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Argentina, la
lucha continua....
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El "efecto Podlech" hace de Chile, Argentinay Uruguay una gran prisión de "extraditables"
Ernesto Carmona
http://www.argenpress.info/
Un tribunal italiano negó de nuevo el 6 de febrero la libertad solicitada por la
defensa del ex fiscal militar de la provincia de Cautín, llamado "El Pinochet
chico de Temuco", ciudad que está 700 km al sur de Santiago. El abogado Alfonso
Podlech Michaud vivía en Chile en impunidad e incluso era una autoridad local
por ser miembro del Tribunal Calificador de Elecciones de Temuco, el sistema del
Estado que garantiza las elecciones democráticas. Llevaba una vida "normal",
como una "persona respetable", pero en vez de pasar sus vacaciones en algún
lugar de Chile, eligió viajar a Europa, sin sospechar que allí estaba encargado
por homicidio, el mismo error que cometió Augusto Pinochet cuando se fue de
paseo a Londres en 1998.
Quienes cometieron asesinatos o desapariciones en Chile y otros países de Sur
América no podrán seguir desplazándose a su antojo por el mundo porque les
podría guardar el mismo destino que a este ex fiscal militar chileno, detenido
el 27 de julio 2008 en el aeropuerto madrileño de Barajas, mientras disfrutaba
vacaciones en Europa. Podlech fue extraditado a Italia el 13 de agosto 2007 y
ahora, en vez de alojarse en un confortable, hotel está tras las rejas,
procesado por el fiscal Giancarlo Capaldo por homicidio y secuestro del
desaparecido ex sacerdote ítalo-chileno Omar Venturelli Leonelli, visto por
última vez en Temuco en octubre de 1973.
Podlech cayó preso en España porque su nombre apareció entre 140 órdenes de
arresto y extradición emitidas por la justicia de Italia en 2007, por la
desaparición en Sur América de 25 ciudadanos de origen italiano. La justicia que
jamás se impartió en Chile respecto a este ex fiscal militar actuó en España e
Italia. Las 140 órdenes configuran una suerte de lista de criminales de la
"Operación Cóndor" impunes de Chile, Argentina y Uruguay, parecida a la nómina
de 39 "extraditables" chilenos que por decisión del juez español Baltasar Garzón
no pueden abandonar el país desde hace 10 años por su responsabilidad en
crímenes de lesa humanidad. Podlech ha sido el único apresado entre los 140 de
la lista, debido a la escasa cooperación de los países suramericanos con los
tribunales italianos.
Medio centenar de activistas chilenos de derechos humanos y familiares de las
víctimas se propusieron, entre otras tareas, difundir ampliamente esta noticia,
entre otros temas nunca acogido por la gran prensa mundial ni local, tras
participar en el encuentro "Juicio y Castigo a Podlech", efectuado el 7 de
febrero en Roma. Así lo informó el periodista Marcelo Henríquez Kries, hijo de
otra víctima de Podlech, el médico Hernán Henríquez Aravena, cuya esposa –Ruth
Kríes1– lo vio por última vez cuando se lo llevaron de su hogar el 24
de septiembre de 1973.
Los activistas chilenos, provenientes de su país, Italia y diversas otras
naciones –como España, Suiza, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica y
Canadá–, fueron convocados en la capital italiana por Jeremías Levinao, Ruth
Kries y Fresia Cea, todos familiares de ciudadanos asesinados o desaparecidos
por la acción de Podlech cuando era fiscal militar en Temuco en 1973, bajo la
dictadura de Pinochet.
Casos de ítalo-descendientes
El fiscal Capaldo investiga también otras desapariciones y muertes de italianos
en los años 70 y 80 en Sur América. Entre otros juicios, investiga la
desaparición en Chile de Juan Bosco Maino Canales, Juan José Montiglio Murúa y
Jaime Patricio Donato Avendaño. Y concluyó otros procesos contra militares
argentinos condenados en rebeldía por no presentarse.
El fiscal indaga las desapariciones de ítalo-descendientes desde fines de los
años 90, justo cuando los nuevos gobiernos de los países que habían sufrido
dictaduras impusieron leyes de amnistía, obediencia debida y punto final. Desde
1999 conoció los casos de los ítalo-uruguayos Daniel Banfi, asesinado en 1974;
Bernardo Arnone, Gerardo Gatti y Juan Pablo Recagno, desaparecidos en 1976; y
Andrés Bellizzi, desaparecido en 1977. Capaldo viajó a Argentina y Uruguay en
2002, pero no obtuvo apoyo de los gobiernos.
La lista de extraditables incluye al ex comandante en jefe de la marina
argentina Emilio Massera, quien también está en la mira del Fiscal, pero lo
protege una pretendida mala salud mental similar a "demencia subcortical leve"
que le inventaron en Chile a Pinochet. Sin embargo, los galenos que han viajado
desde Italia a examinarlo tienen otra opinión. Sometido de nuevo a una última
pericia por el médico italiano Piero Rocchini el ex almirante fue declarado
"plenamente en condiciones de ser sometido a juicio", según el diario Página/12
del 3 de febrero. En cambio, el Cuerpo Médico Forense argentino sostiene que el
dictador es insano e inimputable y ese "diagnostico" es compartido por los
tribunales. La jueza María Servini de Cubría lo declaró "insano" y la Corte
Suprema avaló que es "incapaz" de enfrentar un proceso penal. Los procesos en su
contra fueron suspendidos en Argentina en 2005, después que una junta médica
dictaminó "involución mental" por efecto de un derrame cerebral que habría
ocurrido en diciembre de 2002.
Los tribunales italianos aguardan también la extradición del ex militar uruguayo
Antranig Ohannessian, detenido en marzo 2008 en el aeropuerto de Buenos Aires,
acusado del secuestro y asesinato de cuatro ciudadanos italianos, pero el fiscal
Capaldo explicó que aún no ha recibido respuesta de las autoridades argentinas.
Encuentro chileno en Roma
La justicia italiana rechazó en dos ocasiones la excarcelación de Podlech, quien
permanece en la prisión romana de Rebbibia. Durante una reunión con los
familiares de las víctimas, el abogado querellante Giancarlo Maniga, explicó que
si Podlech apela de nuevo para seguir obstruyendo el juicio que debió comenzar
en enero, estaría prolongando un proceso judicial que en Italia puede tener
larga duración.
Maniga explicó que el homicidio agravado con secuestro es un delito que en
Italia no prescribe y amerita cadena perpetua. Para el jurista, Podlech está en
"custodia cautelar" por un delito grave que requiere una condena definitiva,
aunque tiene aún posibilidad de apelar ante el tribunal superior de Casazione.
Y si el tribunal confirmara su custodia, su caso sería separado de los 140
investigados de la Operación Cóndor y sería sometido de inmediato a juicio,
explicó Maniga. Los familiares aplaudieron al jurista y expresaron su
satisfacción, relató el periodista Henríquez.
La defensa de Podlech podría pedir un "juicio abreviado" sobre la base de los
documentos ya presentados en el caso, bloqueando la llegada de más pruebas.
También sus abogados podrían inventar una enfermedad grave para liberarlo,
solicitando arresto domiciliario o en un hospital, pero tiene que someterse al
juicio, sea abreviado o no.
Cuando le preguntaron al abogado Maniga ¿cómo apoyar el proceso? respondió que
dándolo a conocer a la opinión pública y presentando nuevos testimonios ante el
fiscal. Desde que el 9 de febrero se cerró el sumario con los testimonios del
caso Venturelli, la justicia puede abrir un nuevo cuaderno con testimonios sobre
otros asesinatos de Podlech en la Araucanía, cuando esa región estuvo sometida a
su jurisdicción.
"Nosotros ya no somos víctimas y no tenemos miedo", dijo Ricardo Parvex, de la
Asociación de ex Presos Políticos en Francia, al sintetizar el sentimiento del
grupo. "Ahora son ellos quienes tienen miedo de enfrentarse a su pasado a la
hora de rendir cuentas ante la justicia. Por eso han perdido las ganas de salir
de vacaciones al exterior. En vez de un confortable hotel cinco estrellas, les
podría estar aguardando una solitaria celda en alguna cárcel. Chile mismo es
ahora una gran prisión para varias decenas de criminales, cuyas
responsabilidades están siendo investigadas por la justicia en Francia, España e
Italia", añadió.
El juicio a Podlech fue sólo uno de los objetivos del encuentro de familiares y
activistas en Roma, aunque tal vez el más urgente, explicó Henríquez. Los fallos
definitivos dictados en los últimos tres años por la Corte Suprema de Chile han
garantizado la impunidad al rebajar sustancialmente las condenas de primera y
segunda instancia a criminales, como ocurrió el 4 de febrero en el caso del
dirigente del MIR Jécar Antonio Neghme Cristi, asesinado en Santiago el 4 de
septiembre de 1989, la misma noche en que se proclamó la candidatura
presidencial de Patricio Aylwin. El máximo tribunal chileno rebajó por
unanimidad las condenas de sus asesinos otorgándoles libertad inmediata.
Los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Carlos Künsemüller y los
abogados integrantes Juan Carlos Cárcamo y Oscar Herrera condenaron a 5 años de
"libertad vigilada" al brigadier Enrique Leddy Araneda y a "penas remitidas" de
3 años al coronel Pedro Javier Guzmán Olivares y al capitán Luis Arturo Sanhueza
Ross; a la misma "pena", pero por 2 años, al coronel Jaime Eduardo Norambuena
Aguilar y al capitán Silvio Corsini Escárate, y por 541días al mayor Manuel
Allende Tello, en tanto el general Gustavo Abarzúa Rivadeneira quedó exento de
condena. (Los "supremos" Segura y Ballesteros fueron designados por el gobierno
del socialista Ricardo Lagos y suelen dejar en libertad a los asesinos invocando
como "atenuante" su pertenencia a las Fuerzas Armadas).
El caso Neghme y otros
También concurrió al encuentro de Roma la abogada de derechos humanos Farah
Neghme Cristi, hermana de Jécar e hija de Jécar Neghme Cornejo, dirigente
socialista de la salud asesinado el 26 de octubre de 1973 por militares del
regimiento Tucapel de Temuco. La abogada "hibernó" un juicio que tiene en Chile
contra Podlech, a quien responsabiliza de la muerte de su padre, para impedir
que esta causa sea invocada por los abogados italianos del ex fiscal militar
como pretexto para enviarlo a Chile, donde tendría garantizada la impunidad. La
desaparición de Neghme ocurrió simultáneamente con la del Dr. Hernán Henríquez y
Alejandro Flores. También viajaron a prestar testimonio desde Temuco Víctor
Gavilán y Germán Carrasco. Tampoco se ha hecho justicia en las desapariciones de
Arturo Hillens y Jaime Eltit Spidman, abogado de Tucapel, donde también ejercía
su poder Podlech.
Los familiares de las víctimas también cuestionan la política de
derechos humanos de la Concertación por la Democracia. Estiman que en 19 años de
gobierno, esa coalición ha fortalecido la impunidad en Chile. "Ni siquiera tuvo
voluntad política de eliminar los beneficios que otorga la Ley de Amnistía a los
criminales de la dictadura cuando tuvo mayoría en ambas cámaras del parlamento,
al comienzo del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet", dijo Henríquez.
"Debemos luchar contra el esfuerzo sistemático de las autoridades para que nos
olvidemos y por tanto no se haga nada para juzgar a los culpables", dijo José
Venturelli, hijo del ex sacerdote italiano.
Las familias de las víctimas de Podlech que residen en el exterior desean
revertir la entristecedora realidad respecto a sus seres queridos, pues sienten
que también tienen un puesto de trabajo en esa tarea. Fresia Cea, viuda del
desaparecido ex sacerdote Venturelli, apeló a la memoria afectiva de los
familiares, amigos y compañeros políticos de las víctimas, exhortándoles a que
aporten sus testimonios y contribuyan así al avance de los juicios, informó
Henríquez.
En la llamada región de la Araucanía todavía existe colusión entre la oligarquía
y los uniformados locales. Ésta fue una de las zonas del país que más sufrió la
represión militarizada sistémica que impuso la dictadura, un hecho que suele
pasar desapercibido en Chile. El concubinato regional oligárquico-castrense
actuó violentamente contra las organizaciones mapuches y campesinas que
fueron beneficiadas por la reforma agraria del gobierno de Salvador Allende, que
devolvió a sus comunidades miles de hectáreas que habían sido usurpadas durante
décadas por los latifundistas de la región. "En ese contexto de venganza
apareció el abogado Podlech para ofrecer sus servicios a los militares y
coordinar las acciones de la Fiscalía Militar de Cautín y revestir de carácter
"legal" la política de exterminio de dirigentes sociales y políticos del
movimiento popular regional", explicó Henríquez.
Acciones llamativas por la "visibilidad"
Roberto Vásquez, chileno residente en el Reino Unido y participante del proyecto
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