Número 524

1. Policandidatos.
2. Macri ya tiene su Pastor policía.
3. Mensaje de adoctrinamiento del "gobierno de los derechos humanos".
4. Amnistía Internacional invisibiliza la represión en Argentina.
5. Represión en Perú.

POLICANDIDATOS Más de un "progre" se rasga las vestiduras porque el ex subcomisario Luis Abelardo Patti es, nuevamente, y desde su celda en Marcos Paz, candidato a diputado nacional. Pero, en una excelente muestra de para qué le sirve al pueblo trabajador el ritual de las elecciones, el torturador confeso no es el único ni el más peligroso uniforme en las listas para el 28 de junio.
En la provincia de Santa Fe, hay tres listas aprobadas por la justicia electoral, que llevan idénticos candidatos: el Partido del Campo Popular (cuyas boletas dicen "Partido del Campo" bien grande, y "Popular" apenas legible); el Partido Nacionalista Constitucional del radical-yrigoyenista-peronista-menemista-lavagnista Alberto Asseff, y el Modin de Aldo Rico. Su primer candidato a senador nacional es Alberto Rubén Martínez, secretario General de APROPOL, la Asociación Profesional Policial, pretenso "sindicato policial" pionero en Argentina. El primer candidato a diputado, en lugar de azul, prefiere el verde: es José Alejandro Bonacci, ex concejal del Modín en Rosario, que fue electo en 2001 mediante la estratagema de presentar unas 15 listas en Rosario (totalizó 50 en la provincia).
El candidato policial Martínez ha sido bien franco en la campaña. "La disyuntiva hoy es 'ciudadanos libres y delincuentes presos' (...) esta situación no da para más", declaró recientemente a los medios.
Y más sincero todavía es con el objetivo de su postulación, que, dadas las circunstancias locales, bien podría tildarse de "testimonial", a tono con la época. "Le metimos el quilombo gremial en el área y el gol lo metemos con la lista 33, que sin importar la cantidad de votos y ni siquiera concretar la obtención de una banca, está cosechando logros ya que ahora les agarró a los funcionarios el apuro por dar algo ante la visible derrota electoral del oficialismo", dice su última nota en la página web de APROPOL. Y a continuación enumera la larga lista de medidas aumentando presupuesto para la policía dictadas por el gobernador Binner en las últimas semanas.
Dice textualmente APROPOL NOTICIAS: "El reciente lanzamiento de la lista que encabeza a Senador Nacional el titular del gremio policial ha motivado algunos cimbronazos y pases de facturas entre miembros del gabinete de Hermes Binner que fueron concluyentes al detectar una fuente de pérdida de votos entre los policías y sus familiares (100.000 votantes en juego) y una acción de coordinación estratégica y de acción concreta en APROPOL".
Los slogans de campaña del policandidato son transparentes: "La inseguridad tiene solución"; "Un asesor $ 20.000. Un preso $ 3.500. Un policía $ 2.000.
¿Así pueden prometer seguridad?"; "Martínez habla claro, sabe lo que dice".
La irrupción en el sacrosanto proceso electoral de la "familia policial" organizada, y la evidencia de su capacidad para desarrollarse como factor de poder, debería llamar a la reflexión a quienes, porque erróneamente creen que basta cobrar un sueldo para ser un trabajador, promueven la creación de estas agrupaciones, mal llamadas sindicatos, que aglutinan a los que tienen como función ser los verdugos de la clase trabajadora y el pueblo.
MACRI YA TIENE SU PASTOR POLICÍA El pastor alemán también es conocido con el nombre de "ovejero alemán" o "perro policía", debido al uso que le dan las fuerzas represivas en muchos países.
En Argentina, las policías tienen muchos de estos canes. Y la escuela de las futuras fuerzas represivas de la ciudad de Buenos Aires también tendrá sus abnegados y fieles perros. Al primero de la larga lista de canes con que contará la fuerza, lo eligió directamente el jefe de gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri. El flamante perro policía no irá a acompañar agentes en estadios de fútbol sino que será su director. Se trata del abogado y académico Daniel Pastor.
El flamante director de la academia de la futura policía de la ciudad es un convencido crítico de los organismos de DDHH y tenaz defensor de la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. También cuestionó la intervención de los organismos en las causas por el atentado a la AMIA, por el crimen de José Luis Cabezas y por la represión y asesinatos del 20 de diciembre de 2001. El especialista en represión es un gran crítico de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como el de la masacre de Barrios Altos de Perú -uno de los fundamentos para la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida- y el de la tortura y muerte de Walter Bulacio.
En julio de 2001 Daniel Pastor era asesor del Procurador del Tesoro Mercer e intervino en el caso Bulacio. Su estudio jurídico fue contratado por el gobierno de De la Rúa para que contestara la demanda de CORREPI contra el Estado argentino. Con la respuesta que Pastor elaboró, el gobierno de De la Rúa negó que Walter fuera torturado y que su muerte fue responsabilidad del Estado, y defendió al comisario Miguel Angel Espósito con los mismos argumentos de su defensa técnica en la causa interna.
Si cualquier nueva fuerza siempre significará más represión para el pueblo, no cabe duda de la forma en que actuarán los futuros funcionales ejecutores de la represión del Estado que salgan de una escuela dirigida por una persona que avala tales crímenes.
A tono con las políticas que viene llevando el gobierno de la ciudad -sin contradicción en la materia con el gobierno nacional-, como el arrasamiento del centro cultural en un espacio público de la Huerta Orgázmika de Caballito o el desmantelamiento de Puerto Pibes para poner una sede de la futura policía, la designación de Pastor al frente de la futura escuela no hace más que garantizar la tortura y la muerte en manos del Estado. Para esto Macri ya tiene su "Pastor Alemán" que adiestrará a los demás perros.
MENSAJE DE ADOCTRINAMIENTO DEL "GOBIERNO DE LOS DERECHOS HUMANOS" Después de la represión del pasado 17 de mayo, hoy continúan detenidos doce compañeros por razones políticas, doce detenciones que muestran el carácter necesariamente represivo del estado, y por supuesto, del gobierno actual que lo administra, para mantener el orden.
Primero, la represión abierta a quienes se manifestaban en contra del estado de Israel. Luego, el aparato judicial, utilizando figuras "antiterroristas" como "prepotencia ideológica", "asociación ilícita agravada" y otras, para mantener encerrados a los compañeros.
Pero el adoctrinamiento no termina ahí. Al estado argentino no le basta con mostrar que uno puede ser reprimido, procesado y apresado por cuestiones políticas, no le basta con mostrar que tiene a su disposición todo el aparato mediático para legitimizar la represión, y no le basta con mostrar que cuenta con el silencio de muchas organizaciones sociales y de derechos humanos que miran para otro lado.
El pasado sábado, los compañeros de la Agencia Rodolfo Walsh informaron de la situación actual de los militantes presos: "En la Cárcel de Ezeiza, la militante del FAR Viviana Segovia, fue obligada a quedarse en ropa interior ante un "masculino" con uniforme. Luego, bajo la amenaza de "conmigo no te hagás la loca" y de su resistencia a desvestirse totalmente, fue forzada por éste a bajarse la bombacha, cosa que hizo parcialmente entre lágrimas y pánico. Al igual que sus tres compañeras, estuvo dos días sin ingerir alimentos y tres sin poder bañarse ni higienizarse. Más tarde, durante un traslado que se inició a las 3 y media de la mañana, le impidieron comer lo que ella misma había preparado y se lo robaron. Al regreso -que culminó al mediodía- le dijeron que al vehículo subiría un preso "violín" y que viajaría con ella, generándole una situación de asfixia y terror durante todo el trayecto".
Si bien estas situaciones no son muy distintas a las que sufren a diario los presos comunes, lo particular en este caso es el mensaje que nos manda el "gobierno de los derechos humanos": "Al que se organiza, al que lucha, al que cuestiona al imperio, la santa democracia, las instituciones, al que saca los pies del plato, al que no se deja cooptar, miren lo que les  podemos hacer". Pues bien, recibido el mensaje, lo que mejor podemos hacer es mantener en alto las banderas y las consignas "¡contra la represión: organización y lucha!", "¡libertad a todos los presos políticos!".
AMNISTÍA INTERNACIONAL INVISIBILIZA LA REPRESIÓN EN ARGENTINA Como ya es costumbre, en su informe anual sobre violaciones a los derechos humanos en el mundo, Amnistía dedica, en el capítulo argentino, más espacio a los juicios contra militares de la última dictadura que al conjunto de la represión actual. Su trabajo está plagado de opiniones positivas para el gobierno de Cristina Kirchner, mientras calla las torturas sistemáticas que se realizan en cárceles y comisarías, los casos de "gatillo fácil" y asesinatos cometidos por integrantes de las fuerzas represivas del estado y la represión política.
El informe, basado sobre datos de 2008, sólo menciona, dos juicios por hechos de 2007: "en junio y julio se condenó a varios agentes de policía por su implicación en el homicidio injustificado de Jonathan Oros, cometido en Mendoza en enero de 2007, y en el del manifestante Carlos Fuentealba, cometido en Neuquén, en abril de 2007".
Destaca, en relación a la pena de muerte, que "en  agosto, el Senado derogó el Código de Justicia Militar de 1951, lo que comportó la abolición de la pena de muerte para todos los delitos". Pareciera que a Amnistía no le alcanzó el espacio para explayarse sobre los casi 200 casos de asesinatos cometidos por las fuerzas represivas del estado por medio del gatillo fácil y la tortura en cárceles y comisarías durante el año 2008, sobre los presos políticos o los miles de detenciones arbitrarias cotidianas.
Pero no le falta lugar para desarrollar ampliamente el estado de ocho juicios contra militares de la última dictadura o el descubrimiento de fragmentos óseos junto a un paredón de fusilamiento en el cuartel del destacamento de policía de Arana, cerca de Buenos Aires. No hay ninguna mención sobre los desaparecidos en democracia.
Dedica unas líneas a la "inseguridad", pero nada acerca de la responsabilidad de las fuerzas represivas en el control y gestión del delito organizado.
Tampoco señala que el gobierno nacional sigue sin cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso Bulacio, que exige que se eliminen las facultades policiales para detener arbitrariamente a cualquier persona, sin otra "causa" que su olfato. Mucho menos, hace referencia al dictamen de la Corte Suprema de Justicia en la que sostiene que la tortura no es un crimen de lesa humanidad cuando ocurre en democracia (el caso del comisario René Jesús Derecho).
Silencia los sistemáticos suicidios en cárceles y comisarías, y los miles de presos a los que se aplican tormentos, apenas comentando que "Se recibieron (del gobierno nacional) informes sobre las pésimas condiciones y el hacinamiento de las cárceles y los centros de detención, así como sobre las torturas y los malos tratos infligidos en estos establecimientos.
El informe de Amnistía Internacional calla la represión, los asesinatos y los desaparecidos del gobierno de Cristina Kirchner, pero sí dedica un espacio al nuevo gobierno de Estados Unidos, que habla por si mismo de lo que esta entidad entiende por Derechos Humanos "El nuevo gobierno de Estados Unidos está marcando un rumbo muy diferente al de George W. Bush en materia de derechos humanos. La decisión de Barack Obama, a las 48 horas de asumir la presidencia, de cerrar el centro de detención de Guantánamo en un plazo de un año, denunciar de forma inequívoca la tortura y poner fin a las prácticas de detención secreta de la CIA, es digna de alabanza".
De la misma forma, calla los asesinatos y las torturas en territorio norteamericano y las que aplican sus militares en distintos países de medio oriente y el mundo; el apoyo al estado terrorista de Israel, y, desde luego, no habla sobre el rechazo que dio el congreso de EEUU al no aprobar los fondos necesarios para el cierre de la cárcel de Guantánamo (en Cuba), donde se sigue torturando a miles de presos sin juicio, incomunicados y fuera del alcance de las comisiones investigadoras de derechos humanos.
REPRESIÓN EN PERÚ "Estos policías, que entregaron (...) su existencia, por abrir caminos y garantizar a las ciudades desabastecidas y sitiadas el derecho de tener alimentos y combustibles, son sin lugar a dudas, aquellos a los que hoy debemos homenajear, y no solamente a los que están muertos o heridos, sino a todos los policías del Perú enfrentados a la delincuencia, en este caso a la barbarie subversiva y sediciosa, no han dado un paso atrás, los saludamos en la inmortalidad, los saludamos en nombre de todos los peruanos y su futuro(...)".
Palabras del presidente peruano Alan García, al día siguiente de haber ordenado la represión en manos de la DirOEs, dirección de operativos especiales, provocando la masacre de aproximadamente 103 nativos jóvenes y niños, periodistas, y otros tanto heridos del pueblo de la Amazonía peruana.
El 9 de mayo García decretó "estado de emergencia" en las provincias amazónicas para profundizar el debilitamiento de los pobladores que, sin alimentos ni agua, resistían en los ríos y la ruta costera a la altura de la ciudad de Bagua desde hacía más de 50 días.
Luego de apelar a las conocidas Comisiones y Mesas de Diálogo que sólo sirven para impedir la lucha, intentando convencer a algunos dirigentes con subsidios o beneficios, la militarización fue el puntapié a la criminalización de la protesta y la masacre, en nombre de los intereses de las empresas de hidrocarburos, que se vieron beneficiadas desde el año pasado por un paquete de decretos, y ante la inminente sanción de la llamada Ley de la Selva que amenaza con la depredación de los recursos naturales y las tierras de los pueblos originarios.
Es así, que esta semana se produjo el desembarco policial disparando a diestra y siniestra desde tierra y aire por la ruta, en las casas y escuelas con armamento bélico.
El siguiente paso fue construir un "muro informativo" para evitar que se conociera la verdad de lo sucedido, difundiendo únicamente la muerte de algunos policías apedreados o muertos a manos de sus propios colegas de civil.
Asesinaron y detuvieron periodistas, impidieron a médicos y asistentes sanitarios llegar a los moribundos, trasladaron cadáveres a un cuartel militar para incinerarlos y arrojaron otra cantidad al río Marañon.
La respuesta popular, tras resistir la represión, fue rodear una estación petrolera y encerrar a grupos de policías cuando se les acababan las municiones, impidiendo la llegada de refuerzos. Así quedó la ciudad de Bagua bajo toque de queda. El dirigente Santiago Manuín fue uno de los primeros asesinados y se ordenó la captura de Alberto Pizango, como corolario de la escalada represiva de Alan García, que agradeció a su policía la masacre del pueblo que se resiste a la depredación de los intereses que tan fielmente representa.