Hacían falta periódicos y revistas dóciles que se sumaran al concierto de la obsecuencia mientras detrás del escenario se consumaba la carnicería social, política y económica."

La frase escrita por el periodista Juan Gasparini en su libro El crimen de Graiver refiere a lo que sería el operativo de asociación final de los tres grandes diarios argentinos –La Nación, Clarín y La Razón– con el Estado terrorista en la empresa Papel Prensa, el 18 de enero de 1977. Pero aparece en su investigación en un contexto particular: el de las recomendaciones hechas por la multinacional publicitaria Burson Marsteller a la dictadura para mejorar su imagen interna y externa. En este punto, el de la apelación a las modernas destrezas de la prensa y las artes publicitarias puestas al servicio del Estado terrorista, sería interesante revisar si fue tan medieval ese imaginario que solemos asociar con la idea de la última dictadura. O establecer ciertos nexos que van del liberalismo declamado de La Nación a su asociación con el Estado para hacer buenos negocios, o del actual multimedios Clarín al comisario Miguel Etchecolaz, que fue el encargado de torturar salvajemente a Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, ya muerto en un misterioso accidente de aviación, última representante legal de la empresa Papel Prensa. En esas mismas sesiones de torturas murió Jorge Rubinstein, que había sido una de las manos derechas de Graiver.

  El trabajo de Gasparini recuerda de qué modo Lidia Papaleo fue obligada, meses antes de su secuestro y torturas, a desprenderse de las acciones de Papel Prensa en una reunión celebrada el 3 de noviembre de 1976 en las viejas oficinas de La Nación de la calle Florida. En el despacho de Bartolomé Mitre estaban Patricio Peralta Ramos por La Razón y Héctor Magnetto por Clarín. Un maestro de ceremonias muy particular fue el abogado Pedro Jorge Martínez Saravia. Durante algunos años había sido hombre de confianza de David Duddi Graiver. Para esta ocasión supo correr al otro lado, al lugar del ganador. No por nada Martínez Saravia era primo de José Alfredo Martínez de Hoz y socio en su estudio.

  Delicias de archivo. En los primeros meses de 1977 los integrantes presuntos de eso que la dictadura y su prensa llamarían "el clan Graiver" irían a parar a las mazmorras bonaerenses de Ramón Camps y con ellos otros como Edgardo Sajón o Jacobo Timerman. El director de La Opinión, que también había apoyado al golpe, sería repudiado en una carta pública –nuevas delicias del archivo que no consultan los adalides de la República– firmada por los directores de los grandes diarios argentinos cuando obtuvo el premio Moors Cabot por sus denuncias a la violación de los derechos humanos.

  La historia de Papel Prensa, que arranca a fines de la década del ’60 en un típico contexto de apuesta al desarrollo y la sustitución de importaciones, incluye triangulaciones oscuras en tiempos de Lanusse, José Gelbard y David Graiver. Las maniobras siguientes serían aún peores. Cuando el 11 de marzo de 1972 se adjudicó a Papel Prensa la construcción de una fábrica que produjera poco más de cien mil toneladas de papel se hablaba de un costo de 62 millones de dólares. En la memoria y balance del ejercicio cerrado a fines de 1975 se declaró que la inversión total había sido de 42.400.000 dólares. Según las investigaciones que se hicieron en torno del traspaso forzado que se hizo sin venia judicial, los grandes diarios pagaron apenas entre un 23% y un 43% del verdadero valor accionario que Papel Prensa tenía en tiempos de David Graiver. Ya para el 27 de septiembre de 1978, pasada la inauguración de la planta, con foto incluida del brindis entre Videla y Ernestina Herrera de Noble, la sociedad Clarín-La Nación-La Razón decía que la inversión total había sido de 180 millones de dólares. Transparencia total.

  Vueltas de la vida. La investigación por el negociado sangriento que el Estado y los grandes diarios argentinos hicieron con Papel Prensa agonizó como tantas de la era democrática, más o menos a la altura en que el Fiscal General de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, anunciaba que sería posible castigar las responsabilidades del Estado, pero no la de los empresarios privados. ¿La razón? Estos se escudarían en el argumento de que no se los podría culpar por la ausencia de controles públicos en la operación. Las vueltas de la historia: hoy, cuando la oposición conservadora y los propios medios afectados agitan el fantasma de los "derechos adquiridos", no se cuestiona cómo se adquieren esos derechos –aproveche la oferta– ya sea en dictadura o en menemismo.

  Hace algunas semanas este diario citó aquella curiosísima portada del diario Clarín del 19 de mayo de 1977. Casi todo el ancho de la portada, de arriba abajo, dedicado a la reproducción de un comunicado de la propia empresa intitulado "A LA OPINIÓN PÚBLICA". Aquel parte de guerra terminaba diciendo: "Como surge de todo lo expuesto, la transacción se celebró a la luz pública y con el consentimiento previo y posterior del Estado a través de la más alta expresión de su voluntad, que consta en acta de la Junta Militar".

  El 29 de febrero de 1988 en el dictamen del fiscal Molinas se condensarían las diversas acusaciones contra el ex presidente Lanusse (abuso de autoridad y malversación de caudales públicos), contra el Grupo Graiver (uso de testaferros, violaciones al pliego de condiciones), contra la Junta Militar (encubrimiento e irregularidades en la operación de transferencia de acciones), contra los representantes del Estado en la empresa (incumplimiento de deberes de funcionario público).

  Debilidades de la democracia; presiones de los grupos de poder. A los pocos años la causa penal prescribió. Fue en tiempos de la dictadura de Juan Carlos Onganía que se creó un fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel que se nutrió de una tasa de contribución del 10% a la importación de papel que se aplicó para la puesta en marcha de Papel Prensa. Esa fábrica que hoy alimenta sólo a Clarín se levantó gracias a los aportes de todos los diarios argentinos acumulados en diez años. Papel Prensa, con su densa historia de corrupción y sangre, sigue elaborando la materia que abona la libertad de imprenta de unos pocos, en perjuicio de otras voces, extorsionando como siempre y –por el mismo precio– contaminando.