Cuando el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pidió a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que abandonasen la lucha armada y declaró que «la guerra de guerrillas pasó a la historia», seguía el rumbo que tomaron en el pasado muchos líderes revolucionarios.

Si nos remontamos al principio de la década de 1920, Lenin instó al naciente comunismo turco a sacrificar su independencia revolucionaria para apoyar a Ataturk; su sucesor, Joseph Stalin, animó a los comunistas chinos a subordinar su movimiento revolucionario al partido nacionalista liderado por Chiang Kai-shek. Mao Zedong dio prioridad a las coaliciones en las que el Partido comunista de Indonesia se sometía al liderazgo del dirigente nacionalista, el general Achmed Sukarno.

Durante los acuerdos de paz franco-indochinos de Ginebra en 1954, Ho Chi Minh aceptó la división del país e instó a los comunistas de Vietnam del Sur a que pusieran fin a la guerra de guerrillas y trabajaran para reunificar el país por medios electorales. En el nuevo milenio, Fidel Castro ha declarado que la «lucha armada es una cosa del pasado» y que, en las condiciones actuales, hay otras formas de lucha prioritarias.

Hugo Chávez ha pedido a menudo a los izquierdistas brasileños que apoyen el régimen social liberal del presidente Lula da Silva a pesar de su adopción de la economía de libre mercado en el Foro Social Mundial de 2002. También llamó a los movimientos sociales latinoamericanos para que apoyaran a una serie de regímenes pro capitalistas en América Latina, a pesar de su defensa de la inversión extranjera, los banqueros y los agro exportadores de minerales.

Estas experiencias de gobiernos revolucionarios, llamados radicales, que exhortan a sus colegas ideológicos a colaborar con regímenes no revolucionarios y abandonar la lucha, generalmente han tenido consecuencias desastrosas: el Kuomintang de Chiang Kai-shek traicionó al Partido comunista, masacró a la mayoría de sus trabajadores y los empujó a las montañas del interior. A la vista de todos, los comunistas indonesios legales y sus simpatizantes y familias sufrieron de 500.000 a un millón de muertes cuando un golpe de la CIA derrocó a Sukarno. Los comunistas de Vietnam del Sur que pretendieron participar en la política electoral fueron asesinados o encarcelados y, en última instancia, los que sobrevivieron se vieron obligados a volver a la lucha guerrillera clandestina.

Los regímenes electorales reformistas que llegaron al poder en América Latina han rescatado el capitalismo de las crisis de los años noventa, han desmovilizado a la izquierda y han abierto las puertas al resurgimiento de la derecha dura en casi todo el continente.

En el caso de Colombia, al parecer, la Venezuela del presidente Chávez optó por ignorar la experiencia anterior de las FARC de su intento de cambiar la lucha armada por la política electoral. Entre 1984 y 1989, miles de guerrilleros de las FARC abandonaron las armas y se adhirieron a la lucha electoral. Los candidatos que fueron elegidos congresistas, hombres y mujeres, fueron diezmados por los escuadrones de la muerte del ejército colombiano, los paramilitares y los ejércitos privados de la oligarquía. Asesinaron a más de 5.000 líderes y militantes de las FARC. ¿No es realmente sorprendente que Chávez los exhorte a adherirse al proceso electoral colombiano, el régimen más sangriento y el violador más feroz de los derechos humanos de la historia reciente?

Entonces, ¿por qué los líderes radicales que lideraron luchas armadas, una vez acomodados en sus despachos, piden a sus homólogos revolucionarios que abandonen la guerra de guerrillas y participen en procesos electorales en los que tienen posibilidades tan dudosas?

Se han dado varias explicaciones en diferentes momentos para explicar lo que aparece como un U-turn (cambio de sentido) político.

La explicación moral

Algunos críticos del U-turn explican el cambio debido a una «degeneración moral»: los líderes se convierten en autócratas burocráticos y sólo buscan consolidarse en el poder en sus propios países. Esta es la posición común adoptada por la izquierda, la oposición a las políticas de Stalin en lo que se refiere a las políticas rusas con respecto a la revolución china. Los defensores de la U-turn en China afirmaron que se trataba del reconocimiento de los «nuevos tiempos» y las «oportunidades objetivas» a escala mundial, y argumentaban que la aparición de la revolución anticolonial mundial tras la Segunda Guerra Mundial creó una simetría de objetivos entre nacionalistas y comunistas que evolucionaría con el tiempo hacia un estado no capitalista.

Esas frágiles alianzas condujeron a la división del régimen y a que surgieran regímenes de «hombres fuertes» de la extrema derecha, lo que sugiere que este argumento tenía una duración limitada. Aparecieron, y todavía siguen apareciendo, numerosas variaciones de las explicaciones de la política del U-turn, pero cualquier explicación histórica estructural tiene que contar con la diferencia entre un movimiento revolucionario camino del poder y un liderazgo revolucionario que ya lo tiene.

En el segundo caso, el estado revolucionario, generalmente, debe lidiar con un ambiente hostil, presiones militares e intervenciones, boicoteos económicos y aislamiento diplomático de los estados imperialistas y sus clientes. En este contexto, el régimen revolucionario o radical tiene una serie de opciones políticas para mejorar su posicionamiento internacional, que van desde el apoyo declarado a los movimientos de oposición radicales extranjeros hasta intentos de mostrar moderación, conciliación y acomodo de los asuntos imperiales. Hay muchos factores que influyen en la política exterior de los regímenes revolucionarios. Es probable que se aplique una política revolucionaria en los siguiente casos:

1) Los movimientos revolucionarios están en expansión y auguran un éxito temprano, ya sea en derrocar a clientes pro imperialistas o en poner en marcha un gobierno progresivamente favorable.

2) El régimen revolucionario ha llegado al poder, se enfrenta a una amenaza militar inminente para su consolidación y el resultado será «todo o nada».

3) El régimen revolucionario se enfrenta a un sólido bloque de oposición intransigente dirigido por potencias imperialistas que no muestran ninguna voluntad de negociar un acuerdo de convivencia ni están dispuestas a asumir ningún compromiso.

Por el contrario, los regímenes revolucionarios son más propensos a renunciar o minimizar los vínculos con movimientos revolucionarios extranjeros en caso de que:

1) No sean definitivas las posibilidades de mantener las relaciones diplomáticas y comerciales así como los intercambios e inversiones con los regímenes capitalistas.

2) Los movimientos radicales están en declive y pierden sus apoyos o son eclipsados por los partidos electorales que prometen el reconocimiento y mejores relaciones.

3) Los cambios socioeconómicos dentro del estado revolucionario evolucionan hacia un acomodo con inversionistas locales o extranjeros emergentes cuyo futuro crecimiento depende de la asociación con las elites empresariales extranjeras y una disociación de las fuerzas anticapitalistas radicales.

En la práctica, en diferentes tiempos y lugares, las dos posiciones polares se combinan de acuerdo con una serie de circunstancias atenuantes. Por ejemplo, el régimen revolucionario puede perseguir una posición de acomodo con grandes regímenes capitalistas económicamente importantes, mientras continúa apoyando movimientos revolucionarios en países capitalistas más pequeños y menos significativos.

En otros casos, el régimen revolucionario puede disociarse de los movimientos revolucionarios para diversificar sus mercados e intercambios y, al mismo tiempo, seguir expresando una «retórica revolucionaria» para consumo doméstico y para mantener las lealtades de los movimientos reformistas del extranjero.

La política exterior, revolucionaria o no, es una prerrogativa del cuerpo diplomático, que suele tener muchos profesionales que no tienen una postura revolucionaria y son remanentes de tiempos prerrevolucionarios. Su forma de entender la política exterior es recurrir a los vínculos y relaciones anteriores con sus homólogos de los países capitalistas y con las élites empresariales de su país. Por lo tanto, en general, están en constante «estado de negociación», inmunes a las dinámicas revolucionarias internas y procuran aumentar al máximo los lazos diplomáticos y reducir al mínimo las ligaduras externas con movimientos revolucionarios que comprometen sus relaciones cotidianas con los homólogos extranjeros.

Gobierno y partidos: La solidaridad y los «intereses de Estado»

Es posible imaginar una situación en la que un gobierno revolucionario lleve a cabo una política moderada de acomodo, mientras que el partido, partidos o movimientos revolucionarios que respaldan al gobierno expresen su solidaridad con partidos y movimientos revolucionarios del extranjero. Esto supone que el estado y el partido se apoyan mutuamente pero son independientes en cuanto a la política y la organización. Esta dualidad es posible si el partido decide sus políticas a través de sus propios foros de deliberación, consultando a sus miembros, y no es una «correa de transmisión» del estado y su poder ejecutivo.

Por desgracia, en la inmensa mayoría de los casos, el estado y el partido tienden a fusionarse, los líderes del partido y de los movimientos sociales de masas toman posiciones en el gobierno, los movimientos pierden su autonomía y se convierten en mecanismos para implementar las políticas estatales. Así, las maniobras diplomáticas del ministerio de Asuntos Exteriores invalidan los principios de solidaridad revolucionaria del partido y los movimientos, reduciéndolos a una retórica abstracta intrascendente.

Mientras que el estado post revolucionario tiene la responsabilidad cotidiana de velar por la seguridad, el empleo y el suministro de las prestaciones necesarias al pueblo y, por lo tanto, encontrar formas de lidiar con los regímenes existentes para lograrlo, los partidos y movimientos revolucionarios tienen como uno de sus principales objetivos la profundización y extensión de los cambios revolucionarios incluidos en sus programas.

En otras palabras, hay una tensión inevitable entre las «razones de Estado» y el «programa revolucionario» de los movimientos de masas. Con la consolidación del estado post revolucionario, la tendencia que predomina en la clase gobernante es la de estabilizar las relaciones exteriores. Esto incluye dos procesos: limitar al partido revolucionario a un apoyo moral a sus homólogos externos, y su desvinculación con los movimientos revolucionarios foráneos. La retórica revolucionaria, radical e internacional seguirá siendo un ritual en los aniversarios de victorias históricas, héroes revolucionarios y denuncias contra los agresores imperialistas inmediatos, mientras se firman todo tipo de acuerdos con los regímenes capitalistas.

Cuando los países capitalistas establecen acuerdos diplomáticos, económicos o políticos con un régimen revolucionario, éste califica a sus nuevos socios de «progresistas» que forman parte de una nueva oleada de gobiernos «antiimperialistas» o «independientes». Lo más sobresaliente de estas nuevas definiciones de los socios capitalistas, económicos o diplomáticos, es que no se basan en ningún cambio estructural, de propiedad o de clase, ni siquiera en cualquier tipo de ruptura de relaciones con los países imperialistas. El cambio de la etiqueta política se produce casi exclusivamente como resultado de la política exterior del país con el régimen revolucionario.

Venezuela: la paradoja de los cambios revolucionarios y la política exterior conservadora

El gobierno de Chávez sigue una política practicada por la gran mayoría de los líderes revolucionarios o radicales anteriores que se enfrentaron a potencias imperialistas hostiles, adoptando políticas socioeconómicas radicales para debilitar a los aliados internos del imperio, mientras busca aliados diplomáticos externos entre regímenes capitalistas reformistas y hasta conservadores. Chávez ha respaldado al régimen neoliberal de Lula en Brasil (y ha exhortado a los movimientos sociales populares a hacer lo mismo), incluso cuando el ex líder sindical rebajó drásticamente las pensiones de los empleados públicos, impuso un pacto de estabilidad del FMI y favoreció a los agro exportadores de minerales antes que a los trabajadores rurales sin tierra.

Chávez también apoyó económicamente al régimen de Kirchner en Argentina por medio de la compra de bonos del Estado, incluso cuando dicho régimen se negó a impugnar las privatizaciones ilegales de la década de los 90, mantiene las desigualdades socioeconómicas del pasado y se ha negado a reconocer legalmente a la Confederación sindical independiente de los trabajadores argentinos (CTA). Para Chávez, el factor clave era la oposición de Argentina a una intervención estadounidense contra Venezuela y la negativa a integrarse en el ALCA, promovido por EEUU.

La política exterior de Chávez con respecto a Colombia, principal aliado político y militar de EEUU en la región, ha alternado la reconciliación y el rechazo dependiendo de las amenazas inmediatas a la soberanía venezolana. Los puntos de conflicto giran en torno a varias intervenciones flagrantes de Colombia en Venezuela: en 2006, el ejército colombiano secuestró, en el centro de Caracas, a un ciudadano venezolano de origen colombiano, representante de las relaciones exteriores de las FARC. Anteriormente, el ejército venezolano detuvo a 130 miembros de fuerzas paramilitares armadas colombianas en Venezuela, a menos de 100 kilómetros de la capital. Tras la detención, Venezuela suspendió brevemente las relaciones económicas, pero se renovaron poco después en una reunión amistosa tras un encuentro diplomático entre el presidente de los escuadrones de la muerte colombianos, Uribe, y Chávez.

Después, en 2008, cuando Chávez intentó mediar en una liberación de presos y abrir las negociaciones de paz entre las FARC y el régimen de Uribe, éste lanzó un ataque militar asesino contra el grupo negociador de las FARC establecido en la frontera de Ecuador. Frente a la ofensa de Uribe y su violación de la soberanía ecuatoriana en persecución de la guerrilla, Chávez se vio obligado a denunciar a Uribe, movilizar al ejército venezolano y presentar la cuestión ante la Organización de los Estados Americanos. Uribe lanzó una ofensiva diplomática argumentando que una computadora de la guerrilla, conseguida durante el ataque, contenía pruebas de la relación de Chávez con las FARC.

Posteriormente, Uribe y Chávez negociaron un acuerdo temporal, sobre la base de un mínimo entendimiento, por el que Uribe se abstendrá de futuros ataques militares transfronterizos. En este contexto de espadas en alto y tensiones diplomáticas, Chávez optó por denunciar públicamente a las FARC, poner una distancia entre su gobierno y la izquierda revolucionaria y pedir su desarme unilateral para ganarse la simpatía diplomática de Colombia, Europa y Estados Unidos. Claramente, Chávez creyó que podría apaciguar a Uribe para rebajar las amenazas a las fronteras de Venezuela y reducir las probabilidades de que Colombia otorgara a EEUU el uso de su territorio fronterizo como una base de lanzamiento para una invasión.

La decisión de Chávez estuvo profundamente influenciada por el debilitamiento político y militar de las FARC en los últimos cinco años, el avance del ejército colombiano y el cálculo de que la eficacia de las FARC como un contrapeso de Uribe iba en picado. En este contexto, Chávez probablemente consideró más importante la distensión diplomática con la Colombia respaldada por EEUU que cualquier solidaridad pasada o una futura recuperación táctica de las FARC.

En términos generales, cuando los gobiernos revolucionarios perciben o se enfrentan a una situación de debilitamiento, movimientos revolucionarios derrotados en el exterior y crecientes amenazas políticas de las potencias imperialistas y sus satélites, es más probable que construyan puentes diplomáticos con regímenes centristas o de derecha. Para lograr el apoyo diplomático, la medida más natural para construir la confianza es sacrificar cualquier identificación con la izquierda radical, incluyendo el repudio público a cualquier iniciativa extraparlamentaria.

Desde las crisis económicas de los noventa, Cuba ha establecido estrechas relaciones económicas y diplomáticas con todos los estados de América Latina (incluida Colombia), se ha opuesto a todos los movimientos de guerrillas y ha renunciado a criticar a los regímenes de centroderecha, excepto a los que le atacan públicamente como sucedió con clientes de EEUU como el ex presidente Fox de México y su ex ministro de Exteriores Jorge Castañeda, un reconocido portavoz de la CIA y del exilio cubano en Miami.

Conclusión

Los dilemas de los gobiernos revolucionarios giran en torno al problema de administrar el estado, lo que implica maximizar las relaciones económicas y diplomáticas internacionales para desarrollar la economía y defender su seguridad en un orden mundial imperialista, mientras vive en concordancia con su ideología revolucionaria y solidaridad con los movimientos populares en el mundo capitalista. Los riesgos de la solidaridad disminuyen cuando nuevos regímenes de izquierda llegan al poder o ascienden los movimientos populares. Los riesgos son mayores cuando resurge y asciende la derecha.

El dilema es muy agudo, porque el estado revolucionario y el partido revolucionario están íntimamente ligados y así se identifican: el partido está dirigido por el presidente del estado y hay coincidencias a todos los niveles entre los oficiales y los miembros del gobierno y del partido, así como las actividades de los últimos reflejan las prioridades del gobierno. En los casos donde no hay un espacio independiente entre el estado y el partido, los movimientos diplomáticos necesarios para las políticas del día a día minan la posibilidad de que el partido (basado en sus principios y deliberaciones internas) pueda actuar independientemente en apoyo de sus homólogos internacionales.

Por el contrario, la existencia de un partido revolucionario independiente, que apoya al estado pero tiene su propia vida interna, podría resolver el dilema al darle prioridad a la solidaridad de clase en su «política exterior». Al rechazar el rol de correa de trasmisión de la política exterior del gobierno, el partido revolucionario actuaría paralelo al estado, ejerciendo su oposición al imperialismo y a los enemigos de clase internos, pero sería independiente a la hora de elegir alianzas extranjeras y tácticas.

Dada la diferente composición de la burocracia y los cuerpos diplomáticos de la política exterior y de la base de masas radical del partido revolucionario, esta separación de estado y movimientos reflejaría las diferencias políticas y de clases inherentes entre un cuerpo diplomático formado bajo regímenes reaccionarios anteriores y acostumbrado a modos operativos convencionales y los activistas populares radicalizados, forjados en la lucha de clases y habituados a intercambiar ideas en foros internacionales con revolucionarios del exterior.

Los riesgos de dependencia diplomática de aliados capitalistas poco fiables y los frágiles acomodos temporales más arriesgados, tienen que equilibrarse con las ganancias de la solidaridad y el apoyo de partidos y movimientos de masa en la oposición comprometidos en políticas extraparlamentarias.