Los alimentos que integran la canasta familiar básica como grasas y aceites son los de mayor aumento en el año cerrado en junio 2008, un 49,7%. Es decir un 600% más que la inflación anual promedio de 8,42%. Las frutas aumentaron un 47,47%, lácteos y huevos un 24,07%; panes y cereales un 23,32%; azúcar, café, té, yerba y cacao un 17% y carnes y derivados un 10,29%.

            El aumento del precio de la electricidad, que en el primer semestre del 2007 fue de un 7%, ha pasado en el primer semestre del 2008 a 16,48% y el gas pasó de 5,4% en el 2007 a 12,17% en el 2008. Lo mismo ha pasado con los rubros combustibles y vivienda.

            La inflación es empujada por varios productos de consumo cotidiano (frutas, aceites y grasas, lácteos y huevos, legumbres y tubérculos, carne y derivados) y servicios (electricidad, gas y combustible).

Ajustándonos siempre a los datos del INES, con las limitaciones anotadas, podemos ver que son las familias más pobres las que se están endeudando o están perdiendo patrimonio para financiar la carestía. Según las cifras que surgen de la Encuesta nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares, dividida la población en quintiles (en franjas del 20%) resulta que el 20% más bajo se endeuda en un 11,8% de sus ingresos al mes. Esta misma franja gasta en alimentos un 35% de sus ingresos y un 12,5% en transporte, mientras que en las de mayores ingresos gastan un 11% en alimentos y un 5,2% en transporte.

Si la inflación del año en alimentos y energía es del 18%, para quienes tienen ingresos fijos del quintil más bajo es del orden del 50% de sus ingresos. Analizaremos lo que significa la caída de poder adquisitivo:

Una inflación del 18%, da una promedio mensual de un 1,5% en alimentos transporte y energía.

Veremos que sucede sobre un sueldo de $U 10.000 (promedio que gana el 70% de los trabajadores según el Ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori, "renegado de izquierda" y precandidato de Washington a Suárez y Reyes) cuando es atacado por la inflación que el INES registra, sin olvidarnos lo del párrafo anterior: si la inflación en alimentos y energía es del 18%, para muchos será del 50%.

          El gobierno expropiará de los bolsillos de trabajadores, jubilados y quienes perciban ingresos fijos un mes de lo que se gasta en comida, energía y transporte. Es como trabajar gratis un mes para los capitalistas y el estado. Es como regarles el aguinaldo o el salario vacacional, pues sobre el resto del salario la inflación castiga con un promedio "oficial" del 8,5% anual. Esto significa que quienes ganan $U 10.000 al mes, cobran un aguinaldo de $U5.000 promedio, pero lo perderán mes a mes con la pérdida de poder adquisitivo.

En el 2005, el PBI crece un 6,6% y el salario real (limitado por las pautas del gobierno) un 4,6%. En el 2006, el PBI crece un 7% y el salario real un 4,4%. En el 2007, el PBI crece 7,4% y el salario real un 4,8% En lo que va del 2008, el PBI tiende a crecer un 8% y las pautas del gobierno establecen que no pueden sobrepasar un 5% de aumento.

El compromiso del gobierno de recuperar lo perdido bajo el gobierno de Jorge Batlle está lejos de cumplirse y los salarios e ingresos familiares del quintil más bajo padecen un endeudamiento permanente. La REDIU (Red de economistas de izquierda del Uruguay) ha calculado que la transferencia de recursos de la clase trabajadora a los capitalistas, por la diferencia entre el crecimiento del PBI con el aumento del salario real en el año 2005 fue 1650 millones de dólares, en el año 2006 de 1860 millones de dólares y en el 2007 de 2160 millones de dólares. Y otro tanto se espera para el 2008.

El actual dirigente del MLN (el renegado y precandidato de la oligarquía agro exportadora a Suárez y Reyes) José Mujica, en su etapa guerrillera levantaba un programa que sobre el tema establecía: … 2) El comercio mayorista, los grandes supermercados, almacenes, tiendas y mercados de carnes, etc., serán socializados y administrados por sus trabajadores."

Al integrar el FA a través del Movimiento 26 de Marzo, en la etapa fundacional del 71, en sus 30 Primeras Medidas de Gobierno decían, sobre los precios de la canasta familiar: "Aseguraremos el poder de compra de la población y el abastecimiento adecuado de los artículos de consumo popular, aplicando la ley de subsistencias, fijando y controlando precios y eliminando la intermediación parasitaria. Se constituirán inmediatamente, a estos efectos, organismos de control popular, integrados por productores y consumidores".

Raúl Sendic (en la cárcel, finales del 84 y principios del 85) escribió un documento denominado "Por la tierra y contra la pobreza", donde en el capítulo "Mecanismos para aplicar el Plan de Emergencia" dice: "1 – Control estricto de todos los precios. Y no solo de los artículos de primera necesidad porque la experiencia de Venezuela enseña que el capital en ese caso se desplaza a la producción de artículos que no sufren control, descuidando la prioridad que debe tener la de los básicos. 2 – Fijación administrativa de todos los precios, buscando que la rebaja de los artículos de primera necesidad sea compensada por la suba de los suntuarios para rectificar la tendencia de los últimos años que han traído una rebaja de los suntuarios y una suba relativa de los esenciales."

En las elecciones de 1984 (dentro de las Medidas de Emergencia) el FA planteaba en el Capítulo II Sobre la realidad económica: "… 4 – Control de los precios esenciales de la economía, incluyendo la de los componentes de la canasta familiar, así la de aquellos rubros fundamentales para la reactivación de las principales ramas de la producción."

El Frente Amplio en su programa (para las elecciones de 1989) se comprometía en el documento Fundamentos del Plan Económico a: "… se fijarán oficialmente los precios de los productos que integran la canasta familiar, así como de aquellos bienes fundamentales para el aparato productivo"

En el año 91, en un reportaje de Marta Harnecker a principales dirigentes frenteamplistas, estos se comprometían ante la eventualidad de ser gobierno, en un plan económico que establecía: "…El Uruguay va a tener que analizar la estructura de precios… de los elementos relevantes por el alto poder de incidencia que tienen en lo que es el costo de la canasta familiar. Estos precios van a tener que ser controlados por nuestra concepción del problema… hay una tendencia casi total a la liberación; solo quedan pocos precios controlados... No hay derrota a la inflación, sino hay control de precios… además del pan, habría que hacer una canasta mínima y tenerla bajo control."

La principal respuesta del gobierno, fiel a su concepción hipócrita de la política, es maniobrar con las cifras del INES. La oposición burguesa denuncia y corre por la izquierda al gobierno. El senador Ruperto Long (Alianza Nacional) recordó "que el gobierno de Tabaré Vázquez incurre en prácticas que "ya vimos" en Argentina. Hoy día no hay números confiables. No se sabe cuál es la inflación. La falta de confiabilidad en las cifras comienza a instalarse en Uruguay". El ex presidente de la República y líder del Herrerismo, Luis Alberto Lacalle, propuso al ministro de Economía, Danilo Astori que baje 10 puntos del IVA a 30 productos de la canasta básica para mejorar el poder adquisitivo de los uruguayos. "El gobierno tiene margen como para instrumentar esta medida", dijo el dirigente a El País. Lacalle señaló que "si el gobierno no detiene la suba de los precios de los alimentos, va a sumergir a más uruguayos en la pobreza y el país pasará un invierno muy duro". Recordemos que más arriba señalábamos las críticas de la REDIU

Las presiones inflacionarias persisten y las medidas del gobierno son: 1) aumento del 100% de los encajes bancarios. 2) Habilitación del pago en dólares de los tributos. 3) Se podrán comprar con dólares las letras en pesos de unidades indexadas. 4) Se agilitarán trámites para importaciones de frutas y verduras. 5) Desde el 1º de agosto rige la nueva disposición del gobierno que exonera del pago del IVA a las enajenaciones de manzanas, papas, cebollas y ajos tanto para el mercado interno como para las importaciones de estos productos. Este decreto durará 60 días. 6) El gobierno ha hecho acuerdos con algunos sectores productivos para congelar precios durante 60 días. 7) El Poder Ejecutivo difundió la nueva cifra del Salario Mínimo Nacional, que será retroactivo al 1º de julio del presente año. El decreto, que lleva la firma de los ministros de Trabajo y de Economía y del presidente de la República, establece el nuevo valor para el Salario Mínimo Nacional (el último aumento regía desde el 1º de enero de 2008 y fijaba el SMN en $U 3.416) en $ 4.150, con lo cual se registra un aumento de 21,5%. El valor del jornal diario mínimo quedó en $166 y el valor mínimo por hora en $20,75.

Son medidas que restringen el circulante, encarecerán el crédito y el pago en dólares va en contra del anuncio de "pesificar" la economía.

Existe un empuje especulativo entre las tasas de interés internacionales que bajaron y las tasas de interés alto de los títulos en moneda nacional. Existe un empuje de capital que entra para especular y el Banco Central toma medidas estrictamente monetaristas en consonancia con la política neoliberal, donde el mercado fija los precios, sin tener en cuenta el flagelo cotidiano de la carestía.

El gobierno ha solicitado a los sectores productivos y especuladores de intermediación comercial a que se apiaden del pueblo y resignen ganancias. Educa en la política del "buen burgués" para que los trabajadores confíen en ellos.

Con el aumento de un 21% del salario mínimo, éste apenas pasa el 10% de la canasta familiar (34.134.- pesos). Esta medida ha sido muy propagandeada con el argumento gubernamental de una franca recuperación de salarios, pero el SMN fue aumentado en la cifra promedio que aumentaron los alimentos, energía y transporte en el último año, lo que demuestra con claridad que no hubo ni habrá recuperación salarial ninguna.

Mientras suenan los bombos y platillos de superávit fiscal, los trabajadores pagamos el IVA más alto de América Latina:

Argentina: 21%, Bolivia: 13%, Brasil: 20%, Colombia: 16%, Costa Rica: 13%, Rep. Dominicana: 16%, Ecuador: 12%, El salvador: 13%, Guatemala: 12%, Honduras: 12%, México: 15%, Nicaragua: 15%, Panamá: 10%, Paraguay: 10%, Perú: 19%, Uruguay: 22%: Venezuela: 9%.

            La presión fiscal ejercida siempre en este país fue volcada, sin miramiento alguno, a los costos de producción o consumo, recayendo siempre sobre los consumidores finales, es decir la clase obrera y el pueblo. Pero la ecuación que utilizan los "Chicago Boys" progresistas se inclina a favor de impuestos indirectos, llamados de base ancha (IVA, etc.), los impuestos más injustos y de carácter regresivo en la distribución de la riqueza.

            La lucha contra la carestía, por la recuperación salarial y por la soberanía alimentaria no es un fenómenos coyuntural, que pueda derrumbarse por medidas de corte electoralista por parte del gobierno. La crisis internacional generada por la conjunción e interrelación del estallido de las burbujas financieras del mercado inmobiliario, de la crisis energética por la escalada del precio del petróleo y de la crisis alimentaria por la utilización de comida como combustible y por la especulación financiera con los precios de las materias primas; hace que sobre el horizonte más o menos inmediato este abierta una crisis de dimensiones similares a la desatada a principios del 2000. La situación y las "soluciones" del gobierno obedecen a una lógica neoliberal y fondomonetarista, expropiatoria de salarios e ingresos para la realización de la ganancia.

Debemos encarar la tarea ardua, pero necesaria, de impulsar la unidad de los sectores que no concilian para enfrentar los planes del gobierno de sometimiento de la clase obrera y el pueblo al sacrosanto mandato del capital. No hay quién, pretendiendo jalonar los procesos a partir de sí, abra una alternativa real para la defensa de los intereses populares. Acaso si, logre el pingüe negocio de contribuir al actual estado de cosas.