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Plan para disolver el MST
Documentos del Ministerio Público gaucho revelan
Miguel Stedile
ALAI AMLATINA
Con apoyo de la Brigada Militar gaucha, el Ministerio Público del estado de
Río Grande del Sur planeó "disolver" el Movimiento de los Sin Tierra (MST).
"Estamos frente a la mayor conspiración civil-militar desde el final de la
dictadura", dice el abogado defensor.
Desalojo de áreas conquistadas, prohibición de cualquier desplazamiento de
familias que viven en campamentos, uso de la violencia para dispersar
movilizaciones, criminalización de líderes y de movimientos sociales. Estos
episodios, corrientes en el estado de Rio Grande del Sur en los últimos dos
años, son parte de una estrategia del Ministerio Público Estatal y de la Brigada
Militar para disolver al Movimiento de los Sin Tierra (MST). Las denuncias
fueron divulgadas en audiencia pública el martes (24) y están basadas en un acta
del Consejo Superior del Ministerio Público gaucho.
El 3 de diciembre de 2007, el Consejo aprobó el informe de los fiscales Luciano
de Faria Brasil y Fábio Roque Sbardelotto, que investigaron al MST durante un
año. El informe utiliza textos del sociólogo Zander Navarro y del filósofo Denis
Rosenfield, notorios opositores del Movimiento, y otro informe de la Brigada
Militar, firmado por el comandante Waldir João Reis Cerutti, ex candidato a
diputado provincial por el Partido Progresista (PP).
Según los fiscales, el MST es una organización paramilitar, entrenada por las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y representa una amenaza a la
seguridad nacional.
Criminalización del Movimiento
Por unanimidad, el Consejo del Ministerio Público (MP) gaucho decidió iniciar
una serie de medidas para la "disolución del MST y declaración de su
ilegalidad".
Para cumplir con este objetivo, el Consejo Superior del MP tomó una serie de
medidas. Dispuso la prohibición de cualquier desplazamiento de los sin-tierra,
como marchas o caminatas. Pasó a investigar campamentos y líderes por "prácticas
criminales", así como asentamientos y el uso de subsidios públicos. Tomó
iniciativas en el sentido de intervenir en las escuelas de los asentamientos,
inclusive en el "aspecto pedagógico". Y se orientó a "desactivar" todos los
campamentos.
La decisión del Ministerio Público ya se viene ejecutando desde el año pasado,
cuando una marcha de trabajadores sin-tierra fue impedida de acercarse a todos
los municipios de la Comarca de Carazinho. Desde el inicio de este año, la
acción de la Brigada Militar en las manifestaciones ha sido más agresiva, no
negocia con los movimientos, ha herido y apresado a varias personas.
Acción inconstitucional
"Estamos Frente a la mayor conspiración civil-militar realizada para aniquilar
un movimiento social desde el final de la dictadura militar brasileña", declaró
el abogado Leandro Scalabrin, autor de las denuncias. Para el abogado, la
decisión del Ministerio Público viola el Pacto Internacional sobre Derechos
Civiles y Políticos y la Constitución Federal.
Scalabrin dijo que el Ministerio Público y la Brigada Militar recurren al modelo
de policía especial alemana denominada Kavala. "La Kavala no sólo suspendió la
separación entre policía y jurisdicción, sino también pasó a describir 'la
verdad' para jueces y juezas" explica. En Alemania, culminó con la creación de
"zonas especiales" donde se suprimieron los derechos de reunión y manifestación,
se ficharon cientos de líderes y se iniciaron más de mil procesos judiciales.
Documentos del propio informe contradicen la acusación de los fiscales: una
investigación de la Policía Federal, realizado entre enero y agosto del año
pasado, verificó que no hay ninguna relación del MST con las FARC e incluso con
"extranjeros en la región" y concluyó que "no existe crimen contra la seguridad
del Estado".
En un comunicado público, la Coordinación Provincial del MST afirma que en Río
Grande del Sur se vive una situación de "amenazas a las libertades conquistadas
tras el fin de la dictadura militar". Según la Coordinación, "El tenor de los
documentos y la propia práctica de estas instituciones representan un retroceso
al autoritarismo, a la falta de respeto a la Sociedad Civil y a la incapacidad
de respetar la pluralidad política y social". (Traducción: ALAI)
Articulo original publicado en portugués por Brasil de Fato
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