Teresa y su marido tienen su rancho en la bajada de una autopista, en el turístico barrio de San Telmo. Viven ahí desde que se fueron de su casa en Lanús, provincia de Buenos Aires, y después de pasar cuatro años en un vagón abandonado, tres en una casa tomada y dos repartidos entre inquilinatos y cientos de paradores de la ciudad porteña.
Ahora, tomando un mate lavado hace horas, cuentan cómo fue su último desalojo. De madrugada, una patada los levantó del colchón donde dormían; "Dale, arriba, vamos", fueron los primeros gritos. Los cinco hombres de buzo negro con capucha ya empujaban sus cosas con pies y palos. Levantaban colchones, frazadas, ropa y los tres lienzos con botellas de plástico y cartones. Atrás los esperaba un camión de basura camuflado, y quince más por si la cosa se ponía pesada.
El ataque, dice Teresa, fue de la patota del gobierno. Se refiere a la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) creada por el decreto 1232 con la misión de quitar objetos de la calle, "disuadirlos" y "persuadirlos". Su objetivo real es atacar a las personas que viven en plazas, parques o edificios públicos, desplazando así al Buenos Aires Presente (BAP) que se encargaba de ofrecer alojamientos provisorios y que hoy está a cargo del militar retirado, Pablo Gabriel Díaz.
El grupo de tareas está compuesto por 29 empleados de planta transitoria que dependen del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a cargo de Juan Pablo Piccardo. Cuenta con un presupuesto de un millón de pesos, salarios que rondan los 1200 pesos y un costo por operativo de 1500 pesos.
Funciona oficialmente desde octubre de 2008, con la Jefatura de Gobierno a cargo del ex Presidente de Boca Juniors, el empresario Mauricio Macri. Pero según Facundo Di Filippo, Presidente de la comisión de vivienda de la Legislatura de Buenos Aires, la UCEP existe desde la gestión de Anibal Ibarra, quién fue candidato a diputado nacional.
"La primer denuncia que recibimos sobre una patota que expulsa indigentes de las calles a los golpes es de diciembre de 2006 en el tren del Oeste. Funcionarios públicos de la actual gestión confirmaron que ellos no hicieron más que volver legal un grupo de tareas que ya existía", asegura Di Fillipo.
Si Rosa y su marido tuviesen unos años más, esta historia les sonaría conocida. Durante la última dictadura militar, el tucumano Domingo Bussi quiso una ciudad sin pobres y para eso creó un grupo de tareas que cazaba indigentes, les quemaba los ranchos y los arrojaba al desierto catamarqueño.
Los operativos de la UCEP, de madrugada, sin orden judicial ni aviso y dentro de un marco de símil legalidad, no son tan distintos. Por eso, el organismo tiene denuncias en su contra hechas por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, organizaciones sociales, de derechos humanos, y legisladores de la oposición.
"Macri tiene el plan de volver a Buenos Aires un gran country. Esta es su vanguardia para sacar a los indigentes de la ciudad y volverla excluyente en nombre del espacio público. Pero este grupo es ilegal, ellos deciden quiénes son usurpadores y quiénes no cuando eso lo tiene que hacer un juez", comentaba al respecto Liliana Parada, legisladora por Igualdad Social.
Sin embargo, los desalojos no se limitan a la gente en situación de calle. Aunque no hay datos oficiales, porque es una forma de no reconocer el problema de la crisis habitacional, la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA) calcula que entre el 2007 y la actualidad, 10 mil familias fueron desalojadas de sus viviendas. Así también la Asesoría General Tutelar de Buenos Aires comunicó que hay mil personas más en situación de calle en el último año por desalojos.
La primera oleada de expulsiones comenzó en 2007, casi triplicando a la de los años previos, y fueron sobre todo de propiedades privadas. La especulación financiera del lobby inmobiliario, contenido por el Estado y un mercado de vivienda desregulado, fue el factor de presión determinante para que se avance sobre el desalojo estructural que ya existía.
Según el Informe de Derechos Humanos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de 2008, este proceso contó además con un aval fundamental del poder judicial. A partir de que los conflictos sociales por vivienda ingresaban al campo judicial sufrían una metamorfosis: eran despojados de sus connotaciones políticas, sin visualizar que afectaban derechos sociales, y se procesaban, y se siguen procesando, como cuestiones propias del derecho civil o penal.
Tal como señala Pilar Arcidiácono, Directora del Programa Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS: "El poder judicial es un gran facilitador porque toma a los desalojos sin tener en cuenta la vulneración de derechos sociales previos. Con eso queda en evidencia lo difícil que es para los sectores más carenciados de la ciudad acceder a la justicia. A pesar de que se avanzó en el reconocimiento normativo de los derechos sociales, los grupos con menos recursos vieron reducido el goce efectivo de los mismos".
El aumento de desalojos fue acompañado además de un endurecimiento de los requisitos para recibir subsidios, que son casi la única medida que funciona como política pública vinculada a la vivienda.
Por ejemplo para recibir una ayuda por emergencia habitacional de 10 cuotas que suman hasta 7 mil pesos, una de las condiciones es presentar la fotocopia del DNI del dueño del inmueble que se alquila. Una misión casi imposible cuando las organizaciones sociales calculan que nueve de cada diez hoteles, inquilinatos o pensiones no cuentan con las habilitaciones ni los permisos correspondientes.
El endurecimiento del decreto 960 significó no sólo una regresividad en términos de políticas públicas sino que además perjudicó fuertemente a las zonas de migrantes, sobre todo de peruanos, paraguayos y bolivianos, que en muchos casos, como en la zona turística del Abasto, coincide con el mapa de viviendas ocupadas.
La situación se terminó de agravar con la decisión de la Jefatura del Gobierno de vetar en enero de 2009 la Ley de Emergencia Habitacional. Este proyecto, aprobado por todo el arco opositor, tenía como objetivo priorizar las garantías del derecho a la vivienda, bloqueando al Estado la posibilidad de desalojar propiedades fiscales. Pero el macrismo tenía en vistas avanzar sobre las casas ocupadas de la traza de la Ex-Au31, terrenos sobre los que el lobby inmobiliario está ejerciendo una fuerte presión, y no iba a permitir que esta ley trabara futuros negocios. Como resultado, en 2009 no sólo siguieron los desalojos privados sino que además se empezaron a implementar los desalojos administrativos.
Esta expulsión se complementa con la falta de una política pública para reducir el déficit habitacional. El vaciamiento presupuestario del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) es uno de los ejemplos: pasó de 480 millones a menos de 120—sólo en pago de sueldos y funcionamiento administrativo se va un millón—y en lo que va del primer trimestre de 2009 sólo se ejecutó el 3,24% del total.
El mismo destino corre para la Ley 341 destinada a las cooperativas de vivienda, y por eso el 90% de las organizaciones que ya compraron su terreno tienen parada la construcción por falta de giros. El dato no es menor considerando que en la de gestión Macri no se construyeron viviendas sociales y sólo se terminaron 800 inmuebles de la gestión anterior. Se calcula además que desde la reactivación económica en 2003, el 80% de las construcciones en la ciudad fueron edificios lujosos para clase media alta y alta.
"Esta es una guerra del mercado inmobiliario y del Estado contra pobres", aseguraba al respecto Jorge Abasto de CIBA. "La burbuja de especulación financiera hizo que los precios de la vivienda se tripliquen frente al índice de inflación media. A la gente no le queda más opción que dejar la ciudad e irse al conurbano".
Desde que en 2006 algunos cambios legislativos endurecieron las penas por usurpación, la toma de inmuebles desocupados—que según el censo de 2001 y a pesar del discurso de la no disponibilidad de tierras, llega a 110 mil viviendas—no es una opción a tener en cuenta.
Tampoco es una salida estable el alquiler de piezas en inquilinatos o pensiones, sobre todo considerando el aumento de precios: se calcula que en Constitución o Barracas el costo por una habitación pasó de 300 pesos en 2003 a 1000 pesos en 2009. Además, por el boom turístico de algunas zonas, sobre todo en la zona sur, muchos hoteleros invierten esos inmuebles en hostales y echan a la gente sin previo aviso. Si éstos se resisten defendiendo sus derechos de locación, los mismos con los que cuenta alguien que alquila un departamento, llegan los apuros, los aprietes y los matones de la mafia hotelera.
Las villas, cada vez más densificadas y hacinadas, tampoco parecen una opción segura. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Derechos a la Vivienda y contra Desalojos (COHRE) la población en villas de emergencia llegaría casi a las 200 mil personas, con un promedio de edad de 24,4 años. Sin embargo, los planes de urbanización para descomprimir estos tejidos quedan sólo en declaraciones y el cercamiento avanza.
Mientras tanto, el lobby inmobiliario cuenta con un resguardo seguro: el silencio de los medios de comunicación y el miedo de la gente. A los pibes chorros, al paco, a que te maten por dos pesos o por una bici. El espacio público entonces se abandona, la gente se desapodera y las calles quedan vacías. Los argentinos prefieren mirar a otro lado y decir bajito lo que antes era tan políticamente incorrecto: "Lleven a los pobres a donde sea, pero sáquenlos de acá".

Hacer visible lo invisible

"Despacito, en silencio, se van haciendo los desalojos", había anunciado con extremo sarcasmo el jefe de Gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta ante el impulso de sacar la Ley de Emergencia Habitacional.
Hoy son varias las organizaciones sociales que tienen como objetivo mostrar lo que nadie quiere ver, la violencia desde arriba. Después de la destrucción en el mes de mayo de la Huerta Orgázmika, un centro cultural en el barrio porteño de Caballito, se creó la Asamblea contra los desalojos, un frente que integran movimientos sociales de la ciudad y que llevan varias manifestaciones y denuncias. También, la Coordinadora de Lucha en la Ciudad está realizando un trabajo de discusión y movilización contra los operativos de la UCEP.
Gracias a este impulso ya se frenaron varios desalojos administrativos. Uno de ellos es la casa de Alejandra en el barrio de Almagro. Ella, su mamá, su hermana y sus siete hijos viven en esta propiedad municipal hace más de veinte años y llevan por lo menos tres tratando de comprarla con el crédito individual de 120 mil pesos que recibió del IVC. Una movilización al Edificio de Administración de Bienes pudo contener la expulsión y la subasta que ya estaba preparada.
Este movimiento autoconvocado se suma además al trabajo que organizaciones de base vienen llevando a cabo con el problema de la vivienda y por el que son cada vez más criminalizados. "A nosotros nos dicen ocupas profesionales, extorsionadores, el movimiento tiene compañeros presos y varios con causas penales", comenta Rubén Sabouland de la Asamblea de San Telmo. "Nosotros resistimos a lo que el gobierno está haciendo por el boom turístico, echar a los pobres, las putas, los indigentes y los inmigrantes. Pero con los narcos, los fisura y la mafia hotelera ni se meten".
También la resistencia proviene de las cooperativas de vivienda que pelean para recibir el financiamiento de la Ley 341. A nueve años de su promulgación, sólo hay cuatro ó cinco complejos terminados y de las 400 cooperativas inscriptas, 110 compraron terreno, pero no pudieron empezar la obra. Sólo organizaciones con capacidad de negociación consiguen el dinero; como el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) que después de ocho años está en proceso de construcción de dos inmuebles, La Fábrica y Yatay, para que habiten 50 familias en cada una.
Las organizaciones denuncian así la falta de una política de vivienda diferencial, que empezó con la última dictadura y parece no está destinada a cambiar en los años próximos. Al mismo tiempo que ponen en evidencia que este no es sólo un problema de la ciudad: "Los Kirchner nos quieren hacer creer que Buenos Aires es una burbuja municipal, pero esta es una política de expulsión a nivel nacional", comentaba al respecto Néstor Jeifetz del MOI. Carla Rodríguez, también del MOI, agregaba "El ejemplo de la privatización de Puerto Madero, que compromete toda la costa del Río de la Plata, no es tan distinto a lo que pasa con la extranjerización del suelo en la Patagonia y el Calafate".

Notas
La Autopista 3 -una vía rápida que debía atravesar la Capital desde la General Paz hasta Pompeya- quiso ser un símbolo de progreso, pero terminó en la lista de obras faraónicas que nunca se hicieron. El proyecto fue impulsado por el ex intendente de la dictadura Osvaldo Cacciatore y para ello expropió más de 800 propiedades y destruyó el tejido urbano de cada uno de los lugares por los que debería haber pasado. Muchas de las propiedades de esa traza, tomadas algunas hace treinta años, están en zonas bien valuadas de la capital federal.
 
Lucia Alvarez (luciaalc(a)yahoo.com.ar) es una periodista independiente en Buenos Aires y analista para el Programa de las Américas (www.ircamericas.org) además de ser asistente del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas.