Diego Martínez
Página 12

Víctor Enrique Rei, comandante retirado de Gendarmería, fue condenado ayer a dieciséis años de prisión por la apropiación y supresión de identidad del hijo de los desaparecidos Pedro Sandoval y Liliana Fontana. La jueza María del Carmen Roqueta, presidenta del Tribunal Oral Federal 6, destacó que robar criaturas es delito de lesa humanidad y ordenó que se investigue al represor por participar en interrogatorios bajo tortura en Campo de Mayo. Rei se fue con la cabeza gacha, escoltado por cuatro agentes del Servicio Penitenciario rumbo al penal de Marcos Paz. Minutos después, en la escalinata de Comodoro Py, Alejandro Sandoval Fontana, emocionado y con una sonrisa, se abrazó con su abuela "Chela" Deharbe de Fontana y su tía Silvia. "Hoy se cierra una puerta y se abren otras", les confesó. "Yo ya elegí: las quiero." Un centenar de familiares y compañeros de militancia de sus padres, mezclados con militantes de H.I.J.O.S., no paraba de aplaudir.

–Liliana debe estar tranquila –apuntó Chela.

–Sí, mamá debe estar con Pedro –respondió Alejandro.

La condena de ayer es la primera a partir de muestras de material genético obtenido mediante un allanamiento judicial. También es la pena más alta para un apropiador. El tribunal que también integran José Martínez Sobrino y Julio Panelo condenó a Rei por retención y ocultamiento de un menor de diez años, supresión de estado civil y falsificación de tres documentos públicos: partida de nacimiento, DNI e inscripción en el Registro Civil. Ordenó que se rectifiquen los registros y se investigue a Rei por falsear también la cédula de identidad del joven.

El tribunal encomendó al Colegio Público de Abogados que analice la violación de todas las normas de ética profesional conocidas por parte de Alejandro Macedo Rumi, quien ayer logró superar en seis años la pena a su anterior cliente condenado por robar bebés, el capitán Enrique Berthier. Finalmente, como adelantó Página/12, ordenó que se investiguen las motivaciones del subcomisario Adolfo Osvaldo Porcel para falsear el acta del allanamiento en la casa de Alejandro, en agosto de 2005, el escaso esmero de los empleados del juzgado de María Servini de Cubría para controlar la legalidad del procedimiento y le encomendó al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, que "ilustre al personal de las fuerzas de seguridad" para que respeten las reglas durante los allanamientos.

Militantes del Frente Revolucionario 17 de Octubre, Pedro y Liliana fueron secuestrados en 1977 y vistos por última vez en el centro clandestino "Club Atlético". A Liliana, de 20 años, se la llevaron el 26 de diciembre, a punto de parir a su hijo, a quien pensaba llamar Pedro. Rei, comisionado por la Dirección de Inteligencia de Gendarmería al Primer Cuerpo de Ejército, inscribió al bebé el 5 de abril de 1978. El acta de nacimiento la firmó el cardiólogo militar Julio Cáceres Monié, que también colaboró con otros ladrones de bebés. En 2006 el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand confirmó que el ADN de Alejandro es compatible en un 99,999996 por ciento con el de Fontana-Sandoval.

Durante la primera audiencia, Rei admitió el robo a su manera: "Ni en la Rusia de Stalin se juzgó a alguien treinta años después por adoptar y criar a un huérfano". No contó quién lo convirtió en huérfano ni cómo se lo apropió. Prometió hablar "sobre ese tema" luego de Alejandro. Obligado a exponer su tragedia por voluntad del victimario, el joven le dio la mano con lástima y se esforzó por ayudar "a Víctor", así lo llama. Tres semanas después, Rei pidió una audiencia especial pero no se animó a hablar. Ayer volvió a defraudar. "Sólo quiero decir que Gustavo y Alejandro son y serán los únicos amores de mi vida", dijo por la mañana. Gustavo es su hijo.

Los abogados de Abuelas, igual que el fiscal Martín Niklison, habían pedido 25 años. Igual se conformaron con 16. "La pena, seis años mayor que la de Berthier, ayuda a romper con la creencia de que no era tan malo apropiarse de un hijo de desaparecidos", explicó Luciano Hazán. "Muestra que un niño secuestrado también es víctima de desaparición forzada. Por eso es delito de lesa humanidad", agregó. "La orden de rectificar la partida y el DNI reconocen el derecho de Alejandro a recuperar su identidad", destacó Alan Iud. Nina Brugo celebró que "por primera vez un tribunal oral reconoce que la apropiación es delito de lesa humanidad".

Alejandro siguió la sentencia desde el móvil de Canal 7. Por un incidente menor el tribunal le había prohibido ingresar a la sala. "Me siento tranquilo, mucho mejor", contó a Página/12. ¿Qué implica el fallo? "Poder cerrar una puerta y abrir otras, conseguir tranquilidad", insistió. Cuando conoció a su familia "ni ellos ni yo estábamos preparados para construir una relación", dijo. ¿Y hoy? "Como toda familia", sonrió con ojos de chico travieso. "Triunfó la verdad, estoy contenta, aunque me traba no tener a mi hermana", admitió Silvia Fontana. "Hoy lo importante es que Alejandro es libre y está con nosotros. Con sus condiciones, con la vida desgraciada que le tocó, podemos verlo y podemos besarlo."