Héctor M. Galiano
NOTIFE

Rafael Bielsa operó junto a la fiscal Mabel Colalongo para el anuncio de la Procuración sobre los archivos de la policía procesista en Santa Fe. Cómo comenzó la historia. Los desplantes de la fiscal y el secuestro de archivos originales protegidos como patrimonio de la Humanidad. Qué hicieron los gobiernos de la democracia con esos archivos. El rol de la gestión socialista y el silencio institucional santafesino frente a una serie de atropellos.

El jueves por la tarde, un cable de la agencia DyN se amplificaba en los medios de comunicación, principalmente los santafesinos. Daba cuenta de una "hallazgo" de la Procuración de la Nación y de la fiscal rosarina Mabel Colalongo. Lo descubierto eran fichas de militantes políticos y gremiales confeccionados por la sección de Inteligencia de la policía durante los años de plomo. Sin embargo, el grueso de lo detectado, y anunciado de forma pomposa, ya había sido localizado a mediados de los años ochenta por las administraciones provinciales de entonces. Aún más: información contenida en esos archivos ocultos ya fueron aportados por la gestión actual a los distintos tribunales federales en Santa Fe, Rosario y se hará lo propio con una causa en Reconquista.

La Procuración, con el jefe de fiscales a la cabeza, llamó a conferencia de prensa para anunciar el hallazgo de algo ya descubierto. La historia señala que En 1987 (al final de la gestión Vernet) el Archivo Intermedio de la Provincia de Santa Fe realiza un estudio de selección de las series documentales de las Secretarías dependientes de Gobernación y releva las que se conservaban de la Dirección General de Informaciones estableciéndose la conservación permanente por Decreto N° 2816 del 24 de julio de 1989, sin determinarse los grados de acceso. Esta documentación quedó en un primer momento en manos de la secretaría general de la Gobernación, entonces ocupada por Roberto Bartomioli.

La documental estaba en una oficina oculta del entrepiso del segundo nivel de la Casa de Gobierno. Estaba elaborada por la Dirección General de Informaciones a cargo del capitán Rondello Barbaresi que había ingresado al Gobierno promediando los años sesenta y tras la llegada al poder de Onganía se afianza en sus tareas de vigilancia ideológica. Barbaresi creó la Central de Inteligencia o la Dirección General de Informaciones que sobrevivió unos meses en democracia, luego de 1983. La Dirección General de Informaciones, con sede en la Casa Gris, era como una central de inteligencia paralela. Acumulaba esencialmente información de empleados públicos nacionales, provinciales, municipales, judiciales, legislativos, etc., y tenía caracterizaciones de instituciones, sindicatos, iglesias, partidos políticos, juventudes, jueces y funcionarios. En 1987, cuando se descubren esos documentos en el Archivo Intermedio de la provincia hubo propuestas de todo tipo. Algunos "progresistas" plantearon quemar todo, sobre todos los que eran archivos de la vida privada de las personas (gustos sexuales, infracciones por ebriedad, visitas furtivas a hoteles alojamiento, etc). A grandes rasgos en el Archivo Intermedio de la Provincia. existen (como derivados de los denominados "Archivos Ideológicos" hallados en 1987 informes de Inteligencia desde 1966 hasta 1978), partes policiales de Santa Fe y Rosario de la última dictadura militar. Esta como otras documentaciones están siendo relevadas por personal de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y está desde hace bastante tiempo a disposición de fiscales y abogados querellantes en causas de lesa humanidad, para ser presentados a juicio, orden judicial mediante. En octubre de 1991 la Dirección de Despacho de Gobernación da intervención al Archivo General poniendo la documentación a disposición del mismo iniciándose su traslado al Archivo Intermedio que, luego de una suspensión transitoria, se concluye en noviembre de 1995 (Decreto 2547/95).Del total de los Archivos Ideológicos, un 20% pasó provisoriamente como muestra al Archivo Provincial de la Memoria, cuando se creó a fines de la segunda gobernación de Obeid, con obligación de devolución al Archivo Intermedio una vez que se digitalizase. Existen criterios encontrados sobre quién debe tener y trabajar investigativamente sobre estos archivos. La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia sostiene que deben pasar integralmente a su órbita.

El lunes de la semana pasada llegó al Archivo de la Memoria de Santa Fe la fiscal rosarina Mabel Colalongo. Con ella, como asesor ad hoc e inseparable estaba Rafael Bielsa, ex candidato a gobernador de Santa Fe y ex canciller argentino. "Vengo a poner fin a la canallada socialista que dice que yo fui colaborador de los militares", habría dicho en presencia de varios funcionarios del ministerio de Justicia de Santa Fe el hermano de la concejala maría Eugenia y del DT Marcelo. Bielsa volvía poner sobre la superficie un comentario ya archivado, como cientos de documentos que luego quiso retirar con la fiscal. En plena campaña electoral de 2007 un grupo de militantes peronistas le cuestionaron al elegante abogado y entonces candidato de Obeid, que aclare por qué en plena carnicería del Proceso Militar él pudo rendir las materias que le restaban para el título de abogado y partir hacia el exterior como salvoconducto. Palabras más, palabras menos la discusión quedó saldada con el propio olvido. Bielsa volvió a vivir a Capital Federal y Binner asumió el cargo que le disputó en la Casa Gris. Colalongo, muy cercana al Procurador Esteban Righi, confió en Bielsa los buenos atributos de reclamante que ya acreditó antes. "Rafa caliente es imposible, te da vuelta con mil argumentos", apuntan desde su más íntimo circulo de conocidos. El lunes 8 llegaron para secuestrar documentación del Archivo de la Memoria. Los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos se ofrecieron a cargar toda la documentación en una camioneta, hacer copias en un centro de copiado rápido y certificarlas. Bielsa y Colalongo no estuvieron de acuerdo. Al lugar, llegó en su condición de empleada de la fiscalía federal, la hija de la vicegobernadora Griselda Tessio. No dudó en llamarla al Senado. ¿A qué no sabés quién está en el Archivo de la Memoria?, informó a su madre. La visita de Colalongo y Bielsa terminaba una serie de hechos desordenados y poco claros, que algunas horas después se blanqueó con la conferencia de prensa de Righi y sus colaboradores, anunciando un hallazgo, que ya había sido descubierto hace 20 años.

"No puede ser, esos archivos son patrimonio de la humanidad, no se pueden secuestrar", se enfureció Rosa Acosta, la secretaria de Derechos Humanos, cuando se enteró que la fiscal rosarina Mabel Colalongo había secuestrado el 18 de mayo pasado información valiosísima del Archivo Intermedio de la provincia. Quedó labrada un acta acreditando tal circunstancia. La fiscal argumentó que ella tenía el mismo poder que un juez y que la documentación era vital para la causa que tramitaba en Rosario. Lo cierto es que esos documentos originales no pueden ser secuestrados. Los papeles tienen que ser copiados y es el mismo Archivo el que certificada esos duplicados, que luego serán utilizados por las defensas de las víctimas en las audiencias convocadas por los distintos tribunales orales en la provincia. Los archivos de la Dirección General de Informaciones de la provincia, del Fondo de la Policía de la provincia y del Servicio Penitenciario forman parte de los archivos para la Verdad, la Memoria y la Justicia frente al terrorismo de Estado que no pueden ser secuestrados por estar protegidos en su condición de Patrimonio de la Humanidad. Colalongo podría haber incurrido en una suerte de coautoría en un delito previsto por las leyes argentinas y mundiales. La misma situación le corre a los jefes del Archivo Intermedio que permitieron el secuestro de los originales. Después de semejante avasallamiento, el ministro de Justicia, Héctor Superti y la Secretaria de Derechos Humanos coordinaron dos entrevistas con Colalongo, una en Santa Fe y la otra en Rosario. En las dos oportunidades la fiscal faltó. El viernes 5 de junio, tres funcionarios de la Procuración llegaron a Santa Fe a solicitar más documentos. Jorge Auat y Pablo Parenti arribaron con la idea de secuestrar más información. La Secretaría de Derechos Humanos no la negó, por el contrario, puso a disposición toda la estructura para el copiado de lo que requirieran. Se fueron con las manos vacías. En el propio Archivo de la memoria tuvieron un intercambio fuerte de palabras con dos funcionarios del ministerio de Justicia santafesino. ¿Cuál fue la actitud del gobierno provincial ante este hallazgo?, le preguntaron a Auat en una entrevista publicada en Página 12. -Lo desconozco, no hablé con nadie del gobierno. Creo que siempre lo tuvieron allí. Lo que hicimos es gestionar el permiso para fotocopiarla. No tuve diálogo con alguien del gobierno de Santa Fe para ver cómo valoran este hallazgo. Esta investigación la inició la fiscal Colalongo, y desde la Procuración fuimos a apoyarla como Unidad, pero nunca nos pusimos a valorarla junto al gobierno. Pensamos que esa documental podría ser importante y nos preocupamos en acceder a ellas como un aporte más a la reconstrucción histórica de los hechos – contestó.

Auat se había entrecruzado con los funcionarios de la Secretaría hacía 10 días, por el mismo tema que negó en su respuesta. Colalongo celebró en Rosario su "participación del hallazgo", Esteban Righi lo capitalizó y Rafael Bielsa leyó por la agencia DyN los resultados de sus buenos servicios, tras una sonrisa volvió a poner la cabeza en la producción de su programa en el canal 26 "Café Las Palabras", junto al encuestador Artemio López.

A pesar de semejante desplante, ni el gobernador ni el ministro de Justicia cuestionaron los modos de la Procuración.