Oscar Mengarelli
ACTA

La trágica inequidad social que nos marca a los argentinos se expresa en cifras abrumadoras: unos 4 millones de compatriotas son indigentes y 13 millones se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, aun cuando en los últimos años hubo un crecimiento sostenido de la economía.

Según un estudio de la Universidad Católica Argentina, el 40% de la población vive en la pobreza. Por su parte, el coordinador nacional del Movimiento de Chicos del Pueblo, Alberto Morlachetti, denuncia que el 70% de la población menor de 18 años, es decir 9.5 millones de pibes, vive en la pobreza; de ellos la mitad come salteado. A su vez, el Movimiento Territorial Liberación (MTL-CTA) denuncia que son 60 mil los niños que se acuestan en Córdoba con sus pancitas vacías.

Para las cifras oficiales, por lo menos 25 niños menores de cinco años mueren de hambre cada día en Argentina, un verdadero genocidio cotidiano que puede evitarse en un país que produce alimentos para 400 millones de personas y lo habitan 44 millones. Por eso decimos "El hambre es un crimen, ni un pibe menos".

Cuando hablamos de desnutrición y mortalidad infantil también nos referimos a los niños dañados para siempre física, intelectual y emocionalmente; nos referimos al brutal genocidio por planificación de la desigualdad social, que se lleva 9125 niños por año, y de una maquinaria infernal productora de discapacidad humana y social.

Es verdad que la pobreza existe desde hace años, no empezó con el actual gobierno. Pero no es menos cierto que nunca se detuvo. Los gurúes del mercado, los ejecutores de políticas neoliberales, los organismos de crédito internacional, el FMI, el Banco Mundial son responsables de esta letal tragedia que el gobierno actual no pudo o no quiso detener.

Por eso, en octubre de 2008, en Jujuy, dimos un salto cualitativo junto a 600 organizaciones populares, con la vital presencia de los pueblos originarios, para constituirnos como pueblo que no delega más y busca su unidad de clase. Más de 700 localidades de todas las provincias argentinas estuvieron presentes para superar la fragmentación cultural que nos meten las clases dominantes y caminar hacia la Constituyente Social en la Argentina. De esta forma construiremos una relación de fuerzas transformadora y revolucionaria para revitalizar la mística del cambio enarbolada por aquellos 30 mil desaparecidos que viven en la conciencia popular.

En consecuencia demandamos la aplicación de políticas universales, una asignación de 300 pesos por hijo, por mes, para todos los trabajadores registrados, precarizados o desocupados. Debe terminarse con la impunidad de las patronales privadas y estatales que sostienen el trabajo en negro.

El costo de una medida de esta naturaleza ha sido estudiado por los compañeros técnicos de la CTA que vienen trabajando hace años para proponer alternativas viables que reduzcan rápidamente el estado de pobreza que sufre gran parte de nuestro pueblo. Los números son claros: 39.200 millones de pesos por año hacen falta para terminar con el hambre en Argentina.

La cifra puede parecerle una enormidad para cualquier compañero que lea estas líneas pero para el Estado nacional no es un gasto significativo. Además, si se descuenta la recaudación del IVA producto del consumo popular, el gasto se reduciría a 24382 millones de pesos al año. Concretamente hablamos de un 2.2% de PBI nacional, o sea nada.

Si se lo compara la cifra con el PBI de las 200 empresas líderes, estamos hablando de 10.2% de su facturación y menos de la mitad de los subsidios que recibieron las principales firmas del país, incluida la elite agraria. Además, es apenas el 4% del consumo privado argentino, el 32% de la fuga de capitales del 2008, el 15% de las reservas del Banco Central, el 38% del pago por deuda externa presupuestado para este año, el 3% de las ganancias de las mineras transnacionales, saqueadoras a fuerza de desprecio por el medio ambiente.

También reclamamos un blindaje social que permita implementar un aumento de emergencia para los jubilados, junto a la implementación del 82% móvil real. No debe recortarse los gastos sociales sino incrementar su presupuesto, ya que de esta forma se favorece al mercado interno.

Dentro de ese esquema, estamos convencidos que el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de abrir paritarias libres para una verdadera discusión salarial, que permita posicionar al salario acorde al costo de la canasta básica familiar. Esta medida también favorece el consumo interno, fundamental para zafar de la crisis de los mercados internacionales. Prioridades

Jujuy determinó como prioritaria la recuperación por parte del Estado de nuestros recursos naturales, mineros y empresas estratégicas, así como el fin la extranjerización de la tierra

Además fijó claramente la necesidad de que se ejerza la plena vigencia de los derechos humanos, traduciéndose en cárcel común y perpetua a los genocidas de la dictadura militar. En esa misma dirección, es necesario: detener la judicialización de la protesta popular y la criminalización de la pobreza, la derogación de los códigos de faltas reaccionarios (amparados por la una justicia ciega, sorda y muda), rechazar la baja de la imputabilidad de los menores y el gatillo fácil. Hay que terminar con la mano dura y combatir el delito a partir de la justicia social y la distribución de la riqueza.

En ese marco, debemos denunciar la agresión permanente a las organizaciones sociales que participan en el Movimiento de Chicos del Pueblo, como lo sucedido en el hogar Juan 23 de Avellaneda, desde que se iniciara la campaña nacional "El hambre es un crimen, ni un pibe menos". Secuestros, amenazas a docentes en siete oportunidades y posteriores liberaciones, todos mensajes mafiosos que hace recordar a la mano de obra desocupada de la dictadura.

Desde el movimiento no cargan la responsabilidad de los hechos en el gobierno nacional. Pero exigimos que el Estado esclarezca estos atentados antes que sea tarde y debamos llorar un muerto. Es urgente dilucidar responsabilidades y establecer juicio y castigo a los culpables, de lo contrario el gobierno será cómplices de la situación.

En nuestra provincia hay un claro avance de la criminalización y judicialización de la protesta social. Se ensayó en Corral de Bustos, en la ciudad de Córdoba contra los trabajadores de EPEC, municipales, organizaciones sociales, para mencionar sólo algunos de los casos que se repiten frecuentemente.

Desde Jujuy el camino hacia la Constituyente Social echó a andar por el país. El 12 de diciembre de 2008 nos movilizamos a la Plaza de Mayo para abrazar a los chicos del pueblo y denunciar, a plaza llena, que el hambre es un crimen. Los días 22 de abril, 27 de mayo y 7 de agosto de 2este año nos movilizamos por todo el país con paros y jornadas de nacionales de lucha, con la fuerza de quienes no se resignan a que la crisis del capitalismo la paguemos los pueblos, en vez de sus responsables intelectuales y materiales.

Para abonar ese camino es fundamental la integración latinoamericana. Así estaremos en condiciones de contraponer el orden de Washington. En el acecho imperialista, que tiene antecedentes en el golpe de Estado que rechazó el pueblo venezolano, la masacre de Pando contra el pueblo y la Nación boliviana de Evo Morales, se inscribe el golpe de Estado en Honduras organizado por la CIA y el proyecto para instalar más bases militares en Colombia.

Con la excusa de combatir el narcotráfico procuran controlar política, económica y militarmente la región. Por eso es necesario que la comunidad internacional reinstaure al presidente hondureño Manuel Zelaya para desbaratar la estrategia imperialista de resolver la crisis del capitalismo desde el propio capital, profundizando la represión y el ajuste a los países periféricos, exportando golpes de Estado cuando lo crean necesario.

Por un Bicentenario sin hambre.