensaba hasta ahora (www.bea.gov). Los pronósticos son alentadores según el gobierno de Barack Obama, pero sobresale la precaución por la tendencia insuficiente al consumo, que explica dos tercios del PBI estadounidense y pese a la fortísima contribución estatal en subsidios y en la reducción de impuestos personales. El tema de principal preocupación en EEUU lo constituye el desempleo, que alcanza al 9,5% y podría superar el 10% a corto plazo. A mediados del 2007 apenas se registraba un 6%, y desde entonces no cesan las cesantías laborales que alimentan el efecto pobreza y de temor que incide en el sentido común y reducción de la propensión al consumo y la inversión de la población estadounidense.

El desempleo creciente es el diagnóstico más común en los organismos internacionales, y especialmente CEPAL, que recientemente (informe de la Secretaria General del 17/7/09) considera que este año 2009 podrían sumarse entre 3 y 4 millones de nuevos desocupados en la región latinoamericana y caribeña. Todo dicho en el marco de una expectativa favorable para evolución de la economía en la región en la perspectiva de mediano plazo hacia el próximo año. Son informaciones que alientan pronósticos positivos sobre la evolución de la economía mundial y que no incluyen mensajes similares en materia de empleo e ingresos. Son formas en que la lucha de clases se manifiesta también en el discurso profesional especializado. Queda claro que "mejorar" es para las ganancias y los objetivos de los capitales, por encima de la preocupante cuestión social.

Es un tema que se suma en las preocupaciones sobre la evolución de la economía en la Argentina, donde el freno a la actividad económica recreó viejos problemas de caída del salario, precariedad laboral, reemergencia de la pobreza y la indigencia. El mapa de la conflictividad había mutado de los piqueteros a los trabajadores en tiempos de crecimiento de la economía local. El paisaje del conflicto por los ingresos devuelve a las calles, junto a los trabajadores y su lucha por el salario, el reclamo de los sin trabajo por planes sociales o empleo. Aunque menos visible que los reclamos agrarios, los sectores sociales de menores ingresos son también parte de la discusión sobre la distribución de la renta en la Argentina.

Julio C. Gambina es Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Director del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina, CEFJA, e integrante del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina, IEF-CTA.