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Los señores feudales del siglo XXI
Silvia Ribeiro
La Jornada
En junio de 2008, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, de
Brasil (MST), denunció la existencia de un informe secreto contra ese grupo,
elaborado a iniciativa de la Brigada Militar de Río Grande do Sul (cuerpo
militar en funciones policiales), con un par de fiscales de alquiler como
fachada. Este documento fue "aprobado" en diciembre 2007 por el Consejo del
Ministerio Público de ese estado, a partir del cual esas instituciones deciden
trabajar para lograr la "declaración de ilegalidad" y posterior "disolución" del
MST, uno de los movimientos sociales más relevantes de América Latina. El MST se
fundó en 1985 en ese mismo estado, y actualmente tiene millones de miembros en
todo Brasil. Según Leandro Scalabrim, abogado defensor, "estamos frente a la
mayor conspiración cívico-militar desde el fin de la dictadura".
Detrás de esta conspiración represiva, en pacto con los latifundistas históricos
de Río Grande do Sul, militares y el gobierno títere de la gobernadora Yeda
Crusius, están las grandes empresas trasnacionales de monocultivos industriales
de árboles y cereales, como Stora Enso, Aracruz Celulose, Votorantim, Bunge,
Cargill y ADM. Aunque se aprovechan de alianzas con los sectores más rancios y
explotadores del estado, estas empresas son ahora las más beneficiadas de la
represión a los movimientos sociales. Es público que Stora Enso, Aracruz y
Votorantim entregaron cientos de miles de dólares para la campaña de la actual
gobernadora, hasta entonces desconocida, ahora acusada de varios actos de
corrupción.
Las trasnacionales forestales están ocupando agresivamente las mismas tierras
que podrían ser desapropiadas por las autoridades para entregar a los Sin
Tierra, según las leyes de reforma agraria, o sea, los grandes latifundios con
tierras improductivas. Argumentan que al instalar miles de hectáreas de
eucaliptos la tierra está "produciendo". Pero esos monocultivos, además de ser
ganancia sólo para las trasnacionales y producir papel inútil, después de ser
talados dos o tres veces en 20 años, dejan la tierra muerta, sin nutrientes,
agotada y llena de troncos talados que ya nunca volverán a crecer ni permitirán
que ninguna otra cosa crezca. No están haciendo producir la tierra, sino
matándola para que nadie más la tenga.
El informe, que iba a ser secreto, tiene las características típicas de las
dictaduras militares del continente: es completamente falso. Entre otras
falacias, acusa al MST de estar conectado con las FARC de Colombia, de que sus
escuelas –que educan a nivel secundario y terciario a miles de hijos de
campesinos– son centros de entrenamiento de guerrilleros y de que la lucha por
la tierra, que llevan desde hace más de dos décadas y que logró 650 mil familias
asentadas en tierras desapropiadas legalmente a enormes latifundios
improductivos, no es más que una cobertura para otras actividades. ¡Vaya
cobertura!
El MST ha venido sufriendo en los últimos dos años un recrudecimiento violento
de los ataques y represión contra las acciones legítimas (y garantizadas por el
derecho nacional e internacional de protesta), como movilizaciones, marchas y
campamentos, que realiza con el fin de obligar al gobierno a cumplir con la ley
de reforma agraria.
Las represiones más violentas que han sufrido se inscriben en la nueva
estrategia tomada por la Brigada Militar a partir del informe citado. En ese
marco se inició en marzo de 2008 un proceso penal contra varios integrantes del
MST, acusados de lo que serían "delitos" según la Ley de Seguridad Nacional, una
norma de la dictadura. En julio 2008, el reconocido abogado Nilo Batista
presentó en nombre de los acusados un recurso para que se desestimara el proceso
legal contra ellos por basarse en una ley caduca. Un juez federal negó el
recurso, y la parodia de proceso "legal" ya comenzó.
Esto es gravísimo porque significa luz verde para usar la Ley de Seguridad
Nacional de la dictadura no sólo contra el MST, sino contra todas los
movimientos y formas de protesta social en Brasil. Si este proceso continúa,
Lula se convertirá en otro "gobierno popular" que usa leyes de la dictadura
contra los movimientos. Así sucedió en Chile contra los indígenas mapuches,
quienes protestan –incluso con huelgas de hambre de 112 días– por la invasión de
sus tierras con monocultivos de las empresas Celulosa Arauco y Mininco del Grupo
CMPC.
A punta de leyes amañadas y represión gubernamental contra indígenas y
campesinos avanzan los desiertos verdes. Si los dejamos, estos nuevos señores
feudales nos ilegalizarán a todos.
* Investigadora del Grupo ETC
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