Entre noviembre y diciembre de 2008, en el marco de la crisis financiera
internacional, se han perdido 47.000 puestos de trabajo y otros 14.700 empleos
estuvieron en riesgo.
De acuerdo a los datos del Observatorio Jurídico de la CTA, en noviembre y
diciembre teniendo como fuente medios alternativos de prensa y otros oficiales,
se han perdido 47.000 puestos de trabajo.
En esos dos meses los datos de la cartera laboral también muestran que hubo
14.700 empleos en riesgo ya sea por propuestas de despido, o suspensiones, y
modificaciones de condiciones de trabajo.
De enero de este año ya hay cifras oficiales del Ministerio de Trabajo de
procedimientos de crisis, y fueron 8.700 puestos que se propusieron
modificaciones.
A fines de febrero la CTA dará a conocer un informe con las cifras actualizadas.
En las próximas negociaciones paritarias, la postura de la CTA sigue siendo un
piso de 25 por ciento de incremento salarial, porcentaje tomado de la inflación
en los productos alimentarios.
El ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, ha fracasado en la
estrategia de reducir el empleo en negro y mejorar el poder adquisitivo de los
trabajadores.
En diciembre, el 50 por ciento de los asalariados registrados y no registrados
ganaba menos de 1.500 pesos, mientras que el empleo informal se redujo sólo 7
por ciento en seis años.
Lo que está haciendo el Gobierno respecto al empleo es muy débil, por ello
insistimos en la propuesta de la CTA de prohibir despidos en tanto la empresa no
pueda probar que la crisis está poniendo en peligro su continuidad.
Si no lo prueba, tiene que seguir empleando, porque hay una situación de
emergencia. La crisis se va a agravar porque no existen dos economías, una en
negro y otra en blanco, sino que se relacionan.
Por eso, lo que se está produciendo en el empleo precario en algún momento se va
a reproducir en el empleo formal, que hasta ahora el gobierno se había ocupado
de que no trascendiera, que la sangre no llegue al río.
Si comparamos anuncios de las empresas a través de medios de difusión con las
cifras oficiales de procedimiento de crisis, se ve claramente que es muy pequeño
el sector sindicalizado que sigue el procedimiento de crisis. La mayoría de los
casos se produce informalmente y las pérdidas de los puestos de trabajo no
siguen el procedimiento legal.
La acción del gobierno está más dirigida al empleo en el corazón de fábricas.
Son más criterios de gobernabilidad política que de preservación del empleo,
pero la realidad es que las medidas adoptadas no permiten determinar todavía si
hay o no vocación de intervención en la preservación de los empleos.
Resulta imperioso preservar el mercado interno y alentar las obras públicas que
no vemos que lo hagan con la celeridad que requiere la crisis.
El pedido de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que las empresas
que ganaron mucho antes, ahora sean solidarias ante la crisis, denota una noción
muy infantil del capitalismo, porque el dinero que se incorpora como renta, no
vuelve.
Como queda expuesto, sobran las señales de alarma referidas al riesgo real e
inminente al que están expuestos los niveles de empleo debido a la crisis
económica y financiera y, por lo tanto, urge la necesidad de aplicar políticas
públicas protectorias y efectivas para que los trabajadores no terminen pagando
sus consecuencias.
Horacio Meguira es Director del Departamento Jurídico de la CTA.
