Raúl Zibechi
La Jornada

El referendo revocatorio del 10 de agosto puede consagrar una decisiva victoria política del gobierno de Evo Morales y producir así un viraje que le permita pasar a la ofensiva ante la derecha de Santa Cruz. Ese día los bolivianos deberán decidir si confirman o revocan el mandato del presidente y su vice, Alvaro García Linera, y de ocho de los nueve prefectos departamentales. Con seguridad, el gobierno conseguirá más votos que los cosechados en las elecciones de diciembre de 2005, cuando alcanzó el 53 por ciento. La oposición teme que varios de los prefectos que apoyan a la derecha autonomista sean revocados por los electores.
El referendo fue convocado para frenar la ofensiva de los autonomistas, que este año celebraron varios plebiscitos en los departamentos de la "media luna", que se saldaron con victorias que contabilizaron hasta 80 por ciento de votos afirmativos. La derecha está creando un clima de polarización para evitar una consulta en la que tiene todas las de perder, porque la popularidad del gobierno es muy alta como resultado de los importantes cambios intoducidos en estos dos años y medio.
El primer elemento a tener en cuenta es que dos tercios de los bolivianos se perciben indígenas, siendo la primera vez en su historia que tienen un presidente de su misma cultura. El segundo es que el gobierno está generando algunas transferencias hacia los más pobres como el bono escolar Juancito Pinto, por el cual 1 millón 800 mil escolares perciben 200 bolivianos anuales (28 dólares) para frenar la deserción; además de la renta Dignidad, de hasta 3 mil bolivianos (425 dólares), que reciben 570 mil mayores de 60 años, y que se financia con el Impuesto Directo a los Hidrocarburos. El tercero consiste en cambios estructurales que redundan en el fortalecimiento del papel del Estado en la economía y en una importante mejora económica del país, en parte por el aumento de los precios internacionales de los hidrocarburos. Las reservas internacionales pasaron de mil 700 millones de dólares antes de Evo, a los 7 mil millones actuales y a fin de este año las exportaciones se habrán multiplicado por cinco, destacando minerales, hidrocarburos y agroindustria.
Según García Linera, la participación del Estado en la economía pasó de 13 a 22 por ciento en estos 30 meses; en cuanto a la renta petrolera, el Estado pasó de controlar 27 por ciento a 75 por ciento, elevando sus ingresos de 500 a 2 mil millones de dólares anuales. En el área de minería, tercer núcleo de poder, el Estado pasó a controlar 55 por ciento de las ganancias (luego de la aprobación de la ley de impuestos y gravámenes mineros) frente a sólo 20 por ciento que recibía antes. Además, ha ingresado en el negocio a través de la minas Huanuni y Vinto, y prevé poner en marcha cuatro proyectos de explotación para 2009. Aún sin nacionalizaciones confiscatorias, los cambios son notables.
En el área de ganadería y agroindustria, el Estado dejó de transferir a los grandes productores 150 millones de dólares anuales en infraestructura y apoyo técnico, para abrir un programa de apoyo a pequeños y medianos productores de arroz, trigo, maíz y soya. Comenzó a intervenir en el mercado soyero, comprando a pequeños productores, a los que paga precios superiores a los del mercado. Este año espera manejar 80 mil toneladas, 10 por ciento de la producción total. De los cuatro principales sectores, único donde el Estado no interviene es la banca.
Estos cambios, que tienden a profundizarse, explican el boicot y las amenazas de las clases dominantes, que perciben la posibilidad de recibir un duro golpe. Luego de ganar el referendo, el gobierno llevará a las urnas la nueva Constitución, aprobada por la Asamblea Constituyente el 9 de diciembre de 2007. Hasta ahora se abstuvo de dar este paso por la relación de fuerzas creada, en los primeros meses del año, por la ofesnsiva de la derecha con la convocatoria de los referendos autonómicos.
Puede objetarse que el gobierno no le ha plantado cara a la oligarquía de Santa Cruz con la fuerza necesaria, en particular en la polémica cuestión de la tierra. Hasta ahora se han entregado unas 800 mil hectáreas, de los 30 millones que se espera transferir a 200 mil familias campesinas. Se están repartiendo tierras fiscales sin tocarse a los latifundistas, que boicotean de forma violenta los trabajos del Ministerio de Tierras en Santa Cruz, donde aún viven comunidades indias en situación de esclavitud. Como señala el antropólogo Pablo Regalsky, por momentos existe la impresión de que el gobierno se sitúa como árbitro por encima de los intereses de clase, actitud que "lo empuja a favorecer que la derecha crezca lo suficiente como para colocar en vereda a los movimientos sociales" (Viento Sur, No. 97, mayo 2008).
Más que derrocar al gobierno de Evo, esa oligarquía busca blindar sus intereses construyendo un cordón, material y simbólico, para impedir que los movimientos indios, abrumadoramente hegemónicos en el Altiplano, puedan barrerla como hicieron entre 2000 y 2005 con las elites que gobernaban desde La Paz. En ese sentido, lleva razón Reglasky al recordar que el "cerco" de los movimientos a La Paz no fue derrotado, razón que empuja a las derechas a trasladar la capital a Santa Cruz o a Sucre.
Más allá de las insuficiencias del gobierno de Evo, en torno al 10 de agosto se juega una batalla decisiva, no sólo para Bolivia, sino para toda América Latina. Una contundente ratificación del gobierno y la posible derrota de los prefectos opositores de La Paz, Cochabamba y Pando puede ser el comienzo de una necesaria ofensiva para desarticular a la oligarquía cruceña, revirtiendo 50 millones de hectáreas que obtuvo ilegalmente desde la reforma agraria de 1953. Para esa tarea hay fuerza suficiente, como vienen mostrando los movimientos en todo el país, que nunca bajaron la guardia y ahora están en vigilia para impedir cualquier maniobra desestabilizadora.