La necesidad de combatir la creciente pobreza en la Argentina ha movilizado a la oposición a fin de evitar que este objetivo sea frustrado y pervertido por las conocidas prácticas clientelistas. A ellas acuden asiduamente los gobernantes en su afán obsesivo por contradecir a George Bernard Shaw, quien urgía cambiar frecuentemente de políticos en el poder y de pañales a los niños, en ambos casos por las mismas razones tan obvias como fétidas.

Dice la información que el Acuerdo Cívico y Social y el Proyecto Sur pugnan, con razón a mi juicio, para que la asignación propuesta para esa lucha sea universal, es decir, deba alcanzar a todos los niños, más allá de la condición económica de sus padres, sosteniendo que la universalización del beneficio impedirá las prácticas clientelistas del Gobierno.

No es la primera vez, por cierto, que el asunto del clientelismo sale a la luz. No hace mucho la Cámara Nacional Electoral produjo una sentencia que enfrentó esta distorsión de la democracia y suscitó diversos comentarios.

En uno de ellos recordaba yo que en estos años últimos del posperonismo se ha ha ido acentuando la tentación clientelista. Antes que los cambios drásticos en la distribución de la renta, antes que la restauración de la soberanía sobre los recursos estructurales de la economía, antes que modificar la tendencia neoliberal al crecimiento con altísima desigualdad, se ha ido imponiendo y se sigue imponiendo como desideratum político la mera permanencia en el poder a través del reparto sistemático de bienes en las instancias electorales. Bienes obviamente adquiridos con los recursos del Estado, esto es con el dinero de los contribuyentes. Y hecho a través de una trama compleja y eficiente de caudillos, caudillitos, punteros y punteritos. La eficiencia aludida resulta demostrada por un hecho elocuente. Allí donde hay intensas pobreza y desempleo, marginación y analfabetismo, como en algunas provincias o en partes de éstas, esa técnica clientelista permite, con alguna rara excepción, ganar las elecciones. En la Capital Federal, donde los bolsones de pobreza son más reducidos y hay una mayoritaria clase media independiente de la asistencia prebendaria del partido gobernante, sus candidatos no son los primeros ni los segundos ni siquiera los terceros a la hora de contar los votos.
Clientelismo de segundo grado

Esa trama eficiente de dominación clientelista sobre las mayorías empobrecidas, desempleadas, y analfabetas o desalfabetizadas de las provincias está al alcance del gobierno de turno, es decir pertenece al Partido Único del Poder, quien la expropia con facilidad al grupo gobernante anterior, si lo hubiera habido, mediante el uso precisamente de la misma materia prima, el dinero público, a través de una suerte de clientelismo de segundo grado. Allí están los mil y un intendentes, concejales, diputados y senadores y sus desvergonzadas e interminables legiones nepotistas, las parentelas parasitarias, los "ñoquis" inextinguibles, los beneficiarios numerosos de sinecuras y canonjías burocráticas y legislativas. Todos ellos con "lealtades" tan irrisorias como transferibles, casi automáticamente actualizadas, puestas al día y al mejor postor, rápidamente endosadas al nuevo tenedor ocasional. Por otra parte, la ostentosa, y hasta jactanciosa, captación de un legislador más, en el esperpéntico, aunque paradigmático, caso "Borocotó", ha producido una situación límite de mutabilidad, una suerte de apoteosis del oportunismo que parece una tardía invasión del realismo mágico literario sobre el campo de la política partidocrática, junto a un espectáculo degradante de saltimbanquismo politico-circense.

Es la plásticidad extrema, en el más amplio sentido de la palabra, la flexibilidad total, de la clase política del Partido Único del Poder. Sus miembros son como bienes fungibles en manos de quienes pueden, preferentemente en las proximidades electorales, realizar unas formas típicas del abuso de poder.

Entretenimiento de la pobreza y lumpenproletariat

El clientelismo necesita de la pobreza. No osaría llevar adelante políticas que produjeran la reducción significativa de ella. Sería una conducta autodestructiva. No ataca a la pobreza. La mantiene y la perpetúa. Es un entretenimiento ilimitado de la pobreza. Requiere la pasividad, la abulia y la inferiorización del indigente al que años de penuria le han quitado energías y estímulos para reaccionar activa, altiva, productiva o creativamente. El clientelismo es perfectamente complementario a la existencia de un vasto Lupenproletariat.

Como se sabe, este concepto fue introducido por Marx y Engels en la obra conjunta La Ideología Alemana, de 1845, y usado por el primero en El Dieciocho de Brumario de Luis Bonaparte, de 1852, para referirse al segmento del proletariado que se comporta de un modo improductivo y regresivo, aliado implícito de los sectores dominantes, y es desperdicio o rezago de todas las clases productivas, como expresa en esta última obra. En último análisis, transpuesto al presente, es la marginalidad social dependiente para su subsistencia del asistencialismo gubernamental.

Es que en nuestros días el clientelismo no se limita a usufructuar el lumpen proletariat existente. Es promotor de nuevos acopios de lo mismo. El clientelismo que aprovecha del lumpen es asimismo generador de más de esa misma sustancia. El clientelismo es en si mismo lumpenizador, difunde marginalidad, la acrecienta y la aprovecha.

Nadie podía imaginar a mediados del siglo XIX que esa marginalidad , la pobreza y el desempleo sin horizonte podía constituir una parte decisiva de la población electoral. Dicho de otro modo que el tamaño del "margen" fuera mayor que el "centro" del espacio social. Es el producto de las políticas neoliberales que en lo sustancial no se quieren cambiar, como no cambian tampoco los servicios públicos privatizados, algunos subsidiados "generosamente", la enajenación de Y.P.F., el trato privilegiado y reverencial al Fondo Monetario, la minería expoliadora y contaminante y el menemismo estructural y residual que nadie cercano al poder se atreve a cuestionar y menos a aun a modificar. Antes bien, el futuro inmediato le propone a los argentinos una repsolización también del petróleo de la plataforma continental. Esta vez a través del nada sorprendente artilugio de Enarsa u otros "socios" petroleros del poder, para decirlo con candor o con ironía.

Aunque la economía creciera, lo cual ahora para nada ocurre, es preciso afirmar que sigue en la Argentina, como en los años 90, una concepción de ese crecimiento, un tipo o índole de enriquecimiento, que incluye muy centralmente la acentuación de los desniveles entre sectores y consiguientemente una marcada injusticia social. Es lo que demuestra múltiples estudios por demás conocidos. No se puede dudar que si se volviera a ese proceso de crecimiento el mismo no resolvería sino que produciría la expansión de la desigualdad distributiva.

Compra de votos

La sentencia aludida del Tribunal Electoral recuerda que "las prácticas clientelares –entre las que se encuentra la denominada ‘compra de votos’- conspiran precisamente contra la expresión de la libre voluntad que constituye un presupuesto indispensable del ejercicio del sufragio" (1) También señala que "el concepto general de clientelismo político esta acotado en nuestra sociedad a una mera permuta de favores entre jefes partidarios y potenciales electores provenientes en su mayoría de clases bajas y desamparadas. Sin embargo, la lógica del poder que responde a su raíz profunda va mas allá de un simple intercambio de mercaderías por votos. El esquema desplegado es mucho más complejo y aquel es, en ultima instancia, el resultante final de una larga cadena" (2) Recuerda asimismo que "la compra de votos" … se presenta entonces como la practica típica del clientelismo político- electoral, pues - aun cuando aquella puede presentarse como fenómeno autónomo - este constituye su contexto natural. En efecto, ésta ha sido definida como el mecanismo en el que los votantes son ‘ sobornados’ para que se comprometan a un particular y determinado comportamiento electoral" (3).

Se trataba de una denuncia por prácticas de adulteración electoral en las elecciones internas de un partido político, que la juez federal electoral de la Capital había desestimado, y que la Cámara electoral le ordenaba continuar investigando. Este tribunal está integrado por los jueces: Rodolfo E. Munné, Alberto Ricardo Dalla Vía, y Santiago H. Corcuera.

Sin perjuicio ni desmedro de esa excelente sentencia de la Cámara Nacional Electoral, en el estado actual de las cosas, no se pueden alentar expectativas sobre una corrección judicial del clientelismo. La referida cámara actúa como tribunal de apelaciones respecto de las decisiones de los jueces electorales de primera instancia, quienes, como se sabe, son hijos notorios del poder, y tienden a consolidar la técnica del hecho consumado y del dejar hacer. Por otro lado, el matonismo prelectoral, sobre todo en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, aleja la posibilidad de denuncias oportunas y documentadas de las conductas clientelistas.

Reforma

Para que pueda funcionar un control judicial del clientelismo, hace falta una reforma drástica de la justicia electoral.

No es que falten normas, tanto en el derecho comparado como en la legislación local, como lo señalan los jueces del tribunal cuya sentencia mencionamos.

Es en el momento de la vigilancia inmediata, de la comprobación oportuna, de la aplicación efectiva y circunstanciada de esas normas, –del "enforcement" de los anglosajones-, donde se produce el inmenso charco sobre la que bogan los usos y abusos destructores de la autenticidad electoral.

Esa reforma implicaría algunos elementos que parecen esenciales. Por un lado, la justicia electoral. Los jueces con competencia en la materia deben ser designados a través de un procedimiento que de ningún modo incluya miembros de la clase política. Ni representantes del ejecutivo, ni de las cámaras legislativas, cuyas mayorías son prolongación automática de la voluntad de aquel, debieran integrar el Consejo de la Magistratura en ocasión de tratar esas designaciones.

Por otra parte, a los de primera instancia es necesario dotarlos de unas facultades muy precisas y amplias para controlar sobre el terreno, las etapas preelectorales desde el mismo comienzo de estas. Lo cual no se podrá practicar sin otorgarles el auxilio de una también amplia dotación de veedores judiciales, competentes, decididos, y comprometidos con el bien público, capaces de comprobar y documentar, -sin prescindir de los modernos elementos audiovisuales-, las infracciones a las normas represivas de la compra o permuta de votos a cambio de bienes de toda especie, lo cual en la última elección ha avanzado hasta los electrodomésticos de un costo considerable. Sería decisivo que una institución prestigiosa como la Federación Argentina de Colegios de Abogados quedara asociada por ley a esta tarea, y fuera ella la que en cada rincón del país asumiera la responsabilidad de proponer a los jueces electorales la designación de esos veedores con amplias facultades para realizar todos los actos probatorios de las conductas de falseamiento electoral. También debe protegerse de represalias a quienes denuncian esas prácticas, mediante los mecanismos procesales conocidos que ayudan a la preservación de algunos testigos.

Otra demorada reforma

Lo dicho antes tal vez pueda resultar insuficiente si no se encara de una vez la tan postergada, y obviamente tan temida, reforma política. O si esa reforma política es bastardeada y sirve expresamente para la adulteración de la veracidad electoral, lo cual no es un riesgo remoto dado el estado de complicidad profunda de las mayorías legislativas y el auge de la "borocotización".

Un aspecto de esta debe crear mecanismo que hagan a la rectitud cívica, a la decencia ciudadana, y a la transparencia efectiva de los partidos, sus elecciones internas y la confección cuidadosa de sus listas electorales. Y es importante que esta reforma avance sobre un aspecto decisivo del clientelismo. Este sería mucha más difícil si la formulación del presupuesto nacional y de los presupuestos provinciales, y sobre todo su ejecución, fueran tales que el uso de los dineros públicos para comprar votos o conciencias tendiera a ser muy difícil, o muy arriesgado ante severas normas represivas. Los actuales presupuestos con partidas difusas, de una gran generalidad, o partidas de una dimensión exorbitante, como las que recibe la S.I.D.E., y la total falta de control parlamentario sobre la conducta del poder ejecutivo en el uso de esas partidas, por la existencia de esas mayorías legislativas servilmente adictas, son fuentes precisas del clientelismo, con la consecuencia de una democracia que tiende peligrosamente a perder, no solo legitimidad de ejercicio, sino también, legitimidad de origen.

Notas:
1) Fallo del 10-11-05 de la Cámara Nacional Electoral en la causa: "Hectór T. Polino y otros por la Lista N º 1 "Conducción Socialista" del Partido Socialista distrito
Cap.Fed.. s/queja" (Expte. N° 4058/05 CNE) CAPITAL FEDERAL, FALLO Nº 3605/2005
2) idem
3) idem

Salvador María Lozada es Presidente Honorario, Asociación Internacional de Derecho Constitucional.