Dar�o Aranda
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La ruta nacional 86 es un ancho camino de tierra en el norte de Salta. Comienza en Tartagal y �170 kil�metros despu�s� finaliza en la frontera con Paraguay. Monte nativo, �rboles a�ejos y pobladores originarios sobreviven a ambos lados de la ruta. Es la zona m�s preciada por los grupos sojeros y madereros, que pugnan por ingresar, deforestar y obtener ganancias. La defensa del monte nativo no la realiza ning�n gobierno, sino las comunidades wich� que resisten a base de acci�n directa: piquetes, cortar alambres, frenar topadoras y enfrentar gendarmes. En diciembre pasado tuvieron un aliado circunstancial: la Corte Suprema de Justicia orden� el cese de los desmontes autorizados en el �ltimo trimestre de 2007 y fij� fecha para una audiencia de las partes. Hoy ser� ese momento, cuando escuchar� a las comunidades y tambi�n a la provincia y el gobierno nacional, que deber�n explicar por qu� se contin�a arrasando territorio ind�gena. Los referentes ind�genas muestran expectativa y escepticismo, en partes iguales. Y reina una certeza: "La cuesti�n de fondo es la tierra, no el desmonte".

La lucha por la tierra

Las brasas hierven el agua y el mate no comienza. Una ronda de personas, miradas perdidas y silencios inc�modos confirman que los wich� son de los originarios m�s retra�dos. Largos minutos de explicar el fin de la entrevista, pero cuesta lograr confianza. "Los periodistas trabajan para el Gobierno y los sojeros y madereros. Los endulzan (dan dinero) y ya opinan a favor del poderoso", dispara Antonio Cabana, referente de las luchas en la regi�n, wich� que no ha podido ser dominado por pol�ticos, iglesias �muy fuertes en la regi�n� ni ONG (acusadas de manejar asistencia como si fueran peque�os estados).

Aclarado y justificado el recelo, Cabana admite la importancia de que la Justicia frene las topadoras, pero corre por izquierda a todos los preocupados s�lo por la deforestaci�n. "Ya hay leyes que dicen parar topadoras y reconocer nuestra tierra. Pero el mismo blanco que las escribe, un poco despu�s las borra. As� el desmonte no para y nosotros seguimos sin tierra. Eso, anote eso, la tierra es lo importante, despu�s viene el desmonte. Si no tengo tierra, no puedo frenar la topadora. Es f�cil de entender �no?"

A la vera de la ruta 86, y sobre la cuenca del r�o Itiyuro, viven ancestralmente quince comunidades, unas 2500 personas que habitan y obtienen sus alimentos de las 150 mil hect�reas linderas. Desde hace d�cadas reclaman t�tulos de propiedad, pero son deso�das sistem�ticamente. Siguen practicando la caza, recolecci�n y siembra estacional, su forma de vida ancestral.
Rafael Monta�a trabaja hace diez a�os junto a las comunidades de la zona y es representante del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Ind�genas (Iwgia) en Salta. "Se repite la historia de todo el norte del pa�s. Los sojeros avanzan sobre tierras de paisanos (ind�genas). Hay actores muy fuertes: sojeros, madereros, pol�ticos y jueces. Ni con el reciente fallo de la Corte se frenaron un poco, siguieron desmontando como si nada. Ya ingresaron a algunas zonas, pero que no hayan entrado a toda la regi�n tiene una sola explicaci�n: los paisanos ponen el cuerpo y no se la hacen f�cil."

La exigencia de las comunidades m�s duras (Kil�metro 6 y Tonono) es clara: la titularidad de las 20 mil hect�reas en las que viven. "Y no vamos a dejar que nos corran. En nuestro derecho. Estamos jugados", advierte Lorenzo.

John Palmer, antrop�logo ingl�s con treinta a�os en Tartagal, es el apoderado de la comunidad Hoktek T�oi, en el kil�metro 18 de la ruta 86. No comparte los m�todos de Cabana y Lorenzo, pero s� los males que sufren. "El �rea de la ruta 86 es codiciada por los productores sojeros. Si no se frena su avanzada, son hect�reas condenadas al monocultivo", lamenta.

En Hip�lito Yrigoyen, departamento de Or�n, la comunidad guaran� Estaci�n El Tabacal mantiene un conflicto desde hace seis a�os con el ingenio azucarero San Mart�n El Tabacal. Mara Puntano es una hist�rica abogada de derechos humanos, organizaciones de desocupados y pueblos ind�genas. "En Salta seguimos como en �poca de la Colonia. Empresas de maderas, soja o petroleras entran a territorios ind�genas y hacen lo que quieren. Son un gobierno paralelo. Y siempre con venia pol�tica."

Las comunidades son conscientes de que, de abandonar su tierra, el �nico camino ser� su traslado a las m�rgenes de las grandes ciudades, lo que significa un choque para su forma de vida. "Hay mujeres del monte que nunca en su vida vinieron al pueblo. Imagine lo que les espera si las echan de su tierra. Queremos lo nuestro, no vamos a ir a mendigar al pueblo", explic� Oscar Lorenzo, tambi�n cacique y wich� de la ruta 86, sobre el kil�metro 6. Y por eso se explican las acciones directas, noches cortando kil�metros de alambres y postes sojeros, y d�as enteros frenando topadoras (hasta que �stas se retiran de las tierras ancestrales).

Una causa compleja

La Corte Suprema de Justicia orden� en diciembre �ltimo, por pedido de siete comunidades ind�genas y una organizaci�n de peque�os productores, el cese de desmontes en los departamentos salte�os de San Mart�n, Or�n, Rivadavia y Santa Victoria. Todas las comunidades ind�genas reconocen la importancia de la intervenci�n de la Corte Suprema, pero tambi�n explicitan sus matices.

"Ser� importante que la Justicia frene para siempre a los empresarios, pero m�s importante es que nos deje hablar por nosotros mismos, sin pol�ticos ni iglesias ni ONG ni universidades en el medio. Ellos siempre nos usan", acusa Cabana, y deja al descubierto el rol paternalista del que son acusadas las instituciones tradicionales del lugar. Quieren estar presentes, pero el costo del viaje le hace imposible concurrir.

Mara Puntano explica que la Corte solicit� que se unificara la demanda en una sola personer�a jur�dica (de las ocho que presentaron), lo cual implicar�a que las m�s fuertes (seg�n Puntano, las m�s "paternalistas") har�n prevalecer sus voces. "Hay un grave riesgo de dejar fuera de la audiencia a las comunidades de base. Los que pelean en el d�a a d�a ser�n deso�dos", advirti� Puntano, que reconoce el papel del Supremo Tribunal, pero tambi�n sus limitantes: "El mundo ind�gena es muy complejo. Nadie puede entender su envergadura sin visitar las zonas y escuchar la gran multiplicidad de voces".

Palmer agrega otra cuesti�n conflictiva: la tala de �rboles. Los wich� son un pueblo hachero desde que fueron introducidos, por la fuerza, al mercado laboral. Manejan el hacha con gran habilidad, desde temprana edad son empleados (siempre a muy bajo precio) por las madereras de la zona. En algunos casos tambi�n usan la madera como un recurso econ�mico (aunque en mucho menor medida que las grandes empresas). "Todas las comunidades rechazan el desmonte (cuando pasan las topadoras y dejan tierra arrasada), pero no as� la tala, que en muchos casos es una fuente de ingresos. Si la Corte quiere prohibir la tala, los wich� no acompa�ar�n de forma un�nime", advirti� el antrop�logo.

Seg�n el Convenio 169 de la OIT (legislaci�n internacional ind�gena) y la Constituci�n, los pueblos ind�genas deben ser part�cipes en las decisiones que implican sus recursos naturales. Traducido: ni siquiera la Corte Suprema puede decidir de forma unilateral sobre sus bosques.

Luego de dos horas de entrevista, el cacique Cabana ya entr� en confianza, convida mate y la charla se ha vuelto amable, pero no cede ni un cent�metro: "La ruta 86 es territorio ind�gena. Si viene la topadora, aunque se los permita la Corte Suprema, no la dejaremos pasar. Sabemos que el alambre es sufrimiento. Le pondremos nuestro lomo, seguiremos peleando. Y correr� sangre".