Ana Clara Bórmida
ARTEMISA

Una organización no gubernamental lanzó una línea telefónica que brinda información sobre el uso de un medicamento para interrumpir los embarazos no deseados. La Organización Mundial de la Salud avala el uso de métodos abortivos seguros como éste. El Estado argentino sigue ignorando el debate.

La organización Lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto, en el marco de un trabajo compartido con activistas de Ecuador y Chile, lanzó la línea telefónica Aborto, más información, menos riesgos, que tiene como objetivo democratizar la información sobre métodos abortivos seguros, como lo es el uso de misoprostol. Se trata de una línea gratuita para asesorarse sobre este procedimiento avalado por la Organización Mundial de la Salud.

En América Latina el aborto es ilegal y como se sabe la Argentina no es la excepción. Lo cierto es que la interrupción del embarazo se practica en forma clandestina y eso implica varios riesgos, entre ellos la muerte. Los datos son contundentes: según cifras del Ministerio de Salud de la Nación, el 60% de los embarazos no fueron buscados. Por este motivo, 500 mil mujeres al año realizan abortos, de las cuales 68 mil deben acudir a hospitales públicos por complicaciones, y por lo menos 100 mueren.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la prevención de la mortalidad a causa de prácticas abortivas en los países donde esas tasas son altas, constituye una medida de buena política de salud pública. Pero en la Argentina, el Estado no garantiza que las mujeres puedan realizarse abortos de manera segura. Sin embargo, medios para interrumpir embarazos de manera insegura están al alcance de la mano. En los últimos años se gestó un vasto mercado negro de un fármaco llamado Oxaprost 75, cuya composición contiene Diclofenac (un antiinflamatorio) y Misoprostol (un aislante gástrico que resulta abortivo). Según investigaciones, este mercado ilegal se formó gracias a las propiedades abortivas del remedio en cuestión.

El misoprostol es considerado por la OMS un método de aborto seguro, sin riesgos, y con un mínimo de control médico posterior. Además, según esta entidad, es un medicamento esencial, es decir, necesario para considerar que un servicio de salud alcanza el nivel básico de condiciones. En este sentido, se trata de un bien social que debería garantizar el Estado. Sin embargo en la Argentina se comercializa solo con Oxaprost.

Teniendo en cuenta que el misoprostol garantiza un procedimiento abortivo seguro, la organización Lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto lanzó la línea telefónica Aborto, más información, menos riesgos con el fin de brindar información al respecto. "La idea oscurantista acerca de que el conocimiento científico solo puede estar en manos de unos pocos, es muy propia de contextos como el nuestro. Nosotras consideramos que el conocimiento es un bien social que debe ser distribuido equitativamente y que las mujeres tenemos derecho a saber qué es un aborto, cómo sucede, qué podemos esperar y cómo no morir por abortos clandestinos", explica Verónica Marzano, integrante de Lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto. El objetivo político del proyecto consiste en llegar a la legalización y de este modo disminuir la tasa de mortalidad de las mujeres que interrumpen sus embarazos.

-¿Creen que esto es un paso previo para la legalización del aborto?

Nosotras apoyamos el trabajo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y estamos por la legalización del aborto, esa es la meta de fondo. Las mujeres debemos poder acudir a un servicio de salud, público o privado, y recibir toda la información necesaria acerca de todas las opciones disponibles para tomar nuestras decisiones de manera informada. El aborto, quirúrgico o con medicamentos, es una práctica muy segura en los países donde es legal y no se necesita infraestructura especial. Debería ser legal y las mujeres tener acceso a él, así como a consejerías pre y post aborto en cualquier lugar donde se encuentren.

La legalización del aborto es una deuda del Estado con sus habitantes, y algo que Argentina ha tomado como compromiso como signataria de diversos acuerdos y declaraciones internacionales de derechos humanos. Ha sido recomendada por el comité de la CEDAW; también se refiere al tema el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su última resolución sobre mortalidad materna y la OMS reconoce que la prohibición del aborto causa los abortos inseguros que ponen en riesgo la salud y vida de las mujeres.

Sin dudas la legalización del aborto no sería completa si esta información que se brinda en la línea no fuera difundida ampliamente por el Estado, y sin que el misoprostol estuviera disponible para todas las mujeres sin discriminación y gratuitamente. Lo mismo vale para la mifepristona, que también es recomendada por la OMS para abortos tempranos sin riesgos: se usa combinada con el misoprostol en los países donde es legal (sumando a Italia, donde se aprobó hace pocos días, son 50, la mayoría países europeos y asiáticos. En América, sólo Estados Unidos y Guyana la tienen aprobada).

-Teniendo en cuenta que en la Argentina existe un mercado negro de oxaprost ¿consideran que es una hipocresía del Estado seguir manteniendo el aborto en la ilegalidad y la clandestinidad, cuando permiten que se venda esta pastilla?

La hipocresía es que sabiendo esto el misoprostol solo se comercialice en forma de Oxaprost, debiendo las mujeres tolerar los efectos secundarios del diclofenac con el que viene, que son superiores a los del misoprostol –y es la razón por la cual el diclofenac se recubre de misoprostol para uso gástrico. Asimismo, el Oxaprost tiene un elevado precio porque que solo lo comercializa un laboratorio para uso gástrico, a pesar de que el costo de producción de misoprostol es bajo.

Y por supuesto la mayor hipocresía es seguir manteniendo el aborto en la ilegalidad siendo que en Argentina se practica un aborto clandestino por minuto, según cifras oficiales.

La otra hipocresía consiste en aplicar la ley penal selectivamente: no hay mujeres blancas procesadas o presas por abortos clandestinos, no hay médicos/as procesados o condenados por aborto clandestino, no los hay tampoco por violar el secreto profesional, ni por maltratar a las mujeres que abortan. Esta aplicación selectiva de la ley penal perjudica a quienes son más pobres y vulnerables, que serán denunciadas, procesadas y eventualmente castigadas. La falta casi total de respeto a los derechos humanos de las mujeres que abortan atenta contra la posibilidad de que ante una señal de alarma, ya sea por un aborto espontáneo, inducido, legal o ilegal, las mujeres acudan a los hospitales y centros de salud sin demora, y que puedan identificar estas señales de alarma lo antes posible para garantizar la atención temprana. De todas maneras, sin dudas la mejor política es la legalización del aborto y la promoción de los derechos humanos de las mujeres, para que no se actúe a escondidas, ni se nos exponga a las reglas de los mercados ilegales de medicamentos y procedimientos quirúrgicos y tecnológicos médicos, y se eliminen así todos los riesgos asociados con la clandestinidad y la discriminación en el acceso a servicios y bienes públicos.

¿Algún representante del gobierno se acercó a ustedes para ofrecerles ayuda o, por el contrario, pedirles que frenen?

Nadie nos pidió ni sugirió que no lleváramos a delante el proyecto. Nosotras nos acercamos a la Defensoría General de la Nación, específicamente a su comisión sobre políticas de género, para poder trabajar en conjunto sobre la defensa legal de las mujeres que van a los hospitales requiriendo asistencia y los médicos las denuncian, violando el deber profesional de confidencialidad. También para brindar apoyo legal a las mujeres que necesitan un aborto no punible y les es negado por los prestadores de salud. Esperamos poder seguir trabajando en conjunto durante el proyecto y contribuir a mejorar los servicios legales que reciben las mujeres en diferentes situaciones relacionadas con abortos, en todo el país.

¿Cuál es el aporte de este proyecto?

Creemos que desde el proyecto de la línea telefónica hacemos al menos dos aportes centrales: por un lado, estamos contribuyendo a la reducción de la mortalidad materna, poniendo directamente en manos de las mujeres información pública a la que todas tenemos derecho, ya que el aborto con medicamentos realizado bajo los procedimientos que indica la OMS es uno de los procedimientos menos riesgosos para la salud de las mujeres, sobre todo en contextos de falta de acceso y pobreza. El otro aporte significativo es sumar al debate sobre la legalización del aborto nuevos argumentos, datos estadísticos e información confiable proveniente de la línea telefónica misma, sobre todo para lograr que se cumplan las obligaciones del estado en materia de derechos humanos, y se respeten los derechos a la información, integridad, dignidad, salud, autonomía, seguridad personal e intimidad de las mujeres, entre otros.

Línea Más información, menos riesgos: 011-15-66647070 (se puede llamar o mandar un mensaje de texto y en la línea contestan gratuitamente).