Darío Tropeano
Río Negro on Line

El título de esta nota pretende dar un enfoque genérico respecto de la situación que enfrenta hoy el Poder Judicial, los jueces que lo componen y lo que percibe la gente, sus sensaciones frente a realidades que observan y viven cada día y otras que desconocen.

Hace pocos días asistimos a un fenómeno excepcional en la historia judicial nacional: el reclamo de jueces de todo el país a través de actos en sus lugares de trabajo y lectura de documentos con múltiples reclamos respecto del funcionamiento del sistema judicial.

En países europeos como España, Italia y Portugal, las movilizaciones callejeras de estos funcionarios no resultan una novedad, como tampoco las constantes críticas a la política de seguridad y presiones del gobierno del presidente Sarkozy a jueces y fiscales franceses.

Los reclamos formulados en esta manifestación nacional de jueces han estado orientados a advertir sobre la sobresaturación de causas -casi 4.000.000 nuevas por año- y las limitaciones de infraestructura y medios en general que asignan los otros poderes del Estado al funcionamiento del Poder Judicial. Se puso el acento en una Justicia simplificada, en el valor de la ley y en la necesidad de una reforma integral del sistema y un plan de seguridad adecuado.

Es notable cómo ante situaciones limite, ante la desintegración de un sistema de justicia absolutamente perimido en sus estructuras de funcionamiento y en su forma de ser administrado, puede llevar incluso a sus operadores a reclamar un cambio de paradigma frente a una realidad que claramente los supera.

El auge del delito y la consecuente sensación de inseguridad, la lentitud de las causas penales, muchas de ellas extinguidas por prescripción; la prolongación indefinida de los procesos y la impunidad que habitualmente se observa en delitos económicos o en los que se hallan involucrados políticos y funcionarios generan, en las mayorías insatisfechas de la sociedad, un cuestionamiento permanente a la institución judicial. Se imputa así a todo el sistema de corrupto, burócrata, comprado, amigo del político gobernante o de la policía.

Ello no es exactamente así. Muchos jueces y funcionarios son honestos, responsables de su trabajo y con ganas de hacerlo, también independientes. Otros no tanto. No resulta todo lo mismo porque el sistema no es uniforme, ni funciona igual en cada lugar de la Argentina.

En la Justicia Penal, tanto federal como provinciales, es donde la política activa más la designación de funcionarios, porque intenta con ello asegurar su impunidad frente a delitos en el ejercicio de la administración pública que derivan hacia este fuero. Por supuesto, en los Superiores Tribunales provinciales se actúa habitualmente para colocar jueces cercanos al poder del turno o accesiblemente influenciables, ya que en esos estrados se debaten cuestiones sensibles a los intereses de la provincia, al político o al partido gobernante.

No es igual en la Justicia Civil, Laboral o de Familia, donde si bien el sistema opera no ausente de influencias en ciertas designaciones de funcionarios, en los últimos años en la mayoría de las jurisdicciones del país se han impuesto concursos y controles que mejoran parcialmente la calidad de los elegidos y cuya participación hace más transparentes y normales las designaciones.

Tampoco se puede creer que en todas las provincias la Justicia funciona de la misma manera, ya que la influencia del poder político, la corrupción, la antilegalidad de muchas decisiones o incluso el desconocimiento del derecho pueden observarse en tribunales de otras zonas de la república. En ellos la calidad del sistema no es la misma que en las provincias de Río Negro y Neuquén, ya que en nuestra zona la circulación de ideas, el control y la participación de los ciudadanos y el activismo político y sindical se hallan mucho más presentes que en aquéllas.

Pero lo cierto es que los jueces asisten a la irrupción de nuevos paradigmas, esto es visiones, conceptos, valores y necesidades de la sociedad, los que mutan a gran velocidad, en un marco de pauperización de las estructuras estatales. Y estos cambios que les vienen impuestos, trastrocando formas de pensar y ver la vida, a veces abstractas y esquematizadas o ajenas a la experiencia, obligan a muchos magistrados a abrirse y reconocer esas realidades. La presión, los miedos, la comprensión de nuevos escenarios, la tensión entre los distintos valores en juego al adoptar una decisión, la justicia formal y la justicia real, los nuevos conocimientos y las limitaciones para aprehenderlos, la falta de recursos materiales y tiempo para estudiar los casos y emitir una sentencia bien fundada y de calidad institucional, son esas realidades que irrumpen en la actividad actual de los jueces.

Los magistrados y funcionarios que manifestaron sus reclamos como un paso al frente no sólo actúan por reacción y autodefensa, sino también porque observan cómo se desborda esa estructura pétrea, privilegiada y relativamente confortable que los contenía. La paulatina proletarización de la República Argentina que se desarrolla desde hace más de 30 años, y que viene carcomiendo los cimientos del Estado, llega al Poder Judicial y lo asedia con nuevos reclamos, masivos por cierto, y la demanda de una sociedad que busca reparación.

El poder político, altamente concentrado en nuestro país, transfiere al Poder Judicial realidades que no son propias de la Justicia: conflictos entre vecinos, consumidores, pobres que bregan por superar la violencia doméstica, la marginalidad, la falta de tierra y vivienda, el conflicto familiar, etc. Muchas de estas cuestiones no son competencia del Poder Judicial o requieren el tratamiento de un sistema judicial distinto, compartimentado, que atienda las " diversas justicias" que necesita cada caso, implementando estructuras modernas, dinámicas y eficientes. Hoy el sistema parece el mercado de Liniers, todo entra en una manga: urgente o no urgente, grave o no tanto, chico o grande, de interés colectivo o individual y, evidentemente, así el agotamiento de las estructuras se hace manifiesto.

Pero dado que a estas alturas del comentario muchos se preguntarán de dónde salen los recursos económicos para el cambio, la respuesta a esta inquietud no es sencilla ni compleja. Depende de la vocación política e ideología que se abrigue para buscar los recursos en espacios económicos donde el Estado tolera y beneficia a minorías que aprovechan ingentes recursos naturales y de servicios de nuestro país sin control estatal, sea tributario, aduanero, cambiario, de remesas al exterior. Por supuesto que además los recursos para un Estado eficiente y redistribuidor de riqueza se asientan en el control de la corrupción, ese estilo de funcionamiento que parece ínsito -salvo honrosas excepciones- a la forma de hacer política actual.

Así entonces los jueces que han reclamado al poder político deben acentuar su participación y control como poder del Estado, y no abdicar ante la presión o ante el miedo de perder una prebenda, "tener problemas", no poder ascender en la escala jerárquica o ser denunciado ante el Consejo de la Magistratura. El juez de hoy debe ser activo y criterioso, apegado a la ley y al estudio del derecho -que en la Argentina hay mucho y para todas las situaciones-.

El mensaje a la sociedad tiene que ser claro y contundente de parte de los jueces, despojados de toda corrección política, ya que su fuerza y validación emergen de su conducta, de sus fallos elaborados y apegados a la ley, lo que debe ir unido a una constante observación de la realidad y de las necesidades de la gente, ya que como poder del Estado tiene herramientas para hacer un país más justo y solidario.

Darío Tropeano es abogado.