Gilberto López y Rivas
La Jornada

Los días 23 y 24 de mayo tuvo lugar el Foro de los Pueblos Indígenas de Oaxaca en las instalaciones de la Escuela Normal Bilingüe-Intercultural, situada en la comunidad zapoteca de Tlacochaguaya, con la asistencia de autoridades municipales y comunales, así como integrantes de diversos organismos de la sociedad civil pertenecientes a los pueblos amuzgo, triqui, chontal, mazateco, zapoteco, mixe, chocholteco, huave, mixteco, chatino y cuicateco. Durante sus deliberaciones –caracterizadas por la profusa participación testimonial, reflexión teórica y de denuncia–, los participantes realizaron un diagnóstico integral de sus procesos autonómicos: tierras, territorios y recursos naturales; la situación del maíz y del campo en general; la educación para la vida comunitaria; la condición y participación de la mujer en ámbitos familiares, sociales y políticos, llegando a trascendentes conclusiones, propuestas y pronunciamientos.
Los participantes en el foro refrendaron que los pueblos y las comunidades indígenas son los legítimos propietarios y herederos de tierras, territorios y recursos naturales en los que viven y, en consecuencia, exigieron respeto y reconocimiento de ese derecho por parte del Estado y de las empresas nacionales y extranjeras que se empeñan en la privatización y comercialización de ese patrimonio. Hubo consenso en exigir el cese total de todo proyecto, acción y concesión que atente contra la propiedad, uso, explotación, aprovechamiento e integridad de territorios, tierras, lugares sagrados y recursos naturales de los pueblos indios, así como de leyes, decretos y reglamentos que tiendan a despojar y facilitar el aprovechamiento por terceros ajenos a las comunidades indígenas de sus recursos naturales.
Como lo estipulan los acuerdos de San Andrés, leyes nacionales, declaraciones y convenios internacionales, el foro exigió el respeto a la consulta, participación y consentimiento previo, libre e informado de pueblos y comunidades indígenas de todo programa o proyecto de los gobiernos estatal y federal en los territorios indígenas, ya que atentan contra la naturaleza, la vida y las culturas de los pueblos indígenas.
Se consideró urgente recuperar plenamente la autonomía económica, productiva y alimentaria de los pueblos con el fortalecimiento del cultivo del maíz autóctono (y no transgénico), uso de abonos orgánicos (y no agroquímicos), cuidado del agua, uso y protección de las semillas propias, así como el fortalecimiento de los sistemas de ayuda mutua, los mercados y tianguis locales y regionales y el aprovechamiento de ecotecnias. Ante la grave crisis alimentaria que amenaza a la humanidad y el cambio climático, el foro se pronunció por fortalecer la producción de alimentos y la introducción de programas y planes educativos en sus diversos ámbitos y niveles que estimulen el respeto a la agricultura propia y, en especial, del maíz.
Desde la perspectiva integral de la autonomía que se formula en los ámbitos políticos, jurídicos, económicos, sociales y culturales, y que fundamenta la instrumentación a escala comunitaria, municipal y regional, el foro valoró las prácticas políticas ancestrales que se materializan en las asambleas comunitarias, los sistemas de cargo, las obligaciones y contribuciones comunitarias. Es claro, también, que la articulación e interacción de las comunidades y los municipios indígenas es vital para el ejercicio de la autonomía en el ámbito regional, tal como está garantizado en la recién aprobada Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los acuerdos de San Andrés, y en la legislación oaxaqueña, particularmente en el artículo 94 de la Constitución local, que establece la asociación de comunidades y municipios indígenas.
Después de escuchar dramáticos testimonios, el foro destacó la participación de las mujeres en los diversos niveles y espacios de la vida comunitaria y municipal, en particular, en las instancias de decisión y ejercicio del autogobierno indígena, a efecto de lograr una sociedad más justa y equitativa, y se hizo un llamado a desarrollar acciones concretas para combatir la violencia contra las mujeres indígenas.
A los partidos políticos, al Instituto Estatal Electoral, a las diversas instancias del gobierno estatal y federal, al Congreso de Oaxaca, así como a otros actores externos, se les emplazó a respetar la institucionalidad comunitaria, y en concreto, a no inmiscuirse en los espacios de decisión y ejercicio del autogobierno indígena, particularmente en los procesos de elección y nombramiento de las autoridades municipales.
El foro demandó de las autoridades municipales indígenas una distribución justa y equitativa de los recursos públicos entre sus agencias y localidades, basada en las necesidades reales de la población, combatiendo la corrupción y evitando la división y confrontación intermunicipales. Ante las irregularidades cometidas por las autoridades correspondientes se consideró necesario el reconocimiento legal e institucional de instancias autónomas indígenas que controlen, vigilen y fiscalicen los recursos públicos, con capacidad de sanción.
Los participantes aportaron sobre la autonomía en los campos de la educación y los medios de comunicación indígenas y denunciaron la represión y la impunidad institucional en el estado. Pese a la violencia de un régimen autoritario y de un capitalismo depredador, el foro reafirmó la estrategia autonómica y de reconstitución de los pueblos indígenas de Oaxaca para hacer realidad el sueño de una sociedad más justa, democrática y digna, demostrando con ello los diversos caminos de la experiencia de gobernarse por sus propias normas, que de eso trata cabalmente la autonomía.