Un informe del Instituto de Estudios y Formación (IEF-CTA) dice que la pobreza caería el doble si la ayuda se universalizara. El trabajo asegura que si se diera el nuevo aporte estatal a todos los niños del país habría 1,8 millones de pobres y 3 millones de indigentes menos. El costo ascendería a 24 mil millones de pesos.

El plan para extender desde diciembre las asignaciones familiares a los desocupados y empleados en negro ayudará a reducir la pobreza y la indigencia, pero podría sacar de ese trance al doble de gente si no fuera restringido como lo dispuso el Gobierno. Así lo calculó el Instituto de Estudios y Formación de la CTA, central que pugna desde la década pasada por el denominado "ingreso universal" para todos los menores de 18 años.

Según un informe redactado por sus economistas, la iniciativa oficial focalizada sacará a 700 mil personas de la pobreza y a 1,8 millones de la indigencia. Si su alcance fuera universal, en cambio, supondría 1,8 millones de pobres y 3 millones de indigentes menos.

Aunque la CTA y la mayoría de las organizaciones sociales celebraron por los $ 180 que recibirán mensualmente los chicos y jóvenes sin cobertura, advierten que quedarán afuera injustamente alrededor de dos millones de ellos. La CTA estima que universalizar el beneficio costaría $ 24 mil millones anuales, que podrían financiarse sin endeudamiento si se restituyeran los aportes patronales a las grandes empresas y los impuestos que no se cobran a las rentas minera, petrolera y financiera.

Los principales cuestionamientos contenidos en el informe de la CTA que sirven como plataforma para proponer una asignación universal por hijo son las siguientes:

* En lugar de plantearse como un derecho, para lo cual habría que sancionar una ley, la propuesta oficial se institucionaliza a partir de un decreto, fijándose como un plan coyuntural.

* Al dejar afuera a los trabajadores informales que cobran más que el salario mínimo (de $ 1.500 desde enero de 2010) se los discrimina frente a los empleados en blanco, a quienes el sistema otorga beneficios si cobran menos de $ 4.800. En la práctica, eso obligará a los candidatos a subdeclarar sus ingresos.

* Las asignaciones se financian mediante los recursos del sistema previsional, pero a la ANSES no le sobran los recursos. En realidad, lo que se presenta como superávit es el reflejo de los bajísimos niveles que tienen los haberes actuales. Un 80% de los jubilados cobra el mínimo de 827 pesos.

* Las únicas familias alcanzadas por el plan que obtendrán dinero suficiente para cubrir la canasta básica de alimentos (CBA) con ese ingreso único son las que tengan cinco hijos. Las que tengan más, igualmente, sólo cobrarán el beneficio por cinco de sus menores a cargo.

* Los monotributistas y empleados domésticos aportan hoy a la seguridad social pero están excluidos del sistema de asignaciones. Al mismo tiempo, por estar registrados, no podrán acceder al nuevo plan de asignaciones. Así, cuando ganen por debajo del mínimo y tengan menores a cargo, la no universalización de la asignación tiende a incentivar que esos trabajadores no se registren.

* El artículo 9 del decreto deja afuera a los beneficiarios de cualquier otro plan social, sea éste dirigido a la niñez o a otra finalidad. Por eso, si un beneficiario del plan Jefas y Jefes tiene menores a cargo, deberá optar por uno de los dos planes.

* El sistema actual de asignaciones familiares cubre sólo al 31% de los menores, el Plan Familias al 15,5% y las pensiones no contributivas para madres de 7 o más hijos a otro 11,8 por ciento. Quedan 5.685.564 menores sin cobertura, de los cuales el plan sólo subsidia a poco más de tres millones.

* El actual consumo privado en el país alcanza para que 122 millones de personas vivan sin ser pobres. Con sólo redistribuir el 2,7% de esos recursos, se eliminaría la pobreza. Pero para eso habría que cobrarles más impuestos a los más ricos.