Prensa de frente

El jueves pasado Cristina Fernández anunció el lanzamiento de una teórica asignación universal, reivindicación central de buena parte de las expresiones de izquierda y centro izquierda de nuestro país. Hecho el anuncio, se disparó en estos sectores el debate sobre sus alcances, el tiempo de implementación y sobre el origen de los fondos. Una medida peleada por las organizaciones sociales y políticas durante muchos años hoy aparece en escena. El gobierno eligió hacerlo a su modo.

La primera reacción, en contra por supuesto, vino por parte de la oposición de derecha. Tras sus voceros, Carrió y Morales, se encolumnó toda la diáspora de macristas, radicales, duhaldistas, etc. para señalar el despilfarro que implicará un plan de estas características. La oposición por derecha se planta sobre la idea del clientelismo - al que también apelan en las provincias y ciudades que gobiernan - para rechazar cualquier esquema redistributivo, sea el monto y el impacto que sea.

Pero las voces críticas también vinieron por izquierda, de la mano del diputado de Buenos Aires para Todos, Claudio Lozano, quien destacó el carácter regresivo del origen de los fondos. Si bien es un avance que los fondos del ANSES, una década atrás puestos al servicio de la especulación financiera, estén hoy al servicio de políticas sociales, Lozano señaló que tomar fondos de esa caja provisional refuerza la discrecionalidad del uso de fondos que deberían estar asignados exclusivamente a recomponer el ingreso de los actuales jubilados.

A la vez, el diputado y economista señala que la toma de recursos del ANSES es una decisión política ya que una masa similar, o aún mayor, de recursos podrían tomarse de diferentes y progresivos gravámenes a la renta financiera, posibilidad explícitamente descartada por la presidente el mismo día del anuncio, a la renta petrolera o simplemente suprimiendo regímenes de promoción concentrados en firmas con posiciones dominantes.

Otro de los puntos fuertemente cuestionados es el carácter universal de la medida. Según la definición literal, una disposición es universal si alcanza al conjunto de la sociedad, pero la medida lanzada se encuadra aún en el concepto de políticas sociales focalizadas. Esto se manifiesta en que el ingreso está centrado en la figura de una familia desocupada u ocupada pero con salarios en negro o por debajo del salario mínimo. Lo cierto es que este recorte, que también imposibilita acceder al mismo a las familias beneficiarias de otros planes sociales, tiñe al anuncio con características similares a algunos otros planes ya implementados, como por ejemplo el Plan Familias, en vez de ampliar o universalizar su alcance.

Un plan que pretende favorecer a más de 2 millones de pibes, más allá de las observaciones nombradas, estará sujeto a sortear un principal escollo incluso antes que la posibilidad de universalizarse que será la implementación de una medida de semejante magnitud.

Una medida con sentido progresivo por la cual se luchó durante largos años, indudablemente positiva más allá de los muchos matices y críticas posibles, llega modificada en algunos de sus aspectos y el oficialismo recurrirá a su infalible esquema de mandar de volea cualquier crítica al arco de la derecha. Así viene funcionando con contadas excepciones.

El camino a la hora de la implementación abre aun más interrogantes, sobre todo con el ejemplo de las, también recientemente anunciadas, cooperativas de trabajo en las que los acuerdos trazados hace quince días por la cartera de Desarrollo Social y un conjunto de organizaciones sociales, son hoy virtualmente desconocidos.