La Jornada

Casi 12 meses después de que Greenpeace denunció que cultivos de maíz en el Valle de Cuauhtémoc, Chihuahua, estaban contaminados por organismos genéticamente modificados, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), reconoció los señalamientos de la organización ecologista.
Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace, afirmó que de esta forma se puso en evidencia que el gobierno federal carece de medidas de bioseguridad y que actúa lentamente para impedir que aumen- te el riesgo de contaminación para el campo mexicano y la producción nacional del grano más importante en nuestro país.
Exigió la moratoria total a la liberación de maíz transgénico al ambiente en México, en tanto no se esclarezca la fuente de contaminación de las semillas nativas en el estado de Chihuahua, así como la empresa responsable de esa variedad de maíz transgénico y se determine la extensión de la posible contaminación de variedades nativas y convencionales de maíz en otros estados.
También demandó que se repare el daño causado a los productores por la contaminación de sus cultivos y se establezcan medidas de seguridad en las vías de comercialización de las semillas en el territorio nacional.
Recordó que el 25 de diciembre de 2007, Greenpeace exigió a las autoridades de Chihuahua y a las federales imponer un sistema de inspección y vigilancia en la frontera norte para evitar el tráfico ilegal de semillas transgénicas, en especial de maíz, así como un sistema de monitoreo en todo el territorio nacional.
"Tardar diez meses en reconocer que hay contaminación en Chihuahua, pone en evidencia que la Sagarpa no tiene una estrategia de protección de nuestras variedades de maíz nativo y nos habla de un riesgo real y no ficticio que afectará a los productores del grano en Chihuahua y en otras entidades del país, que subsisten de su siembra y cosecha", abundó en un comunicado.
Chihuahua es el primer caso que reconocen las autoridades agropecuarias, pero en 2001 se presentaron evidencias de contaminación de variedades nativas de maíz por granos transgénicos en Oaxaca; en 2005, en Veracruz, en 2006, en Michoacán y Sinaloa; y el año pasado en Tamaulipas y en las delegaciones de Milpa Alta y Magdalena Contreras, en el Distrito Federal.
"Ante este alarmante caso de contaminación, el gobierno federal no puede seguir eludiendo su responsabilidad de salvaguardar la soberanía alimentaria de nuestro país. Es preciso prohibir la liberación del maíz transgénico al medio ambiente. De no hacerlo, se sentará un pésimo precedente al respaldar los intereses de las grandes empresas semilleras como Monsanto, que se caracteriza por su estrategia de contaminar para lograr que se aprueben sus variedades transgénicas y cobrar regalías a cuanto agricultor tenga productos genéticamente modificados en sus campos", asentó.