La candidatura presidencial de Carlos Reutemann fue criticada por la seccional
Rosario de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Su secretario adjunto,
Gustavo Martínez, recordó que "Santa Fe fue la provincia con mayor cantidad de
víctimas fatales durante la represión de diciembre del 2001", y que "aún nadie
ha rendido cuentas por los 23 muertos en la inundación" de abril de 2003 en la
ciudad capital, cuando el Lole era gobernador.
El dirigente aseveró: "«Yo no sabía», dice el senador ante la inundación. «No di
orden de matar a nadie» en diciembre del 2001, argumenta. El Poncio Piloto (sic)
santafesino podrá repetir esas vaguedades hasta el cansancio, pero ninguna
palabra cambiará ya la historia y la realidad, que los muertos viven y sus voces
se multiplican".
Martínez, también integrante de la Comisión Investigadora No Gubernamental de la
Masacre de Diciembre de 2001, se preguntó "¿qué gobernante argentino en
democracia armó su gabinete con ejecutores del genocidio en áreas clave como
Seguridad y Economía?". Remarcó que "Reutemann gobernó dos veces la provincia, y
sólo hubo un ministro de Hacienda: el contador Juan Carlos Mercier, que contaba
como antecedente el haber sido secretario de Hacienda de la dictadura".
Destacó que los secretarios de Seguridad del Lole fueron "el teniente coronel
(Rodolfo) Riegé, responsable de 40 desapariciones forzadas de personas, y
Enrique Alvarez, quien formó y forma parte de la Side desde marzo de 1976".
Martínez hizo suya la frase de Rubén Naranjo quien escribió hace 15 años que "Reutemann
tiene predilección por los genocidas".
(Fuente: Diario La Capital, martes 13 de enero de 2009).
La dulce década en el extremo norte santafesino
El supuesto enriquecimiento ilícito del ya fallecido senador nacional Jorge
Massat es la expresión política individual del neofeudalismo de fin de milenio
que se viene practicando con la gente del departamento General Obligado desde
hace una década.
Los mismos diez años que le sonrieron a Carlos Menem, Carlos Reutemann y al
propio Massat, se pueden medir en casi cincuenta millones de dólares que pasaron
a través del Ingenio Arno, la mayor fuente de mano de obra del norte profundo
santafesino.
Dinero que, en la mayoría de los casos, fue tramitado por la dupla Reutemann -
Massat, estableciendo no solamente una sociedad política sino económica, más
allá de lo que diga o se niegue a aclarar el gobernador santafesino.
Los 17 millones de pesos que el ex senador nacional nunca explicó cómo se
generaron en los mismos tres años en los que fue presidente de la estratégica
Comisión Bicameral de Seguimiento de la Reforma del Estado y Privatizaciones,
forman parte de las repetidas promesas de empleo para los obreros del surco, los
empleados del Arno y la reactivación para los productores de la región.
Desde 1991 hasta principios del tercer milenio, subsidios, reducción de aportes
patronales, compras anticipadas de cosechas, cancelación de deudas varias,
créditos otorgados por el Banco Provincial de Santa Fe declarados como perdidos,
aportes del tesoro nacional, son las distintas máscaras detrás de las cuales se
blanquearon millones de pesos que supuestamente debían ir hacia la gente y que
hasta ahora no se sabe dónde terminaron.
En todos los casos, Reutemann y Massat actuaron en forma conjunta. Y en forma
paralela, centenares de familias de Villa Ocampo y del departamento General
Obligado, empeoraron sus existencias.
De los 18 mil habitantes que viven en la ciudad, hay mil chicos con distintas
discapacidades. Según el propio ejecutivo municipal, de extracción peronista, la
causa es la desnutrición que sufrieron sus madres. Las que los gestaron en la
dulce década del noventa en la que la dupla Reutemann - Massat consiguieron más
de 50 millones de dólares para esa misma gente. Herederos del saqueo
medioambiental y social que produjo La Forestal.
Santafesinos ilustres
Liliana Gurdulich de Correa y Jorge Massat, como ex presidentes de la Comisión
Bicameral de Reforma del Estado y de Seguimiento de las Privatizaciones,
convalidaron el 78 por ciento de las renegociaciones de las concesiones que hizo
el estado nacional entre 1990 y 1999.
De los 161 dictámenes que se concretaron en la década, los dos legisladores
santafesinos convalidaron 125.
El rol de ambos santafesinos será discutido en las próximas sesiones del senado
nacional en su desesperada búsqueda por recuperar credibilidad social.
Los detalles del trabajo de ambos santafesinos muestra algunas diferencias. La
señora Gurdulich, por ejemplo, se mostró muy complaciente a la hora de las
privatizaciones de los servicios de gas en las provincias; mientras que Massat
no tuvo inconvenientes a la hora del aumento de los peajes, las renegociaciones
por el transporte ferroviario y por Aguas Argentinas, entre otras.
La Bicameral
La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y de Seguimiento de las
Privatizaciones se conformó mediante la ley 23.696 y comenzó su trabajo en 1990.
Su presidenta fue la senadora por el justicialismo santafesino, Liliana
Gurdulich de Correa.
El primer dictamen de la estratégica comisión, verdadera síntesis de la década
menemista, fue la modificación de los pliegos para la privatización de la ex
Empresa Nacional de Telecomunicaciones. También ese mismo día se cambiaron los
pliegos para la licitación de Aerolíneas Argentinas. Era el 28 de marzo de 1990.
Pero el gran día de la ex senadora santafesina fue el 8 de noviembre de 1990.
Esa jornada quedó consagrada como la distribución de las provincias entre las
principales empresas que explotarían el servicio de gas en cada uno de los
estados argentinos. La concesión del negocio del gas natural en La Plata, La
Rioja - Catamarca, Córdoba, Santa Cruz, San Luis, San Juan, Capital Federal -
Gran Buenos Aires, Río Negro, Bahía Blanca, Neuquén, Tucumán - Santiago del
Estero, Santa Fe, Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy y Provincia de Buenos Aires,
se hizo posible a pesar de la disidencia total expresada por el diputado
demócrata progresista Alberto Natale. La presidenta votó por la afirmativa en
todos los casos en esa "maratónica" jornada.
Después le tocó votar a favor de la privatización de la Caja Nacional de Ahorros
y Seguros, de los ramales ferroviarios Rosario - Bahía Blanca y hasta del
Hipódromo Argentino.
En 1992, su último año como presidenta de la Comisión Bicameral, la señora
Gurdulich también se anotó entre quienes privatizaron Obras Sanitarias a partir
de la aprobación de los pliegos el 30 de abril, aunque los cuatro legisladores
radicales de entonces se manifestaron en disidencia parcial. Su último trabajo
fue avalar la licitación y adjudicación de los accesos a Buenos Aires.
Como primera presidenta de la Comisión, Liliana Gurdulich terminó avalando 64
procesos de concesión, licitación y renegociaciones a favor de empresas
privadas. Todo un record.
El turno de Massat.
El que fuera dos veces intendente de Villa Ocampo, una de las ciudades más
pobres de Santa Fe, Jorge Massat, se hizo cargo de la presidencia de la Comisión
Bicameral a partir de 1996. Llegó de la mano de Carlos Reutemann.
Lo primero que hizo Massat el 14 de marzo de 1996 fue cancelar la concesión de
una terminal portuaria.
Luego vinieron la renegociación de los contratos con Ferrocarriles
Metropolitanos, la reestructuración tarifaria de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones, el barajar y dar de nuevo en Aguas Argentinas, su
participación en los nuevos acuerdos por el dragado del Paraná y el aumento en
las tarifas de los peajes el 25 de febrero de 1998.
Como presidente de la comisión, el senador Massat, desde el 14 de marzo de 1996
al 22 de junio de 1999, aprobó 61 dictámenes en la etapa de las renegociaciones.
Allí se condonaron deudas de grandes grupos económicos, como ocurrió con diez
millones de pesos que no pagó Techint para la continuidad de la explotación de
Ferroexpreso Pampeano o con las inversiones que no hicieron los adjudicatarios
de las concesiones de los servicios viales.
En la década del menemismo, dos santafesinos, Liliana Gurdulich de Correa y
Jorge Massat, concentraron el 78 por ciento de dictámenes a favor de los grandes
grupos económicos que explotan los servicios privatizados. Dos muestras más de
la provincia "invencible".
Diciembre de 2001
Una orden bajó desde lo alto del poder político de la administración de Carlos
Reutemann: reprimir los intentos de saqueos sin dejar huellas.
Eso es lo que se desprende de los nueve cuerpos que contienen los testimonios de
familiares y vecinos de los ocho asesinados de diciembre pasado, siete en el
Gran Rosario y uno en Santa Fe; y las palabras de suboficiales y oficiales de La
Santafesina SA.
Cuatro fusilados encontraron la sentencia de muerte mucho antes que el Poder
Ejecutivo Nacional dispusiera el estado de sitio.
La capacidad de fuego de La Santafesina SA superó largamente los promedios
históricos en enfrentamientos con supuestos delincuentes: siete muertos sobre
5.710 personas movilizadas en la zona sur de la provincia, más de una víctima
fatal por cada mil habitantes involucrados.
Un registro que solamente puede encontrarse en la historia política colombiana
de los últimos cincuenta años.
El dato es significativo si además se lo contrasta con la cantidad de armas de
fuego secuestradas durantes los saqueos: solamente nueve y hubo, se recuerda,
siete muertes en el Gran Rosario. Actuaron las Tropas de Operaciones Especiales,
la Dirección de Drogas Peligrosas y todas las reparticiones de la fuerza,
inequívoco indicio de que la orden provino de la Secretaría de Seguridad Pública
encabezada por Enrique Alvarez, dependiente del Ministerio de Gobierno, por
aquellos días en manos del doctor Lorenzo Domínguez y con los vicios y mañas
operativos del entonces jefe de La Santafesina SA, José Storani.
Se usó munición de guerra y antitumulto, y parte de los proyectiles iba a ser
provisto por algunos empresarios supermercadistas rosarinos, según se desprende
del expediente.
Esta síntesis forma parte de lo volcado en la causa sobre los cuatro primeros
asesinatos cometidos por la policía horas antes de la declaración del estado de
sitio por los restos del gobierno nacional. Todo está allí, lo dicho y lo que no
se dice, se infiere con claridad. Si hubo una orden política que tuvo como
principales responsables a Domínguez, Alvarez y Storani, ¿podía Reutemann
desconocer las consecuencias de lo que podía suceder?.
Nadie en el poder judicial santafesino se hizo esta pregunta hasta el presente,
enero de 2009.
No es otra cosa que demandar la misma explicación que le pidieron, en su
momento, al ex presidente de la Nación, Fernando De La Rúa.
El desborde del Salado (Abril 2003)
Las promesas incumplidas
"El Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda se ha propuesto como
objetivo replantear la planificación general de los estudios y de las obras a
ejecutar, para definir, en una visión más amplia, el conjunto de las prioridades
existentes en función de las necesidades, de los recursos disponibles y de su
programación en el tiempo", decía el Informe a la Asamblea Legislativa en la
inauguración del 119º período de sesiones ordinarias el primero de mayo de 2001.
El gobernador era Carlos Reutemann y en el sutítulo dedicado a "obras
hidráulicas" se destacaba que "la definición del proyecto ejecutivo para
resolver, en forma definitiva, el abastecimiento de agua potable en 151
localidades del oeste provincial a través de la alternativa que resulte de un
análisis comparativo técnico, económico y ambiental".
También se anunciaba "la continuación del programa de saneamiento y de defensas
hídricas para resolver los inconvenientes que afectan las áreas productivas y
urbanas de la provincia. En esa línea se inscribe la reglamentación de la ley
11.730, de regulación de uso del suelo en áreas inundables".
El apartado dedicado a la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas Servicio
Provincial de Agua Rural se afirmaba que "un aspecto fundamental para el
desempeño de este organismo son las condiciones imperantes que afectan no solo
al territorio provincial sino también al país. La gran variabilidad en la
distribución -en cantidad y tiempo- de las precipitaciones ha provocado
situaciones extremas -inundaciones y sequías- en numerosas regiones del ámbito
provincial, en ciertos casos en forma simultánea, que obliga a actuar en una
permanente situación de emergencia hídrica".
Tal situación, seguía el informe presentado por el gobernador a la Asamblea
Legislativa, "provoca un continuo ajuste de las medidas destinadas al manejo y
control de excedentes y déficit hídrico, de allí que para lograr una mayor
efectividad de las diferentes líneas de acción se trabajó y se trabajará" en
distintos puntos que entonces fueron descriptos.
Entre otros: "Se activaron las tareas a través de los Comités de Cuencas
interjurisdiccionales y con las provincias vecinas, como ejemplo de ello se
puede citar: Comité Interjurisdiccional del río Pasaje-Juramento-Salado: el tema
básico representa la compleja distribución de caudales para cada provincia y con
usos múltiples. Se logró un significativo avance sobre el estudio de pérdidas de
caudales, con la participación de la Universidad Nacional de Córdoba".
Tres años después el Salado se llevó cada una de estas palabras al fondo de la
ciudad inundada.
No se sabe dónde fue a parar aquel "significativo avance sobre el estudio de
pérdida de caudales" que se hizo con los investigadores de la universidad
cordobesa.
Tampoco hay un relevamiento de los trabajos que supuestamente se hicieron en la
zona oeste de la provincia, territorio atravesado por las aguas del Salado.
Aquel mensaje de dos años atrás no fue controlado ni evaluado.
Ni por el oficialismo ni por la oposición.
En diciembre de 2002, el gobierno de Reutemann redobló la apuesta informativa
sobre las obras realizadas desde 1999 y presentó un balance de gestión.
Dentro del segmento dedicado a las "obras hidráulicas" lo único que se destaca
en relación a lo citado en el informe de 2001 con respecto a las inundaciones en
lugares cercanos a la ciudad capital es el "refuerzo de defensas en las
localidades de Saladero Cabal, Helvecia, San José del Rincón y La Guardia
Centro" y la "canalización y obras de artes en Cuenca del Arroyo de las
Conchas".
Entre las obras ejecutadas se señalaba la "reconstrucción Puente Colgante y
obras complementarias".
El capítulo dedicado a Medio Ambiente se lee que se trabajó "en el diseño de una
política de planificación ambiental, entendida como punto de partida en el
camino hacia el desarrollo sustentable y como un proceso participativo e
integrador que opera sobre lo económico, lo social y lo ambiental".
Ni una sola línea vinculada a las inundaciones. Aunque hay un párrafo que
sobresale por su desparpajo: "Hemos realizado numerosos ensayos en nuestro
laboratorio, tendientes al control ambiental de calidad de suelo, agua,
efluentes industriales y control de la contaminación de cursos superficiales y
profundos de agua. También brindamos asesoramiento y efectuamos tareas para
terceros como un servicio sin cargo para la comunidad, alcanzando a hospitales,
escuelas, municipios y comunas y distintas dependencias oficiales".
Si los laboratorios estudiaban la calidad del agua alguien debió darse cuenta
del caudal de los ríos que recorren la geografía provincial.
Si alguien asesoró durante tres años a las distintas instituciones mencionadas
es porque se tenía un permanente relevamiento informativo sobre lo que ocurría
con y en los recursos y accidentes naturales de la provincia.
Semejante cantidad de información, sin embargo, parece refugiarse en lugares
inaccesibles para el gobernador.
Estos documentos oficiales de la administración Reutemann demuestran el tamaño
de la responsabilidad política en todo lo concerniente a lo sucedido con el
desborde del Salado.
Las cosas que se hicieron no sirvieron y las que se estaban realizando no se
terminaron.
Una cuestión de metros
"De haber seguido la construcción aunque sea un kilómetro más, se hubiera
evitado el ingreso de la masa hídrica que inundó la mayor parte de la ciudad",
dijo Pablo Farías, concejal del Frente Grande en relación a la interrupción de
la defensa del Salado a la altura del hipódromo santafesino.
"El agua que inundó casi un tercio del caso urbano de la ciudad ingresó
exclusivamente por ese lugar. Más allá de que si hubo o no presiones de
interesados o de propietarios de los terrenos por los que tenía que pasar la
defensa eso no deja de lado la responsabilidad del Estado, que debía hacer esa
defensa de la forma que fuera porque la utilidad pública que tiene excede los
intereses personales. El problema es que allí pasa el caño que alimenta de gas
natural a la ciudad, así que se decidió no hacerlo, cuestión discutible porque
si ponemos en la balanza la catástrofe que tuvimos, al lado de haber quedado sin
gas la ciudad, el problema hubiese sido menor", dijo el concejal.
Apuntó que la contención de emergencia de casi 600 metros se hizo en cinco días
por lo que quedó en evidencia la desidia del gobierno en no haber construido las
obras de defensa en tiempo y forma y no después de la invasión de las aguas.
Si se sabía
"La ciudad Capital no estaba desprotegida ante la crecida del Salado. La
provincia se endeudó en más de 25 millones de dólares sólo para la construcción
de defensas que luego debieron ser dinamitadas en algunos puntos para salvar
Santa Fe", sostienen los periodistas y directores de la revista "Tercer Mundo"
en su número dedicado íntegramente a la inundación.
Afirman que "en mayo de 1994 el entonces Ministro de Hacienda y Obras Públicas,
Juan Carlos Mercier, junto al subsecretario de Obras Públicas, hoy senador
provincial por el PJ, Daniel Depetris, realizan la apertura de la presentación
de ofertas técnicas y económicas para la construcción de la zona oeste de la
Circunvalación en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional número 11 y la
Avenida Blas Parera en inmediaciones del Hipódromo de Las Flores. Se le adjudicó
a la Empresa Victorio Américo Gualtieri la realización del primer tramo de la
obra".
El propio Mercier calificaba a la obra como fundamental porque "su construcción
significa la protección de más de un tercio de la población de la capital
provincial".
Los redactores remarcaron que "da terror la certeza del dato de Mercier
evidenciando el conocimiento que tenía el Ejecutivo provincial en cuanto lo que
significaba socialmente la obra".
Agregaron que "el agua del Salado entró a la ciudad por la intersección del
terraplén con el Hipódromo. La duda que debe despejar el Ejecutivo es:¿el sector
se rompió?, o ¿el sector nunca existió?".
El nuevo terraplén
Ahora el gobierno de Carlos Reutemann anunciará la prolongación hasta Recreo de
las defensas de la ciudad de Santa Fe contra las aguas del Salado.
Serán 23 kilómetros de terraplén con un costo de 50 millones de pesos y se
deberá complementar con puentes más anchos en la autopista a Rosario.
El actual Ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli, sostuvo que "se trabaja
reflotando el Plan Federal de Infraestructura elaborado por la provincia" a
través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo que paga el estado
nacional y está a disposición de la provincia.
El funcionario agregó que "se acordó un paquete de obras para tratar de
reacondicionar toda la red vial de la cuenca del río Salado, entre la que es
imprescindible la readecuación del puente de la autopista Santa Fe - Rosario, al
que hay que aumentar la luz para posibilitar un mayor paso de agua".
Mientras se avanza en este nuevo proyecto el único funcionario que pagó los
costos políticos de tanta desidia acumulada fue el ingeniero Ricardo Fratti.
El 6 de mayo pasado se produjo su renuncia al cargo de director de Obras
Hidráulicas.
Fratti ya había acumulado una serie de once advertencias y pedidos de renuncia
de la cúpula de Obras Hidráulicas que por carta le hicieron llegar a las propias
manos de Reutemann distintas instituciones, especialmente de la zona sur de la
provincia.
En su momento, cada una de estas advertencias y los pedidos de renuncia no se
tuvieron en cuenta.
Fratti siguió en su puesto hasta que tuvo que dejarlo como consecuencia de tanta
mentira y desidia acumuladas.
Carlos Del Frade
Fuente: http://www.postalesdelsur.net/ver_archi.php?que_nota=notas336
