Hace 5 meses el Juzgado Nº2, en ese momento a cargo del juez Labate, intentó mandar 23 de los casi 100 casos de delitos de lesa humanidad cometidos en el Alto Valle de Rio Negro y Neuquén, a Bahía Blanca.
Con la denuncia y la manifestación pública en el tribunal, junto al repudio de víctimas y familiares en los medios de comunicación, se logró frenar esta decisión ya que el entonces candidato, y hoy integrante del superior tribunal de justicia de Neuquén, no quiso pagar ese costo.

Hoy, la nueva jueza a cargo del juzgado, intenta omitir y desestimar las razones que obligaron al juez a dictarse competente para seguir investigando esas causas acá. Al declararse incompetente, la jueza Margarita de Argüelles, lo que hace es mandar al olvido y a la impunidad más absoluta las causas de est@s compañer@s.

Más grave aún, ya que de esta justicia garantista de impunidad no esperamos nada, es que la APDH Neuquén, avale esta decisión, diciendo que como fueron vistos por última vez en el centro clandestino de detención de Bahía Blanca, deben ser investigados allá. marcar la incongruencia jurídica de la posición tomada por la jueza y la APDH.
Es mentira que los delitos deben ser investigados en el último lugar de detención, lo que determina el código penal y así lo señala la apelación de fiscalía, es que deben ser investigados en el lugar donde se produjo el delito más grave, y éste se produjo en Neuquén y Río Negro, ya que fueron secuestrados en esta zona, llevados a distintos campos de concentración, torturados (al no imputar por genocidio, éste pasa a ser el delito más grave); y, posteriormente, llevados al centro clandestino de detención "la escuelita" de Bahía Blanca. Muchos de estos compañeros y compañeras, así también el bebe´de Graciela Mets permanecen desaparecidos.
Los argumentos de aquellos que acuerdan con llevar estas causas a Bahía, se sustentan en la desgraciada hipótesis de que allá la tortura fue más grave, como si alguien pudiera preguntarle a las víctimas donde sufrió más
También creemos que funcionan con la lógica de las anuladas leyes de obediencia debida y punto final intentando investigar y juzgar sólo a los máximos responsables del genocidio. Un claro ejemplo de esto fue el juicio que se desarrolló el año pasado en Neuquén.
Posiciones y acuerdos como estos dieron por resultado la selección arbitraria de víctimas, la negación del genocidio, el ocultamiento de la militancia de las víctimas, la no investigación de otras fuerzas y una condena de 7 años a uno de los máximos responsables del genocidio en el Alto Valle.

En el año 2006, en un viaje que realizaron referentes de la APDH junto a algunas víctimas, el mismo fiscal de Bahía Blanca, Hugo Cañón, desestimó la posibilidad de que estas causas fueran remitidas a esa ciudad y dio cuenta de la clase de personajes, amigos de los genocidas, que están al frente de dicho juzgado incluyendo al Juez Alcindo Álvarez Canale. Al conocer esta situación, también las víctimas que realizaron este viaje se manifestaron en contra de que sus causas se juzguen allá.

No necesitamos argumentos legales para decir lo que pensamos, estos compañeros son y fueron de la zona, fueron secuestrados y torturados en la zona, y luego llevados a Bahía Blanca. Sus familiares y las organizaciones que los acompañamos,, somos de la zona.
Los genocidas que los secuestraron y torturaron, fueron grupos que operaron en esta zona, y varios de ellos viven impunemente libres en nuestras ciudades.
La investigación y el juicio debe desarrollarse en esta zona.
Si hay que trasladar a alguien que sea a los genocidas responsables de Bahia Blanca y no a nuestros compañer@s.
No queremos pequeños juicios a las juntas, como sucedió en Neuquen el año pasado, queremos juicios ya! contra TODOS los responsables y por TODOS los compañer@s.
Por las y los compañeras/os desaparecidos
NO al traslado de parte de la causa a Bahía Blanca!