Militantes y organismos de derechos humanos de Rosario llevaron adelante el miércoles una presentación ante la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, por la cual requieren medidas de preservación sobre los archivos provinciales que datan de la última dictadura militar.

En el escrito se proponen "la inspección de estado, relevamiento y registro, catálogo y esencialmente, custodia judicial" de esos archivos "por ser medios de prueba, con el mismo criterio con que se han dispuesto preservaciones de otras tales como los predios y construcciones donde funcionaron Centros Clandestinos de Detención".

El comunicado completo de las personas y organismos de DDHH es el siguiente: "En la fecha, APDH Rosario, CeProDH, UADH Rosario y los Militantes de DDHH Oscar Bustos y María Piuma, hemos realizado ante la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, una presentación destinada a requerir de las autoridades judiciales «las medidas de preservación que corresponden sobre los archivos provinciales que datan de la última dictadura militar (tema tristemente vapuleado en los últimos días) proponiendo como prioritarias la inspección de estado, relevamiento y registro, catálogo y esencialmente, custodia judicial por ser medios de prueba, con el mismo criterio con que se han dispuesto preservaciones de otras tales como los predios y construcciones donde funcionaron Centros Clandestinos de Detención».

Reclamamos además, en medio de una intensa puja en torno de los archivos mencionados que alcanza hasta el Ministerio Justicia y Derechos Humanos de la Provincia y la Procuración General de la Nación., que se cumpla con una labor esencial: que se convoque, por la facultad y deber de asistencia que tiene esa Unidad Fiscal, a querellantes y víctimas en el sentido más amplio del término y aunque no estén reconocidos como tales judicialmente, para hacerles saber sobre la existencia de los archivos y su derecho a defenderse de los riesgos que implica su registro en los mismos con las facilitaciones que devienen de tomar conocimiento y conciencia de las circunstancias.

Asimismo, como un elemental reconocimiento a la enorme tarea que siempre han desarrollado, considerando que a su impulso fundamental se continúan los procesos, reclamamos se admita judicialmente que los Organismos de Derechos Humanos, acreditados sin más requisito que su trayectoria, tengan garantizado acceso a los mismos sin impedimentos arbitrarios ni dilaciones burocráticas.

- La existencia de Archivos Secretos de la Dictadura que contienen información sobre represores, cómplices civiles, el destino de compañeros desaparecidos y niños apropiados no es algo novedoso en toda la extensión de nuestro país. El impedimento estatal a su apertura y libre acceso ha sido y es funcional a la impunidad de ayer y de hoy. Los archivos de la represión nunca aparecieron por varios motivos. Uno importante, es que en todos los gobiernos constitucionales posteriores siguieron usando esos datos como base para los espionajes actuales. (una prueba: el caso de la red de espionaje político llevada a cabo en la base Almirante Zar de Trelew).

Lo que omiten los funcionarios del Estado, es que la identificación de los genocidas sigue estando a cargo de las víctimas porque desde el Estado no se ha hecho nada para la identificación de los represores (por el contrario, suelen ser parte del mismo a través de cargos y nombramientos de alto nivel) cuestión que en la Argentina es sumamente sencilla, pues no existió un aparato "paralelo" de represión sino que fueron las propias fuerzas regulares, armadas y de seguridad, las que perpetraron el genocidio.

Por ese motivo, señalamos la hipocresía estatal. Exigimos la entrega ya mismo en cada una de las causas abiertas, del listado completo de todos aquellos que fueron parte de las fuerzas armadas y de seguridad. Que ningún gobierno nacional o provincial lo hayan hecho hasta el momento muestra que su acción se limita a discursos para la tribuna. Reiteramos nuestra exigencia de la apertura de todos los archivos en poder del Estado y la disolución de todos los organismos de inteligencia que sólo sirven para investigar a las organizaciones obreras y populares.

Los Organismos y militantes que suscriben la presentación, enmarcamos esta acción judicial en nuestro permanente requerimiento por la apertura de archivos, desclasificaciones de listados de genocidas hoy a resguardo, y en definitiva, la necesidad de que las actividades secretas del Estado contra el pueblo sean conocidas, no sólo por una elemental razón investigativa para el castigo, sino como modo de anular el peligro permanente que representan las actividades de espionaje sobre la militancia que siempre conducen a las más nefastas consecuencias.

Reafirmamos nuestro compromiso con la lucha contra la impunidad y por la cárcel común, perpetua y efectiva a los genocidas y sus cómplices. Porque las consecuencias de ese genocidio de clase las seguimos viviendo hoy cuando los sectores que lo impulsaron y se beneficiaron vuelven a intentar descargar sobre las espaldas de los trabajadores la crisis económica internacional.