Shawn Hattingh
IPS

La población de varios países de África toma las calles para reclamar por el derecho básico a la alimentación. La nefasta situación no es antojadiza, sino consecuencia del sistema económico mundial vigente.

En las naciones donde hubo reclamos, las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes con escudos, bastones, gases lacrimógenos, rifles e incluso ametralladoras. Esta reacción desmedida acabó con cientos de vidas.

Millones de personas deben luchar para conseguir alimento a causa de las enormes disparidades e inequidades, exacerbadas por la adopción de políticas económicas de corte neoliberal, como las dispuestas por casi todos los países africanos en los últimos 30 años.

Esas políticas favorecieron los intereses de las grandes corporaciones en perjuicio de la población y permitieron que un puñado de empresas se arrogaran el virtual monopolio de la cadena alimentaria.

Antes del advenimiento del neoliberalismo en la década del 80, muchos gobiernos africanos, como el de Tanzania, asistían a los pequeños agricultores de sus países mediante diferentes subsidios, incluso a la investigación, el transporte y los servicios de procesamiento.

Tras la independencia de Zimbabwe en 1980, el gobierno, incluso, subsidió semillas, abono y equipos necesarios para los pequeños agricultores.

Los países africanos aplicaban altos aranceles a la importación de alimentos básicos como maíz, arroz y otros granos para proteger a pequeños y medianos agricultores de la competencia desleal y de los precios más bajos de los productos extranjeros.

Numerosos estados también desempeñaron un papel activo en ese periodo ayudando de los agricultores a formar cooperativas.

Como consecuencia, los pequeños y medianos agricultores abastecían a gran parte de la población africana entre 1950 y 1980. De hecho, hasta finales de los 70, este continente fue un neto exportador de alimentos.

Pero la situación cambió totalmente en la década siguiente.

A principios de los 80, Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial recurrieron al poder de la deuda contraída por muchos países africanos para obligarlos a adoptar políticas económicas neoliberales en el marco de los Programas de Ajuste Estructural.

Gobiernos africanos se vieron obligados a vender sus activos a compañías multinacionales, permitir que empresas extranjeras ingresaran y sacaran dinero, poner fin a los subsidios a los alimentos, crear zonas francas de procesamiento de exportaciones, aplastar los derechos laborales, liquidar leyes ambientales y congelar salarios.

También debieron reducir los aranceles a la importación de productos agrícolas, lo que abrió mercados a las multinacionales. Además debieron disminuir de forma drástica los subsidios a los pequeños agricultores, cuya producción se destinaba al consumo interno.

Estados Unidos y la Unión Europea siguieron subsidiando a sus propios agricultores, en su mayoría corporaciones agroindustriales. También mantuvieron aranceles altos para los productos agrícolas.

El resultado de esa política fue que, a mediados de los 80, los pequeños agricultores de África perdían una competencia injusta con sus pares subsidiados de Estados Unidos y Europa, cuyos productos inundaban sus países.

Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial pidieron a los países africanos que liquidaran la asistencia a sus pequeños agricultores. Pero los alentaron a seguir ayudando a las corporaciones y a los grandes agricultores, cuya producción se exportaba.

Desde Ghana a Kenia, se estimuló la producción de ciertos cultivos necesarios o pedidos por Europa y Estados Unidos.

Por ejemplo, Kenia debió concentrarse en el cultivo de flores para exportar a Europa, en tanto Ghana se dedicó a la producción de cacao para Estados Unidos.

Esos países, presionados por los organismos multilaterales de crédito y las compañías multinacionales, priorizaron esos cultivos en vez de los que permitían alimentar a la población local.

Las compañías estadounidenses y europeas también emplearon el régimen de "libre" comercio para aterrizar en las naciones africanas y arrogarse mercados enteros o instalar operaciones destinadas a la exportación.

Por ejemplo, la empresa italiana Parmalat empleó políticas neoliberales en Sudáfrica para copar el país en forma masiva en los 90 mediante la compra de las compañías lácteas locales como Towerkop y Bonnita.

Al principio, Parmalat subsidió sus emprendimientos en Sudáfrica mediante sus operaciones internacionales. Eso les permitió lanzarse con precios de guerra, lo que, a la postre liquidó, a muchos de sus pequeños competidores.

De esa forma se hicieron con el monopolio virtual de la industria láctea de este país.

Con el advenimiento del libre comercio y el recorte drástico de los aranceles a las importaciones en África, los productos agrícolas subsidiados exportados por las corporaciones de Estados Unidos y Europa inundaron las naciones africanas.

La mayoría de los pequeños agricultores, que se quedaron sin subsidios en el marco de las políticas de ajuste estructural, no pudieron competir con los precios.

Por ejemplo, cuando se bajaron los aranceles en África meridional y occidental, las corporaciones europeas se aprovecharon e inundaron esas regiones con productos cárnicos. El resultado fue la ruina de miles de ganaderos.

Millones de pequeños agricultores y trabajadores rurales de África se vieron expulsados de sus tierras. Por lo tanto, las naciones africanas ya no puedan cubrir sus necesidades alimenticias por sus propios medios.

De hecho, 25 por ciento de los productos alimenticios importados por África proceden de Estados Unidos y Europa, lo que, por supuesto, beneficia a las compañías multinacionales.

Ese funesto desarrollo de los acontecimientos es lo que determinó que muchos africanos exigen comida. Los pobres del continente protestan en reclamo de su derecho a alimentarse y a vivir con dignidad.

Pero esa lucha no es nueva.

Movimientos internacionales como La Via Campesina, a la que están afiliadas muchas organizaciones rurales de África, luchan por el derecho a alimentarse desde hace décadas.

La Via Campesina defiende la producción local como forma de cubrir las necesidades locales fuera de la economía controlada por las corporaciones internacionales.

De hecho, es necesario romper el control de las corporaciones sobre la cadena alimenticia, y sólo la gente puede hacerlo. Sólo la gente y sus acciones pueden crear un mundo libre, democrático, digno y equitativo, en el que nadie muera de hambre simplemente por no tener dinero.

Shawn Hattingh es un investigador y docente del Grupo de Información e Investigación Laboral, con sede en Ciudad del Cabo.