Los partidos de la burguesía argentina tenían en agenda una estrategia simple para llegar a las legislativas del 28 de junio: la suspensión de cualquier debate político sobre la crisis capitalista y sus consecuencias, hasta después de las elecciones.

Tanto el kirchnerismo como la oposición arribaron a este acuerdo porque la explicación pública sobre el carácter de la crisis en momentos electorales, involucra en si misma una autodenuncia del régimen, de su gobierno y de sus partidos. Al final todos actúan como Menem, "si digo lo que voy a hacer no me votan".

El kirchnerismo -al que los sectores dominantes, después de la derrota infligida por el capitalismo agrario, le han perdido todo el respeto sobre su capacidad para reconstruir al Estado- conciente de las dificultades para arribar a octubre sin desintegrarse en el camino, se lanzó a la vía del "plebiscito". La idea original era la de edulcorar como una hazaña legislativa del Frente para la victoria las diferencia a favor del resultado electoral y de esa manera permitirse conservar un resto de poder y llegar al final de su mandato; pero, desahuciado por las encuestas, renunció a su apuesta inicial, al calor de la crisis política que lo inunda.

De las condiciones iniciales que dieron origen al "plebiscito" kirchnerista poco queda.

Las negociaciones por las candidaturas testimoniales con intendentes y punteros, de las que Kirchner esperaba obtener una mayoría relativa, para lo único que sirvieron es para profundizar las diferencias en el seno de los partidos del régimen y para demostrarle al electorado, con dos deditos de frente, hasta donde las maniobras en el seno de la democracia burguesa están atadas a factores de corrupción y fraude.

Una idea que se repite

El problema de fondo que el gobierno no puede resolver, y que es la única garantía para que Cristina termine su mandato, sigue siendo la estructuración de un pacto social entre el matrimonio presidencial, debilitado por su propia ineptitud, y la oposición que no está en condiciones, por ahora, de tomar el poder.

Las elecciones del 28 de junio, son el mejor recurso que las clases dominantes pudieron encontrarle al clima de confrontación que las envuelve. Desde este punto de vista, las legislativas se han transformado en "internas abiertas"; pero no de un sector, como se pretende, al denunciar al peronismo como el único responsable; sino de una clase social entera que no logra acuerdos básicos en como sostener las tasas de ganancias.

La burguesía guarda el debate sobre el rol reaccionario y antipopular de las elecciones bajo siete llaves, esperando que el voto popular le abra una carta de crédito sin límites para la aplicación de tarifazos, devaluación, despidos y congelamiento salarial.

Mejor dicho, lo guardaba.

El matrimonio y un tercero en discordia

Como a veces pasa en los matrimonios, el escamoteo de los problemas sólo es una forma ilusoria de resolverlos.

Cuando el presidente Hugo Chávez nacionalizó gran parte de la industria siderurgia venezolana, seguramente no imaginó el terremoto político que provocaría en estas pampas.

La indiscutida soberanía del gobierno venezolano para nacionalizar las empresas del grupo Techint, ha tenido un merito secundario en Argentina: politizar el debate electoral.

Toda la burguesía nacional, que compite en las elecciones, y gran parte de la burocracia sindical se han encolumnado detrás de un grupo multinacional para atacar al gobierno soberano de Venezuela.

El presidente Chávez, con sus medidas, vino a poner política donde solo había farándula. Colocó en un lugar central el debate sobre como actuar en medio de la crisis capitalista. Desnudó, que el nacionalismo de los partidos del régimen en nuestro país no supera el éxito deportivo de la selección de Maradona.

Las nacionalizaciones venezolanas han vuelto a colocar en crisis la perspectiva de un pacto social entre el kirchnerismo y la oposición; es decir han colocado en crisis toda la maniobra electoral con vistas a junio.

Un pedido cipayo a un gobierno impotente

Rápidamente la burguesía, mandante de las Carrió, los De Narváez, de los Solá y Stolbizer, salieron a pedirle garantías al kirchnerismo de que no va a nacionalizar empresas, excepto cuando estas estén en quiebra o necesitan que el estado las saneé.

El gobierno sorprendido por el cuestionamiento opositor (están locos!!!), además de plantear que no llevará adelante ninguna política de nacionalización, aclaró que luchará a brazo partido para que Techint sea indemnizada, en estos casos, como en el caso de la nacionalización de Sidor.

Cristina, que por pedido de las patronales de esta "burguesía industrial" a la que ama, presionó en su momento a su aliado bolivariano para que se indemnice por más de 1900 millones de dólares al grupo Techint por la compra de Sidor, se vuelve a proponer como abogada del grupo "nacional" que: gira los fondos a Alemania, tiene sede central en los paraísos fiscales de Luxemburgo y se enriquecido ha costa de la estafa en la obra pública argentina.

Las direcciones sindicales de la CGT que vienen agitando el fantasma de la desocupación, para lograr que los trabajadores acepten acuerdos de rebaja salarial y suspensiones que benefician a las patronales, se pronunció por boca del "más nacional" de sus dirigentes, Hugo Moyano, en contra de cualquier nacionalización y del control obrero en las empresas.

Los bancos, a los que Cristina Kirchner acusó de estar "sentados sobre la liquidez" y de no otorgar créditos, además de fugar -cosa que la presidenta no dijo- miles de millones de dólares al exterior, exigen garantías de que "nada de lo que deba ser estatal quedará en manos del estado".

Y el gobierno cede, porque ha quedado como rehén de su propia maniobra electoral.

La campaña afectada

"En plena campaña electoral, paradójicamente el momento en que un gobierno busca sumar apoyos, la política del miedo y la presión está comenzando a impactar en las organizaciones empresariales, donde se percibe un especial estado de alerta, que dificulta cada vez más la recreación del necesario clima de negocios" (La Nación; hablando de las consecuencias de las nacionalizaciones venezolanas).

El kirchnerismo esperaba un ordenamiento institucional, por la vía de las elecciones adelantadas, para descargar un paquetazo económico sobre las espaldas de los trabajadores. Dólar alto, inflación, aumento de tarifas, desocupación, restricción en los gastos sociales, es decir un ajuste clásico que permita un reingreso en las nóminas del FMI.

El chavismo cambió la agenda en la política nacional. Aunque limitada, la política de nacionalizaciones del gobierno venezolano irrumpió en la campaña electoral de junio de un modo decisivo.

Decimos limitada, porque los dineros que el presidente Chávez destina al pago de indemnizaciones, a capitalistas evasores y vaciadores, deberían estar destinados a resolver los problemas de miseria por los que atraviesa el pueblo venezolano. Aun así, Venezuela ha tenido un comportamiento soberano frente a los grupos capitalistas multinacionales.

El pacto preparado por la burguesía argentina para después del 28 de junio, una vez que se hayan contado las costillas que resultaron del sufragio, se va por el caño a partir de la discusión de medidas concretas de nacionalización de grupos multinacionales en Venezuela.

El pedido de banqueros, industriales y burócratas para que Cristina Kirchner intervenga en contra de la nacionalización de empresas en Venezuela y reivindique indemnizaciones para Techint, marca de cuerpo entero al gobierno y la oposición.

Ni burguesía, ni sus partidos y referentes, soportan el debate político que se pone en juego con cada compulsa electoral. Prefieren el ocultamiento, el escamoteo y la conspiración. Los trabajadores debemos debatir seriamente sobre esta coyuntura.