Los fascistas pisotean a policías y militares, toman aeropuertos, saquean y queman varias instituciones estatales, atentan contra medios de comunicación y humillan a los indígenas y altiplánicos. Evo se lamenta desde el altiplano, dice que hay un golpe civil en su contra, pero no hace nada y deja inermes a sus aterrorizados partidarios en las tierras bajas

Redacción de Econoticiasbolivia

La Paz, septiembre 10, 2008.- En el extremo del cretinismo parlamentario, que cree que el voto ciudadano y las leyes bastan y sobran para detener la conjura oligárquica, el presidente indígena Evo Morales, que recibió hace un mes el apoyo electoral de siete de cada 10 bolivianos, virtualmente rindió este martes la mitad del país ante la violencia desbordada de la oligarquía y el fascismo.
Este martes, ante la defección e impotencia gubernamental que se limita a lamentar desde las montañas del altiplano lo que ocurre en las tierras bajas, los grupos fascistas tomaron el control de las instituciones públicas, los caminos, aeropuertos y calles de las ciudades de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Sucre, doblegando la resistencia de la Policía y el Ejército y consolidando el poder que tiene la extrema derecha en el oriente y los valles de Bolivia.
Allí, en cinco de las nueve regiones del país más pobre de Sudamérica, campea con total impunidad el fascismo, que ha logrado enarbolar la bandera de la autonomía regional y arrastrar detrás de sí a miles de jóvenes y amplios segmentos de las clases medias y organizaciones de la sociedad civil, aterrorizando a los sindicalistas, a la población migrante del altiplano y a los activistas leales a Morales, muchos de los cuales han ingresado en la clandestinidad.
Este martes, las columnas fascistas de la Unión Juvenil Cruceñista pisotearon a policías y militares que protegían las oficinas públicas en Santa Cruz, tomaron el control sobre los aeropuertos del oriente, saquearon y quemaron varias instituciones estatales, atentaron contra los medios de comunicación y dejaron en claro que ni Evo Morales ni la izquierda indigenista gobiernan en el oriente y los valles de Bolivia.
Frente a estos hechos, calificados por el propio Morales y sus ministros como un "golpe cívico prefectural en contra de la unidad del país y la democracia", el gobierno indigenista declinó usar la fuerza del Estado para reponer el orden constitucional y frenar la conspiración oligárquica.
"El Gobierno enfrentará sin estado de sitio el golpe cívico prefectural en marcha", dijo la agencia gubernamental ABI, sintetizando la posición oficial presentada anoche por los ministros de Gobierno y Defensa. El estado de sitio le facultaría al Gobierno de Morales a detener y enjuiciar a los subvertores, limitar la acción política de los sediciosos y garantizar con la fuerza del Ejército y la Policía el respeto a la propiedad estatal y las garantías ciudadanas. Pero, como dijeron los ministros de Evo, nada de ello se utilizará en contra de los fascistas, que disparan armas cortas de fuego, bombas molotov, dinamita, látigo y palo contra mujeres, indígenas y sindicalistas desarmados.
DOS GOBIERNOS EN BOLIVIA
En los hechos, con el terror sistemático desatado por las hordas fascistas y la inacción de las fuerzas que respaldan a Morales, se ha consolidado la existencia de dos gobiernos en Bolivia: uno, el indígena – campesino dirigido por Evo que gobierna en la región del altiplano de La Paz, Oruro y Potosí, y parcialmente en los valles de Cochabamba y Chuquisaca.
El otro gobierno, el oligárquico – fascista dirigido por los prefectos derechistas y los 100 poderosos clanes familiares que son dueños de la tierra y los grandes negocios, tienen el control político y administrativo de las ciudades de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Sucre y gran parte de las áreas rurales del oriente y los valles. Allí, el presidente Morales sólo tiene autoridad en los recintos policiales y militares. El resto del aparato político administrativo está sometido a los prefectos derechistas y a las bandas fascistas.
Esta dualidad de poderes cobró forma desde hace más de un año y se fue consolidando con cuatro referéndums regionales autonómicos que, aunque ilegales e inconstitucionales, llevó adelante la derecha, venciendo la débil resistencia de Morales. A su modo, el último referéndum  nacional del 10 de agosto contribuyó a confirmar esta dualidad de poderes, al ratificar en sus cargos tanto a Morales (67% de apoyo) como a sus principales opositores de la oligarquía que lograron similares niveles de apoyo en sus regiones.
DOS PERSPECTIVAS
En las últimas dos semanas, los prefectos derechistas, la oligarquía y los 100 clanes se lanzaron a consolidar sus posiciones y su dominio, usando la acción directa de masas, con movilizaciones, huelgas, bloqueos de caminos y toma de instituciones públicas.
En cambio, Morales y el gobierno de la izquierda indigenista apostaron por abrir el diálogo y las negociaciones con los fascistas, presionando con la convocatoria a un referéndum nacional para aprobar la nueva Constitución Política del Estado y la reelección presidencial. Esta convocatoria inicialmente quedó anulada por decisión de la Corte Nacional Electoral, que aduce problemas legales y operativos, por lo que Morales y las organizaciones sociales que lo respaldan decidieron iniciar grandes movilizaciones populares en el altiplano para obligar al Congreso a aprobar dicha convocatoria a las urnas para principios del 2009. Queda claro, sin embargo, que este nuevo referéndum es inviable y no podrá llevarse adelante en el oriente y los valles, si es que antes Evo no transa con la oligarquía o vence su resistencia.
COBARDÍA POLÍTICA
"No vamos a dictar estado de sitio. No vamos a ceder a la provocación", aseguró el viceministro de Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, que ilustraba la extrema cobardía política del régimen de Morales que no hace cumplir la ley ni usa la fuerza pública en contra de los sediciosos, desoyendo los crecientes llamados de las organizaciones populares y sindicatos más radicales, alineados en la Central Obrera Boliviana, que creen que la única forma de parar al fascismo es liquidando el poder económico de la oligarquía, por lo que correspondería expropiar los inmensos latifundios del oriente y distribuir la tierra entre los campesinos pobres, nacionalizar todas las agroempresas y estatizar toda la producción y distribución de gas, petróleo y minerales.
Pero, lejos de ello, el gobierno de Morales sigue buscando un acuerdo con la oligarquía sediciosa, a pesar de que ella no quiere saber nada de Evo al que comparan con un auquénido.
En la percepción gubernamental, el masivo apoyo electoral obtenido por Morales el 10 de agosto (2 millones de votos sobre 3 millones de electores) constituiría el virtual epitafio de la rancia oligarquía boliviana, por lo que ahora se estarían viviendo los últimos coletazos de la bestia fascista, al que Evo y los suyos pretenden enterrar con la indiferencia.
"Este es un gobierno del diálogo (...) Son pequeños grupos los que están desatando la violencia. están violando las leyes y los derechos humanos. A esos grupos violentos los llamamos a volver al diálogo", dijo el canciller David Choquehuanca, tras dos semanas en las que las bandas fascistas, con apoyo ciudadano, han cortado caminos, tomado instituciones, cerrado el tránsito con Brasil y Argentina y sembrado el terror en los barrios más pobres del oriente boliviano, donde apresuradamente algunos tratan de organizarse para defender sus viviendas y sus vidas.
EL PLAN SEDICIOSO
El plan de la oligarquía, que cuenta con el aval y apoyo de la Embajada de Estados Unidos, es: i) consolidar su poder político y económico en el oriente y los valles para preservar sus millonarios negocios vinculados a la explotación de los recursos naturales y la tierra, ii) impedir la realización del referéndum sobre la nueva Constitución, iii) archivar definitivamente el nuevo proyecto de Constitución Política del Estado, aprobado por las fuerzas oficialistas de la Asamblea Constituyente, para evitar la posible reelección de Evo desde el 2010 y iv) cercar aún más al gobierno de Morales durante los siguientes dos años.
En lo inmediato, la ofensiva desatada por los prefectos se da en torno a la devolución de 200 millones de dólares del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a las regiones y buscando el reconocimiento de sus ilegales gobiernos autónomos, incluidos sus Parlamentos regionales y su potestad para armar su propia Policía, controlar la tierra y dictar leyes por encima de las nacionales. Estos son los prerrequisitos que exigen para iniciar un diálogo con miras a un gran acuerdo nacional y que, en los hechos, equivale a pedir la rendición total de Evo.
Para los prefectos, la oligarquía y los 100 clanes un acuerdo con Morales sólo sería viable si convalidan la existencia de dos gobiernos paralelos en el país hasta las elecciones nacionales del 2010, en las que aspiran a derrotar a las fuerzas indígenas y campesinas, y así retomar todo el poder a nivel nacional. En esas elecciones, si no hay un cambio en la actual Constitución, Evo Morales no podría volver a postularse.
Por ello, los prefectos derechistas, la oligarquía y los 100 clanes quieren impedir que se apruebe la nueva Constitución Política del Estado que posibilita que Evo pueda volver a postularse.
CAPITULACIÓN OFICIAL
En cambio, el pacto nacional que busca Evo se orienta a lograr la aprobación de su nueva Constitución que otorgue, por lo menos en lo declarativo, igualdad de derechos a los indígenas y campesinos, que abra la posibilidad para su reelección por los siguientes 10 años y que impulse el desarrollo de su capitalismo andino en la perspectiva de "humanizar" la explotación capitalista, para que los empresarios y transnacionales ganen mucho dinero pero sin saquear el país.
Desde el inicio de su Presidencia el objetivo central de la política de Evo fue lograr que las élites indígenas y campesinas compartan el poder con la oligarquía y los 100 clanes.
Según admitió el vicepresidente García Linera hace un año y medio, los indígenas no quieren arrebatarle el poder a la oligarquía, no quieren desplazarla, y lo que intentan es compartir el poder, quieren manejar Bolivia con los que hasta ahora siguen siendo los dueños de vidas, haciendas y las mayores riquezas del país.
"Desde que llegamos al Gobierno hemos definido una estrategia de distribución pactada del poder. Lo que Bolivia está atravesando hoy es, en esencia, un proceso de amplia y generalizada lucha y redistribución del poder. Es algo que va más allá de un gobierno".
"Y la historia nos enseña que la lucha por el poder puede tener tres desenlaces clásicos.  i) Que el sector emergente (indígena-campesino) desplace directamente, mediante cualquier medio posible, al bloque anterior. ii) Que este bloque de poder antiguo (la oligarquía) logre derrotar, contener, cooptar o aplastar al bloque emergente. iii) O que entre ambos se logre redistribuir el poder".
"Como Gobierno hemos optado por la tercera opción. Apostamos a un proceso de redistribución pactada del poder con un nuevo núcleo articulador: el movimiento indígena", dijo el ideólogo del gobierno indígena, un ex guerrillero que ahora predica la conciliación de clases y la vigencia del "capitalismo andino".
Hoy, todo indica que Bolivia está transitando por la tercera opción, aunque no de la forma pactada y soñada por Morales y García Linera. Hoy, la Bolivia del altiplano está gobernado por Evo, aunque las riquezas mineras, la banca, la industria y el comercio siguen siendo manejadas por las transnacionales y las grandes empresas privadas. En la otra Bolivia, la del oriente y los valles, el gobierno, el poder económico, político y administrativo está directamente en manos de la oligarquía, la burguesía agrofinanciera y los 100 poderosos clanes familiares.
TRIUNFO DE BUSH
Todo lo que está ocurriendo en Bolivia, con el imparable avance de la oligarquía y del separatismo es un triunfo de la administración norteamericana de Bush, que digita las acciones de la oligarquía y los 100 clanes, según asegura el sociólogo James Petras.
"A causa de la completa incompetencia y falta de liderazgo político nacional del presidente Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera, el Estado boliviano se está atomizando en una serie de departamentos autónomos, pues ya otros Gobiernos regionales intentan usurpar el poder político y hacerse cargo de sus recursos económicos. Desde el principio, el régimen Morales-García Linera firmó una serie de pactos políticos, adoptó políticas y aprobó concesiones a las elites oligárquicas de Santa Cruz, que permitió que reconstruyeran efectivamente su base política natural de poder, sabotearan una asamblea constitucional elegida y socavaran efectivamente la autoridad del Gobierno central".
"El éxito de la derecha se ha producido en menos de dos años y medio, lo que es especialmente sorprendente si se tiene en cuenta que en 2005, el país vivió una sublevación popular importante que sustituyó a un Presidente de derecha, cuando millones de trabajadores, mineros, campesinos e indios se apoderaron de las calles. Es un tributo al absoluto desgobierno de Morales y García Linera que el país haya pasado tan rápida y decisivamente desde un estado de poder popular insurreccional a un país fragmentado y dividido, en el que una élite agroexportadora separatista se ha hecho con el control del 80% de los recursos productivos del país, mientras el Gobierno central elegido protesta débilmente".