Ernesto Ponsati
HOY DIA - PRENSARED

Sí, hay pobreza en la Argentina, y cada día mueren niños por enfermedades relacionadas con ella. Es bueno que desde el establishment económico y empresarial se tome nota de ello, aunque es lamentable que sirva solamente para asediar a un gobierno que, por lo menos, algo hizo por atacar las causas que la generan.

Ya el lunes pasado decíamos que nos parecía extravagante la idea de culpar al Gobierno por la extensión de la pobreza. Principalmente porque es evidente que la situación de desigualdad económica y social se origina en la apropiación de la mayor parte de los beneficios empresarios por la patronales, a expensas de sus empleados.

Pero no por extravagante ese concepto deja de ganar adeptos, y la semana dio mucha tela para cortar, empezando por la denuncia papal sobre el escándalo de la pobreza, que los principales medios de comunicaciones locales interpretaron como una admonición al gobierno argentino por no atender a los pobres de la manera debida.

En realidad, el primer gobierno K tuvo un éxito relevante en su campaña contra la pobreza: de 2003 a 2007 bajaron los índices de desocupación, de pobreza y de indigencia como no lo habían hecho nunca antes. Recién se comienza a revertir ese proceso a mediados de 2007, para retroceder en 2008 y lo que va de 2009.

Claro que en la base de ese cambio hacia atrás hay que contabilizar no solamente el fracaso de las políticas oficiales sino, también, los efectos de una crisis económica planetaria que indujo a las empresas a implementar políticas de ajuste, que por supuesto empezaron por recortes al personal. Despidos, amenazas de despidos e imposiciones de rebajas salariales se pusieron a la orden del día en el mundo desarrollado y se instalaron también en la Argentina.

El Gobierno respondió como pudo, acudiendo en ayuda de empresas en dificultades en un impulso similar al exhibido por el gobierno de Estados Unidos, con dos presidentes. Si Barack Obama nacionalizó el 75 por ciento de la emblemática General Motors, su antecesor, famoso por ser un fundamentalista de la economía de mercado, no vaciló en hacerse cargo de Fanny Mae y Freddy Mac, las dos principales entidades hipotecarias de Estados Unidos. Esas decisiones, tan en línea con las argentinas, en cambio, no fueron criticadas por la prensa neoliberal de nuestro país.

Pero es cierto, la pobreza ha vuelto a crecer, y así lo certifica el dramático pedido de los jueces cordobeses, que encuentran insuficiente un salario mensual que para fiscales y magistrados de primera instancia anda entre 10.000 y 11.000 pesos -agregamos nosotros que la doctora Aída Tarditti, del Tribunal Superior, cobra 24.000 pesos; sin salario familiar-, exentos del impuesto a las ganancias.

Y si esos estamentos que muchos calificarían de privilegiados consideran escasos sus ingresos, imagine el lector cual será la sensación de un jubilado común, de una empleada doméstica, de un peón rural (7 de cada 10 de ellos carecen de jubilación y obra social), de un desocupado, de tantos que navegan entre la pobreza y la indigencia.

Imagine también cómo será la sensación de hambre, de esos chicos condenados a la desnutrición en el Chaco, Salta, Tucumán o en tantos lugares del país abandonados por la sociedad, sin empresas que ofrezcan puestos de trabajo y a los que los canales de televisión nacionales llegan solamente para mostrar la miseria en su más dolorosa expresión, como si fuera un monstruo de feria, un fenómeno fuera de lo común que justifica el pago de una entrada por verlo.

Sí, hay pobreza en la Argentina, y cada día mueren niños por enfermedades relacionadas con ella. Es bueno que desde el establishment económico y empresarial se tome nota de ello, aunque es lamentable que sirva solamente para asediar a un gobierno que, por lo menos, algo hizo por atacar las causas que la generan.

También es lamentable que la Iglesia, que alguna vez tomó una "opción por los pobres" –y que hace solamente unos días recordó el asesinato de uno de sus pastores comprometidos, monseñor Enrique Angelelli-, aborde el tema como un arma más en la esgrima que mantiene con las autoridades nacionales por temas muy distintos como es el de la designación de un obispo castrense.

Hay pobreza en la Argentina, en efecto. Y sin embargo hace unos diez días la representación patronal logró limitar a 1.500 pesos el nuevo salario mínimo vital y móvil, que la CTA pretendía que se llevara a casi 2.000. No causa mayor impresión hablar de ese salario mínimo, pero conviene saber que marca el ingreso del 69,7 por ciento de los obreros de la industria maderera, del 67 en la hotelería y gastronomía (el pseudo del filósofo Luis Barrionuevo), del 64 en confecciones, del 59,3 en ganadería y agricultura (sector que es el segundo en materia de empleo en negro) y del 54,2 en el comercio (que es primero en empleo en negro).

Observando las regiones se hallan más razones para tener en cuenta el salario mínimo: define el salario del 75,9 por ciento del sector privado de Santiago del Estero; 74,1 en El Chaco; 71,5 en Tucumán; el 71,4 en Formosa y el 70 por ciento en Misiones. Por lo tanto, puede afirmarse que la política de incremento del salario mínimo aplicada entre 2003 y 2005 contribuyó a elevar el piso salarial por lo menos de los trabajadores registrados del sector privado. Entonces, si el salario mínimo contribuye a limitar la pobreza y los empresarios dan muestra a diario de que no quieren aumentar los sueldos, ¿quién es responsable del "escándalo de la pobreza"?

Olvidemos, por el momento, el tema de las responsabilidades, y pensemos en lo que debería hacer el Gobierno para enfrentarla. Cualquier respuesta englobará inevitablemente la cuestión de los recursos para encararla. Y la única posibilidad que tiene el Estado –no hablemos del Gobierno, pues éste, supuestamente, debe someterse a los mecanismos de recambio y, en especial, porque la lucha contra la pobreza debe ser una política de Estado, libre de los avatares electorales- de obtener recursos es el de la aplicación de impuestos.

Hace tiempo que mencionamos, en este espacio, la necesidad de una profunda reforma impositiva que permita: 1) ampliar la base tributaria, para que paguen sus impuestos las decenas de miles de contribuyentes que hoy los evaden; 2) diseñar un sistema más progresivo, liberando total o parcialmente a los sectores económicamente más atrasados; 3) obtener los fondos necesarios para llevar adelante políticas de desarrollo con el fin de apuntalar a las empresas nacionales y al mismo tiempo formular planes de estímulo a los marginados y excluidos, brindando puestos de labor en emprendimientos financiados por el Estado.

Serían algunas de las maneras de atacar la pobreza, que ya es una enfermedad estructural en este país. Pero para ello habrá seguramente que mantener o aumentar las retenciones a la exportación de soja, lo que derivará en lo que el avispado lector ya estará imaginando.

O si no, se podría aplicar la tasa Tobin o algo parecido a determinadas actividades financieras. O restablecer el gravamen a la herencia, que supo aplicarse en este país hasta épocas no tan lejanas. O elevar las tasas del impuesto a las ganancias hasta niveles vigentes en países "jurídicamente seguros" como Alemania o Japón, pero que seguramente sería rechazado por confiscatorio por jueces que se auto declararon exentos de esa obligación.

Bien, iniciativas de ese tipo hay muchas más, pero sólo servirían para que muchos de los que ahora claman por este escándalo de la pobreza, que realmente lo es, archiven rápidamente el argumento.