Boletín Día a Día  del 10 al 16 de julio de 2008

Informe sobre tortura, trato cruel, inhumano y degradante en 2007 Colombia sigue padeciendo un régimen torturador El 90.1 por ciento de los casos documentados fueron cometidos por agentes del Estado y paramilitares, mientras que en el 9.8 por ciento están comprometidas las guerrillas Por Camilo Raigozo.Voz    Ni los mismos soldados rasos escapan a las torturas. ¿Qué puede esperar la población civil?.
La Coalición Colombiana Contra la Tortura, integrada por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), Asociación Minga, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar), Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Corporación Avre, Corporación Reiniciar, Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (Fcspp), Organización Mundial Contra la Tortura (Omct) y Terre des Hommes Itali, dio a conocer a la opinión pública el pasado 3 de julio los resultados del seguimiento que realizó el año pasado sobre la materia.
Según el estudio, la Coalición logró documentar 97 casos de tortura, trato cruel, inhumano y degradante, de los cuales, en 27 las víctimas fueron torturadas y dejadas con vida, mientras que en 43 casos, las víctimas fueron torturadas y luego asesinadas por los victimarios. Formaron parte de las personas martirizadas 11 niños y 18 mujeres.
En el 90.1 por ciento de las torturas que se lograron documentar está comprometido el Estado. Por acción directa de sus agentes en el 70.4 por ciento y por el uso de la estrategia paramilitar en el 19.7 por ciento.
Mientras tanto, las guerrillas están comprometidas en el 9.8 por ciento de los casos documentados.
Algunos ejemplos El 26 de marzo de 2007 al municipio de Bello (Antioquia), llegaron paramilitares autodenominados "Águilas Negras". Los criminales hirieron a dos niñas de diez años y violaron sexualmente a una de ellas de nombre Gabriela Alzate Perea*. Cuando las niñas pidieron auxilio, acudió inmediatamente José Mendieta, quién por este acto fue asesinado por los 'paras'. Mendieta y las dos niñas vivían en el asentamiento de desplazados Altos de Oriente, ubicado en la vereda Granizal, del municipio de Bello.
El 25 de junio de 2007 en el municipio de Tulúa (Valle), fueron torturadas y violentadas sexualmente por miembros de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, Vilma Helena Márquez* y Martha Eulalia Márquez*. Los militares ingresaron a la casa en la que ellas se encontraban junto con los campesino Alcides Granada Durango y Gerson Ladino Suárez..
El teniente Manotas agredió y acusó a Vilma Helena de ser guerrillera y la obligó a un interrogatorio a solas apuntándole con un arma. Cuando ella se quejó de un agudo dolor estomacal, el teniente le preguntó sí estaba embarazada y la golpeó brutalmente en el vientre ocasionándole desmayo y sangrado vaginal.
Posteriormente alias "Bombas", otro militar del mismo operativo, interrogó a Martha Eulalia agrediéndola y amenazándola con un cuchillo. Le exigió la entrega de unas armas que no existían y la obligó a quitarse el brasier para luego cogerle y apretarle los senos y las nalgas, sin ningún respeto por la dignidad de la persona.
Otro militar agredió y amenazó a las dos mujeres con violarlas. Los campesinos que acompañaban a las damas fueron brutalmente golpeados por los uniformados, quienes antes de ponerlos en libertad los fotografiaron y les abrieron procesos por narcotráfico.
Niños y mujeres entre las víctimas El 7 de junio de 2007, en el municipio de Toribío (Cauca), dos niñas indígenas de 12 y 14 años fueron víctima de violencia sexual por parte de miembros del Ejército Nacional, cuando se dirigían a estudiar al colegio Eduardo Santos ubicado en la vereda Berlín.
Los uniformados las obligaron a apartarse del camino y luego a que se quitaran la ropa  Las niñas lograron escapar y llegar hasta el colegio.
El 23 de diciembre del mismo año, en el municipio de Apartadó (Antioquia), fue torturada y asesinada por miembros del Ejército Nacional, María Margarita Giraldo Usura, perteneciente a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Los militares entraron disparando a la vivienda de la víctima, poniendo en riesgo la vida de las dos hijas de María Margarita a quién se llevaron junto con algunos bienes de la desdichada mujer. Al día siguiente María Margarita fue reportada por el Ejército como "guerrillera dada de baja en combate" y remitida a la sede del Instituto de Medicina Legal del municipio de Turbo (Antioquia). El cadáver de la víctima presentaba señales de tortura.
El 23 de noviembre de 2007, en el municipio de Apartadó (Antioquia), fue detenido y torturado tanto física como psicológicamente el niño Efrén Espinoza Goes, de 10 años, por miembros del Ejército Nacional quienes lo golpearon por más de 15 minutos. Los uniformados amenazaron con cortarle los dedos y matarlo, acusándolo de ser guerrillero. El rostro y la cabeza del niño quedaron destrozados.
Los casos anteriores forman parte de los 97 que pudieron ser documentados por la Coalición que son una ínfima parte de las cifras reales, ya que muchas víctimas se abstienen de denunciar debido a las dificultades para acceder a la justicia, el temor a los victimarios y la ausencia de mecanismos de protección a víctimas y testigos, como también a la invisibilidad de este crimen a nivel nacional.
*Nombres cambiados para proteger los derechos del niño y la mujer Cárceles del país Aberrantes violaciones a los derechos fundamentales de los presos políticos Por Camilo Raigozo. Voz El colectivo de presos políticos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc EP y del Ejército de Liberación Nacional, ELN, recluidos en la cárcel de alta y mediana seguridad Doña Juana, ubicada en la Dorada, Caldas, denunciaron ante la opinión pública nacional e internacional que se han venido realizando requisas, siendo la más publicitada la ocurrida el pasado 10 de julio, con el argumento de que la insurgencia iba a realizar un operativo para liberarlos.
Según la denuncia de los presos, con dicha requisa se realizó simultáneamente un fuerte operativo por aire y tierra, por parte del Ejército y la Policía , cuyo fin era amedrentar a la población interna. Al final el personal de guardia manifestó que habían incautado dentro de las celdas numerosos elementos ilegales cuya procedencia presos los presos desconocen.
   Los prisioneros políticos continúan luchando para que su dignidad no sea mancillada.
 "Los detenidos políticos, no tuvimos la oportunidad de garantizar el respeto de nuestros derechos en los procedimientos y sin embargo, éstos sirvieron para justificar ante la opinión pública los traslados de los presos Álvaro Gene López, trasladado a la penitenciaría de Combita; Tulio Murillo Marulanda y Felix Sanabria, trasladados a la cárcel de Valledupar; Luís Arturo Garcés e Inocencio Morales, trasladados al centro de reclusión Palogordo, ubicado en Girón, Santander", le hicieron saber a VOZ los internos .
El día 14 de julio anterior, 25 prisioneros políticos fueron recluidos en calabozos especiales de castigo, por haberse negado a ser trasladados a los patios de paramilitares, donde su vida y su integridad quedarían a merced de estas mafias. Fueron ubicados dos por celda, sin agua, a una temperatura de más de 30 grados en condiciones de reclusión indignas, negándoles además el derecho a la redención de penas.
De igual manera, 19 detenidos políticos fueron traslados del patio tres y recluidos en otros pabellones del mismo establecimiento, obligándolos a convivir con paramilitares, lo cual pone en inminente riesgo la vida e integridad personal, de lo cual responsabilizan a las autoridades carcelarias.
Al prisionero político por causas del conflicto, Jorge Augusto Bernal, quien desde hace varios años por razones de seguridad ha permanecido recluido en una celda de aislamiento, le suspendieron el derecho a una hora diaria de sol, sometiéndolo a estar durante 24 horas en el mismo lugar.
"Estamos convencidos que estas medidas injustificadas, responden a las pretensiones de sometimiento del Inpec y de las autoridades del establecimiento, las cuales se inventan falsos planes de fuga, para afectar nuestros derechos fundamentales", argumentan las personas privadas de la libertad por causas del conflicto social y armado que padece Colombia.
"Nos sorprende que se pretenda justificar las agresiones contra los presos políticos y prisioneros de guerra que nos encontrábamos recluidos en la torre tres de este establecimiento carcelario, cuando en diversas oportunidades se nos reconoció por parte del cuerpo de custodia y vigilancia, nuestro comportamiento y nivel de convivencia ejemplar en el mismo.
"Llamamos a las personas y organizaciones solidarias y defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales a exigir de las autoridades colombianas el respeto de nuestros derechos y que cesen inmediatamente las agresiones contra nosotros", dicen finalmente los presos.
Paramilitares secuestran a seis personas en Patía, Cauca Por Camilo Raigozo. Voz En la madrugada del 11 de julio de 2008, un grupo de paramilitares que operan en la zona secuestraron a seis campesinos. Cuatro de ellos son directivos de la Junta de Acción comunal de la vereda El Convenio y los otros dos son miembros de Junta de Acción Comunal de la vereda la Ceiba en el municipio del Patía, Cauca.
   Escuadrones del régimen uribista continúan su trabajo de terror El múltiple secuestro fue puesto en conocimiento de forma inmediata a la Personería y a la alcaldía municipal, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia, así como a la Defensoría del Pueblo de Popayán.
"Clamamos para que los secuestradores les respeten la vida, toda vez que los campesinos secuestrados, son gente honesta, trabajadora, la mayoría son padres de familia, nacieron y han vivido toda la vida en estas veredas y no están involucrados en nada distinto al desarrollo de actividades agrícolas y al servicio de la comunidad", dice la denuncia.
La comunicación advierte que el mismo grupo de paramilitares tiene en su poder a otros cuatro campesinos del municipio de Argelia y que los habrían reunido a todos en un sitio desconocido.
Los campesinos secuestrados del municipio del Patía son: Edilio Ppamua, Roosevelth Gómez, Manuel Garcés, Isleño Muñoz, Guido Muñoz y Evelio Rodríguez. "Solicitamos a las autoridades regionales y locales y a los organismos de defensa de los derechos humanos que nos ayuden a salvarles la vida a estos campesinos", dice angustiosamente el comunicado firmado por las juntas de acción comunal del sector de la cordillera del municipio del Patía.
Asesinados dos indígenas en Saravena, Arauca El 5 de julio de 2008, a las 3:30 p.m. arribaron al caserío de Caño Seco, municipio de Saravena, Arauca, siete personas de civil quienes llevaban consigo armas largas escondidas en costales. Cuando pasaron por la parte occidental del caserío, le dispararon a una persona de civil que transitaba por el lugar.
Posteriormente ingresaron al caserío, hicieron apagar la música de los establecimientos comerciales y requisaron a los presentes. Las siete personas de civil y armadas, quienes acababan de dispararle a un hombre abandonaron el caserío en el mismo convoy del ejército.
Dos días después, alrededor de las siete de la noche en las inmediaciones de la vereda Playas de Bojaba, municipio de Saravena, fueron asesinados los indígenas U'was Rafael Segundo Tamaran Cobaria y su esposa Maribel Sepúlveda Bokota, de 18 y 17 años respectivamente. La joven tenía siete meses de embarazo.
'Paras' asesinaron a defensor de derechos humanos en Caldas El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos denunció ante la comunidad internacional y nacional el asesinato del defensor Jhon Fredy Correa Falla, el pasado 5 de Julio.
El crimen ocurrió a las siete de la mañana en el barrio Los Alcázares de Manizales y fue perpetrado por cuatro sujetos que se movilizaban en dos motos.
Los asesinos acribillaron a Jhon Fredy Correa quien era miembro del Comité Permanente de Derechos Humanos de Chinchiná y departamental.
La víctima tenía medidas de protección por cuanto él y su familia venían siendo amenazados desde hace algún tiempo por paramilitares que hacen presencia en los municipios de Chinchiná, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y Pereira. Correa había denunciado ante la Fiscalía las amenazas y el hecho de que los 'paras' estaban ofreciendo dinero a cambio de su vida.
Muere preso en la Modelo por comida descompuesta Graves denuncias hacen los presos de la Cárcel Modelo de Bogotá contra el Inpec, tales como hacinamiento, alimentación descompuesta, abusos a las visitas, falta de agua potable, entre otros casos.
Acusan al personal del Inpec de impedir a los visitantes entrar comida para los presos o robarla con el fin de negociarla con los propios presos y de engordar su propio negocio de restaurante, el cual vende comida de muy mala calidad y precios delincuenciales.
Según la denuncia, el pasado 5 de julio varios reclusos resultaron intoxicados por comida descompuesta, que le causó la muerte a Secundino Torres Rámirez, de 70 años. Torres se enfermó el 5 de julio pero fue atendido tres días después, por lo que falleció cuando era trasladado al hospital. La víctima fue un apreciado dirigente agrario del Sumapaz y su condena, según lo denuncian sus compañeros, fue producto de una persecución política.
Paramilitares amenazan a organizaciones populares en Bucaramanga El 9 de julio pasado, aproximadamente a las 2:30 p.m., un sobre enviado  a través de la empresa Servientrega, fue entregado a Guillermo Prieto, miembro del sindicato de Astdemp, el cual contenía un sufragio de color morado, con una nueva amenaza contra las mismas 10 personas victimas del mismo hecho el pasado 16 de junio.
Es preocupante la situación de inseguridad que viven las organizaciones del movimiento social en Santander y que las autoridades no han realizado pronunciamiento alguno sobre este hecho, por lo cual reiteramos las siguientes solicitudes.
"Eso no revive nuestros muertos ni esclarece lo que pasó": víctimas de El Chengue Por Instituto Popular de Capacitación "Que un Juzgado haya declarado responsable al Estado por omisión en la masacre de El Chengue y que tenga que pagar una indeminización por eso, bueno, eso es importante. Pero eso no revive a nuestros muertos, ni esclarece la verdad de lo que pasó allí ni tampoco da claridad sobre que va a pasar con nuestra reparación".
Así se expresó Marco Oviedo Meriño, sobreviviente de la masacre de El Chengue, departamento de Sucre, tras conocer  el reciente fallo en primera instancia del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Sincelejo, en el cual se obliga a la Nación a cancelar una millonaria indemnización a 12 familias sobrevivientes de una de las más cruentas masacres perpetradas por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en la Costa Norte colombiana.
Según el fallo, se hallaron méritos suficientes para considerar que hubo responsabilidad por omisión por parte de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Armada Nacional en los hechos ocurridos el 17 de enero de 2001, cuando un comando armado del bloque "Héroes de los Montes de María" de las Auc incursionó en este corregimiento del municipio de Ovejas y asesinó con sevicia a 28 campesinos, desplazó a más de 100 familias e incineró todas las viviendas del casco urbano.
Entre el acervo probatorio del que dispuso el Juez para dictar sentencia se encuentran varios informes de inteligencia militar que dan cuenta de la presencia de las Auc en la zona y cómo  venían cometiendo asesinatos selectivos, desplazamientos y masacres en territorios aledaños al Chengue, por lo cual la acción armada era "previsible y anunciada".
En consecuencia, las instituciones imputadas, en este caso la Armada Nacional y el Ministerio de Defensa, deberán indemnizar con 300 salarios mínimos, equivalentes a 138 millones de pesos, a 12 familias víctimas que entablaron demanda por estos hechos.
Por ser fallo en primera instancia, deberá cursar trámite ante el Tribunal Administrativo de Sucre dado el recurso de apelación interpuesto por la Armada Nacional. De surtir este trámite y mantenerse la decisión inicial, ésta sería la primera condena que recibe la Nación de una serie de demandas que cursan en distintos tribunales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CidH) que fueron instauradas por quienes perdieron sus familiares en El Chengue.
Si bien hay optimismo entre los apoderados de los demandantes por lo que pueda ocurrir ante el Alto Tribunal, entre las víctimas de la masacre persiste el escepticismo, pues aseguran que sentencias de carácter administrativo como esta podrían quedar como "paños de agua tibia" si no se avanzan en las investigaciones de tipo penal.
"Hay una serie de sentimientos encontrados. Por un lado, hay que esperar que pasa con la decisión y, de otra parte, todavía falta saber mucha verdad sobre el hecho, los procesos de las otras familias avanza muy lento y sobre reparación colectiva no se habla nada", afirmó Marco Meriño, quien al momento de la tragedia era un menor de edad y ahora lidera el Movimiento Víctimas Chengue 17 de enero.
Julia Meriño, otra de las sobrevivientes de la masacre, siente que la decisión inicial no responde a las expectativas reales de las víctimas. "Yo me alegro por las familias que van a recibir ese dinero, pues sé que están en pésimas condiciones, pero las víctimas pensamos que el dinero no es todo lo que hay exigir. Sobre los los autores intelectuales de este horrible hecho no se sabe nada, eso está en la impunidad. Nadie nos dice por qué nos hicieron esto a nosotros".
Pero si los sobrevivientes del hecho sienten que no se avanza en materia de verdad y justicia frente a este crimen, en el tema de reparación su desconsuelo es mayor. "Esta bien que indemnicen a las 12 familias, pero, ¿el resto? Ese día asesinaron a 28 de nuestros paisanos y desplazaron a más de 100 familias y para ellas no ha llegado ningún tipo de ayuda y ahora viven prácticamente en la calle en ciudades como Sincelejo, Barranquilla y Montería. Me pregunto hasta cuándo tendrán que esperar", dijo Meriño.
Situación de abandono El reclamo de las víctimas por una reparación integral y colectiva se hace más vehemente luego de conocer el fallo. Y no es para menos. El 17 de enero de 2008, decenas de familias sobrevivientes de El Chengue asentadas en los municipios de Ovejas, San Onofre, Colosó, entre otros, decidieron visitar el sitio de la tragedia con el fin de honrar a sus seres queridos desaparecidos mediante un sencillo homenaje.
Ese día, los chengueros allí presentes le manifestaron a las autoridades gubernamentales su intención de retorno, para lo cual solicitaron créditos blandos para emprender de nuevo proyectos agrícolas y recuperación de caminos veredales, auxilios económicos para reconstruir salones comunales, escuelas, puestos de salud y las viviendas destruidas por la acción de los paramilitares.
"Pero ya vamos para siete meses de la propuesta y nadie se ha manifestado.
Seguimos igual, pasando muchas necesidades y sin poder acceder a ningún tipo de ayuda. Nos prometieron un subsidio por parte de la Fundación Antonio Restrepo Barco, la Agencia Usaid y Acción Social, pero, por lo menos yo, sólo lo recibí una sola vez y hay quienes ni lo han recibido", agregó Julia.
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Capítulo Sucre, también consideró que frente al derecho de reparación integral y colectiva que tienen las víctimas del paramilitarismo en este departamento está quedando en entredicho, no obstante la importancia de la sentencia.
"Se planteó una indemnización económica para unas cuantas familias, pero no se plantea la indemnización moral. La petición que han hecho comunidades como la de El Chengue, Ovejas, San Onofre, donde también se registraron cruentas incursiones armadas de los paramilitares, es que en esos territorios se realicen reparaciones colectivas que involucren aspectos más de tipo simbólico y cultural, pues allí se arrasó prácticamente con toda una comunidad", sostuvo Ingrid Vergara, líder del Movice en Sucre.
Su planteamiento va incluso más allá, pues asegura que así como hubo omisión por parte del Estado en la perpetración de esta y otras masacres, también hubo una fuerte injerencia de políticos de la región que vieron en el paramilitarismo el instrumento perfecto para consolidar su proyecto político.
"Para nadie es un secreto que políticos de la Costa Norte fueron autores intelectuales de masacres que tuvieron lugar en la región, bien para someter al electorado o bien para despojar de la tierra a los campesinos. Nosotros exigimos que se cuente esa verdad, que hasta ahora no ha aparecido en las versiones libres de los ex jefes paramilitares que rinden versión libre aquí en Sincelejo", añadió Vergara.
Por lo pronto, las demandas que cursan en distintos tribunales nacionales e internaciones seguirán su curso, pues las víctimas de Sucre sienten que sólo descansarán cuando les respondan la pregunta que desde hace años no los deja en paz: "¿por qué a nosotros?".
ONU: Colombia es único país latinoamericano donde aún hay desapariciones forzadas Por TeleSur La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que Colombia es el único país de América Latina donde en la actualidad se registran casos de desapariciones forzadas de personas.
   ¿Dónde están los centenares de personas desaparecidas? "En Colombia se siguen dando casos de desapariciones forzadas. Solo en casos excepcionales se dan en otros países de América Latina, pero no como en Colombia", manifestó el mexicano Santiago Corcuera Cabezut, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas.
Además, ratificó que el Grupo no está de acuerdo con la definición de la desaparición forzada que figura la legislación colombiana porque "diluye la responsabilidad del Estado" sobre estos casos.
Durante una rueda de prensa, Corcuera Cabezut indicó además que el organismo de la ONU no tiene previsto regresar a Colombia en los próximos meses, luego de la misión realizada en 2005 en ese país.
El titular del Grupo explicó que requieren de una invitación de cada país para realizar una misión con el fin de evaluar la situación de la desaparición forzada de personas.
"Las invitaciones abiertas no nos sirven. Necesitamos fechas concretas para una misión", informó Corcuera Cabezut en el marco de la visita del Grupo a Argentina, donde sus miembros mantuvieron reuniones con funcionarios y entidades de derechos humanos.
Paramilitares amenazan nuevamente a organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos Por Organización Femenina Popular El Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos, con asiento en Barrancabermeja y el Magdalena Medio denunció y rechazó ante la comunidad regional, nacional e internacional, la ola de asesinatos de pobladores y la amenaza de muerte de que han sido objeto cinco organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos en Barrancabermeja.
Estas son: la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos-Credhos, la Organización Femenina Popular-OFP, la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio-Cdpmm, la Unión Sindical Obrera- USO, Sindipetrol y Ferticol.
"Vemos con preocupación la manera como estas estructuras de la muerte continúan operando en la ciudad y la región sin que las autoridades civiles y militares se pronuncien reconociendo su presencia, su poder de acción y coacción; y no vemos acciones que se orienten a su desarticulación", dicen en un comunicado las organizaciones afectadas.
El pasado 1 de julio, en el barrio 22 de Marzo, comuna 3 fue asesinada la pareja, Alexis Armando Castillo Balanza de 18 años y la joven Geraldin Jímenez Posada, de 15 años y con siete meses de embarazo, quien llegó aún con vida a la Clínica Magdalena donde falleció. Los esfuerzos médicos lograron salvar al niño quien está en cuidados intensivos.
El 18 de julio, fue asesinado a puñaladas Diego Fernando Quiroga Betancurt de 27 años, el hombre que lo asesinó se entregó a las autoridades argumentando que lo hizo porque él le violó dos hijas menores de 5 y 4 años de edad.
El 19 de julio de este año, aproximadamente a las 8:30 p.m. fue asesinado el señor Nivaldo Mármol Zapata, de 39 años, residente en el barrio El Chicó. El hecho ocurrió en el sector conocido como El Uno.
El mismo día, fue asesinado en el barrio San José Obrero el señor Javier Díaz Salas, de 40 años, quien vivía en la vía a Pozo Siete frente al barrio las Torres.
Igualmente, a las 9:30 p.m. en el barrio Los Corales fue herido de gravedad Elías Gutiérrez, de 39 años. El señor se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos.
El 21 de julio de 2008, en el barrio Buenavista, comuna Cuatro de Barrancabermeja, fue repartido por paramilitares un comunicado de amenazas contra los miembros de las organizaciones sociales mencionadas.
Denuncian atropellos del Ejército en Tuluá, Cauca Por Camilo Raigozo. Con información de Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes     El l14 de julio de 2008 en horas de la mañana, tropas del ejército arribaron a la vereda Alto del Rosario y abordaron a Víctor Quiñónez y Pedro González Rengifo, dos humildes labriegos quienes se encontraban recolectando café.
Uno de los militares en tono intimidatorio les exigió a los campesinos abandonar inmediatamente sus labores para que atendieran sus requerimientos.
Los uniformados  retuvieron de manera arbitraria a Quiñónez y a González, a quienes señalaron de ser milicianos de las FARC, exigiéndoles que confesaran su pertenencia al grupo insurgente.
Ante la negativa de los campesinos los militares procedieron a maltratarlos y con los mismos machetes de los jornaleros los golpearon brutalmente ocasionándoles graves laceraciones en la espalda y la pérdida de la primera falange del pulgar derecho de González.
El 21 de julio pasado, en la vereda Teatino, del corregimiento de Toche.
municipio de Palmira, Valle,  tropas del Batallón de Ingenieros 3, llegaron hasta donde se encontraba Hoover Jiménez, de 43 años, Antonio María Álvarez, de 42 años y el niño Hoover Mauricio Jiménez de 12 años.
En tono intimidatorio los militares acusaron a las tres personas de guerrilleros y procedieron a detenerlos de forma ilegal.
Posteriormente los miembros del ejército condujeron usando métodos violentos a los detenidos haciéndolos caminar durante toda la noche por senderos y carretera desde la finca San Justo, vereda Teatino, hasta la cabecera del corregimiento de Santa Luisa, municipio de El Cerrito, Valle.
Según las denuncias de los tres campesinos, durante el recorrido fueron maltratados y golpeados por los uniformados. Luego los hicieron caminar desde la vereda Santa Luisa hasta la vereda Aují, municipio de El Cerrito.
Allí los montaron en un camión del ejército y los llevaron hasta las instalaciones del Batallón de Ingenieros 3 en Palmira.
En las instalaciones militares fueron sometidos a intensos interrogatorios.
Un coronel les dijo: "guerrilleros hijueputas.
Finalmente cerca de las tres de la tarde del 22 de julio los tres campesinos fueron puestos en libertad, no sin antes hacer comparecer a Antonio María Álvarez hasta la Fiscalía donde quedó libre.
"Aquí va a morir mucha gente": Ejército Por Camilo Raigozo. Con información de Fensuagro Según denuncias del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, Sintragrim, en los días siguientes de la Misión Humanitaria realizada los días 21 y 22 de mayo en las veredas de Campo Alegre y La Esmeralda, han ocurrido hechos que tiene preocupados a los pobladores.
  Siguen graves acusaciones contra el Ejército.
Tropas del Batallón 21 Vargas que controla el territorio con patrullajes permanentes, han realizado allanamientos a varias viviendas campesinas buscando amedrentar y causar terror en los pobladores, lo mismo que a las personas que han retornado a la región luego de haber sido desplazadas.
Según los campesinos la situación es muy grave ya que las autoridades civiles del municipio de El Castillo no tienen control y al parecer tampoco poseen información de los desmanes que la fuerza pública viene realizando.
A finales del mes de mayo allanaron la casa de Valentina, una campesina de avanzada edad quién vive sola en condiciones infrahumanas.
En la población de Miravalles miembros del ejército acusaron a un campesino de ser guerrillero y lo amenazaron con los paramilitares.
El día 7 de Julio de 2008, a las 10 de la mañana hombres del ejercito se acercaron a unos 30 metros de la vivienda de Aladino Álvarez Calvo, en la parte alta de la vereda de Caño Lindo.
Los soldados le pidieron que les vendiera unos plátanos a lo cual asintió Aladino, pero cuando el campesino les ofreció limonada, le tomaron fotos con un celular y seguidamente le preguntaron que en realidad que estaba haciendo mientras simulaba el que trabajaba.
Aladino les respondió que estaba sembrando fríjol, a lo que el uniformado lo acusó de estar comunicándose por teléfono con la guerrilla, avisándole de la ubicación del ejército.
"Tranquilos, ya estamos engordando a varios marranitos para la noche buena, ahora las cosas han cambiado, por que los que no salieron antes de la región en el desplazamiento pasado los tenemos ubicaditos, aquí va a morir mucha gente", le dijo el militar a Aladino.
Este advirtió que los militares tenían una larga lista de campesinos de la región, entre los que recuerda a Jesús Rengifo, campesino de la vereda.
El día 7 de Julio de 2008, entre las 11 y las 12 del día, hicieron presencia tropas del ejército en la casa de Jesús Antonio Rengifo.
"Llegaron a mi casa tomándome fotos con un celular, entraron y abrieron un cajón, miraron, lo cerraron y se fueron", dijo Rengifo quién se encontraba con un nieto menor de edad. Pidió que la Defensoría investigue el porque las tropas del ejército le toman fotos y le hacen seguimientos.
El 13 de julio anterior, en la vereda Caño Lindo, informaron los campesinos sobre la presencia del ejército a 100 metros de distancia de la vivienda de Herminson Tique, quién en días anteriores había sido citado por el ejército en una parte montañosa lo que le generó temor y sospecha decidiendo no acudir.
Ese mismo día hubo sobrevuelo de aviones militares a muy baja altura lo que generó pánico colectivo entre los habitantes de las veredas.
El 19 de julio del 2008, a las 2:30 p.m. aproximadamente, al sitio donde se realizaba una fiesta organizada por el comité de deportes en la vereda de La Esmeralda. llegó un carro vino tinto y una furgoneta.
De inmediato bajaron militares del Gaula, rodearon el sitio, se dedicaron a tomar fotos y a filmar a todos los pobladores que se encontraba en la reunión comunitaria.
El mismo día pobladores vieron llegar dos camiones del ejército con soldados y hombres de civil armados a la vereda el 11, lo que ha despertado temor en la población vulnerable por lo que pueda ocurrir.
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