Diego Martínez
Página12

Hace treinta años se destacaron como interrogadores en centros clandestinos del Primer Cuerpo de Ejército. Cuando el juez federal Daniel Rafecas ordenó sus detenciones, ambos decidieron fugarse. El viernes Juan Máximo Copteleza se cansó de jugar a las escondidas y se entregó en la mesa de entradas del juzgado. Pedro Santiago Godoy no se resignó, burló con éxito a la Justicia durante más de cuarenta meses, hasta que el jueves pasado Interpol lo detuvo mientras caminaba con un familiar. Ambos se negaron a declarar y ya pasan sus días en cárceles comunes.
Oficial de inteligencia de la Policía Federal, Godoy tenía orden de detención desde octubre de 2005. Los sobrevivientes de los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo lo recuerdan como "Calculín" por su parecido con el dibujo animado. Entonces tenía alrededor de cuarenta años, era de estatura media, cojo, pocos pelos, dentadura saliente, anteojos gruesos. Su presencia, junto a la de Julio Simón, el condenado "Turco Julián", era una fija en las sesiones de tortura. Un ex cautivo de El Banco destacó su frialdad como interrogador: pasaba lista por la mañana para controlar que estuvieran todos, les daba mate cocido y luego los sacaba para torturarlos. Mario Villani recordó su "singular obsesión" por Pirí Lugones, nieta del escritor e hija del torturador. Calculín ya está alojado en el penal de Marcos Paz.
En junio pasado Rafecas elevó a juicio la causa que se conoce como "ABO" (por Atlético-Banco-Olimpo) y que hasta el momento incluye a Simón, Raúl Guglielmine-tti, Samuel Miara, Oscar Rolón, Raúl González, Eduardo Kalinek, Juan Carlos Falcón, Luis Juan Donocik, Eufemio Uballes, Roberto Antonio Rosa, Eugenio Pereyra Apestegui, Guillermo Cardozo y Juan Carlos Avena. Tras la reasignación de expedientes abarrotados en el Tribunal Oral Federal 5 que realizó la Cámara Nacional de Casación Penal, el juicio a las patotas de la Policía Federal recayó en el Tribunal Oral Federal 2.
Copteleza era personal civil de la Fuerza Aérea y conducía interrogatorios bajo tortura a médicos y enfermeras en El Chalet, que funcionó en la residencia del director del Hospital Posadas, en Haedo, durante la última dictadura. Era segundo jefe del grupo de tareas "Swat", que se instaló en el policlínico por orden del general Reynaldo Bignone, con la misión de proteger el lugar de "resentidos, disociadores y subversivos". Una sobreviviente que pasó por sus manos declaró en la causa que Copteleza le clavó "un atizador en el pecho, mientras cantaba la marcha de San Lorenzo y gritaba ‘para los enemigos ni justicia’". El juez ordenó su detención a fines de 2007 y, ante la evidente voluntad de esconderse, pidió su captura. "Con los teléfonos intervenidos y vigilancia en los lugares que solía frecuentar, se vio cercado y, al ver que el seguimiento no cesaba, se entregó", evaluó una fuente de la investigación.
Rafecas elevó la causa Hospital Posadas a juicio en diciembre. Hasta ahora en el banquillo hay cinco acusados, encabezados por el dictador Bignone. Tras la reasignación de causas que ordenó Casación, el juicio quedó radicado en el TOF-3, donde tramita la causa que juzga a los imputados por las coimas en el affaire IBM-Banco Nación. Gracias a sus 64 años y a las evidencias sobre su voluntad de no colaborar con la Justicia, Copteleza fue enviado al penal de Marcos Paz.
En la causa Primer Cuerpo continúan prófugos el policía Eduardo Angel Cruz, el penitenciario Néstor Roberto Cendón, el gendarme Juan Miguel Méndez y el coronel retirado Luis Enrique Baraldini. A fines de 2003, cuando Rafecas ordenó detenerlo por su actuación como jefe de policía en La Pampa, el ex carapintada indultado por Eduardo Duhalde se escondió en Bolivia, donde había sido agregado militar en los ’80. Según investigó el diario La Arena, se hizo llamar Luis Pellegri y se radicó en Santa Cruz de la Sierra, donde abrió un centro de equitación. Igual que en el caso del capitán Roberto Guillermo Bravo, fusilador de la Masacre de Trelew radicado en Miami, las exigencias burocráticas de los Estados que eligieron como segundo hogar les permiten continuar impunes.