Püblico

Mientras la atención del mundo entero se concentra en las elecciones de Estados Unidos, el Gobierno saliente de George W. Bush intenta aprobar a marchas forzadas un polémico paquete de leyes medioambientales que rebaja los límites de contaminación industrial y modifica normas sobre parques nacionales y especies protegidas, entre otros asuntos.

De ser aprobadas, las nuevas medidas del Ejecutivo estadounidense, de las que ayer informaba la edición digital de la revista New Scientist, permitirán que las empresas energéticas incrementen sus emisiones de CO₂ y rebajarán también los límites de polución fijados para otros sectores. Otras normas permitirán llevar armas dentro de los parques nacionales y facilitarán el proceso para abrir nuevas minas o talar árboles en zonas donde habitan especies protegidas, señala Gary Bass, presidente ejecutivo de OMB Watch, una ONG dedicada a estudiar la transparencia del Gobierno.

Avalancha legal

"Estas medidas benefician al sector privado y debilitan la normativa medioambiental", destaca Jody Freeman, profesora de Derecho de la Universidad de Harvard. Las nuevas normas del Ejecutivo siguen un proceso de aprobación menos complejo que otras leyes y son aprobadas después de un periodo de comentario público de uno o dos meses. Una vez aprobadas, el proceso para anularlas es largo y complejo, señala Freeman. "Estas leyes crean una verdadera carga para el próximo gabinete", resalta.

Entre las 90 normas pendientes de aprobación, una nueva ley permitirá que las empresas energéticas aumenten sus emisiones de CO2 en millones de toneladas. Otra suavizará los límites de centrales térmicas de carbón situadas cerca de los parques nacionales y eximirá a grandes explotaciones ganaderas de diversas regulaciones sobre contaminación. La batería de medidas incluye también rebajar los límites a explotaciones petroleras y sacar al lobo de la lista de especies protegidas.

El plan de última hora de Bush no es nada nuevo. La tradición de aprovechar el periodo entre el día de las elecciones y la toma de posesión para forzar nuevas leyes se remonta a tiempos de Thomas Jefferson (1743-1826), y es especialmente intensa cuando se espera un cambio de partido en la Casa Blanca. En 2001, Bush se encontró con más de 20.000 páginas de nuevas leyes aprobadas por el Gobierno de Bill Clinton durante los últimos tres meses de legislatura. Por su parte, el Gobierno de Bush dijo en mayo que pretendía evitar una nueva avalancha legal al final de esta legislatura. Sin embargo, todo indica que el próximo inquilino de la Casa Blanca va a encontrar un copioso catálogo de leyes como regalo de bienvenida.

Borradores bajo sopecha

Las prisas en aprobar estas normas suelen generar irregularidades. En el caso de estas últimas medidas de Bush, la rapidez con la que se han analizado los borradores es sospechosa, señala Gary Bass. Uno de los proyectos de ley recibió 200.000 comentarios, que deben ser revisados uno a uno. Teniendo en cuenta los recursos disponibles en la oficina que se encarga de revisar los proyectos, los empleados tuvieron que analizar siete comentarios por minuto. "Es totalmente absurdo", lamenta Bass.

Por su parte, la Casa Blanca negó recientemente que esté forzando normas al final del curso político y asegura que ha tomado medidas para evitar que se aprueben leyes
apresuradamente.

De ser finalmente aprobado, el legado de Bush será el tiro de gracia a su legado para con el medio ambiente tanto a nivel nacional como internacional. "Estas normas afectan profundamente no sólo a nuestra población, sino a todo el planeta", lamenta Bass.

De Kioto al plan «insuficiente» de reducción de emisiones

Durante los ocho años que George Bush ha estado al frente de la Casa Blanca, el cambio climático se ha convertido en uno de los mayores problemas internacionales. Pero nadie lo diría, a juzgar por su política medioambiental.

"Lo más importante que ha hecho Bush en relación al cambio climático es no hacer nada", destaca Henrik Selin, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston. Mientras el resto de países industrializados ha firmado el protocolo de Kioto para reducir las emisiones de CO2, Bush siempre se ha negado a ratificarlos. De hecho, mientras la UE y otros países industrializados han endurecido sus normativas, el Gobierno de Bush ha tendido siempre a suavizarlas, destaca Selin.

Al currículum de la Administración Bush también hay que añadir la negación de que el cambio climático esté relacionado con la actividad humana e incluso la manipulación de informes de agencias estatales que contradecían sus posiciones. En abril, Bush propuso un plan para reducir las emisiones de CO2 que fue recibido con frialdad por la comunidad internacional por ser insuficiente y llegar tarde.

"Bush ha dejado pasar la ocasión de resolver el problema más importante al que nos hemos enfrentado nunca", señala Elisabeth R. De Sombre, profesora de ciencias medioambientales y políticas en el Wellesley College. "Es una gran oportunidad perdida", destaca.


En contra del consenso científico
Fernando Sapiña-Navarro
Profesor de Química Inorgánica de la Universitat de València

El mismo día de las elecciones presidenciales de 2000 oímos que la Administración Bush había tomado decisiones que hipotecarían el Gobierno del futuro presidente de EEUU y que, entre ellas, había modificaciones de la legislación ambiental. Esto es un ejemplo de la turbulenta relación que han mantenido, en los últimos siete años y medio, el presidente Bush y sus asesores con distintos estamentos científicos.

En febrero de 2004, en una carta firmada por 62 distinguidos científicos estadounidenses, entre ellos 20 premios Nobel, se denunció que la Administración Bush tergiversaba el conocimiento científico cuando éste entraba en conflicto con sus intereses políticos. Para ello, se colocaban personas no cualificadas profesionalmente, o con claras incompatibilidades, en puestos oficiales o en comités asesores; cuando éstos no eran controlables, se disolvían; y se censuraban o se vetaban los informes elaborados por expertos que trabajaban en organismos gubernamentales.

No es extraño que, como recoge un informe de la Union of Concerned Scientists, cientos de científicos de la Agencia de Protección Ambiental hayan sufrido interferencias políticas en su trabajo y que la actitud de la Administración respondiera a una estrategia diseñada para romper el consenso desde hacía más de 30 años sobre temas ambientales.

En el exterior, Bush ha declinado liderar el consenso científico ante la evidencia del calentamiento. Y la mayor potencia económica se ha negado a firmar el Protocolo de Kioto, mientras que su adversario político hace ocho años, Al Gore, ganó el Nobel, junto al IPCC de la ONU. Una asimetría incómoda.