Carlos Del Frade
TMO

La falta de agua en los barrios rosarinos, la sequía de los últimos meses en la mayoría de los departamentos del centro norte de la provincia y más del 30 por ciento de las comunas y ciudades de Santa Fe sin cloacas, son las consecuencias de una política que nunca tuvo en cuenta la soberanía del estado en relación a las multinacionales que durante los años noventa se llevaron millones de dólares y dejaron un fuerte costo ecológico, sanitario y social.

Tanto el justicialismo de Carlos Reutemann y Jorge Obeid, como el socialismo de Hermes Binner han desconocido la jurisprudencia y la legislación existente en relación al saqueo que produjo La Forestal cuando decidió el cierre de sus últimos ingenios en el año 1964.

La deliberada ignorancia sobre aquellas leyes y presentaciones judiciales deja a la provincia en el umbral de pagar entre 265 y 310 millones de dólares por la demanda presentada por el Grupo Suez por supuestos daños ocasionados por haber dejado sin efecto el contrato privatizador nacido en los últimos días de la primera gestión Reutemann.

Además de la sequía, la ausencia de redes cloacales y el daño ecológico, los franceses también nos harán cargo de aquellos papeles. Para el fiscal de estado de Santa Fe, Jorge Barraguirre –ex director del área de Asuntos Internacionales del gobierno de Néstor Kirchner- la ventaja es que la cuenta quizás la pague el estado nacional. Mezquina ventaja que no alcanza a tapar la ausencia de una política en defensa de los intereses santafesinos que ya tiene una historia que las fuerzas mayoritarias se niegan a conocer.

El 10 de setiembre de 1954 fue sancionada la ley provincial que prohibía a La Forestal Argentina SA "el retiro o traslado de las instalaciones, vías o plantas industriales existentes en La Gallareta, Tartagal, Villa Ana y Villa Guillermina, sin previa autorización del Poder Ejecutivo, en las condiciones a establecerse en el decreto reglamentario de la presente ley".

La empresa debía indemnizar al estado santafesino por la explotación de los recursos naturales y humanos.

El 28 de febrero de 1963, sin embargo, La Forestal Argentina SA decidió el cierre de su último ingenio en La Gallareta (aunque el desmantelamiento se completó el 30 de setiembre de aquel año).

"Cumplido este primer paso de aniquilamiento de sus obrajes, de devastación de sus instalaciones y de despoblación de la zona, La Forestal Argentina SA, amparada por la obsecuencia de un gobierno de facto, carente por lo tanto de atribuciones constitucionales y servida por seudas comisiones de promoción y desarrollo, que a la postre no desarrollan a dar el paso decisivo con el que pretende aplastar total y definitivamente la zona de la que vino a servirse y a la que explotó, repito inicua e irracionalmente"; sostuvo el entonces diputado provincial de la democracia progresista, Anacarsis Acevedo en la sesión del 25 de octubre de aquel 1963.

En aquella sesión surgió la necesidad de "proyectar un plan de desarrollo y de reactivación económica, agrícola, ganadera y forestal de las zonas de: La Gallareta a Intiyaco y de Intiyaco a Villa Guillermina, e interesar a La Forestal Argentina SA a que tome parte activa en la ejecución de dicho plan, al que, en modo alguno, podrá permanecer ajeno el gobierno de la provincia".

Frutos de estos debates nació la ley 6212 que creaba el Instituto Agrario, "manejado y dirigido por vecinos, tuvo preponderante desempeño hasta el estallido de la denominada revolución argentina que derrocó al doctor Arturo Illia en 1966", apuntaba Acevedo.

La dictadura derogó la 6212, desobligó a La Forestal a colonizar y conminó a vender al gobierno del contralmirante Eladio Vázquez -a la sazón el titular del ejecutivo provincial santafesino- "no solo la tierra que comenzaba a trabajar por su exclusiva cuenta y riesgo sino también las 42 mil hectáreas de la estancia "Las Gamas", que La Forestal no podía vender por ley, sino en unidades de 500 hectáreas, desarticulando todo el andamiaje y subvertido el régimen de adjudicación...Todo ello fue un rotundo fracaso de lo mucho que se esperó", sostuvo Acevedo en setiembre de 1983 y agregaba que "esto no justifica diecisiete años de inercia, ni el trabajo que se tomaron otros para hacer las cosas bien, para beneficio del pueblo que había otorgado mandatos legítimos".

Las políticas de los gobiernos de Carlos Reutemann, Jorge Obeid y Hermes Binner han desconocido esta historia santafesina de lucha en defensa de sus intereses soberanos para rendirse ante los capitales franceses.

Deberían haber denunciado al Grupo Suez por incumplimiento de contrato, contaminación ambiental y exigir una necesaria indemnización por costo ecológico y social, tal como lo decían aquellas leyes contra La Forestal de 1954 y 1964.

Santa Fe es acreedor del Grupo Suez, no es su deudor.

Sin embargo no se usó esta jurisprudencia.

Nos dejaron sin agua potable, sin cloacas, con un gran costo ecológico y social y ahora esperan cobrarnos el saqueo que perpetraron.

Esto es consecuencia de una ausente política soberana en defensa de los intereses santafesinos exhibida en los gobiernos peronistas y socialistas.

Una verdadera política basada en la memoria hubiera reflotado aquellas leyes y hoy los santafesinos estarían esperando cobrar en obras o en dinero todo lo que el Grupo Suez no hizo o se llevó.

El olvido planificado juega a favor de los intereses privados.

El Grupo Suez hace y deshace porque lo dejan hacer y deshacer.

Y eso se paga en la vida cotidiana de los barrios rosarinos y los hermosos y estragados departamentos del norte santafesino.