Un informe alerta de las consecuencias de la represión
policial
Cada día un joven es asesinado en Argentina
Adital
Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner,
más de mil jóvenes murieron por medio del gatillo fácil y de la tortura. Los
números son parte de un informe presentando por la Coordinadora contra la
Represión Policial e Institucional (Correpi), que denuncia el sistema de
represión que no se compara con ningún otro implementado por gobiernos
constitucionales desde 1983.
En el archivo de casos de la represión estatal elaborado por la Correpi, el
índice de muertes ocasionadas por el aparato represivo del Estado viene
creciendo desde 1996, cuando el primer archivo fue divulgado. Este tipo de
violencia se manifiesta de diferentes maneras. El fusilamiento o gatillo fácil
es una de ellas. Según la Correpi, es evidente que las políticas de mano fuerte
y tolerancia cero son aplicadas cotidianamente, amparadas por el consenso social
obtenido por las campañas mediáticas para legitimar esos homicidios.
La entidad denuncia que, en algunas zonas, como en la Región Metropolitana de
Buenos Aires y algunas áreas del conurbano de la ciudad de Buenos Aires, es
recurrente la acción de escuadrones de la muerte que ejecutan operaciones de
limpieza social, "eliminando" adolescentes en conflicto, real o supuesto, con el
sistema penal.
Otra modalidad de ejecución por las manos del Estado ocurre en las
penitenciarias o incluso en delegaciones policiales (comisarías). Esas muertes
acostumbran ser presentadas oficialmente como suicidios por ahorcamiento o en
incendios. Después del gatillo fácil, este tipo de ejecución es el más común,
concentrándose en las ciudades de Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires y Santiago del
Estero.
También se registran muertes de transeúntes o de terceros que, según la Correpi,
son provocadas por el desprecio de la vida humana por parte de los policías, que
priorizan la captura de un delincuente, real o supuesto, aunque ello implique
poner vidas inocentes en peligro.
El informe destaca además la represión selectiva, dirigida a la clase
trabajadora. Protestas sociales, marchas, movilizaciones y cierres de caminos
también provocaron víctimas: 52 personas murieron en las manos del Estado desde
1995. Durante el gobierno de los Kircher, ya son tres los trabajadores muertos.
Además de estas modalidades, la Correpi registra la participación de policías en
crímenes comunes, vendiendo información, proporcionando armas o interfiriendo
directamente en la organización de robos, tráfico de drogas, secuestros
extorsivos, etc. La entidad denuncia que los policías llegan hasta a avisar a la
prensa sobre operaciones de desbaratamiento de crímenes en los que ellos mismos
están involucrados.
Lo que preocupa a la Coordinadora es que el fortalecimiento de esas políticas
represivas viene contando con apoyo público de parte de las más altas
autoridades gubernamentales de los últimos tiempos. Una de las conclusiones del
análisis de los datos es que los nuevos cuadros policiales, incluso con curso de
formación en derechos humanos, continúan actuando con represión y violencia.
Traducción: Daniel Barrantes -
barrantes.daniel@gmail.com
