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Fue divulgado ayer (15) el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones arbitrarias, sumarias o extrajudiciales, elaborado por el relator especial Philip Alston, que visitó Brasil durante 11 días en noviembre de 2007. El relator recorrió las ciudades de San Pablo, Río de Janeiro y Pernambuco para examinar la política de seguridad, la violencia policial, el sistema carcelario, la acción de grupos de exterminio, la violencia en el campo y en contra de pueblos indígenas.

Según el informe, en Brasil tienen lugar aproximadamente 48 mil muertes por año, haciendo que el país tenga una de las mayores tasas de homicidios del mundo. Datos de 2006 señalan que la tasa de homicidios del país es cerca de dos veces superior a la media mundial, con 25 homicidios por cada 100 mil habitantes. La media mundial es de 8,8 muertos cada 100 mil habitantes, no incluyendo las muertes relacionadas con las guerras.

 El relator especial recomienda reformas en la Policía Civil, Policía Militar, corregeduría de policía, medicina legal, fiscalía pública, poder judicial y en la administración carcelaria: "Muchas veces, los integrantes de las fuerzas policiales contribuyen con el problema de las ejecuciones extrajudiciales en vez de ayudar a solucionarlo. En parte, existe el problema relevante de los policías en servicio que usan fuerza excesiva y practican ejecuciones extrajudiciales en esfuerzos ilegales y contraproducentes para combatir el crimen. Pero también existe el problema de los policías que no están de servicio y que se congregan para formar organizaciones delictivas que también participan de asesinatos".
De acuerdo con el texto, policías en servicio son responsables de una proporción significativa de todas las muertes que ocurren en Brasil. Datos del informe revelan que mientras la tasa de homicidios oficial de San Pablo disminuyó en los últimos años, el número de muertos por la policía aumentó, de hecho, en los tres últimos años. En 2007, los policías en servicio mataron a una persona por día. En Río de Janeiro, los policías en servicio son responsables por casi el 18% del número total de muertes, matando a tres personas cada día.
El informe critica también los trabajos practicados por policías cuando están fuera de servicio: "Es un hecho sabido en los más altos escalones del gobierno, de la policía y por los comandantes de policía que la práctica prohibida de tener un segundo empleo -principalmente como guardias de seguridad- está bastante difundida. Sin embargo mientras se realizan esfuerzos en Pernambuco, quedó claro para mí que en San Pablo y Río de Janeiro nada se está haciendo para tratar este problema".
Sobre las milicias, el relator afirma que "para los vecinos, vivir bajo el dominio de una milicia es, muchas veces, tan violento e inseguro como vivir bajo el dominio de una facción. Las milicias ejecutan extrajudicialmente a los sospechosos de ser traficantes para forzar su retirada del área, ejecutan a sospechosos de otros crímenes, intimidan a los vecinos y amenazan y matan a aquellos que hablan en contra de la milicia o que sean considerados aliados de otros grupos que ambicionan el control".
En relación con los escuadrones de la muerte, Alston dice que esos grupos de exterminio están formados por policías y otros, con la finalidad de matar, principalmente en busca de lucro. "Tales grupos a veces justifican sus actos como una herramienta extralegal de ‘combate del crimen’. En los casos en que los grupos son contratados por dinero, los contratantes a veces integran otras organizaciones delictivas, son traficantes o políticos corruptos que se sienten amenazados y buscan dominar esa amenaza, obtener ventajas sobre otro grupo rival, o para vengarse".
Según el informe, datos del Ministerio Público de Pernambuco indican que aproximadamente el 70% de los asesinatos en Pernambuco son practicados por los escuadrones de la muerte. "Una CPI del congreso nacional constató que los grupos de exterminio están en su mayoría, formados por agentes del gobierno (policías y agentes penitenciarios) y que el 80% de los crímenes cometidos por los grupos de exterminio involucran a policías o ex-policías", agrega.
En conclusión, el relator de la ONU hace una serie de recomendaciones al poder público brasilero sobre estrategias de vigilancia policial, involucramiento de policías en el crimen organizado, responsabilización de las policías, pruebas periciales, protección de testigos, promotores de justicia, estructura del poder judicial, sistema carcelario. Sobre el sistema carcelario, el informe aconseja que el gobierno tome medidas que terminen con el control de las facciones en los presidios, eliminando los celulares y diminuyendo la superpoblación.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com  
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