La multinacional tiene apoyo de su embajada para violar leyes laborales argentinas
Después de 43 días de conflicto, la intransigencia de Kraft Foods se refuerza por el apoyo político que recibe de la embajada de Estados Unidos y la cúpula de la Unión Industrial Argentina.
EMILIO MARÍN
Desde el 18 de agosto, cuando se conocieron los 156 despidos ordenados por la multinacional de la alimentación, ha transcurrido un conflicto de mucho impacto político aún irresuelto.
Los delegados y miembros de la Comisión Interna de ese establecimiento, abandonados por completo por Rodolfo Daer y la plana mayor del Sindicato de la Alimentación (STIA), tuvieron que adoptar medidas de fuerza y fueron acompañados por marchas solidarias. Por caso la CTA movilizó el 30/9 y hubo otros actos y cortes en apoyo.
La confrontación tomó visos de batalla campal el viernes 25 de setiembre en horas de la tarde, cuando más de 300 policías bonaerenses desalojaron la fábrica a tiros y a palos, con la montada y la división perros. El operativo dejó 65 presos y decenas de heridos, en su mayoría obreros pero también hubo algunos efectivos lesionados.
Antes de ese punto de inflexión, el conflicto de Kraft estaba en los medios de comunicación. Pero desde ese día lo estuvo muchísimo más.
Desde la empresa se argumenta que sus medidas son legales, ajustadas a la ley de asociaciones profesionales, que le permitirían negar el ingreso a delegados que son "un peligro" para el personal y las instalaciones. Los directivos pusieron como blanco al núcleo de la Comisión Interna y demás delegados, que fueron cesanteados junto al resto de los trabajadores sin respetar el fuero sindical.
Los capitales estadounidenses destilaban veneno contra los delegados, acusándolos de violentos y extremistas. Allí se detecta la primera coincidencia con Rodolfo Daer, mandamás de la Alimentación y ex secretario general de la CGT durante el menemismo. Daer declaró que la Comisión Interna era de "extrema izquierda" y había "ideologizado" el conflicto. La toma se produjo el 24 de agosto y apenas tres días después Daer había roto públicamente con esos afiliados de STIA. Era una forma de decir a la multinacional: "cuentan con nuestra comprensión para con los despidos". Y un mensaje al gobierno provincial y nacional: "si mandan la policía a reprimir, yo no defenderé a los revoltosos".
Los que supuestamente debían defender los derechos de los empleados ni siquiera repararon en el origen de la pelea: en julio el personal realizó una medida de fuerza luego de reclamar infructuosamente a Kraft que adoptara soluciones sanitarias en medio de la Gripe A.
La policía llegó el 25/9, arrasando con los ocupantes de adentro y con los familiares y gente solidaria que estaban del lado de afuera del portón. Obvio, ni Daer ni ninguno de los suyos estaba en el lugar. Sintomáticamente la avenida se llama Henry Ford, a tono con la hegemonía estadounidense en General Pacheco. Nunca le iban a poner Gaucho Rivero.
 
Perfiles del monopolio

¿Por qué esa patronal embistió tan brutalmente contra su personal? Según Carlos Tomada (Página/12, 30/9), fue por ánimo de revancha contra una ocupación donde habría habido –según la empresa- algunos daños y que demoró varias horas la salida de los ejecutivos. Estos de victimizaron como si hubieran sido objeto de un secuestro express.
La razón aludida por el ministro puede haber pesado porque los monopolios suelen ser revanchistas con sus asalariados. Pero hay otro aspecto a considerar: la planta está ahora ocupada por policías y gendarmes, al personal le han cambiado modalidades de trabajo y horarios, que no han podido ser revertidos justamente por la ausencia de los delegados, impedidos de ejercer sus funciones gremiales.
Con esa violación de las leyes argentinas, los ejecutivos de Kraft modifican las condiciones de trabajo según su unilateral decisión. Y a tal punto están decididos a ello que no les importó que la cartera de Tomada y Noemí Rial los multara en 13 millones de pesos por incumplir el punto 5 del acta firmada el 28/9, que habilitaba el ingreso de los delegados.
¿Esa conducta será una golondrina que no hace verano? ¿O será el inicio de una escalada de las grandes patronales para revertir de hecho las leyes laborales y generar conflictos sociales? A nadie escapa que las consecuencias de estas confrontaciones impactan sobre la imagen del gobierno nacional.
La Unión Industrial Argentina dirigida por Héctor Méndez asumió como propia la defensa de la patronal foránea y reclamó mano dura a la presidenta de la Nación, en orden a proteger "la seguridad jurídica" y "el clima de inversiones". La UIA era leal a su propia historia. Es que el anterior propietario de Terrabusi, Gilberto Montagna Terrabusi, fue presidente de la entidad. En la ola desnacionalizadora de los ´90 vendió su fábrica y no se sabe que a los millones de dólares los haya invertido en la industria nacional. Si algún paraíso fiscal hablara…
Kraft se devoró a Terrabusi en unos segundos, como quien se come una Oreo o se toma un vaso de jugos Clight o Tang. Es la segunda multinacional alimentaria del mundo detrás de Nestlé y a principios de setiembre pasado hizo una oferta hostil de compra a Cadbury, la fábrica británica de chocolates, por 16.700 millones de dólares. Ese es el monstruo que pisa fuerte en Pacheco.
 
Lo que importa

La multi y su operador gremial, Daer, más sus amigos de los monopolios mediáticos, han llamado la atención sobre la pertenencia de Ramón Bogado y otros delegados a la CCC, PTS y otros partidos, como si eso fuera un delito o explicara las causas del conflicto. A este cronista le merece una crítica el hecho de que Bogado haya sido orador junto a Pedro Apaolaza (Carbap), Abel Guerreri (SRA) y Alfredo de Angeli (FAA), entre otros promotores del lock out destituyente, en el acto que organizaron en Cañuelas, el 25 de mayo último. No parece que compartir escenario con esas expresiones patronales haya sido la mejor manera de festejar el primer gobierno patrio.
Pero esa crítica política a Bogado es una cosa. Y otra muy diferente es ubicarlo como "el malo de la película" en la prolongada lucha de Kraft; al contrario, hasta ahora ha defendido los intereses de los trabajadores. Tendrá trabajo para explicar a sus compañeros el por qué de su alianza con la Sociedad Rural durante 2008 y parte de 2009, toda vez que Hugo Biolcati, titular de esa entidad, condenó la movilización de los muchachos y muchachas de la alimentación. "Vemos con preocupación el estallido de este tipo de conflictos en las empresas porque hay algunos comisiones internas que parecen más poderosas que la propia CGT", expresó el sojero-tambero durante el seminario de IDEA en Rosario (Clarín 30/9).
Hay que dejar las teorías conspirativas de lado. Lo objetivo es que había una justa lucha gremial contra una multinacional norteamericana y que el gobierno se terminó poniendo ese día 25/9 –esperemos que no para siempre- del lado de los poderosos.
La historia se puede reconstruir desde los diarios. La embajada de EE UU llamó a Daniel Scioli pidiendo la "solución" de la toma de fábrica, según admitió el gobernador estando en Miami en la pronorteamericana "Conferencia de las Américas" auspiciada por The Miami Herald y el Banco Mundial. Aníbal Fernández también exigió a Scioli "ser un poco más expeditivo" en Pacheco, según ventiló en varias radios. Y así se desencadenó la represión, una más de la administración Kirchner contra el mundo del trabajo.
La injerencia no terminó allí pues la flamante embajadora Vilma Martínez, llegada hace pocos días a Buenos Aires, emitió un comunicado reclamando "el respeto por los derechos de propiedad y las decisiones del sistema judicial". Argumentó que empresas "made in USA" proporcionan "buenos puestos de trabajo a 155.000 argentinos". Al menos los 3.000 de General Pacho no entran en esa categoría de "buenos".
A lo largo de 40 días el kirchnerismo apareció como "amable componedor" de las partes, vía Tomada, pero a la hora de la verdad, terminó ordenando la represión policial. Scioli y Fernández fueron los directamente involucrados aunque ninguno de ellos habría dado ese paso sin consultar con la presidenta reunida en el G-20.
 
Un párrafo final sobre el principal representante empresario a la hora de justificar los despidos: Pedro López Matheu. Este llevó la posición más dura a las negociaciones en Trabajo y no dejó entrar a la prensa a filmar la situación interior de la planta, el martes 29/9, que hubiera documentado el no ingreso de los delegados y las adversas condiciones laborales impuestas por el capital. López Matheu fue hasta setiembre de 2006 el representante de Clarín en Adepa (Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina); allí presidía la Comisión de Libertad de Prensa e Información. Ni defendía la libertad de prensa en Clarín-Adepa ni la libertad laboral en Kraft sino a empresas monopólicas.