Señalado por la FAO en su Informe Anual de 2007 como uno de los treinta y siete países del mundo con inseguridad alimentaria severa, con una inflación hasta abril de este año cercana al veinte por ciento y con un déficit comercial externo que ha aumentado en el primer trimestre de 2008 en ciento noventa millones de dólares, Nicaragua, segundo país más pobre de Latinoamérica después de Haití pero con una riqueza en recursos naturales con la que se podría alimentar a toda Centroamérica, presenta un cuarenta por ciento de población que vive con menos de un dólar al día y las tres cuartas partes con menos de dos, lo que se traduce en que en más del cuarenta por ciento de los hogares se come menos de tres veces al día.

Ley de Soberanía Alimentaria retenida por la FAO

El GISSAN (Grupo de Interés por la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional), que agrupa en Nicaragua a 73 organizaciones nacionales y 25 ONG europeas, propuso en 2006 ante la Asamblea Nacional la Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional (SYSAN), ley que fue aprobada en todos sus puntos menos en el quinto, aquel en el que se prohibía expresamente la introducción en el país de OGM (Organismos Genéticamente Modificados), es decir, de alimentos generados a partir de semillas transgénicas como ayuda alimentaria. Con la ley parcialmente aprobada se pidió asesoramiento a la FAO, que, sin mostrar interés alguno por trabajar con el GISSAN en la elaboración de las nuevas propuestas, lleva presentados hasta el momento doce borradores que dan la espalda por completo a la ley aprobada parcialmente en junio de 2007.

El segundo aspecto de la SYSAN que no convence a la comisión de la FAO es la propuesta de crear un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria que se reuniría cada dos años y que estaría formado por un hombre y una mujer (agricultores) de cada municipio y de cada departamento del país. Estas 400 personas, a las que podrían sumarse todas las organizaciones que en Nicaragua trabajan para el desarrollo del pequeño y mediano productor, aunarían esfuerzos e ideas para revitalizar la producción agrícola desde lo local teniendo autoridad para tomar decisiones e intentando hacer frente a la revolución verde y a los ajustes estructurales exigidos por el FMI desde hace años, que ham convertido el campo de este país en grandes extensiones de monocultivo en manos de seis mil productores frente a las 196.000 unidades productivas agrícolas que existen actualmente. Según Eduardo Vallecillo, asesor nacional del GISSAN y principal impulsor de la SYSAN, "la crisis alimentaria hay que atajarla desde el poder local. A muchos alcaldes lo único que se les ocurre es acudir al PMA para conseguir comida por trabajo, y eso no es seguridad alimentaria Tampoco soluciona nada que las ONG internacionales realicen un gran despliegue de medios en las zonas rurales para que, después de terminado el proyecto y la subvención correspondiente, se vayan de la zona y dejen todo desamparado". Es aquí donde el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria se encargaría de aunar esfuerzos para impulsar la producción local en colaboración con las ONG y con los gobiernos locales y así hacer frente a las imposiciones comerciales del mercado que han hecho de Nicaragua un país que importa arroz de EE UU y frijoles de El Salvador, unos frijoles producidos previamente en Nicaragua que el país vecino les ha comprado mucho más barato de lo que luego se los vende.

Desde el GPAE (Grupo de Promoción de la Agricultura Ecológica) se ha puesto en marcha en el país nica una campaña que bajo el título de "El rescate de la semilla criolla" pretende que el agricultor recupere las semillas propias de su zona, aquellas que no necesitan agroquímicos a pesar de no estar artificialmente mejoradas. Según un estudio realizado en 150 comunidades del país, existen más de 120 variedades autóctonas diferentes de maíz y más de 130 de frijoles, semillas que se adaptan mucho mejor a las condiciones de cada zona. Se trata de una medida de choque frente a la agroindustria internacional capitaneada por la norteamericana Monsanto (primera en el mercado mundial de la semilla y controladora del ochenta por ciento de la producción mundial de transgénicos) que lleva años patentando especies de semillas que ha ido escogiendo de los países en vías de desarrollo y mejorándolas genéticamente. Esas mejoras implican la obligatoriedad de utilizar productos químicos que crea y comercializa la misma empresa. Iniciativas como ésta de la GPAE o la ley de SYSAN pretenden así devolver al campesino su poder y autonomía de antaño de tal manera que pueda producir alimentos de calidad y garantizarse así el derecho de todo ser humano a la alimentación.