Guillermo Almeyra
La Jornada

Bolivia arde y la derecha, alentada y organizada por Washington, con su escalada de violencia, marcha hacia la guerra civil. Venezuela, a su vez, enfrenta la posibilidad de un golpe militar, con apoyo mediático y empresarial, también orquestado en Estados Unidos. En cuanto a Paraguay, Fernando Lugo denunció la preparación de un golpe de Estado y sigue sometido a la presión del Departamento de Estado que le exige defenestrar a su ministro de Relaciones Exteriores, a quien Washington acusa de estar ligado a Hezbollá y Hamás. Al mismo tiempo, el FMI se opone a que el gobierno paraguayo decida gravar la exportación de soya. Argentina, por su parte, enfrenta un proceso montado en Miami contra un delincuente estadunidense-venezolano que introdujo ilegalmente en Buenos Aires una valija con 800 mil dólares. A pesar de que éstos fueron incautados por la aduana argentina y ahí quedaron sin ser utilizados, y a pesar de tres pedidos de extradición de la justicia bonaerense que ni siquiera recibieron acuse de recibo, el FBI trata de montar un caso para favorecer a la derecha argentina alegando el financiamiento ilegal exterior a la campaña electoral de Cristina Fernández. Todo esto mientras Estados Unidos reactiva su Cuarta Flota que, con el pretexto de combatir el narcotráfico, patrullará no sólo las costas de los países latinoamericanos sino que planea surcar los ríos internos amenazando a Brasil, Uruguay, Ecuador, además de Venezuela, Argentina, Paraguay.
Bolivia expulsó al embajador estadunidense tras probar su conexión con la derecha secesionista de la Media Luna, cuyos bloqueos y terrorismo cortan el suministro de energía a Brasil y Argentina, y amenazan a Paraguay.
Venezuela también adoptó la misma medida, Honduras no da el placet al embajador de Washington y Argentina hizo saber que se siente agredida.
América Latina está alerta y en tensión.
El agravamiento de la crisis en Estados Unidos y la caída del precio del petróleo y de las materias primas son una amenaza para los gobiernos que desean mantener al menos cierta distancia de Washington. Al mismo tiempo, agudiza la lucha entre los sectores burgueses en cada país y los oprimidos y explotados, y también la disputa por los ingresos estatales y por el poder entre los sectores capitalistas agrarios y financieros unidos al capital financiero internacional y los mucho más débiles que, por el contrario, desean el desarrollo del mercado interno y tratan de apoyarse en la población pobre haciéndole concesiones y mejorando su situación.
Dado que los sectores capitalistas dominantes están unidos al capital extranjero y buscan apoyo en Estados Unidos y los sectores reformistas y distribucionistas vacilan, la defensa del desarrollo y de la soberanía nacional está en manos, exclusivamente, de los indígenas, campesinos, obreros y los sectores más pobres de las clases medias urbanas y rurales.
Eso exacerba la discriminación clasista y racista de los capitalistas dominantes, que a veces atrae a sectores populares que se sienten superiores a los "indios" o "negros" y adoptan como propia la ideología de sus patrones. Esa es la base de masas del imperialismo, que no puede invadir con los marines y dirige la guerra sociológica y sicológica utilizando sus medios de información a los que las clases medias reaccionarias les hacen de altavoz. Las clases dominantes locales más reaccionarias, como en el Chile de Salvador Allende, son la infantería de Washington que las dirige por control poco remoto.
Además, la candidata a vicepresidente de McCain, la gobernadora Palin, acaba de declarar que Estados Unidos debe estar listo para la guerra con Rusia (y, por tanto, con China, aliada de Moscú), y Washington ha reanimado la guerra fría en escala mundial. De esta forma parte la decisión de derribar a los gobiernos que, aunque sean capitalistas, no están alineados con el imperialismo. Venezuela, para defenderse, compra armas rusas y Bolivia se apoya en Irán, lo cual convierte a Hugo Chávez y a Evo Morales en blancos inmediatos y directos.
El gobierno boliviano acaba de declarar el estado de sitio en Pando pero busca negociar con la derecha. Sin embargo, en Bolivia la izquierda tiene el gobierno, pero el Estado sigue siendo del capital, como en Venezuela, donde parte del aparato estatal conspira contra Chávez. La derecha boliviana quiere recuperar el poder del Estado apoyándose en una parte de éste contra el presidente indígena. La justicia corrupta no la condenará y la derecha no conciliará ni negociará porque tiene una base de masas racista y fascistizante en Santa Cruz y el apoyo de parte de los aparatos estatales (y de parte del alto mando militar). No hay, por tanto, otra vía para reprimir a la derecha que recurrir a la represión estatal para hacer respetar la Contitución y armar a los campesinos para garantizar la democracia y evitar el asesinato de trabajadores inermes por las bandas racistas armadas.
Es justo evitar en lo posible el derramamiento de sangre y no depender sólo de militares y policías, pero ya corre la sangre de los campesinos y los uniformados son apaleados por los grupos de choque racistas que se envalentonan ante su impunidad mientras en las fuerzas armadas la debilidad política del gobierno da margen al golpismo. Es correcta, por tanto, la advertencia de Chávez de que intervendrá en un conflicto armado si se intenta derrocar al gobierno legítimo de Evo Morales. También Brasil, Argentina, Chile, Ecuador y Perú dan su apoyo "incondicional e irrestricto" a Morales, como debería hacerlo todo gobierno latinoamericano. En nombre de Juárez y de Zapata debemos exigir ese apoyo al gobierno mexicano.