Como en casi todas las confrontaciones políticas contemporáneas, la disputa por la tierra es el catalizador de la violenta revuelta separatista que estalló en Santa Cruz.
Los pueblos indígenas y campesinos reclaman la devolución de territorios despojados a sus ancestros, y la burguesía terrateniente cruceña defiende sus latifundios mal habidos activando un golpe cívico prefectural en Santa Cruz, el departamento más extenso y desarrollado de Bolivia.
Luego de tres siglos de sistemático despojo del territorio indígena durante la colonia y la República, la reforma agraria de 1953 entregó a un sector minoritario las tierras más ricas que quedaban en la región amazónica y chaqueña, a veces a costa de las comunidades indígenas y campesinas, y sin el mínimo sentido de proporción y equidad, coinciden la Iglesia Católica y decenas de investigaciones e informes de organismos internacionales independientes.
Desde 1953 hasta 2002 el Estado distribuyó aproximadamente 35,9 millones de hectáreas de tierra en el departamento de Santa Cruz entre 144.162 beneficiarios, estima el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Más de 54 mil pequeños propietarios que representan el 38 por ciento de los beneficiarios obtuvieron 2,2 millones de hectáreas, es decir el 6,3% de la tierra distribuida. Un poco más de 22 mil medianos empresarios (15,3 por ciento de los beneficiarios) recibieron más de 7,3 millones de hectáreas (20,5% de la superficie). Alrededor de 31 mil personas (22% de los beneficiarios) consolidaron derechos colectivos sobre 6,2 millones de hectáreas de tierras comunitarias de origen-TCO (17,4% de la superficie).
En la inequitativa repartija, 11.140 grandes empresarios agropecuarios, que representan el 7,7 por ciento de los beneficiarios, se apropiaron de casi 19 millones de hectáreas, es decir el 52,6% de la tierra cruceña distribuida en 50 años.
En este último grupo de privilegiados, sólo 860 dueños de predios de más de 5 mil hectáreas de extensión concentran la propiedad de 8,7 millones de hectáreas. Representan menos del 8 por ciento de los empresarios beneficiados, pero atesoran el 46 por ciento de la tierra clasificada como empresa agropecuaria.
Se estima que sólo 246 empresarios poseen haciendas de entre 10 mil y 20 mil hectáreas. Apenas 20 terratenientes tienen cada uno entre 20 mil y 50 mil hectáreas. Los cuatro más ricos entre los ricos son dueños de latifundios de más de 50 mil hectáreas.
Estos cuatro potentados ostentan en conjunto 802.878 hectáreas de tierra en el departamento de Santa Cruz, más de lo que recibieron en medio siglo 2.145 pequeños propietarios que tienen entre 20 y 50 hectáreas.

Latifundio y servidumbre

La "escandalosa" concentración de la tierra provocó conflictos que dañan las bases de la convivencia civil y es caldo de cultivo de regímenes de opresión y explotación laboral semi feudales que se creía superados por la "modernidad". La servidumbre indígena, una lacra con profundas raíces históricas, aún no ha sido erradicada al comenzar el Siglo XXI.
Centenares de familias guaraníes son sometidas a jornadas de trabajo forzoso de hasta 15 horas diarias en algunas haciendas en las provincias Cordillera, Luis Calvo, Hernando Siles, O'Connor y Gran Chaco de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.
Esta gente no goza de derechos laborales elementales y trabaja en una condición de servidumbre por deudas análoga a la esclavitud, confirman decenas de informes y estudios realizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el Defensor del Pueblo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), e inclusive por el departamento de Estado de Estados Unidos.
En junio de 2008, una misión especial de la CIDH corroboró en el terreno que se han agravado las relaciones de dominación violatorias de los derechos humanos en zonas del chaco; y verificó la extrema vulnerabilidad de los derechos laborales y sociales de la población guaraní sin tierra.
Los patrones definen las condiciones y duración de la jornada de trabajo de sus pongos, las modalidades de pago, el registro de deudas, la forma de administración de los anticipos y la frecuencia de los "arreglos".
Los cautivos analfabetos, que desconocen sus derechos y no tienen forma de controlar las cuentas, pierden su libertad y son obligados a trabajar de por vida e inclusive a heredar deudas a sus hijos.
Los propietarios aseguran que la servidumbre ha sido superada y justifican "situaciones circunstanciales" de algunas familias necesitadas que viven en la absoluta miseria, durmiendo en chozas de un solo ambiente en los márgenes de las haciendas.
Este tipo de explotación servidumbral está presente en otras zonas rurales del departamento de Santa Cruz como la chiquitanía.
Los indígenas chiquitanos comenzaron a ser sometidos a trabajos forzosos en los últimos dos decenios del siglo XIX en el auge de la explotación gomera, y en los años 30 del Siglo XX durante la construcción del ferrocarril a Puerto Suárez. Algunos huyeron del "empatronamiento" y fundaron en el monte comunidades como Lomerío y Monte Verde, pero no todos se salvaron del cautiverio y de la "esclavitud por deudas".
En 1937 el presidente Germán Bush prohibió el "empatronamiento" y la reforma agraria de 1953 liberó a algunas poblaciones explotadas, pero se mantuvieron las estructuras agrarias pre modernas, luego consolidadas por el gobierno neoliberal y terrateniente de Gonzalo Sánchez de Lozada (1994-1997).
Al comenzar el siglo XXI aún pueden verse en el área rural de Santa Cruz sistemas semi feudales y actores que pugnan por mantener estructuras "no muy modernas", con la mirada puesta en los recursos naturales como el hierro o las mismas tierras, observa el antropólogo Bernd Fischermann, que estudia desde hace décadas los sistemas de acceso y tenencia de la tierra en la región chiquitana. (Chiquitanos y la propiedad comunal de la tierra, PIEB, http://www.pieb.com.bo/nota.php?idn=3068)

Tierra para los cautivos

La CIDH y otros organismos internacionales "enrostraron" al gobierno boliviano la existencia de regímenes injustos y vergonzosos en pleno siglo XXI, e instaron a todos los poderes del Estado a garantizar los derechos fundamentales de comunidades nativas que continúan sufriendo una extrema discriminación.
La CIDH exigió una reforma agraria inmediata, pues la única manera de erradicar la servidumbre es dar tierra a los indígenas cautivos.
Según la CIDH, desconocer el derecho ancestral de comunidades indígenas sobre sus territorios podría afectar otros derechos básicos como el derecho a la identidad cultural y a la supervivencia. Por ello, puede ser necesario restringir el derecho a la propiedad privada particular para preservar identidades culturales colectivas. (OEA- CIDH: "Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia")
El viceministro de Tierras Alejandro Almaraz y el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Juan Carlos Rojas han intentado tramitar una tierra comunitaria de origen (TCO) a favor de los guaraníes cautivos de Alto Parapetí, pero los patrones de la provincia Cordillera y sus grupos de choque armados les han impedido hacer su trabajo en tres oportunidades.
El gobierno declaró pausa en el saneamiento en la provincia Cordillera el 13 de abril, luego de una violenta emboscada encabezada por terratenientes y ganaderos que obtuvieron enormes haciendas de manera irregular en las dictaduras y en los regímenes neoliberales del pasado.
El 8 de marzo de 2008, la Cámara Agropecuaria de Oriente, la Prefectura y el Comité Cívico de Santa Cruz, junto con autoridades municipales y hacendados de la provincia Cordillera conformaron "comités de defensa" de las haciendas del chaco. El 14 de mayo, la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) y otros gremios patronales crearon un Comité Interinstitucional para evitar la "confiscación de la propiedad privada productiva" y el reparto "político" de tierras, es decir la titulación de la TCO guaraní en Alto Parapetí.
Ahora las elites cruceñas imponen a palos un estatuto autonómico que otorga exclusivas competencias legislativas y ejecutivas sobre la tierra a un gobierno cruceño tan autónomo como una republiqueta independiente, y cuyo principal mandato es proteger la gran propiedad privada de la tierra de los terratenientes que encabezan el movimiento cívico prefectural de Santa Cruz.
El líder cívico Branco Marinkovic, enjuiciado por apropiación ilícita de más de 27 mil hectáreas de tierras fiscales e indígenas, impone un régimen autonómico fascista que niega a comunidades indígenas despojadas su derecho a la tierra; que viola varios tratados internacionales suscritos por el Estado boliviano y que mantiene las relaciones laborales esclavistas en haciendas mal habidas.
No es una prioridad para la "república autonómica" cruceña corregir la desmedida concentración de tierras en pocas manos sino suspender la titulación de nuevos territorios indígenas.
El prefecto Rubén Costas y el cívico Branco Marinkovic dicen que la tierra de Santa Cruz pertenece exclusivamente a los cruceños, pero les niegan una TCO a los guaraníes del chaco, los primeros cruceños.
Los autonomistas desatan una violenta revuelta regional a riesgo de fracturar el país sólo por proteger las haciendas de unos cuantos patrones descendientes de europeos, croatas y turcos.