En la provincia de Córdoba "la docta" -que durante siglos quiso decir "docta en leyes y lenguas clásicas"- la proporción de abogados en la población general es del 0,3%. Este porcentaje tal vez sea menor en otras provincias, pero no es fácil encontrar datos exactos: los colegios profesionales no suelen relevar el número de sus afiliados. Pero si tomamos el caso cordobés como representativo de una especie de promedio del país, esta cifra quiere decir un abogado cada 300 habitantes, así como es la proporción de médicos (no la de enfermeros y otras especialidades paramédicas, de los que habría que tener una proporción de unos 3 ó 4 por cada médico y la proporción, en todo el país, es aproximadamente al revés: un paramédico cada 1.200 habitantes).

El gobierno nacional -en sus tres poderes- está dominado por los abogados; por supuesto lo está el Poder Judicial, que es su ámbito natural. Pero todos los presidentes de la República desde 1983 han sido abogados: Alfonsín, Menem, Duhalde, Kirchner, Cristina Fernández... y dejamos de lado los de la semana de los cinco presidentes, por poco relevante -aunque Adolfo Rodríguez Saá es también abogado-. O sea, dominio total del Poder Ejecutivo, ya que los presidentes tienden a nombrar a otros abogados como ministros, aunque no tengan conocimientos del área que les toca regir. A los abogados vienen a unirse los economistas -según sea la línea ideológica del gobierno-.

En el Congreso nacional, un somero análisis de las profesiones de los legisladores nos muestra el mismo esquema: su composición actual incluye a un 30,3% de abogados: cien veces el valor tomado como promedio de la población. A estos abogados agregaremos otro 3% de contadores. El resto de los legisladores cubre todo el espectro de las actividades: hay relativamente muchos docentes (9,4%) y médicos (5,15%), algún economista, algunos "agricultores", el director de una cooperativa, algunos empleados, la dueña de una funeraria, algunos relacionados con el periodismo, un ex presidente de un club deportivo, una actriz, una museóloga, un locutor de radio, el ex director de un diario de provincias y seguramente algún dirigente gremial -además del excelente abogado laboralista que también representa a los trabajadores-... pero la presencia de los abogados es apabullante.

Lo mismo se repite en el caso de los gobernadores de las provincias: por 24 distritos hay nueve gobernadores abogados, el 37%, a los que podríamos sumar cuatro contadores. En total, más de la mitad de los gobernadores: el 54%.

En cuanto al futuro, en el 2004 la Facultad de Derecho de la UBA era la tercera más numerosa de la universidad. La primera era Ciencias Económicas y la segunda, Medicina; es decir que en la principal universidad del país más de los dos tercios del alumnado serán abogados, notarios, contadores o economistas. El predominio de las profesiones tradicionales es apabullante: sin contar Arquitectura, suman los 2/3 de los inscriptos. La cuarta facultad es la de Ciencias Sociales -donde predomina la Comunicación Social- y la quinta Psicología, para enderezar las taras del resto. La ciencia y la tecnología casi sólo existen en los mensajes de los políticos, que -en general- no saben de qué hablan cuando tocan esos temas -como los de Educación-. En la aspiración de una economía productiva estos datos deben compararse con el 3% de inscriptos en Ciencias Exactas y un 5% en Ingeniería, menos del 10% si se les agrega a los bioquímicos. Y en un país cuya principal fuente de ingresos es "el campo", los estudiantes de Agronomía y Veterinaria juntos no llegan al 5%.

No es mi intención criticar a los abogados. Muchos de ellos han defendido a las víctimas de la dictadura y muchos han sido víctimas de ella. Muchos defienden a los que no tienen defensa. Pero hay otros muchos -los que cobran mayores honorarios- que se especializan en torcer la ley y llevarla lo más cerca de su ruptura, empleando todos los trucos procesales y agujeros en la legislación para que casi nunca vaya preso un rico o poderoso mientras que las cárceles no dan abasto y rebalsan de procesados que pueden esperar allí años enteros mientras notorios procesados por crímenes mucho más graves se pasean libremente y aun ocupan cargos de gobierno. También son los abogados quienes dan visos formales de legalidad a actos gubernamentales que son verdaderos crímenes contra el país real. Otras veces he escrito que no entiendo cómo es el "sentido común" de la legalidad, tan diferente del sentido común ordinario, y no voy a insistir en ese tema. Pero la superabundancia de profesionales del derecho (no necesariamente de la justicia, que es otra cosa) en los primeros niveles de los tres poderes del Estado mientras la proporción de técnicos y científicos es insignificante -aunque tengamos ahora un Ministerio de CyT encabezado por un prestigioso investigador- imprime a éste una característica formalista que no es precisamente el mejor ambiente para que florezca una clase dominante productiva, laboriosa y progresista y que prefiera invertir en el aparato productivo nacional a analizar -justamente con la ayuda de sus costosos abogados y contadores- la mejor manera de sacar sus ganancias del país a los paraísos fiscales, cuyo modo de vida es recibir esos aportes de origen a veces no muy claro.

La presencia aplastante de abogados en las altas esferas de todos los poderes del gobierno lamentablemente fortalece esta tendencia hacia una legalidad ilegítima. No quiero decir con eso que si el presidente fuese un ingeniero tendríamos un país próspero y productor, pero el ingeniero tal vez estaría más cerca de seguir una lógica racional en vez de una lógica dictada por los códigos.

Luego vienen los comunicadores sociales. Ellos tienen mucho que ver con la pobreza de nuestra cultura pública -nuevamente sin querer herir a los periodistas honestos y estudiosos-.

A pesar de todos los discursos, las ciencias y la tecnología tienen una baja prioridad para los universitarios argentinos. Es decir, según la lectura que se quiera hacer, tenemos un predominio como el habitual de las profesiones clásicas y un relativo rechazo por la ciencia y la tecnología -que son las únicas disciplinas que podrían sacarnos del marasmo económico-. Habría que preguntarse, una vez más, qué entienden los gobernantes cuando hablan de la sociedad del conocimiento.

Claro que tampoco se trata de generar unas estructuras de gobierno tecnocráticas. Los tecnólogos muchas veces tienen ese tipo de enfoque: todo se resuelve con fierros. Y es mentira: tampoco ésa es una solución viable. Pero debería haber más equilibrio. Los sociólogos, los filósofos, los psicólogos -sociales o no- entienden (o creen entender) cómo funcionan los mecanismos del poder, esa enfermedad mortal para todos los que lo sufren. Lamentablemente, es raro que esa clase de gente se meta en política sin perder su alma: porque la manera actual de hacer política es mortal para el alma (y, generalmente, de la moral) de los políticos -y es casi imposible que alguien que entienda el funcionamiento de la sociedad y de sus miembros llegue a una posición de poder: por repugnancia; si no es para manipularla, usando sus conocimientos académicos-. Y además, porque en virtud de la estructura del sistema político y la falta de principios de los partidos mayoritarios, las cualidades que debe tener una persona para ocupar con éxito un cargo de responsabilidad política son casi contrarias a las que requiere para alcanzar dicha posición.

No es un panorama muy alentador. Los debates formales seguirán en la próxima generación, aquella que estamos educando mediante nuestro ejemplo, lo que nos asegura una barrera insuperable para alcanzar los niveles de desarrollo que puedan sacar a nuestro país de una peligrosa situación económica, en la que los intereses financieros -sobre todo los extranjeros- seguirán predominando sobre el país real; en éste, seguiremos exportando recursos naturales con poco valor agregado y dispondremos de un sistema educativo clasista -escuelas públicas deterioradas para los pobres y privadas para los ricos. Es que casi todos los políticos sencillamente no entienden la importancia del desarrollo por más que hablen continuamente de él. Los abogados están acostumbrados a hablar de sistemas formales y pocos son los que superan este nivel en el que se crea una realidad a través de la palabra.