Entrevista con Bruno Rütsche, representante suizo en el Tribunal
 
Sergio Ferrari*
 
A mediados de septiembre , entre el 15 y el 18, el "caso Colombia" ocupará la atención del Parlamento Europeo. En su sede  de Bruselas se realizará el Tribunal Internacional de Opinión  (TIO) que dará  continuidad a una iniciativa que acaba de realizarse en Bogotá.  En efecto, casi dos meses atrás, el 23 julio pasado, el Tribunal Permanente de los Pueblos había condenado a ese Estado latinoamericano y su Gobierno por violaciones a los derechos humanos. Y también sancionó a numerosas empresas multinacionales, entre ellas cuatro helvéticas,  allí implantadas. Bruno Rütsche, educador y pedagogo helvético que vivió entre 1983-1986 en dicho país, secretario del Grupo de Trabajo Suiza-Colombia, "militante social y de los derechos humanos", según su propia definición, fungió en tanto *juez* en el capítulo colombiano. Junto con el premio Nobel de la Paz 1980,  Adolfo Pérez  Esquivel –presidente-; con el sociólogo belga François Houtart , el magistrado francés Philippe Texier y otras personalidades del mundo entero. Entrevista exclusiva.
 
P: ¿En qué consiste esa próxima iniciativa en relación a Colombia que se realiza en el Parlamento Europeo?
R: Será un esfuerzo para informar y sensibilizar sobre las decisiones del capítulo Colombia del Tribunal Permanente de los Pueblos. Que es un tribunal de opinión y de incidencia, que se encarga de sancionar crímenes contra la humanidad no juzgados en otros tribunales.
Luego de varias audiencias preliminares, el Tribunal se clausuró en la capitalina Universidad Nacional, en un enorme auditorio en el que se reunieron en torno a 2.500 personas.
 
P: ¿Por qué llevar ahora esas resoluciones  a este TIO a realizarse en el Parlamento Europeo?
R: Porque hay muchas de la treintena de empresas multinacionales involucradas que tienen su sede oficial en Europa.  Se intenta crear conciencia de la necesidad de condicionar la política económica de los Estados y la acción de las trasnacionales a la legislación internacional. Incluso con el concepto de *acción vinculante*. Es decir, se busca promover que las trasnacionales que actúan en diversas regiones del mundo respeten las leyes de su país de origen. Y si no lo hacen, que puedan ser sancionadas por dichas normas jurídicas.
 
 
IMPUNIDAD DE LAS "MULTIS"
 
P: ¿La decisión del Tribunal significa que en Colombia las multinacionales tienen potestad para hacer lo que quieren?
R: En cierta manera es así. Una de las principales conclusiones de este capítulo Colombia del Tribunal va en esa línea. Las multinacionales condicionan y aprovechan al  Estado; irrespetan leyes  existentes –incluso la misma Constitución Nacional de 1991-;  y presionan para la elaboración de otros instrumentos jurídicos que les son favorables. Y, fundamentalmente, quedó en evidencia la agresividad de la acción de esas grandes empresas que para aumentar ganancias no dudan en violar los derechos de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los trabajadores y sindicatos. Una enorme impunidad en su acción...
 
P: ¿Podría dar algunos ejemplos?
R: Con abultada documentación el  tribunal probó que el Código de Minería de Colombia, por ejemplo, fue elaborado por ex - gerentes de empresas privadas mineras, instaurando normas lesivas a los derechos de los pueblos.
Y se probó también que la avaricia de dichas multinacionales, que han aumentado su saqueo de Colombia en estos últimos 20 años, no tiene límites. En muchos casos, son responsables o co-responsables de buena parte del desplazamiento forzado de más de 4 millones de campesinos en igual período.
Hay también en cierta forma una co-responsabilidad en el asesinato de  4 mil sindicalistas que se dio en este mismo período, ya que no se conoce ninguna condena enérgica de las transnacionales frente a estos crímenes. Más bien ellas se han beneficiado de dicha política antisindical. Por otra parte, son 28 los pueblos indígenas, sólo en ese país sudamericano, condenados a la extinción como consecuencia de las políticas agresivas -hacia las tierras y territorios-  promovidas por algunas de estas multinacionales. Todo esto está debidamente documentado y probado.  La resolución del Tribunal tiene más de 40 páginas. La audiencia previa en Atanquez sobre genocidio indígena, también en julio pasado, cuenta con casi 20 páginas. Sin olvidar los cientos y cientos de documentos recibidos y analizados por el Tribunal.
 
LAS MULTIS SUIZAS EN LA DANZA
 
P: ¿Entre esas multinacionales condenadas hay algunas suizas?
R: En efecto, son cuatro. La Nestlé , Holcim, Glencore y Xtrata.
 
P: Puede explicarnos en que consisten las violaciones de las mismas...
R: La Nestlé es un caso muy sonado. Muy mediatizado en Colombia dado que como multinacional de la alimentación sus productos están presentes en cada mercado. Y además, porque se han dado asesinatos de dirigentes sindicales de la Nestlé , que habían dirigido o acompañado  conflictos sociales. Nunca esclarecidos. También se la vincula a casos de polución de agua y otros aspectos ambientales.
La Glencore es menos conocida, tanto en Colombia como en Suiza mismo.  Compró la refinería de Cartagena –que antes estaba nacionalizada- y tiene minas de carbón en varias regiones del país. Ha sido mencionada en el Tribunal especialmente por sus políticas anti-sindicales, por su insensibilidad ante las reivindicaciones sociales. Por otra parte, algunas de las regiones mineras donde actúa son conocidas por la alta presencia de paramilitares. Se podría imaginar nexos.
Xtrata, con participación en la Mina del Cerrejón, se benefició del desalojo de varios pueblos indígenas, especialmente afro descendientes, para ampliar la mina. Sin resolver ni la indemnización ni la reubicación de los afectados.
En cuanto a la cementera Holcim, se la identifica particularmente por explotar arena en zonas urbanas de Bogotá, aumentando la polución del agua y del medioambiente y amenazando la salud de barrios populares capitalinos. Un ex -  gerente de la Holcim participó en la reelaboración de las leyes mineras. Esto es sólo una parte de lo que fue analizado en el Tribunal...
 
P: Este verano explotó un sonado caso en Suiza que indica que la empresa privada de seguridad *Securitas* infiltró hace algunos años por encargo de la Nestlé al movimiento social ATTAC ¿Se conocieron estos hechos en el Tribunal?
R: Sí. Llegaron las informaciones al Tribunal. Se estudió una fornida documentación elaborada sobre el caso por Multiwatch. Y esta información causó mucho estupor en Colombia. No se podía creer que esto hubiera pasado en Suiza. Este caso integra la documentación final del Tribunal.
 
P: ¿Si regresamos al inicio de nuestro diálogo, se puede decir que la resolución del Tribunal fue muy enérgica?
R: En efecto. No sólo condenando al Estado y al Gobierno actual, sino también fue ejemplar al sancionar la responsabilidad de algunas de las multinacionales presentes hoy en Colombia. Y creo que esta sentencia tiene un valor particular. Ya que desenmascara la política neoliberal agresiva a nivel global a partir del caso concreto de Colombia. No se puede olvidar, además,  que esa política implementada en Colombia es avalada y promovida por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y por la Organización Mundial del Comercio...
 
P: ¿ Las conclusiones del Tribunal de los Pueblos además de ser presentadas en el Parlamento Europeo, serán enviadas a otras instancias internacionales?
R: Las resoluciones y fallos,  las actas de sustentación y un archivo básico han sido ya enviadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Penal Internacional y a distintas instancias del sistema de Naciones Unidas. Incluso se está barajando la idea de impulsar, en algún tiempo, la creación de una Corte Penal Internacional que condene los crímenes económicos. En torno al trabajo del Tribunal está también muy presente la necesidad de luchar contra la impunidad que impera en relación a muchos de los casos estudiados, sea con responsabilidad del Estado o de las grandes empresas trasnacionales. El objetivo último sería poder enjuiciar directamente  a las multinacionales en los organismos de Naciones Unidas cuando se compruebe, como en Colombia, la violación de derechos humanos, sociales y culturales.
 
*Sergio Ferrari
Servicio de prensa E-CHANGER