El grito de alarma fue lanzado por Julio Sánchez, miembro de la Alianza de Protección a la Biodiversidad, que integra la Rel-UITA, y del Departamento de Biodiversidad del Centro Humboldt durante una conferencia de prensa convocada por las organizaciones que conforman la Campaña " Semillas de Identidad ".
En la conferencia se dio también a conocer la decisión del municipio de San Ramón, en el norte de Nicaragua, de aprobar una ordenanza para la protección y prevención de los riesgos derivados de los organismos genéticamente modificados (OGM), que lo coloca como el primer territorio libre de transgénicos de Nicaragua. Sirel fue formalmente invitado a dar cobertura a este importante evento que se realizará en los próximos días en San Ramón.
Para conocer más en detalle los retos a los que en este tema se enfrentan Nicaragua y el resto de Centroamérica, Sirel conversó con Julio Sánchez.
-¿Cuáles son las leyes que están estancadas en la Asamblea Nacional?
-Tenemos la Ley de Prevención de Riesgos Provenientes de Organismos Genéticamente Modificados, conocida como Ley de Bioseguridad, que actualmente se encuentra en la primera Secretaría de la Asamblea Nacional, después de que la Comisión de Salud la dictaminó favorablemente.
La segunda es la Ley de Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica . La misma se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente y ni siquiera ha sido consultada y dictaminada. Esta situación nos tiene muy preocupados porque ambas leyes están vinculadas a compromisos internacionales de Nicaragua, como son el Protocolo de Cartagena y el Convenio de Diversidad Biológica.

-¿Por qué consideran urgente su aprobación?

-El problema es que hasta la fecha en el país ha habido un juego político alrededor de los poderes del Estado, en este caso dentro de la Asamblea Nacional, en el cual no se están priorizando leyes que tienen que ver con el interés social, sino leyes que suman o restan cuotas políticas. A Nicaragua le urgen estas leyes, como también la de Soberanía y Seguridad Alimentaria, que está sufriendo un proceso de cambios negativos a pesar de que ya está aprobada en lo general.
Cada vez más las empresas transnacionales están intentando utilizar la crisis alimentaria y el incremento de los precios del petróleo como justificación para promover la siembra de transgénicos para agrocombustibles. Estas estrategias han promovido que empresas como Monsanto , que anunció la compra de Semillas Cristiani Burkard , se instale en Guatemala para distribuir transgénicos en diez países de América Latina. Eso significa que mientras las intenciones de expandirse por parte de estas empresas siguen de forma acelerada, las legislaciones de nuestros países no están prosperando y quedan estancadas.
En Honduras, por ejemplo, existe una iniciativa de ley sobre el Derecho a la Alimentación; en El Salvador y Guatemala hay proyectos de ley sobre Bioseguridad; en Nicaragua existen esos tres proyectos que ya mencioné, mientras que en Costa Rica la situación sigue trabada, aunque se logró ratificar el Protocolo de Cartagena y ahora son cuatro de cinco -falta solamente Honduras- los países que lo ratificaron. Todo esto demuestra que hubo avances, pero todavía son insuficientes y las legislaciones de los países centroamericanos siguen inermes frente a las pretensiones de las empresas de imponer los transgénicos.

-¿En Nicaragua está prohibida la siembra de semillas transgénicas?

-La ventaja que existe en Nicaragua es que hay una modificación en el reglamento fitosanitario que está sirviendo como una "ley temporal". En esta regulación, el Ministerio de Agricultura (MAGFOR) tiene la potestad de rechazar o aceptar transgénicos, y hasta el momento no ha autorizado siembras, pero esta modificación vía decreto ministerial es una regulación provisional. Cuando la Ley de Bioseguridad sea aprobada esta regulación quedará derogada. Sin embargo no va a ser suficiente, porque la regulación de los transgénicos se puede iniciar con una ley general, pero después hay que formular toda una serie de instrumentos y herramientas para complementarla seriamente. En Centroamérica todavía estamos en pañales sobre estos temas.

-¿Qué importancia tiene la ordenanza municipal de San Ramón que declara su territorio libre de transgénicos?

-Es de mucha importancia, porque la Ley 40, Ley de Municipios, le da muchas facultades a los gobiernos municipales. Esta ordenanza es ley dentro del municipio, y es tan válida como cualquier ley de la Asamblea Nacional. Viene a sentar un precedente importante que los diputados tendrían que tomar como ejemplo. Si a este primer paso se suman otros municipios, que es lo que esperamos, va a llegar un momento en que la protección va a ser a nivel local, y esto demuestra la gran lentitud del Poder Legislativo. En la actualidad son los propios pobladores los que se están interesando y movilizando, porque son ellos los que están viviendo las necesidades y los peligros.

-¿Qué tan real es el riesgo de la expansión de empresas transnacionales de semillas como Monsanto ?

-Es un riesgo real. Monsanto dio una conferencia de prensa en la que informó sobre la compra de Semillas Cristiani Burkard , sacando al mismo tiempo la bandera de que los transgénicos van a ayudar a superar la crisis alimentaria, lo cual es una total mentira, porque su único objetivo es hacer negocio. La crisis alimentaria la van a superar nuestros países con nuestros recursos naturales y genéticos.
El otro aspecto muy preocupante es que Monsanto parece haber incidido en algunos bancos para que se sumen a esta estrategia. Tenemos el caso del Banco Nacional de Honduras que está invirtiendo casi 30 millones de lempiras (1,6 millones de dólares) en promover siembras para agrocombustibles con transgénicos. Esto va a incrementar la crisis alimentaria en el país, y es claro que de alguna manera Monsanto está incidiendo en ello.
Tenemos también el caso de El Salvador, donde se modificó el artículo 30 de la Ley de Semillas para permitir la introducción de transgénicos. Se hizo en el marco de una pugna de poder dentro de los partidos de derecha de ese país, en apoyo a los sectores empresariales y donde Monsanto participó y luchó durante cinco años hasta lograr la modificación de la ley. Se aprovechó de la crisis alimentaria, de las desgracias ajenas, para convencer a los diputados de que esta medida iba a favorecer a la nación, mientras la realidad es que las tierras cultivables de El Salvador representan solamente un 17 por ciento del territorio nacional.