La ficción postelectoral de la derecha argentina se mueve dentro de un libreto que, de tan repetido, ha dejado de ser excepcional para convertirse en regla.

Todo sucede como si las elecciones fueran una forma de barajar y dar de nuevo, un empírico volver a empezar, donde la ciudadanía, a través de sus votos, marca la agenda.

Esta ficción electoral de los ricachones populistas, tanto del oficialismo como de la oposición, parte de una lectura caprichosa e interesada de los resultados electorales: la de considerar que el voto popular es una especie soberana, que deslinda la paja del trigo y les entrega un cheque en blanco para que manejen a arbitrariamente la dirección que deben tomar los asuntos públicos.

De acuerdo a esta interpretación, la derrota de los súper millonarios kirchneristas en su plebiscito, a manos de los súper millonarios opositores, fue una forma de castigo a un gobierno que, hasta acá, venía navegando en un mar de soberbia, sin realizar los consensos necesarios y ninguneando a instituciones democráticas que actúan como reaseguro del funcionamiento republicano. Estos "principios", repetidos hasta el cansancio en la campaña electoral por las cacatúas radiofónicas mañaneras, fueron marcando el camino para una orientación política acorde con la necesidad "que marca la espectacular crisis actual" por la que atraviesa el capitalismo: el diálogo.

Tanto la derecha como el progresismo se olvidan que hasta hace menos de un año atrás el diálogo era unidireccional porque los principales cuadros de sus partidos estaban borocotizados o integrados al gobierno.

También para el progresismo, el diálogo entre los sectores explotadores, surge de una experiencia electoral donde las clases populares, perdiendo toda identidad y conciencia de sus necesidades, han dejado en manos de los representantes más conspicuos del capital vernáculo la búsqueda de soluciones a los problemas más acuciantes por los que atraviesan.

Los favores del sufragio universal han sido ponderados por el "progresismo dialoguista" a costa de una deformación de la realidad; la visión de un pueblo soberano que logrando romper con el clientelismo pejotista en el conurbano vota en contra el oficialismo y a favor de De Narváez. Los progresistas reivindican de esta manera la elección del colombiano como una forma de expresión popular sin tutelas caudillescas. Aclaran, sin embargo, que todo esto no sería así si kirchnerismo los hubiera convocado a un fantasmagórico "frente transversal" en lugar de casarse con la vieja política, es decir, si ellos, los progresistas, y no los barones peronistas del conurbano, fueran en las listas del hipermillonario Kirchner.

La teoría progresista y de la derecha ricachona coincide en un punto estratégico: al perder toda identidad en el proceso electoral, los sectores desposeídos pasan a hacerse cargo de las dificultades estructurales por las que atraviesa el Estado burgués y dan su veredicto con un mandato simple: "dialoguen". Todo el proceso de crisis se transforma en una compulsa coyuntural donde el pueblo pobre, con sus votos, le plantea a las clases gobernantes (con patrimonios millonarios) que arreglen los problemas que los propios capitalistas provocaron.

Bien mirado el problema es de tipo hegemónico; la burguesía ha transformado las elecciones en una interna clasista abierta, para fijar una posición y una dirección a una crisis que la mantiene paralizada y el electorado pobre respondió adecuando su voluntad a las alternativas burguesas.

Fueron las urnas, entonces, las que gestaron el diálogo entre el gobierno y la oposición; y al sentarse a dialogar los partidos y corporaciones del régimen no harían más que cumplir con el veredicto del soberano.

Sin embargo el diálogo, tanto por su composición como por su carácter, tiene un contenido absolutamente antipopular. Su función, pese a que les duela a los demagogos kirchneristas y a las viudas de los frentes transversales, es restauracionista.

El kirchnerismo en la derrota ha tomado las banderas de la restauración conservadora y la defensa a ultranza de la "gobernabilidad" adquiere un carácter antidemocrático, aun en términos de la democracia burguesa argentina.

El diálogo, es la manifestación más abierta de la crisis política que corroe la institucionalidad burguesa; el kirchnerismo ha abandonado sus sueños bonapartistas para cogobernar con la puta oligarquía y con las corporaciones empresariales.

El Consejo Económico Social toma un nivel ejecutivo y parlamentario, en realidad las denunciadas candidaturas testimoniales fueron más testimoniales que nunca ya que las corporaciones, a las que nadie eligió, de hecho asumen el gobierno en cuestiones que son fundamentales para el funcionamiento de los poderes republicanos:

"Podrán suscribir acuerdos de cooperación con organismos internacionales" se sabe de la intención de las corporaciones agro-empresariales de recuperar financiamiento internacional y las presiones para volver al FMI como fuente de financiamiento.

El Consejo deberá emitir sus dictámenes en un plazo "no inferior a los 15 días" cuando se trate de una solicitud del Gobierno, salvo que éste fundamente urgencia de su consulta" (serán 10 días) resolviendo casi como un parlamento en los hechos.

El diálogo es un recurso capitalista de crisis, donde el funcionamiento por consenso le garantiza a representantes de las empresas un acceso directo a la presión por sus intereses.

Se afirma que todo el acuerdo "contará para su funcionamiento con los recursos que le asigne la Ley de Presupuesto" convirtiéndose de hecho en un súper ministerio que discutirá desde las políticas tributarias (retenciones y rentas varias) hasta la ejecución de políticas sociales y laborales.

La adhesión gremial a este engendro corporativo, impulsado por el gobierno nacional y popular, sólo puede entenderse en función del grado de integración de las burocracias de la CGT y CTA al Estado. Esto se ve corporizado en el ataque permanente en contra de las manifestaciones más combativas del movimiento obrero (Yasky acaba de auspiciar el fraude en el Suteba La Plata a favor de los intereses del sciolismo)

La justificación del diálogo en términos de un gobierno que ha salido debilitado después de las elecciones del 28 de junio escamotea la entrega de los "nacionales y populares K" al conservadurismo más abyecto. El kirchnerismo que venía denunciado la "restauración conservadora" de manos de la derecha sojera y oligárquica se ha entregado mansamente. La CGT y la CTA acompañan en esta comparsa de intereses antiobreros jugados a fondo para el sostenimiento de la institucionalidad capitalista; no es casual que De Narváez, Carrió, Morales y el resto de la payasesca política hayan demandado que uno de los primeros pronunciamientos del acuerdo sea en defensa de la propiedad privada. El kirchnerismo está haciendo a favor de la derecha más que la derecha misma.

El kirchnerismo se debate en un doble problema. El primero consiste en saber si llega a culminar su mandato sin poner en funcionamiento las turbinas del helicóptero; el segundo, la falta de financiamiento internacional.

Tanto uno como el otro problema tiene distintos desenlaces pero una misma dirección. Se trata que las consecuencias de la crisis se descargue sobre las espaldas de los trabajadores. Si el diálogo no cae por su propia crisis todas las medidas que se adopten en el seno del acuerdo estarán dirigidas a la suspensión de las paritarias, el ajuste de los gastos sociales y el acuerdo con los organismos internacionales. Sincerar las cuentas del INDEC se ha transformado en el caballito de batalla que agrupa desde de Narváez; pasando por "Pino", hasta los tenedores de bonos de la deuda. Este es el primer paso para un acuerdo con el Club de París, un "pequeño paso" para el gobierno, un gran paso para el FMI.

Las patronales demandan además una nueva ley de indemnizaciones, de seguros laborales y una mayor flexibilización en los contratos de personal, en los horarios y en las vacaciones. Los siete representantes empresariales en el acuerdo "social" demandan además una devaluación del peso para antes de fin de año, que les permita un incremento de sus rentas y que licue sus deudas fiscales con el estado; la desbandada devaluatoria tiene como consecuencias accesorias a las patronales: la demolición de los salarios obreros; ganancias en dólar alto- salarios en pesos devaluados.

Frente a ellos, la burocracia sindical teme como a la peste la movilización popular, con lo cual está dispuesta a arribar a consensos en términos marcados por los intereses empresariales.

Moyano ya ha marcado el modelo de negociación salarial que se impone: 17% en cómodas cuotas de acá al año que viene. Yasky mantiene paralizado cualquier reclamo de los trabajadores estatales en el país.

Mientras tanto la desocupación hace estragos y ya alcanza a dos millones de personas, sin contar a los millones que dicen no buscaron trabajo en la última semana por una u otra razón.

El "Consejo para el diálogo económico social" intenta darle una salida capitalista a la crisis, si triunfa este engendro reaccionario se vendrán días más negros aun para los trabajadores y el pueblo; sino, el debilitamiento del régimen político deja abierta una incógnita sobre la evolución de las luchas de los trabajadores y el pueblo.